Ante la cuarta ola de la pandemia, la demanda de pruebas para la detección del covid rebasó a las autoridades. No hay módulos ni kits suficientes. De ahí que algunas personas vieron una oportunidad y empezaron a ofrecer –incluso vía Facebook o WhatsApp– tests no autorizados como si fueran oficiales. Y les fue bien, pues la ciudadanía está ávida de saber en qué condiciones se encuentra.
La cuarta ola de la pandemia, ahora con la variante ómicron, no sólo ha dejado la mayor cantidad de contagiados desde 2020 sino también ha arrastrado un creciente mercado negro, inundado con pruebas pirata de covid-19 que satisfacen la sobredemanda de una población que no cuenta con los recursos económicos para pagar un test de laboratorio y que ya no alcanzó una prueba realizada por las autoridades sanitarias.
Horas después de haber realizado un operativo en 28 establecimientos ubicados en plazas de Izazaga, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el que se aseguraron 459 reactivos, el director general de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México (Agepsa), Ángel González Domínguez, advierte a Proceso sobre la gravedad del problema:
“El tema de fondo es que cuando se trata de una necesidad sanitaria, una necesidad de la población sentida y expresada, y se busca atención a través del consumo de algún producto, la avidez de las comercializadoras hace que introduzcan productos de diferente calidad. El tema no es sólo de cómo entra al país, sino de cómo está el mercado favorecido para la venta de productos sin distinguir calidad”.
Da algunas cifras para ilustrar: “Por parte del Gobierno de la Ciudad de México se han realizado alrededor de 4 millones 300 mil pruebas gratuitas. Estamos haciendo ahora 30 mil pruebas diarias gratuitas sólo en la ciudad. No obstante, se ha generado una demanda adicional por parte de la población”, reconoce en videoconferencia con este semanario.
Mientras que las pruebas que realiza la Secretaría de Salud son totalmente confiables, con personal formado, capacitado para hacerlas de manera correcta y con resultados que son entregados en los tiempos más rápidos posibles, dependiendo del tipo de prueba, en el ámbito mercantil, matiza el funcionario, fuera de las instituciones de seguridad social o de servicios públicos, hay heterogeneidad de quien está aplicando pruebas.
Demanda incontrolable
El operativo realizado el pasado 26 de enero por la Agepsa no fue el primero. El 14 de enero la agencia detectó nueve marcas de pruebas de detección de covid-19 que se ofertan en distintas redes sociales y que no están autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Eso no es todo, en marzo del año pasado, la entonces Administración General de Aduanas y la Marina decomisaron 74 mil 783 piezas de equipo médico, como oxímetros, aspersores y humidificadores, así como 44 mil kits de pruebas para detectar el covid-19, que no cumplían con las Regulaciones y Restricciones no Arancelarias.
La demanda de pruebas es incontrolable. El Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico Médico (Comed) señala a Proceso que sólo entre diciembre y las dos primeras quincenas de enero la realización de pruebas de reacción en cadena de la polimerasa en los 82 laboratorios asociados pasó de 15 mil a 70 mil diarias. Por su parte, la compra del test de antígeno, la cual detecta ciertas proteínas en el virus, creció 3.5 veces en cuestión de dos semanas al pasar de 35 mil a 120 mil pruebas.
El director general del Comed, Guillermo Máynez, explica a este semanario:
“En la pandemia, las farmacias y tiendas de autoservicio empezaron a ofrecer las pruebas. Lo que hemos visto ahora, sobre todo de finales del año pasado a esta fecha, es un crecimiento exponencial todavía más acelerado en la gente que ofrece el servicio. Quién sabe quién es. Es alguien que sube en un post a Facebook o alguna otra red social y te dan un número de WhatsApp y vete tú a saber si la prueba que te tomaron es legal, si el kit está probado, si la persona tiene algún oficio relacionado con la salud. Es totalmente negro”.
Máynez dice que mientras los laboratorios son sometidos a las normas más rigurosas por parte de las autoridades sanitarias, el mercado negro sale de control.
“Los laboratorios establecidos constantemente están recibiendo inspecciones y auditorías de la autoridad, donde te revisan todo y por cualquier detallito que no está conforme a la Norma Oficial Mexicana 007SSA32011 amenazan con clausura o multa”, señala.
En contraste, acusa que “puedes agarrar, poner una carpa en un estacionamiento, contratar un par de personas que no sabemos si están calificadas o no, y comprar unas cajas y ponerte a cobrar por hora, hacer pruebas de covid. Sale más barato. Si no tienes que mantener un laboratorio con todos los protocolos de bioseguridad, a media calle, sin personal calificado, sin un responsable sanitario y una licencia de funcionamiento”.
Vía internet
El directivo ubica tres tipos de establecimientos donde se realizan pruebas:
Primero, los laboratorios formalmente establecidos que cuentan con una licencia de funcionamiento de Cofepris, que utilizan pruebas validadas por la autoridad y que prestan el servicio de manera absolutamente profesional y legal.
