En un clima de violencia exacerbada, López Obrador manda mensajes contradictorios al atacar todos los días a la prensa; parece que no hay, por parte de la Presidencia, la mínima intención de cambiar esta estrategia de confrontación, comenta a Proceso Leopoldo Maldonado, de Artículo 19. Ese discurso virulento invalida los encuentros para elaborar una nueva Ley General de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, dice y sentencia: “Con una impunidad de 98% de los crímenes contra la prensa no va a haber mecanismo de protección federal o local que funcione”.
En medio de los virulentos ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador contra periodistas y agrupaciones civiles, la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19 llama al gobierno mexicano a establecer una política pública encaminada a abatir la impunidad en los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas y dejar de emitir “mensajes contradictorios” que alimentan las agresiones contra esos gremios.
En entrevista, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director para México y Centroamérica de la organización con sede en Londres, alerta: los esfuerzos emprendidos por la Secretaría de Gobernación para diseñar una iniciativa de Ley General de Protección a Personas Defensoras y Periodistas serán infructuosos mientras desde la palestra presidencial continúe la denostación de periodistas, medios de comunicación y organizaciones civiles.
Para el defensor, en un ambiente en el que han sido asesinados cinco periodistas en lo que va de 2022 –que se suman a los 25 registrados del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2021–, la “particular virulencia” de López Obrador contra la prensa y los periodistas resulta contradictoria con la actitud esperada de un jefe de Estado en estos momentos.
“Sería necesario el reconocimiento de la labor periodística y la condena enérgica de la violencia contra la prensa y no la denostación y la descalificación”, destaca Maldonado Gutiérrez.
El clima de violencia contra los comunicadores se agravó este año, que arrancó con la noticia del asesinato del periodista José Luis Gamboa, de Veracruz, para seguir con los casos de Margarito Martínez, Lourdes Maldonado y Marco Antonio Islas, en Baja California; así como Roberto Toledo, en Michoacán, y Heber López Vásquez, en Oaxaca.
Con estos casos suman 31 periodistas asesinados durante la gestión de López Obrador, cifra que supera a los 22 comunicadores ejecutados durante la gestión de Vicente Fox, y no muy lejana a los 48 y 47 victimados durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, respectivamente, de acuerdo con datos de Artículo 19 (Proceso 2361).
Para el director de Artículo 19, la “virulencia” de López Obrador desatada en las últimas semanas tras las revelaciones sobre la vida ostentosa de su hijo, José Ramón López Beltrán, y su familia “manda mensajes contradictorios en un clima de violencia como el que no se había visto en muchos años. Un presidente saliendo todos los días a atacar a la prensa confunde y, desde nuestra perspectiva, generara mayores condiciones de vulnerabilidad para la prensa”.
Maldonado abunda sobre el proceso de consulta que emprendió el pasado 17 de enero la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, encabezada por Alejandro Encinas. Comenta que después del segundo foro regional, agendado para el martes 15 y el miércoles 16, en Oaxaca, habrá un receso en posteriores foros de auscultación entre los gremios de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Diez años perdidos
Participante en enero pasado en el primer espacio de diálogo para el diseño de la iniciativa de ley general que busca involucrar a autoridades de los tres órdenes de gobierno en la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, Maldonado advierte sobre la ausencia de una “metodología clara” en las mesas de discusión y de la poca participación de activistas y periodistas, sobre todo de los que están inscritos en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se busca modificar.
Manifiesta su preocupación porque, dice, la Subsecretaría de Derechos Humanos declaró que después del foro de Oaxaca se suspenderán las consultas programadas para septiembre próximo en la Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y Veracruz; “no hay claridad en la secuela o secuencia del proceso” ni razones claras por las que, desde el gobierno federal, se determinó llevar a cabo consultas en esas entidades y no en otras.
Maldonado recuerda que hasta ahora sólo se ha llevado a cabo un foro de consulta en la Ciudad de México, el 17 y 18 de enero. Ahí se abordaron generalidades sobre la operación del Mecanismo de Protección, con escasa participación de defensores y periodistas beneficiarios del mismo.
Retoma los cuestionamientos de organizaciones de la sociedad civil y del Consejo Consultivo del Mecanismo sobre la pertinencia de reformar la ley cuando no se han atendido las 104 recomendaciones que hizo la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre ese instrumento, presentadas al gobierno de López Obrador en agosto de 2019, a petición de esta administración.
“¿Para qué una ley? Desde nuestro foco se requiere más bien una política pública integral, una apuesta de mucho mayor alcance y de mucho mayor magnitud si pretendemos que cese la espiral de violencia contra la prensa”, dice Maldonado.
