El proyecto presidencial fue contundente: antes de que acabe el sexenio funcionarán 10 polos de desarrollo –megaparques industriales– en apoyo al Corredor Transístmico. Pero el empresariado local duda que se cumpla ese objetivo: no hay ninguna certeza jurídica ni incentivos fiscales para los posibles inversores, no existe la infraestructura indispensable y lo peor, el crimen organizado domina grandes zonas de los terrenos implicados.
Veracruz, Ver.– La promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de echar a andar 10 polos de desarrollo dentro del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) antes de que concluya su sexenio será difícil de concretar frente a la inseguridad, así como la falta de certidumbre jurídica para inversionistas y de infraestructura en los terrenos adquiridos para este propósito.
La creación de estos polos de desarrollo –que serán megaparques industriales con inversión de empresas de diversos giros– funcionará como “cortina” para detener la migración, según ha dicho el presidente. Pero empresarios de la región que abarca el proyecto más bien expresan preocupación porque se carece de certeza legal sobre los beneficios fiscales para invertir y porque echar a andar los parques con todo el equipamiento del que ahora carecen implicará recursos millonarios.
Emmanuel Peña, líder de la Cámara de la Industria de la Transformación en la región sur del estado, considera al CIIT una visión acertada del presidente para dar equilibrio al desarrollo del país, pero que difícilmente se concretará antes de terminar su sexenio.
“Para nosotros este proyecto está dividido en dos etapas; la primera es el desarrollo de la plataforma logística de infraestructura de rehabilitación de los puertos, el ferrocarril y las vías de comunicación carretera y los derechos de vías para gasoductos, líneas eléctricas. Eso sin duda se va a concluir en este sexenio”, señala.
Pero ve con reservas el avance de los parques industriales.
–¿Qué falta? –se le pregunta.
–La seguridad jurídica para los empresarios. No existe una ley para dar certidumbre a los inversionistas de estos polos con reglas claras de los incentivos fiscales. Si no hay un marco jurídico, difícilmente los empresarios arriesgarán su inversión.
Aunque López Obrador anunció en diciembre pasado que ya hay un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para los incentivos fiscales, los empresarios cuestionan que en papel no existe nada concreto, ni leyes expedidas sobre el tema.
Miguel Rolón, quien fue coordinador para desarrollo de la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos 2016 al 2018 del gobierno de Veracruz, explica que el gobierno debe garantizar varios servicios inexistentes en la región hasta ahora, como: “Infraestructura, carreteras, energía eléctrica, agua, gas natural, planta de tratamiento de aguas residuales, centro de población cercano para suministro de mano de obra, ciudad con calidad de vida, materias primas o mercado cercano, puerto para importación o exportaciones, entre otras”.
En su opinión, mientras no exista esa infraestructura en los polos o incentivos atractivos superiores a la zona franca del norte del país, será complicada la instalación de empresas en estos megaparques.
En contraste, Antonio Luna Rosas, exdirector de la Administración Portuaria de Coatzacoalcos y actual secretario de la Comisión del Corredor Interoceánico en el Congreso de Veracruz, asegura que hay empresarios interesados en invertir y se han recibido delegaciones de empresarios de Estados Unidos y otros países, aunque reconoce que les preocupa la seguridad.
“Me atrevería a decir que es un plan donde está interesado México, pero también otros países, porque el corredor sería una de las grandes soluciones para el tema de la migración de Veracruz y de países de Centroamérica”, comenta.
Mientras tanto, se han anunciado inversiones privadas por más de 10 mil millones de pesos este año para el puerto de Coatzacoalcos y la localidad de Pajaritos, para una terminal de contenedores y otras obras portuarias; esto incluye la inversión de la empresa CG Railway para la compra de dos nuevos ferrobuques para conectar al puerto de Mobile, Alabama.
Pero tanto el CIIT como la Secretaría de Desarrollo Económico de Veracruz han negado la existencia de cartas de intención de empresas interesadas en invertir, según la respuesta a solicitudes de información vía transparencia.
Infraestructura en duda
El corredor, uno de los proyectos prioritarios del gobierno federal, incluye una plataforma logística para la rehabilitación de 206 kilómetros de vías del ferrocarril transístmico, infraestructura para los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz –que unirán el Golfo de México con el Pacífico– y a largo plazo la creación de 10 polos de desarrollo para el bienestar (parques industriales), donde se proyecta una zona franca con incentivos fiscales para empresarios.
En Veracruz el plan prevé 33 municipios de influencia, algunos de ellos con graves carencias en infraestructura social y productiva, según el mismo Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec publicado en 2020.
