La construcción del Corredor Interoceánico, uno de los megaproyectos de la 4T, no avanza. Por un lado, organizaciones populares de Oaxaca –que demandan resolución a los problemas de tenencia de la tierra, entre otros muchos puntos– no sólo se han amparado contra la obra, sino que han bloqueado los avances de la misma; por otro lado, la ominosa presencia del CJNG pone un obstáculo más preocupante, pues además de las amenazas de rigor, impone la adquisición de materiales con sobrecostos.
OAXACA, Oax.- La presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la resistencia de comunidades y organizaciones indígenas así como las batallas legales han retrasado las obras del Corredor Interoceánico, uno de los megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En diciembre de 2018 arrancó oficialmente del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec; pero en 2021 un informe oficial reconoció, por primera vez, la presencia de la delincuencia organizada en territorio de Oaxaca y particularmente en esa región, donde el CJNG incurre en “amenazas, levantamientos de personal, robo de materiales y obligar a contratistas a adquirir material con sobrecostos”.
Aunado a ello, integrantes de la Red de Resistencia Civil –formada por organizaciones como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Corriente del Pueblo Sol Rojo y la Coordinadora de Pueblos del Istmo en Resistencia– han realizado por lo menos 43 bloqueos a vías férreas de julio de 2019 a diciembre de 2021 y han expulsado a trabajadores que realizan obras en la modernización del ferrocarril transístmico.
El más reciente bloqueo tuvo lugar en Donají, comunidad de Matías Romero; duró ocho días y fue levantado apenas el pasado martes 8.
A casi un año de emitido el informe oficial que reconoce la presencia del CJNG, el avance de los trabajos es mínimo, frente a la resistencia de las comunidades que han denunciado la simulación de consultas, ocultamiento de información, invasión y despojo de tierras.
El 12 de octubre de 2021 las comunidades en resistencia realizaron bloqueos a las vías férreas en Estación Mogoñe, San Juan Guichicovi, Matías Romero, Colonia Oaxaqueña, Salina Cruz y la Colonia Jardines de la Revolución, además de expulsar a un grupo de trabajadores que habían ingresado a sus terrenos a realizar trabajos de modernización del ferrocarril transístmico.
Elliot Escobar Gómez, coordinador estatal de la Corriente del Pueblo Sol Rojo, dice a Proceso que fue presentado un amparo colectivo contra el acuerdo presidencial que declara de interés público y de seguridad nacional los megaproyectos Tren Maya, Programa Integral Morelos, Corredor Interoceánico y Aeropuerto de Santa Lucía.
La organización considera que con este acuerdo “nuestros pueblos quedan en un estado de indefensión, ya que promueve la imposición de los megaproyectos, el ocultamiento de información, la imposibilidad de las comunidades de utilizar medios de defensa frente a la militarización y criminalización de la protesta social”.
Otro escenario que se observa desde el trienio pasado de los gobiernos municipales es un “maridaje”, “cogobierno”, “convivencia” o “connivencia entre autoridades formales (presidencias municipales) y grupos delincuenciales” para mantener la gobernabilidad en esa región, donde la mitad de sus municipios son de Morena, afirma Escobar. Apenas el 1 de enero se realizó el cambio de autoridades municipales en Oaxaca, entidad donde el próximo 5 de junio habrá elecciones para renovar el gobierno estatal.
La pregunta que dejó en el aire la Red de Resistencia Civil es si en aras de la gobernabilidad, los municipios gobernados por la 4T en el Istmo marcarán distancia o se someterán al crimen organizado.
El dirigente de la Ucizoni, Carlos Beas Torres, afirma que desde el trienio pasado “aquí es un secreto a voces que de alguna forma hay algún tipo de convivencia o connivencia pactada entre el crimen organizado y los municipios”.
Incluso, agrega, “es claro que se ha estado pagando el derecho de piso en los municipios a los grupos delincuenciales; eso ocurrió en las administraciones pasadas y eso seguramente va a seguir ocurriendo en las administraciones que tomaron posesión hace unos días”.
El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 tendrá una cobertura regional formada por 79 municipios: 46 de Oaxaca y 33 de Veracruz.
El 4 de marzo de 2021 la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reconoció, en vísperas de las elecciones, que “el partido del crimen que intenta también competir hace campañas de miedo para intimidar: asesinan, amenazan, cooptan, imponen y financian”, y que Oaxaca es uno de los estados que presenta violencia política, con muertos y heridos.
