El viernes 11, un día después del asesinato del reportero Heber López Vázquez, el presidente López Obrador exhibió una hoja con los supuestos ingresos millonarios de Carlos Loret de Mola, y anunció que pediría al SAT que lo investigue. “En lugar de condenar la trágica muerte de un periodista, ataca a otro periodista”, dice Érika Guevara, directora de Amnistía Internacional para las Américas. Eso, señala, “no sólo es contradictorio, sino peligroso”, pues “muestra el nivel de castigo, la vendetta” y –“en un contexto de altísima violencia” contra el gremio– expone la seguridad del periodista. Para ella no hay duda: el mandatario rebasó un límite y, de manera independiente a la biografía de Loret, se violaron sus derechos humanos.
Ante los asesinatos de cinco periodistas en apenas un mes y 10 días, el presidente Andrés Manuel López Obrador debe cesar sus ataques contra la prensa en sus conferencias matutinas, y dejar de escudarse detrás del “derecho a la réplica” como pretexto para lanzarse desde la tribuna presidencial contra un gremio que ya enfrenta un clima de violencia generalizada.
“Manda un mensaje de impunidad, manda un mensaje de tolerancia frente a la violencia que están enfrentando las personas periodistas… en el país más letal para el periodismo, incluso más que en países en conflicto armado”, insiste Érika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
En entrevista con Proceso, la abogada deplora que, en plena ola de asesinatos de periodistas, López Obrador haya declarado en su conferencia matutina que algunos utilicen los homicidios para boicotear su gobierno. “O sea, para él es más importante su figura que la vida de las personas”, estima la experta.
–El presidente, los integrantes de su gobierno y sus simpatizantes aseguran que el mandatario ejerce su “derecho de réplica” ante sus críticos desde las conferencias matutinas –se le comenta.
Guevara sostiene que es necesario trazar la frontera que separa el derecho de réplica –un derecho válido cuando se presenta información y datos verídicos a través de los mecanismos “oficiales”– y los “ataques”, “estigmatizaciones” y “señalamientos” a periodistas, que el mandatario lanza desde su tribuna presidencial.
Recalca que, como jefe de Estado, López Obrador tiene la obligación de someterse al “escrutinio” y a la “rendición de cuentas”, y debe garantizar “ante todo” la protección de los derechos humanos, del derecho a la libertad de expresión, de informar y de ser informado.
Aparte, observa que, al presentarse como víctima de la prensa para justificar sus críticas contra sus detractores, López Obrador omite “el hecho de que es la persona que ejerce el mayor poder en el país, y que esto tiene una connotación específica en el mensaje que le está dando a la población”.
Y sentencia: “Esa justificación de que ejerce su derecho a réplica y por eso estigmatiza, señala, presenta información privada de un periodista para seguir esta criminalización, no sólo es peligroso, sino que es violatorio a los derechos humanos”.
“Verdadero circo”
En lugar de utilizar sus conferencias matutinas como un “espacio de rendición de cuentas, donde se interactúe con la prensa crítica para fortalecer las instituciones del Estado y el espacio democrático”, Guevara sostiene que López Obrador las ha convertido en “un verdadero circo, donde criminaliza, estigmatiza y nombra personas periodistas críticas, y que genera un ambiente hostil para el periodismo independiente y crítico”.
Y agrega: “Cuando una persona periodista hace una pregunta crítica en esas conferencias matutinas, o cuando una persona periodista es señalada por el presidente López Obrador en una conferencia, se desata una situación de violencia en redes sociales, que ha salido del espacio virtual”.
Tras la publicación del reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Latinus sobre la casa en Houston donde vivió temporalmente José Ramón López Beltrán –el hijo del mandatario– con su pareja, López Obrador ha lanzado una serie de críticas acérrimas contra Carlos Loret de Mola, pero también extendió sus reclamos contra Carmen Aristegui, Reforma, Animal Político, así como contra el periodismo considerado por él “supuestamente plural, independiente”.
Para comentaristas e integrantes del gremio, el presidente pasó una línea roja el viernes 11, un día después del asesinato del periodista oaxaqueño Heber López Vásquez, cuando exhibió en su conferencia una hoja con faltas de ortografía donde aparecían los supuestos ingresos millonarios de Loret de Mola, y anunció que pediría una investigación al Servicio de Administración Tributaria contra el periodista, al que suele insultar en sus declaraciones públicas.
Preguntada si coincide con que el mandatario rebasó un límite, Guevara asienta: “Por supuesto. Esto muestra el nivel de castigo, la vendetta, de exponer los datos personales privados de una persona periodista que es exponer la vida de esa persona. En un contexto de altísima violencia, donde periodistas están siendo asesinados, exponer información privada por supuesto que incrementa el riesgo de esa violencia”.
Afirma que la violación a los derechos humanos de Loret de Mola es probada, a pesar del polémico historial que arrastra el conductor.
