En su segundo año como dirigente de Morena y de cara a la elección de seis gobiernos estatales, Mario Delgado Carrillo enfrenta las impugnaciones cada vez más abiertas de sus correligionarios. Su partido está al borde de la fractura por las inconformidades, lo mismo en Durango que en Aguascalientes; mientras en Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo los aspirantes afectados por los procesos de selección mediante encuestas opacas amenazan con salirse de Morena.
En su tercer día de campaña electoral, el 4 de abril de 2018, Andrés Manuel López Obrador apaciguó los ánimos de sus simpatizantes petistas que reclamaban la adopción como candidata de Marina Vitela, una priista de Gómez Palacio, Durango, a la que ni siquiera dejaron hablar. El entonces candidato presidencial llamó a la unidad en aras de la transformación. La multitud se serenó.
El pasado 29 de enero, a casi cuatro años, el episodio se repitió en la misma ciudad, aunque esta vez las diferencias surgieron en el seno del partido Morena, cuyo dirigente, Mario Delgado, no pudo controlar la inconformidad por la nominación inminente de Vitela al gobierno. Fue despedido en medio de un breve zafarrancho con los inconformes, que lanzaron objetos al vehículo en el que se transportaba, coreando consignas como “corrupto”, “vendido”, “traidor”.
Días después le fue peor. El viernes 4, en Aguascalientes, la presentación de Nora Ruvalcaba como precandidata única al gobierno de esa entidad terminó con abucheos y huevazos al dirigente nacional, en un contexto marcado por disputas internas.
Los dos episodios fueron la expresión pública de las inconformidades que la dirigencia de Mario Delgado enfrenta en las seis entidades federativas donde este año se elegirá gobernador, pues además de Aguascalientes y Durango, se han activado procesos de impugnación en Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, entidades donde los aspirantes excluidos amagan en varios casos con la fractura del partido.
De por sí Morena se mantiene como el partido político más conflictivo, con 2 mil 22 casos pendientes de resolver en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a los que se han agregado en los últimos tres meses los relacionados con las gubernaturas.
Sin embargo, es un caso ya resuelto por el TEPJF el que ha mantenido a Mario Delgado bajo presión: la renovación del padrón de militantes, cuyo plan fue impugnado por la secretaria de organización, Xóchitl Nashielly Zagal, con lo que la división alcanzó hasta el comité nacional desde noviembre, y sólo se frenó porque el proceso de afiliación debió suspenderse debido a las elecciones internas, la revocación de mandato y la elección de junio próximo.
El cúmulo de inconformidades detonó el lunes 7, cuando militantes agrupados en la Convención Nacional Morenista demandaron el cambio de dirigencia, reclamando, entre otras cosas, la “neoliberalización” del partido.
El factor Verde y las fisuras
La gestión de Delgado ha quedado marcada por los conflictos judiciales en materia electoral desde su arribo a la dirigencia, que debió repetir el proceso de elección, sortear las impugnaciones a su triunfo y, finalmente, perder 67 candidatos por incumplir aspectos básicos, como los informes de fiscalización al Instituto Nacional Electoral.
Los casos más sonoros fueron Michoacán y Guerrero, donde, iniciado el periodo electoral, fueron defenestrados por las autoridades electorales los candidatos a gobernar esas entidades, Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio, así como los casos de interés para el propio Delgado, como lo fue el candidato a presidente municipal de Torreón, Luis Fernando Salazar.
En su segundo año como dirigente y de cara a la elección de seis gubernaturas, las impugnaciones se dirigen una vez más al proceso de selección, es decir, las encuestas hasta el momento opacas con las que Morena designa candidatos.
Las expresiones de inconformidad registradas en Durango, por ejemplo, tienen como precedente la impugnación de José Ramón Enríquez, senador morenista, quien acusa que, teniendo ventaja en las encuestas, la precandidatura única se le otorgara a Vitela, quien, según él, quedó en ceros.
El caso fue presentado el pasado jueves 3 y está listado en la Sala Superior del TEPJF, luego de que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena sobreseyera el expediente de protección de derechos políticos que promovió el senador inconforme. El expediente se turnó al magistrado José Luis Vargas Valdez.
Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional morenista aseguraron a Proceso que en los siete días posteriores a la recepción del caso en el TEPJF se han registrado varias reuniones por la temprana identificación de una crisis consistente en que, hasta diciembre, Morena se colocaba con 15 puntos de ventaja; ahora, con Marina Vitela, se ubicó en empate técnico con Esteban Villegas, el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD. Además, mientras esperan la resolución del TEPJF, han identificado que Enríquez ha tenido acercamientos con el PT, que ese estado tiene como figura relevante a Gonzalo Yáñez.
En el centro de la discusión está Ignacio Mier, el líder cameral morenista, responsable de la operación en ese estado.