Agregó que en Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco hay mayor riesgo de que “los aspirantes y candidatos sean cooptados por grupos delincuenciales”.
Informe revelador
El director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), José Sánchez Pérez, presentó un informe correspondiente al periodo enero-marzo del ejercicio fiscal 2021 en el que se describió esta situación: “Actualmente el desarrollo de los trabajos sigue siendo gravemente afectado por bloqueos de comunidades que se encuentran dentro del derecho de vía federal que han presentado varios reclamos sociales, muchos de ellos ocasionados por otras dependencias (SCT, Pemex, CFE), fuera de la competencia del FIT y que han impedido la ejecución de las obras en tiempo y forma”.
Y detalló: “En términos generales, los retrasos a la fecha en obras en el Tramo I se deben al vandalismo que se vive en la zona por la delincuencia organizada por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación; obligan al contratista a adquirir material con sobrecostos, no siendo los propuestos de origen, ocasionando distancias de acarreos mayores a las previstas, por lo que el programa de trabajo se hace más lento en su avance”.
Por parte del cártel, agrega, ha realizado amenazas, levantamiento de personas y robo de materiales, al tiempo que se quejó de que la Guardia Nacional se ha retrasado para salvaguardar bienes y personal de la obra.
En cuanto al Tramo 2, éste se encontraba “aún sin iniciar rehabilitación, pero ya está trabajando los conceptos preliminares y su atraso fue a causa de los bloqueos de comunidades como Donají, San Juan Guichicovi, Ubero, Palomares, entre otros; estas comunidades están siendo lidereadas por una organización llamada Ucizoni, la cual impulsa los bloqueos hasta que no se dé atención a sus demandas sociales, entre las cuales solicitan hospitales de primer nivel, universidad de especialidad, puentes peatonales y vehiculares”.
Otras demandas son los pagos de indemnización por derecho de paso de trenes, resolución de problemas de tenencia de la tierra, pavimentación de calles, construcción de carreteras e indemnizaciones por afectaciones por parte de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Elliot Escobar manifiesta que el vacío de poder y la falta de planeación del gobierno federal han permitido que grupos delictivos se hayan asentado en la región, por lo que se han incrementado los hechos de violencia en municipios como Salina Cruz, Matías Romero, Ixhuatán, Zanatepec, Tapanatepec, Chahuites. “Y en este 2022, las elecciones para gobernador vienen a complicar la situación que estamos viviendo, porque estos grupos también están en ese mismo relevo. No son ajenos”.
Aclara que “no es sólo un grupo, son varios grupos que están en coalición o en pugna. Cuando sus intereses son los mismos se unen y cuando no, tienen una pugna y se va agudizando por el tema del vacío de poder que existe en varias partes del estado y en el Istmo de Tehuantepec se puede ver bien claro dónde la federación es totalmente omisa”.
–¿Cómo van a gobernar las nuevas autoridades municipales con esa presencia del crimen organizado? –se le pregunta a Escobar.
–En algunos municipios cogobiernan ya abiertamente. Ellos son el gobierno municipal, porque también se da el tema de las obras, asignaciones donde no hay licitaciones o concursos, no hay nada, y evidentemente están metidos ahí en la ubre del presupuesto municipal o definitivamente imponen sus condiciones.
Al hacer una radiografía de la región, menciona que hay tres escenarios: “En unos municipios son cogobierno, en otros imponen sus condiciones de manera más discreta y en otro, donde no haya acuerdos entre ellos, la población quedará como rehén de la violencia ante un gobierno federal omiso y de ocurrencias que no tiene planeación… se le pide diálogo y hace un diálogo de sordos”.
Respecto al Corredor Interoceánico, dice que “nos quieren vender castillos en el aire, porque es la misma vía que Porfirio Díaz construyó. Están rehabilitando la misma vía, es el mismo trazo, no hay polígono de bienestar, hay predios y el único que existe o conocemos es el terreno donde estuvieron las zonas económicas especiales que dejó Enrique Peña Nieto. Que no nos quieran venir a mostrar espejitos, que nos hablen con honestidad”, finaliza.
Opositores detenidos
El dirigente de la Ucizoni, Carlos Beas Torres, cuenta a Proceso que en 2019 los indígenas mixes Juana Inés Ramírez Villegas y Dagoberto Toribio Severo, de San Juan Guichicovi; Ruvicelia Toribio Zacarías, de Santa María Petapa, y Raúl Martínez de Jesús, de Palomares, solicitaron un amparo contra el decreto presidencial que creó el Corredor Interoceánico.
