A pesar de que la estancia irregular en el país es una falta administrativa, las autoridades mexicanas tratan a los migrantes “como delincuentes”: los privan de la libertad durante periodos prolongados (en promedio 138 días), los incomunican y hacinan en espacios insalubres (con alto riesgo de contraer covid), los agreden física y verbalmente y les niegan la mínima protección jurídica. Una investigación de campo realizada por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ y el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla documentó los cotidianos abusos que agentes y funcionarios cometen en las estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala.
PUEBLA, Pue.- Contrario a convenios internacionales, como el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular –que incluso México promovió en 2018–, donde se señala que la detención de migrantes debe ser utilizada sólo como “último recurso”, las autoridades migratorias del país han puesto en práctica privaciones de la libertad generalizadas y masivas.
Estas violaciones a derechos de personas en tránsito por el territorio mexicano fueron documentadas por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ (IDHIE) y el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla en una investigación efectuada en campo, que dio lugar al informe Vidas en contención: privación de la libertad y violaciones a derechos humanos en estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala.
Los académicos corroboraron que, aunque transitar por México sin documentos migratorios no es un delito sino una falta administrativa, las autoridades mexicanas privan de su libertad por periodos prolongados a personas migrantes, las incomunican, las hacinan en espacios precarios, insalubres y con alto riesgo de contraer covid-19; además las someten a entornos “torturantes” que vulneran sus derechos humanos.
La investigación ubica esto como parte de la política de contención migratoria que el propio presidente de Andrés Manuel López Obrador reconoció el 7 de septiembre de 2021. Además, relaciona este endurecimiento de medidas con las presiones que llevó a cabo la administración Donald Trump desde 2018, y que siguen vigentes con el presidente Joe Biden, para que México disuada la movilización de centroamericanos hacia Estados Unidos.
“Las vidas de esas personas se encuentran ‘en contención’ debido a que la política migratoria del Estado mexicano, de manera inequívoca durante la pandemia, se enfoca en controlar y contener flujos de personas en movilidades forzadas mediante la privación de la libertad con pocas certezas jurídicas, de manera prolongada, precaria y abusiva, o como parte de una estrategia de política disuasiva que desincentiva la protección internacional y que generalmente culmina en una expulsión de México”, resume el informe.
Guillermo Yrizar Barbosa, responsable de Asuntos Migratorios del IDHIE, reclama a instituciones como las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, el Inmujeres, el DIF, los gobiernos estatal y local, que tengan un papel activo para intervenir ante las violaciones a derechos documentadas. También hizo un llamado a la comunidad universitaria y la sociedad civil para que no permitan que se invisibilice esta problemática.
“Seamos congruentes como sociedad y como país de emigrantes en el trato que damos a personas con gran necesidad, que están en México huyendo de situaciones muy complicadas”, plantea en entrevista con Proceso a propósito del informe.
Los abusos de Migración
Luego que durante 10 años el IDHIE ha realizado visitas a estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala, expone que entre 2020 y 2021 observó en estas entidades un récord “alarmante” de detenciones –llamadas “alojamientos” por el Instituto Nacional de Migración (INM)– pues pasaron de menos de 400 a mil 300 mensuales de enero a agosto de ese año.
Según las cifras oficiales del INM, en ese periodo en el país se registraron 148 mil 900 “extranjeros presentados ante la autoridad migratoria”, de los cuales 3 mil 500 fueron en Puebla y 6 mil 900 en Tlaxcala. Entre ambas entidades se efectuaron más de 2 mil detenciones de menores de edad. Nueve de cada 10 personas detenidas son del norte de Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Honduras.
Con base en 45 entrevistas que realizaron en las estaciones migratorias (EM) de ambos estados, los investigadores encontraron que esas personas pasaron en promedio 38 días detenidas. Una de ellas llevaba ya 139 días confinado.
Los cuestionarios se levantaron entre el 11 de agosto y el 15 de septiembre, aunque se aclara que fueron sólo por escrito, pues no se les permitió ingresar grabadoras de audio, video ni teléfonos celulares. Los diálogos ocurrieron en espacios vigilados con cámaras de seguridad, resguardados por personal, “con muy poca privacidad o hasta incómodos”.
El informe refiere que “en la práctica cotidiana”, el INM es la instancia que contiene, incomunica y violenta a personas migrantes, a las cuales retiene en celdas, oficinas, archivos, estaciones, estancias, estacionamientos, vehículos u otros espacios e instalaciones de esa dependencia.