Más allá de lo judicial, el caso Aguascalientes registra movimientos entre partidos. En septiembre, la senadora Cecilia Márquez renunció al PAN, en un contexto de diferencias entre el gobernador de esa entidad, Martín Orozco –con cuyo grupo político se identificaba– y el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien ha impulsado la candidatura de Teresa Jiménez por ese partido.
En enero, Márquez anunció su incorporación a la bancada del PT y reveló su intención de contender por la gubenatura a través de una coalición PT-Partido Verde, bajo el impulso del senador y exgobernador de Chiapas Manuel Velasco. El objetivo: intentar la fórmula empleada en San Luis Potosí el año pasado, esto es, no romper con la llamada 4T.
Y es que los liderazgos del Verde, en disputa, están jugando un papel importante en las postulaciones. Por ejemplo, en Quintana Roo, la nominación de Mara Lezama, hasta hace poco alcaldesa de Benito Juárez, ha causado inconformidad debido a su proximidad con Jorge Emilio González, el llamado Niño Verde, una situación que el morenismo duro reclama.
Ahí, la operación morenista fue dejada en manos de un incondicional de Delgado, el coahuilense Luis Fernando Salazar, delegado que registró la primera fractura.
Quintana Roo es la entidad donde se ha registrado una mayor rotación, debido a esa decisión: en principio, la candidatura verde era buscada por Laura Fernández, pero al mantener la alianza Verde-Morena con Lezama, se fue a buscar la candidatura del PRD, a la que aspiraba Roberto Palazuelos.
En el camino quedó Maribel Villegas, senadora morenista inconforme con la designación de Lezama, quien protagonizó la primera fractura al renunciar a Morena y procurar la candidatura de Movimiento Ciudadano. No prosperó. Como se sabe, el partido naranja adoptó a Palazuelos, mermando así la presencia de Villegas.
Más impugnaciones
Los conflictos internos en Morena se perfilaban desde finales del año pasado. De hecho, la presidenta del Consejo Nacional del partido, Bertha Luján, advirtió, en entrevista con Proceso, que el problema se ubicaba principalmente entre los grupos que proceden de movimientos sociales o partidos de izquierda y los que llegaron del PRI y el PAN.
Tamaulipas tiene también una condición conflictiva que refleja la lucha por el posicionamiento de recién llegados en Morena. Ahí, el proceso conducido por el partido resultó en la postulación del expriista Américo Villarreal, dejando en el camino las aspiraciones del “superdelegado” Rodolfo González Valderrama, político que ha realizado su carrera al amparo de Ricardo Monreal.
La presencia de monrealistas en varias entidades juega también un papel relevante y, en el caso del estado del noreste, además del mencionado González Valderrama, intentó la nominación Alejandro Rojas Díaz Durán, quien ha sido el más duro en los cuestionamientos al proceso de selección y la impugnación.
El punto de partida es la relación de varios políticos morenistas con el empresario Sergio Carmona, investigado por huachicol y lavado de dinero, quien fue asesinado en diciembre pasado. Díaz Durán acusa a Villarreal, expriista ganador de la “encuesta”, de recibir donativos del mencionado Carmona, quien estaría relacionado también con el actual dirigente de Morena en el estado, José Ramón Gómez Leal, quien, por cierto, es cuñado del gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La crisis electoral, sin embargo, tiene que ver con la expanista Maki Ortiz, quien fue alcaldesa de Reynosa, puntera hasta hace varios meses en distintos estudios de opinión y confrontada en el panismo con Cabeza de Vaca. En las elecciones locales del año pasado, al no lograr la postulación de su hijo, Carlos Víctor Peña Ortiz, Makito, por el PAN, logró hacerlo por Morena, en un intento por conseguir también la candidatura al gobierno del estado para este año.
Como Rojas Díaz Durán, Maki Ortiz impugnó, pero sus recursos han sido desechados, dejando en el limbo su estructura electoral y popularidad; mientras Movimiento Ciudadano le ha ofrecido la postulación y el precandidato de la coalición Va por Tamaulipas, César Verástegui, El Truko, la ha convocado públicamente a sumarse a su nominación, el morenista Villarreal la ha descalificado.
La impugnación en Oaxaca procede de Susana Harp, la cantante y sobrina del magnate Alfredo Harp Helú, quien vio perder su postulación por Morena ante el proceso que colocó al veterano de las izquierdas partidistas Salomón Jara como precandidato único.
La conflictividad de Morena en Hidalgo era predecible, pues hubo más de 50 aspirantes a la candidatura, pero resultó ganador Julio Menchaca, antiguo miembro del grupo político de Miguel Ángel Osorio Chong.
En Hidalgo, como en el resto de los estados, las impugnaciones avanzan a partir de sobreseimientos en la Comisión de Honor y Justicia de Morena, en tribunales locales y en el TEPJF.
Delgado ha minimizado las impugnaciones, concentrado en un mensaje ganador. Proceso le solicitó una entrevista el miércoles 9, Hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
