Una revisión a la propuesta de reforma que impulsa el gobierno federal para recuperar la rectoría de la política energética y acotar la participación del capital privado da cuenta que la CFE tendría tal autonomía que evitaría mecanismos de rendición de cuentas, por la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía y el Consejo Nacional de Hidrocarburos. Asimismo recuperaría el control de las responsabilidades del Centro Nacional de Control de Energía, un organismo público descentralizado que fue pensado para garantizar la imparcialidad en el acceso a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución.
En medio del Parlamento Abierto iniciado el 17 de enero último para evaluar el impacto económico y político de la contrarreforma constitucional para recuperar la rectoría de la política energética y acotar la participación del capital privado, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una embestida, acompañada por los gobernadores morenistas y académicos contra las empresas españolas que, como Iberdrola, impugnan la decisión de cambiar las reglas en este sector para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La contrarreforma a la Ley de la Industria Eléctrica, según cálculos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), afectaría inversiones por más de 44 mil millones de dólares. Por ello, en opinión de los dirigentes de esta cámara, se ha presentado una lluvia de amparos que sumarían 4 mil, al menos.
Mario Morales Vielma, director de Intermediación y Contratos Legados de la CFE, reveló que esa comisión ya ha sido notificada de 4 mil 250 amparos efectuados por cámaras empresariales, asociaciones de energía y empresas, y de los recursos de suspensión impulsados directamente por la Comisión Federal de Competencia Económica.
“Los intentos de que el libre mercado marque la gestión de los sectores estratégicos, en general, no han funcionado y han causado altos costos a la población. Ahí está el último y reciente caso de España en el sector eléctrico, que ha significado un aumento desproporcionado en las tarifas”, dijo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, durante su participación en el Parlamento Abierto de la Reforma Energética.
Durante 17 sesiones, gobernadores, legisladores, académicos y representantes del sector privado y la sociedad han expuesto argumentos en favor y en contra de la iniciativa con la cual se busca que la CFE se transforme en el vigilante de la rectoría del Estado en el sector eléctrico, pero también en un organismo autorregulado y sin contrapeso en el Poder Ejecutivo. La mala noticia es que sólo el Poder Legislativo podría llamar a cuentas a esta comisión, lo que politizaría su rendición de cuentas y su vigilancia, sometiendo su operación a una gran incertidumbre, advierten abogados y analistas de este sector.
Para los funcionarios del gobierno de López Obrador y para los gobernadores morenistas, las sesiones del Parlamento Abierto permitieron insistir en la experiencia española en el sector eléctrico, así como en los beneficios que empresas de ese país han obtenido en nuestro país gracias a los cambios en leyes impulsados por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
España, dijo Morales Vielma, funcionario de la CFE, tiene tres grandes empresas en este negocio: Iberdrola, Naturgy y Endesa. Endesa, refirió, era la CFE de España y ahora no tiene importancia en el sector.
“¿Saben qué puede hacer hoy el gobierno español para poder intervenir en las tarifas? Nada, absolutamente nada, porque vendió; el Estado español vendió esa parte. Hoy tienen una crisis muy importante por los motivos que sean, pero es una crisis energética por gas natural licuado, por todos los elementos”, dijo el responsable de contratos legados de la CFE.
Y agregó: “No queremos estar como los españoles. El modelo que tenemos es muy similar con una gran desventaja: ellos no protegieron a privados que nacieron años atrás, ellos empezaron desde un mercado eléctrico mayorista de cero y aun así están en problemas”, aseguró.
España no consume gas de Rusia, España importa gas natural licuado por Cartagena, Murcia y lo regasifica con precios caros a los que compra todo Europa. Además, tiene que sumarle los precios de los fletes. “Por eso están metidos en un brete”, dice la CFE y reitera que en México tienen mejores condiciones y más utilidades y que, por ello, las defienden hasta en tribunales.
Nicolás Domínguez Vergara, catedrático de la UAM, advirtió que si la CFE deja la producción de electricidad en manos de privados, como está sucediendo, el modelo mexicano que dejó la reforma de 2013 correría la misma suerte que el español, perjudicando a los consumidores.