E insiste: más allá de una reforma de ley, lo que se requiere es “una efectiva coordinación entre las diferentes instancias del Estado y diferentes órdenes de gobierno, que es lo que llevamos demandando desde hace 10 años que se creó el Mecanismo”.
Sin embargo, cualquier esfuerzo gubernamental es insuficiente mientras “los perpetradores no sean llevados ante la justicia y no sean sancionados. El riesgo va a persistir, incluso va a aumentar con el paso del tiempo para los beneficiarios del Mecanismo”.
Maldonado admite que el discurso presidencial hostil contra medios y organizaciones es una de las preocupaciones de las organizaciones civiles, no sólo en los foros de discusión de la iniciativa –prevista para presentarse en septiembre en el Congreso de la Unión–, sino en prácticamente todos los escenarios de interlocución con entidades gubernamentales.
Las expresiones de denostación hacia periodistas y medios están presentes, “pero evidentemente parece que no hay, por parte de la Presidencia y por parte de la Coordinación de Comunicación Social, la mínima intención de cambiar esta estrategia de confrontación con la prensa; esa es una realidad”, dice Maldonado.
Permiso para agredir
El director de Artículo 19 retoma la entrevista que el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, publicada en el portal de Proceso el pasado martes 1, donde alertaba del incumplimiento de recomendaciones que hizo al Estado mexicano de suprimir de las conferencias matutinas del presidente la sección “¿Quién es quién en las mentiras de la semana?”, así como reconocer la “crisis” de violencia en la que se encuentra el gremio periodístico en el país.
Mantener esa sección y el ataque constante a los medios en las conferencias matutinas del presidente, sostiene, hablan de la falta de voluntad gubernamental para atender observaciones de organismos internacionales; y reitera que cualquier acción gubernamental será infructuosa frente al discurso presidencial.
“Precisamente se ha estado hablando de impulsar una campaña oficial de reconocimiento de la prensa y de la labor de la defensa de los derechos humanos, pero desde Artículo 19 vemos profundamente contradictorio que se pretenda generar una campaña de esta naturaleza, cuando todos los días tienes a la cabeza del Estado agrediendo a la prensa desde su tribuna.
“Evidentemente no va a haber campaña oficial o no oficial que pueda frente a este discurso tan virulento, que además es persistente, recurrente, que está prácticamente todos los días y que además es reproducido en las redes sociales por muchos simpatizantes del gobierno actual”, explica.
Maldonado puntualiza que hasta ahora Artículo 19 no tiene evidencias que vinculen directamente el discurso presidencial contra los periodistas y defensores, y que ha sido replicado por autoridades estatales y municipales, sea directamente proporcional a los ataques a esos gremios, pero sin duda “genera condiciones propicias para que otros actores se sientan habilitados o con permiso para agredir”.
El defensor recuerda que, desde la creación del Mecanismo de Protección, hace 10 años, organizaciones sociales pugnaron por la prevención de las agresiones contra la prensa y los activistas, pero “ninguna medida en ese sentido tendrá efectividad si no viene acompañada del reconocimiento del propio presidente de la República”.
Añade que la prevención de la violencia “es la medida más barata, pero parece que es más difícil para nuestra clase política pronunciarse por la prensa y la defensa de los derechos humanos; recurrentemente están denostando la labor periodística, eso en términos políticos simbólicos puede tener muchísimo impacto y puede ayudar a mandar un mensaje muy claro a otro tipo de perpetradores y agresores de la prensa”.
En el impasse de definiciones de nuevas fechas para la realización de foros de discusión sobre la iniciativa para crear un sistema nacional de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, Maldonado insiste: para que cualquier medida sea efectiva se requiere de una política pública efectiva que garantice la labor de esos sectores.
“Hablamos de política pública integral que contemple la mirada de prevención, de protección, de acceso a la justicia y reparación del daño –esos cuatro componentes fundamentales– y para ello se requiere que participen las instancias de seguridad, las instancias de procuración de justicia.
“Entre las condiciones mínimas consideramos que se deben garantizar planes de protección con medidas de índoles física, digital, psicosocial y hasta de carácter social; es decir salirnos o no limitarnos a la mirada únicamente policial o securitaria, asegurar la debida diligencia en la investigación de delitos contra personas defensoras y periodistas y fortalecer las sanciones administrativas y penales contra funcionarios públicos, porque con una impunidad de 98% de los crímenes contra la prensa, por ejemplo, no va a haber mecanismo nacional ni federal ni local que funcione”, puntualiza.