El Tren Transítsmico tiene un avance de 100 kilómetros de rehabilitación en tramos de Veracruz y Oaxaca.
A la fecha se ha concretado la compra de ocho de los 10 terrenos para instalar los polos, el primer paso para la llegada de la inversión. En Veracruz se adquirieron mil 270 hectáreas para la instalación de futuros parques: dos en Coatzacoalcos, uno en Texistepec y otro más en San Juan Evangelista. Además existe la intención de comprar un predio más en el municipio de Jáltipan.
En la ciudad industrial y petrolera de Coatzacoalcos se encuentran dos de los polos de desarrollo más importantes del corredor: Gavilán de Allende (Coatzacoalcos I) y 5 de mayo (Coatzacoalcos II), muy cerca de los complejos petroquímicos La Cangrejera, Morelos y Etileno XXI.
El terreno de 257 hectáreas en el ejido 5 de mayo es la herencia de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) creadas por Enrique Peña Nieto en 2016. La superficie ahora fue donada al Corredor Interoceánico.
Desde la creación de las ZEE en 2016, un estudio de factibilidad de la firma Idom Ingeniería, SA de CV, observó las amenazas del proyecto: falta de seguridad física y jurídica en la región, además de un elevado control de los sindicatos laborales y de la construcción, así como el abasto de materia prima por parte de Pemex para el sector petroquímico.
Desde hace cinco años el terreno cerca de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa está abandonado, en espera de la infraestructura básica.
El predio de 233 hectáreas de Gavilán de Allende –que pertenecía a Pemex– está al lado del recinto portuario de Pajaritos y, según el presupuesto federal, en 2022 se realizarán estudios de preinversión para instalar una terminal especializada de contenedores y a la par la construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento para el polo de Gavilán.
A unos 58 kilómetros el gobierno federal adquirió dos predios más para el desarrollo de megaproyectos: uno de 480 hectáreas en Texistepec, colindante con terrenos de la Compañía Exploradora del Istmo, dedicada a la explotación de azufre; y otro de 300 hectáreas en San Juan Evangelista. Ambos cerca de la carretera federal 185, conocida como transístmica Coatzacoalcos-Salina Cruz.
En los terrenos de Texistepec hay una disputa entre los dueños y un grupo de campesinos que desde 2011 reclaman la propiedad de 149 hectáreas.
En mayo del 2021, Ruth Lara Gallegos, apoderada legal del CIIT, giró un oficio a los posesionarios para ordenar el desalojo del terreno, ante la negativa los posesionarios, quienes tienen siembras de maíz en el lugar; fueron desalojados por la Guardia Nacional.
Ambos terrenos son largas extensiones de áreas verdes dedicados a la ganadería donde no hay servicios como agua, sistemas eléctricos o de gas para las empresas. A diferencia de Coatzacoalcos I, en estos polos no hay planes para iniciar la introducción de servicios básicos.
Presencia criminal
Miguel Rolón, quien es promotor de negocios y fue gestor del proyecto Etileno XXI de 2011 a 2015 –en la región sur de Nanchital–, advierte que la seguridad también es un tema central que preocupa a los empresarios.
La preocupación no es menor, pues la región que será paso clave de mercancías y donde se instalarán las empresas es un foco de incidencia criminal, con presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas.
Desde Coatzacoalcos hasta el límite con Oaxaca, el corredor del Istmo de Tehuantepec atraviesa las localidades de Minatitlán, Acayucan, Sayula de Alemán, San Juan Evangelista, Texistepec, Medias Aguas y Jesús Carranza, escenarios de masacres, autodefensas, extorsión, fosas clandestinas, ataques a bases policiacas, homicidios a comandantes de policía, fiscales y funcionarios.
Los trabajos de rehabilitación del Tren Transístmico iniciados en la comunidad de Medias Aguas, del municipio Sayula de Alemán, mostraron la presencia del crimen.
El propio López Obrador reconoció en julio pasado el freno de los trabajos en la rehabilitación del tren, porque las empresas constructoras eran víctimas de robo, extorsión y cobro de cuotas: “No permitían que se trabajara en ciertos tramos, sobre todo en Veracruz. Había extorsiones y robos a las empresas”. Un informe del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec reveló también que integrantes del CJNG obligaban a empresas a adquirir material de construcción con sobrecostos y realizaban “levantones” de personal, generando retraso.