“En España no tienen empresas públicas de generación, una planeación de generación deficientes, privados que quieren más ganancias, que han ocasionado que mucha gente tenga que usar velas, como en México antes de que existiera la CFE y que aparte tienen que decidir entre pagar la luz y comer. Por eso la CFE no puede seguir fracturada y dejar de producir electricidad”, dijo el académico.
El 29 de enero se dio a conocer que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) decidió no renovar varios permisos de Iberdrola, lo que impuso la necesidad de que la CFE regresara a suministrar directamente electricidad a los clientes de la empresa española.
El gobierno federal no ha dado a conocer si esta decisión administrativa de la CRE generó alguna reacción diplomática del gobierno español. Sin embargo, durante su conferencia matutina del miércoles 9, López Obrador se pronunció por lo que llamó una “pausa” en la relación con España.
“Era un contubernio de arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como durante tres sexenios seguidos. Y México se llevaba la peor parte, nos saqueaban. Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa, a lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se establecen las relaciones. Yo desearía que cuando no esté aquí no sean igual a como eran antes”, dijo el mandatario.
El jueves 10, ante la andanada de críticas y reacciones del gobierno español, López Obrador matizó y aseguró que él nunca había hablado de una ruptura.
Entidad suprapoderosa
Las propuestas de modificaciones para los artículos 26, 27 y 28 de la Constitución acotarían, además, la participación del sector privado para dotar a la CFE, con el mismo nivel de autonomía que el Banco de México, la entidad que administra la política monetaria del país, y que, durante los últimos tres años, ha confrontado al presidente López Obrador y a senadores de Morena al ejercer de manera autónoma su mandato único: el control de la inflación y la decisión sobre el nivel de tasas de interés, áreas en las que el Poder Ejecutivo no puede interferir.
Con la reforma constitucional propuesta por el gobierno lopezobradorista, la CFE, además, sería más fuerte que el Banco de México pues tendría un mandato triple, el de generar, transmitir y operar como rector de la política energética del país.
Un análisis de la iniciativa elaborada por el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, que dirige el exrector de la UNAM Francisco J. Barnés de Castro, asegura que al transformarse en una entidad autorregulada, que además decidiría todas las tarifas en el sector, la CFE enfrentaría problemas para evitar los conflictos de interés en toda su cadena de valor.
La iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, con carácter preferente, transformaría a la CFE en una entidad supraindependiente, cuyo modelo de gestión en la administración pública del país sería inédito.
Aún más, en ningún otro país, en ningún otro sistema de generación de electricidad, se registran antecedentes de un organismo con tales potestades y características. Para algunos representantes del sector privado esta reforma no sólo atenta contra los esfuerzos por generar energías limpias y la competencia, sino que causaría un incremento de hasta 30% en las tarifas, un esquema similar al de la venta de gasolinas que, además, es recaudatorio, igual que el del gas LP.
La organización México Evalúa sostiene que el incremento sería inevitable, de aprobarse la iniciativa, tal y como la propone el gobierno del presidente López Obrador. La CFE tendría la potestad de establecer todas las tarifas en las cadenas del sistema nacional eléctrico, tanto en las redes de transmisión y distribución, como en las que se cobrarían al usuario final.
En el Parlamento Abierto el bloque de gobernadores de Morena expresó su apoyo a la iniciativa que creará esta CFE fortalecida y autónoma. Para aprobar la contrarreforma constitucional se necesitaría del voto en favor en al menos 17 Congresos estatales. Morena cuenta con esa mayoría en 20 estados.
“Esta reforma eléctrica corrige los excesos del pasado y regresa a la CFE las facultades para mantener bajo su control el mercado de la generación y transmisión del servicio en condiciones que aseguren un pago justo, y no como sucede actualmente, que los consumidores se encuentran en gran desventaja y pagan directamente las consecuencias de los contratos leoninos que las grandes corporaciones de la industria eléctrica lograron con diversos gobiernos neoliberales y corruptos”, aseguró durante su participación en el Parlamento Abierto Alfonso Durazo Montaño, gobernador morenista de Sonora.