“El mensaje de ataque a Carlos Loret de Mola va directo a él. Es un ataque personalizado que trasgrede y violenta los derechos humanos de esa persona. Pero también manda un mensaje nefasto: en un momento en el que estamos consternados por la trágica noticia de la muerte de un periodista, el presidente en vez de utilizar su espacio, en vez de utilizar los medios de comunicación que están presentes en su conferencia de prensa para condenar estos actos, la violencia y la impunidad, lo que hace es atacar a otro periodista. No sólo es contradictorio, sino peligroso”, señala.
En el transcurso de la entrevista, la experta expresa su “indignación” en varias ocasiones: es “indignante” que, ante cinco asesinatos de periodistas en un mes, el presidente use su voz para atacar a periodistas; es “indignante” que, en el caso del periodista michoacano Roberto Toledo, cuestione incluso que haya sido periodista –lo hizo su vocero, Jesús Ramírez Cuevas desde su cuenta de Twitter– y es “indignante” prestarse a un “juego perverso” que exponga la vida de periodistas que no tienen ninguna protección.
Se le hace notar que la actitud del presidente hacia la prensa es replicada a nivel estatal o local por gobernadores o figuras políticas de todos los partidos. En meses recientes los gobernadores Cuitláhuac García y Miguel Barbosa, de Veracruz y Puebla, respectivamente; Enrique Alfaro, de Jalisco; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Guanajuato, así como el aspirante a gobernador de Quintana Roo, Roberto Palazuelos, han estallado contra la prensa de manera amenazante.
“Es el símbolo más perverso de este cierre del espacio democrático, donde la prensa y sobre todo la prensa crítica no tiene espacio; no tiene cabida con estos gobernantes que han enviado los mensajes de que amenazar, atacar, es lo correcto porque quedan en total impunidad. Los periodistas no cuentan con ninguna herramienta para hacer rendir cuentas a estos gobernantes por los ataques, por la violencia que ejercen”, comenta Guevara.
Y agrega: “Tiene que ver con el contexto de violencia: el perpetrador, quien asesina, sabe que no va a pasar nada, porque si al más alto nivel los gobernantes atacan, estigmatizan a las personas periodistas, mandan una señal muy nefasta en un contexto de altísima violencia, donde además México es el país más letal para el periodismo y es conocido porque sus gobiernos, independientemente del gobierno en turno, federal o estatales, siguen perpetuando ese contexto de violencia.
“Los espacios que ha creado el presidente en sus conferencias matutinas empiezan a ser replicados por otras instancias y otras vocerías de su propio gobierno, que utilizan las redes sociales institucionales para cuestionar y señalar periodistas; son espacios que están alimentando este contexto de violencia, que están alimentando la impunidad y están mandando este mensaje de tolerancia a la violencia.”
El martes 1, Pedro Vaca Villarreal, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, compartió con Proceso su incomprensión de que, en medio del momento más agudo en la crisis de agresiones contra la prensa mexicana, el máximo representante del Estado declare que “son muy pocos los periodistas que están cumpliendo con el noble oficio de informar”.
A través de este semanario, Vaca exhortó el gobierno a suspender el “Quién es quién de las mentiras”, que Ana Elizabeth García Vilchis presenta cada miércoles en las conferencias matutinas de López Obrador, pues consideró que se trata de un espacio “totalmente extraño a los estándares democráticos de libertad de expresión”, el cual “enrarece los mensajes firmes que se deben escuchar de respaldo a la labor periodística y de rechazo a la violencia contra periodistas”.
Cuestionada al respecto, Guevara coincide con el experto colombiano. “Prácticamente el Quién es quién de las mentiras se ha convertido en una suerte de tribunal, donde enjuician y castigan a periodistas que son críticos o que señalan las deficiencias en las políticas de Estado. Y eso evidentemente envía la señal de castigo a los perpetradores de la violencia radical que están enfrentando las personas periodistas en este país”.
Crisis regional
Como responsable de AI para todas las Américas, Érika Guevara observa con desolación que la prensa atraviesa por un mal momento en todo el continente: “Las personas periodistas están bajo un constante ataque en toda la región, incluyendo Norteamérica”, deplora.
“Un periodista crítico que descubre un acto de corrupción de un gobierno, que documenta violaciones a los derechos humanos, es un periodista que está siendo atacado en este momento en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, en Colombia y, por supuesto, en México. En todos los países”, añade.
Analiza que aunque cada país tiene sus especificidades sociales y políticas, “hay modelos, fórmulas que se están repitiendo”. Y observa que las narrativas contra periodistas lanzadas desde el poder se reflejan en ataques: detenciones arbitrarias en Venezuela; espionaje cibernético en El Salvador y, lamentablemente, el reforzamiento de un clima de violencia en México.
“Se manda un mensaje a los perpetradores de violencia que está bien hacerlo. Y esto es muy peligroso, sobre todo porque en México la consecuencia es la muerte; ni siquiera detenciones arbitrarias. La conexión con el mensaje estigmatizador es la muerte”, dice.