En esos espacios son agredidas física y verbalmente por policías y agentes, con frases como “quién les manda estar aquí”; “este no es su país”; “aquí ustedes no tienen derechos”; que además no gozan de un debido proceso, que viven la detención “como delincuentes” sin que se les informe o asesore sobre su situación legal.
Los investigadores encontraron que en cada celda o espacio de la EM se llegan a hacinar hasta 60 personas; que, por ello, tienen que compartir colchoneta, sábanas y cobijas sucias, a veces con ácaros o chinches, y algunos tienen que dormir en el piso. Los migrantes carecen de atención médica, gel y cubrebocas; las EM padecen escasez de agua, no tienen bóiler ni suficientes sanitarios y regaderas; a los migrantes se les niegan llamadas telefónicas y una vez al día les dotan de 30 centímetros de papel de baño.
Por si fuera poco, en el informe se expone que en Puebla se lucra con las personas retenidas, pues los entrevistados afirmaron que les venden kits de limpieza en 200 pesos, un jabón chico en 50 pesos; una llamada de tres minutos en 100 pesos o les cobran 30 pesos por darles acceso a medicamentos.
También encontraron que en esa estación las autoridades sólo permiten que un despacho de abogados, llamado Castelly, ofrezca servicios jurídicos a los migrantes detenidos a los que cobra de 500 a mil dólares por “arreglarles” su situación migratoria.
En la EM de Puebla un par de testimonios documentados de personas extranjeras coincidieron en que un migrante de Costa Rica estuvo sólo unas horas porque “dio 600 dólares y lo soltaron”. “Aquí si eres pobre te quedas, sólo sales con dinero”, manifestaron los entrevistados.
Los académicos de la Ibero señalan que igual no se cumple con apoyo psicológico, que según la INM debe ser brindado, pues en el monitoreo se percataron de personas con crisis nerviosas, depresión e incluso registraron dos intentos de suicidio.
El primero de ellos fue el de una cubana que intentó colgarse con ropa y cobijas desde la única canasta de básquetbol que hay en el patio de la estación migratoria; y una guatemalteca intentó clavarse unas tijeras en el cuello. Ésta, unos días antes había manifestado al equipo de la Ibero: “No tenemos acceso a la salud (…) no tengo abogado (…) llevo un mes sin acceso a mi medicamento para la depresión (…) tengo un mes acá y nada más dos veces he hecho llamadas”.
Incluso en la estación poblana se organizó una huelga de hambre para manifestar el “hartazgo” por el trato recibido. En las entrevistas son constantes las expresiones como “México es el lugar donde peor me han tratado”.
El informe destaca que uno de los “casos más indignantes” fue el de una niña centroamericana de 12 años que llevaba dos meses y seis días detenida o recluida sin ningún familiar, rodeada de personas adultas y familias también privadas de su libertad y sin “sana distancia”.
“Llevaba casi una semana sin poder bañarse, pues el estacionamiento no cuenta con regaderas y nada más hay un sanitario al que se puede pedir acceso durante el día, pero no en la noche”, precisa.
En lugar de turnarla a un albergue del DIF, la niña permanecía en ese lugar prácticamente vestida sólo con ropa interior y no podía comunicarse con familiares, pues su padre fue acusado de abusar de ella mientras viajaban por México. Se cubría con una cobija “sucia y maloliente que quizá había sido usada por otras personas antes que ella”.
Este endurecimiento de la política migratoria de México, agrega el informe, incluye una creciente participación de la Guardia Nacional, de cuerpos policiales y de seguridad, que en ocasiones actúan sin coordinación con agentes migratorios.
60% de los entrevistados dijo que, en la detención, los agentes del INM no mostraron su identificación ni un documento que autorizara el operativo. En la mayoría de los casos, las detenciones se llevaron a cabo con un uso excesivo de fuerza, maltratos, amenazas, robos y extorsiones. 58% dijo que no le dieron a conocer sus derechos y obligaciones al ingresar a las EM, y 40% no leyó los documentos que firmó sobre su proceso administrativo.
Los casos son turnados a la Fiscalía General de la República cuando las personas son supuestas víctimas de un delito, como tráfico de personas. Sin embargo, los migrantes son “revictimizados” pues resultan involucrados y deben esperar para resolver sus procesos, además de que les piden declaraciones en horarios de medianoche o madrugada.
Rosario Arrambide, directora del IDHIE, dice a Proceso que el informe –que evidencia incumplimientos a tratados internacionales firmados por México– será expuesto ante las autoridades competentes, como la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración.