En sus artículos transitorios, la CFE podría contratar, además, todo tipo de bienes, servicios, obras y combustibles para su operación, en línea como lo establece el artículo 134 de la Carta Magna. Sin embargo, dada la autonomía que se propone para su operación, podría evitar muchos mecanismos de rendición de cuentas, lo que obtendría una superioridad financiera, operativa y técnica en el mercado del sector eléctrico.
La CFE, de acuerdo con los artículos transitorios que se proponen, sería un organismo del Estado mexicano, pero con personalidad jurídica y patrimonios propios, con el mandato de dirigir las políticas públicas para la planeación y control en el Sistema Eléctrico Nacional en medio de la etapa más importante de la Transición Energética.
Todo para la CFE
La contrarreforma constitucional desaparece a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y al Consejo Nacional de Hidrocarburos. Además, la CFE recuperaría el control de las responsabilidades del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), un organismo público descentralizado que fue pensado por los legisladores para garantizar la imparcialidad en el acceso a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución de los jugadores privados en el Mercado Eléctrico Mayorista.
Ahora, la CFE será juez y parte en la toma de decisiones en el sistema eléctrico nacional, mientras la participación del sector privado en esquemas de autogeneración se limitaría a 46%.
La CFE asegura que, en muchos casos, la creciente participación del sector privado durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se logró gracias a la simulación de participaciones accionarias, con lo que alcanzaron una participación de 55% en el mercado de la electricidad mayorista, dejando sólo 45% a la CFE.
Para el director de Caraiva Asociados, Ramses Pech, la cifra de participación de mercado de la CFE es de 76%, dada la posibilidad que tiene de comprar electricidad a productores independientes vía subastas. El problema es que la CFE y la administración actual no están conformes con las reglas de compra de energía y su despacho.
La Secretaría de Energía cambió las reglas mediante las cuales el Cenace ordenaba el mercado, lo que generó una lluvia de amparos, 4 mil al menos, según información de la CFE.
Para el legislador Gerardo Fernández Noroña, las empresas que, como Iberdrola, participan vendiendo electricidad en el mercado mexicano podrían quedarse, tras la reforma, con un mercado equivalente al de toda España, igual que el de Argentina.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, habló durante el parlamento sobre los cambios que impulsaron las acciones de las empresas afectadas ante tribunales, entre ellas Iberdrola, para demandar la protección judicial frente al cambio de reglas para la compra de electricidad.
Y los problemas aumentan, dice el presidente de la Canacintra, frente al reconocimiento de que esta reforma afectaría inversiones por más de 44 mil millones de dólares.
“Esto sería la afectación de tener la aprobación de esta iniciativa en sus términos, y yo creo que no nos debería extrañar que hubiera, no los miles de amparos que se presentaron, sino muchos más, muchos paneles de controversia y la molestia de nuestros socios comerciales”, advirtió Castellanos a legisladores.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal dijo que el proceso de amparos está suspendido, está congelado, frente a la posibilidad de que se apruebe esta contrarreforma. Sin embargo, admitió que, de avalarse, el escenario para resolver estas suspensiones se reactivaría.
El gobernador de Chiapas, Rutilio Cruz Escandón, aseguró que todas las hidroeléctricas del país generan 9% de la energía en México y que, con la reforma constitucional, pasarían de inmediato al doble, es decir, producirían 18%.
Aseguró que el decreto presidencial para el manejo de empresas y reducción de desastres por inundaciones en la Cuenca del río Grijalva, emitido el 1 de diciembre de 2020, aumentó la generación de energía y se redujeron los volúmenes de agua en las presas, lo que ayudó a evitar nuevas inundaciones en Tabasco y en Chiapas. No obstante, un amparo promovido en julio de 2021 obligó nuevamente a detener las turbinas.
Para el gobernador por Morena en Chiapas, la contrarreforma es un asunto de seguridad nacional.