Y describe que los bloqueos efectuados entre 2019 y fines de 2021 y la expulsión de trabajadores han sido también motivados porque no cuentan con permisos de las asambleas comunales o ejidales. El malestar de las comunidades es por la falta de información clara y la simulación de consultas, añade.
La respuesta del estado vino el 8 de octubre de 2021: la Policía Federal Ministerial detuvo a la profesora Micaela Valdivieso Joaquín y a su hijo, Eberth Muñoz Valdivieso, por el delito de “oposición” a la obra del Corredor Interoceánico.
Según la carpeta de investigación FED/MR/OAX/0001438/2021, la detención se realizó a las 13:30 horas en Paso Real Sarabia (perteneciente a San Juan Guichicovi) y fueron trasladados a las oficinas de la Fiscalía General de la República en Oaxaca.
La docente y su hijo son originarios de la comunidad de Estación Sarabia, San Juan Guichicovi. “Fueron detenidos por defender su predio y oponerse a que en sus tierras construyan obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, denuncia su abogado, Carlos Leonardo Espinoza.
Resalta que “más de 40 comunidades han sido impactadas por el megaproyecto con derechos de vía, el acaparamiento de tierras y el cambio de uso de suelo”.
Con el megaproyecto, afirma Beas Torres, también llegaron la extorsión, las amenazas, los secuestros, los derechos de piso y la asignación de obra sin licitar. Y “quienes no se alinean son amenazados, como ha ocurrido con algunas autoridades, comisariados, integrantes de Ucizoni y yo mismo”, recalca.
Una de las autoridades amenazadas es la presidenta municipal de Matías Romero, Obdulia García López, quien el 12 de enero recibió este mensaje de texto: “Este mensaje va dirigido para ti maestra Obdulia García Lopez nueva presidenta del municipio de matias romero seremos claros y precisos o cumples con lo prometido o todo tu equipo que entrará a trabajar pagara las consecuencias (…) o cumples lo acordado o será el trienio mas sangriento que habrá en Matías Romero. GENTE nueva al mando del señor GM (sic)”.
El megaproyecto está paralizado en medio de un clima de hostigamiento, así como divisiones y pugnas en comunidades, surgidas por el ofrecimiento de recursos o con programas sociales, confirma Beas Torres.
Sin mencionar la presencia del crimen organizado ni las resistencias, el 27 de noviembre de 2021, durante una gira que realizó para supervisar el avance del proyecto interoceánico, López Obrador reafirmó que la modernización de los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz; los ferrocarriles Coatzacoalcos-Palenque Ixtepec-Tapachula, así como los parques industriales, será manejada por una empresa que va a ser operada por la Secretaría de Marina.
“Qué mejor que la Semar cuide el patrimonio de los mexicanos para que los bienes no se entreguen o rematen a particulares; ya no queremos más privatizaciones, queremos cuidar lo que es de todos los mexicanos”, puntualizó.
Mientras tanto, en días recientes la violencia en el Istmo de Tehuantepec se recrudeció: tres masacres que dejaron 10 personas asesinadas, entre ellas ocho mujeres –una de ellas de tres años de edad–, en el municipio de Juchitán de Zaragoza, gobernado por la 4T.
El presidente municipal de Juchitán, Emilio Montero Pérez, reconoció que los ataques armados de los días 2, 3 y 6 de febrero son resultado de un conflicto de bandas locales vinculadas a la venta de cristal, el narcomenudeo, al robo a casa habitación y los secuestros.
Por tal razón, el martes 8, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa realizó la Mesa de Seguridad en el Istmo en las instalaciones de la 46 Zona Militar en Ixtepec, para coordinar acciones con la Secretaría de Marina, la Sedena, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado.
El fiscal general de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, aseguró que fue desintegrada una célula criminal local que operaba en Juchitán, dedicada a la venta y distribución de droga sintética. Esa célula se dividió en tres bandas que ahora se enfrentan por el control de la zona.
Tras los numerosos bloqueos y los conflictos sociales en la región, el pasado 12 de enero la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) anunció una inversión de 2 mil millones de pesos para obras de mejoramiento urbano en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
La Sedatu detalló que serán 20 municipios donde se iniciará el mejoramiento integral de barrios, regularización y certeza jurídica, planeación urbana, metropolitana, ordenamiento territorial y obras comunitarias, “a fin de elevar las condiciones de vida de la población, atendiendo las colonias con alto nivel de marginación y violencia”.