Por eso, este año el proyecto del CIIT ha sumado mil 149 efectivos de la Marina y la Guardia Nacional (GN) para su vigilancia a lo largo de una ruta 300 kilómetros entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, en un esfuerzo por frenar la ola de violencia en la región. A partir de junio de este año, la Marina está a cargo de la seguridad con la finalidad de blindar la región.
Pese a la llegada de la Marina y la GN no se logró cambiar la percepción de 89% de la población en Coatzacoalcos que se siente insegura, según la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La percepción está vinculada a los asesinatos violentos de 2019, como el caso del atentado al bar Caballo Blanco, con 31 muertos, en Coatzacoalcos o el ataque a una palapa en Minatitlán, con 13 asesinatos atribuidos al CJNG.
En 2021 la violencia siguió con asesinatos en bares y plazas comerciales, además de agresiones a negocios con bombas molotov por cobro de piso.
Los intentos por frenar la violencia en estos municipios incluyen siete planes de seguridad de tres partidos en el poder, el PRI con Duarte, el PAN con Miguel Ángel Yunes y ahora Morena con el gobernador Cuitláhuac García, el cual ha dado medianos resultados.
En octubre pasado, José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, reconoció en Veracruz que aun cuando la región estaba militarizada con un aumento de 273% en la fuerza policial, los delitos iban en incremento.
De 2019 a 2021 Coatzacoalcos registró 359 homicidios dolosos –10% de los ocurridos en Veracruz en ese periodo– y 21 secuestros, delitos en disminución; en cambio la extorsión y el narcomenudeo van al alza, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. En los municipios de San Juan Evangelista y Texistepec, donde se adquirieron otros polos de desarrollo, la situación no es diferente.
Estos municipios, situados a unos seis kilómetros de Acayucan, tienen niveles de pobreza superiores a 70% y son escenario de varios crímenes.
Los datos hemerográficos lo demuestran: de 2019 a 2021, seis comandantes de la Policía Municipal, tres excomandantes y 11 policías, entre ellos un exmando de la Policía Federal, fueron asesinados. También regidores, alcaldes, fiscales, exalcaldes fueron abatidos o atacados por delincuentes.
A la inseguridad se suma el tráfico de migrantes y el paso de caravanas, por ser estos municipios un cruce obligatorio desde Centroamérica. Por ejemplo, en enero el Instituto Nacional de Migración detuvo un camión donde viajaban 359 migrantes hacinados.
2020 fue un año violento para la región: El 28 de octubre integrantes del CJNG bloquearon tramos carreteros en varias de estas ciudades. Unos meses antes, un grupo de ganaderos armados como autodefensas desfilaron por San Juan Evangelista para exigir el alto a la violencia.
En esa caravana, el empresario Erasmo Vázquez González, El Chivo Vázquez, exhibió el organigrama delictivo de la zona y acusó a José Roberto Sánchez Cortés, El 80 –jefe local del CJNG – de sembrar terror en la zona. El gobierno estatal ofreció por su captura una recompensa de un millón de pesos, pero sigue prófugo de la justicia.
Erasmo Vázquez es el empresario recientemente señalado en un video de ser parte del Cártel Sinaloa y además protegido del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, hechos que ambos negaron.
La Familia Michoacana también intentó operar en Jesús Carranza y Sayula de Alemán. Cuitláhuac García reveló en agosto de 2021 que Jhovanny N, El Vani –detenido en la Ciudad de México– intentó coaccionar a candidatos a alcaldes durante el pasado proceso electoral. “Tiene que ver con el proyecto del corredor del Istmo de Tehuantepec. Las bandas delictivas pretendían instalarse y generar una base apoyando candidatos”.
Emmanuel Peña confía en la presencia de la GN para disminuir los delitos de alto impacto en Coatzacoalcos: “Llevamos 300 días sin secuestros”, dice. Aunque otros delitos crecen, como la extorsión y el cobro de piso, según la estadística.
Sobre la inseguridad en los terrenos ubicados en Sayula de Alemán y Texistepec, la historia es otra: “El gobierno federal, con sus programas sociales, trata de generar un equilibrio de sostenibilidad en estos poblados; evidentemente el deterioro del tejido social es enorme y acumulado de muchos años, no esperemos que de la noche a la mañana estás poblaciones tenga otra opción de vida, pero hay una intencionalidad”.
En su consideración, la decisión de López Obrador de entregar a la Marina el control de seguridad y administrativo del corredor da certeza de blindaje para los empresarios.
Antonio Luna Rosas coincide: “La seguridad definitivamente es algo que preocupa a los empresarios, pero también a las autoridades; la decisión de que la Marina se encargue da la garantía de no permitir malas prácticas ni vulnerabilidad en las inversiones”.