En segundo lugar están las farmacias y autoservicios, los cuales, si bien son legales, así como los reactivos utilizados, “realizan funciones de laboratorio de análisis clínico sin serlo, sin tener una licencia de funcionamiento, sin tener necesariamente el personal calificado para hacer la toma de muestras, el embalaje, el transporte, el almacenamiento y todo lo que conlleva el proceso”.
En tercer lugar, el mercado negro que se inicia con quienes ofrecen pruebas legales e ilegales en redes sociales, no cuentan con una dirección física ni tienen licencia de funcionamiento.
“Estos sobre todo se anuncian en las redes sociales, dan un número de WhatsApp. Te dicen que alguien va y te toma la muestra y te la regresa en cierto tiempo. Ahí si no sabemos qué tipo de pruebas se usan, si son legales o no, si están utilizando kits aprobados o no, porque es un mercado totalmente negro”, alerta Máynez.
Es fácil acceder a este mercado. Basta con buscar en Facebook “Compra-venta de pruebas covid-19” y ya dentro del grupo se abre un abanico de publicaciones:
“Prueba Realy antigeno hisopo. Caja master $65. Entrega inmediata. Pago a contra entrega únicamente 2000 piezas”; “Tengo 10000 pruebas en 165 pesos de Covi-stix”; “Vendo 20 cajas de hisopo marca Roche en CDMX, entrega personal, pago contra entrega, acepto efectivo o transferencia $6300”; “BIOSENSOR, ULTIMAS 20 CAJAS para entrega inmediata en Zapopan, pago contra entrega. $5000, información por inbox o comentarios. Entrega a domicilio. 25 Piezas la caja. $99,000 Llevando las 20 cajas”.
Un ejemplo más: “Estimado Cliente la Salud de tu familia y de tus clientes no tiene Precio compra con distribuidores de Equipo Médico establecidos Nosotros somos distribuidores Abbott. Tenemos en existencia 5 mil unidades al mejor precio de mayoreo de todo el país $165.00 enviamos a toda la República Recibimos tarjetas de débito y crédito Y podemos facturar tu compra 20 años de experiencia nos respaldan”.
“El porcentaje más alto de que las pruebas sean piratas son en los comercios informales, todo comercio que esté en vía pública, tianguis, mercados y que no tengan como giro preponderante ser farmacias o servicios para la salud, es muy probable que tengan manejos irregulares, no solamente de pruebas diagnósticas, sino de otros productos”.
–¿Qué tan grande es este mercado? –se le pregunta al director de la Agepsa.
–No tenemos nosotros facultades para revisar situaciones que son delitos. En este caso la piratería es un delito, se tendría que ver con otras instancias. No tengo indicadores de comportamiento clandestino, de la provisión de este tipo de pruebas.
De acuerdo con González Domínguez, la Agepsa trabaja a través de la trazabilidad de los productos. Es decir, tiene identificado qué empresas o personas físicas están autorizados para importar las pruebas, que deben contar con su respectivo permiso y autorización sanitaria.
“Tenemos que hacer seguimiento retrospectivo de si tiene registro, tiene autorización, si tiene permiso de importación. Si tiene todo esto, la posibilidad de que la prueba está muy segura es muy alta. En todo este proceso se pueden identificar pruebas falsificadas que se clonan, se duplica e identifica en las etiquetas y aparecen como si fueran legales”, explica el funcionario.
En el caso de los establecimientos donde se encuentran reactivos falsos la situación es la siguiente, según el director de la Agepsa:
“Regreso con ese establecimiento y le doy todos los elementos, criterios, información, normatividad que debe vigilar para poder hacer la venta de pruebas originales. No solamente sanciono, no solamente aseguro, sino capacito al personal de esos establecimientos para que conozca y aplique la normatividad y los emplazo. Si no cumplen con esa normatividad, aplicamos medidas de sanción más severas”.
Las sanciones van de una amonestación por escrito, aseguramiento y destrucción de producto que no tiene los criterios de calidad, suspensión de su licencia o autorización o suspensión, hasta el cierre o clausura del establecimiento.
“Algunos establecimientos, en efecto, no tienen precisión sobre algunos aspectos normativos y por eso actúan así. Pero cuando se les informa, cuando se les da la información y cómo se habla en las omisiones o insuficiencias, corrigen; en 97% de las veces se les dan plazos para que lo hagan. Pocos son los que finalmente se suspenden de manera definitiva”, acota Ángel González.
Proceso consultó a la Cofepris, así como a la Agencia Nacional de Aduanas sobre las cifras de las pruebas covid falsas, su procedencia, sus características, su comercialización dentro del territorio nacional y la estrategia para erradicar dicho mercado ilegal, pero al cierre de esta edición no había respuesta.
