En su mañanera del pasado 28 de enero, Andrés Manuel López Obrador acusó al FBI de llevar a cabo una operación encubierta en Quintana Roo y aseguró que pediría una explicación al embajador estadunidense. Lo cierto es que se trató de un traspié presidencial, pues bajo las nuevas leyes de seguridad mexicana y dentro del Entendimiento Bicentenario firmado con Washington, el Buró Federal de Investigaciones coopera en cuatro operaciones conjuntas, explica un alto funcionario del gobierno mexicano. Eso sí, agrega, los agentes deben informar a las autoridades mexicanas cada mes sobre su quehacer en territorio nacional.
WASHINGTON.- Se equivocó el presidente Andrés Manuel López Obrador: el Buró Federal de Investigaciones (FBI) no realizó ninguna operación encubierta en Quintana Roo hace dos semanas, pero sí es coadyuvante en cuatro líneas de investigación, aclara un alto funcionario mexicano.
Y explica: “El presidente López Obrador, sin consultar con quien debía, se dejó llevar por lo que declaró el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, por lo ocurrido esos días en el Hotel Xcaret”.
El pasado 28 de enero en su conferencia mañanera AMLO afirmó que el FBI había llevado a cabo una operación en Quintana Roo y que por ello solicitaría una explicación al embajador estadunidense, Ken Salazar, para evitar violaciones a la soberanía de México.
“El gobernador de Quintana Roo exageró en lo que dijo el 27 de enero”, establece el funcionario que condicionó la entrevista con Proceso sobre lo que hace el FBI en México ahora, a cambio de mantener en el anonimato su puesto y nombre dentro del gabinete de seguridad de AMLO.
“Al gobernador sólo le falto decir que hasta el Mosad (servicio de inteligencia de Israel) estaba interviniendo por la balacera ocurrida en Xcaret; el presidente se enteró de esto y, sin pedir corroboración, lo dijo en la mañanera. Fue un malentendido”, apunta el alto funcionario.
La aclaración por el traspié presidencial se da ante la pesquisa de este semanario para recopilar información del actuar en México de los agentes del FBI bajo las nuevas leyes de seguridad mexicana y en el marco del Entendimiento Bicentenario firmado con Washington.
“Con el FBI estamos cooperando en investigaciones conjuntas”, resalta el integrante del gabinete de seguridad de Palacio Nacional, acotando que las agencias federales estadunidenses ya no operan libremente en el territorio mexicano, como hacían en sexenios anteriores.
“El FBI participa en cuatro investigaciones conjuntas: la primera, el caso del asesinato de los integrantes de la familia LeBarón; segunda, tráfico de armas de Estados Unidos a México; tercera, red de tráfico de migrantes de Guatemala; y cuatro, la red de narcotráfico en la Riviera Maya”, dice.
En el cuarto caso de colaboración conjunta, el funcionario del gobierno de López Obrador hace un alto para señalar que la red de narcotráfico de la Riviera Maya es por la participación de ciudadanos estadunidenses y de Canadá en la importación, exportación, distribución y venta de drogas.
Los nuevos lineamientos de las leyes de seguridad del gobierno de López Obrador obligan mensualmente y desde abril de 2021 a todos los agentes federales estadunidenses asignados a México a presentar un informe de sus actividades ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“Es posible que la sociedad mexicana lo dude, pero hoy los agentes estadunidenses y de otras naciones que operan en el país nos informan de lo que hacen. Los tenemos bajo vigilancia; no tienen un cheque en blanco para hacer lo que se les venga en gana”, acota el entrevistado.
Un nuevo “modus operandi”
De lo ocurrido en Quintana Roo, el funcionario del gabinete presidencial se limita a señalar que, por tratarse de una investigación en curso, lo que puede decir del FBI es que, junto con las autoridades canadienses involucradas, intercambian información con México y siguen pistas.
Atractivo turístico internacional al que acuden mensualmente miles de turistas estadunidenses y canadienses, la Riviera Maya es una zona de narcomenudeo en la que operan los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación.
Las dos organizaciones criminales con presencia y control de vastos territorios en casi todos los estados del país operan en la Riviera con criminales locales para vender droga al menudeo, cobrar piso y deudas a punta de pistola y para la eliminación de delincuentes antagónicos.
Por ser también punto de llegada de enormes cargamentos de narcóticos procedentes de Centroamérica y Colombia con la venia de las dos organizaciones criminales, hay ciudadanos canadienses y estadunidenses involucrados en el mercado al menudeo entre los turistas, que confían más en ellos que en los vendedores mexicanos de enervantes, según las pesquisas oficiales.
“El FBI y las autoridades de Canadá le están siguiendo la huella a las redes de narcotráfico de su país que en Quintana Roo hacen los conectes para mandar cargas grandes de drogas a sus países”, expone la fuente.
Del caso LeBarón, la información proporcionada a Proceso es concreta: el FBI colabora con equipo técnico forense especializado para esclarecer y llegar al fondo sobre los responsables de ordenar el multihomicidio de integrantes de esa familia, ocurrido el 3 de noviembre de 2019.
Para esclarecer el asesinato de integrantes de la familia LeBarón, Langford y Miller ocurrido en Bavispe, Sonora, el FBI revisa en laboratorios las evidencias recolectadas en la escena del crimen e intercambia datos sobre sus propias investigaciones y pistas con México.
Para el tráfico de armas, el FBI, junto con el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, coopera con el gobierno mexicano en la identificación del origen de pistolas, rifles y municiones aseguradas en escenas de crimen ocurridas en todo México.
Los agentes estadunidenses se encargan de dar seguimiento a los cientos de casos del trasiego ilegal de armamento que fluye de norte a sur, luego de identificar el origen del armamento para investigar a los compradores que en su enorme mayoría son ciudadanos estadunidenses de origen sajón.
Con los migrantes, la injerencia del FBI se concentra en el tráfico de ciudadanos extranjeros para la explotación laboral y sexual y específicamente de las redes criminales que operan en Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
A través del intercambio de información, los agentes del FBI trabajan con el gobierno de México a partir del movimiento de migrantes, una vez que pasan desde el sur del Suchiate, en el intento por llegar a Estados Unidos para su explotación laboral y sexual; particularmente de mujeres y niños.
Hay un punto delicado en lo que se hace con el FBI respecto a la red de tráfico de migrantes, el trasiego de órganos humanos; este aterrador mercado, cuyos clientes están en Estados Unidos, es una de las aristas mayormente complicadas para intercambiar información de inteligencia.
El funcionario del gabinete presidencial asegura que con las restricciones con las que operan en México las agencias federales de Estados Unidos se les dificulta mucho hacer lo que hacían antes: operar sin restricciones.
“No les gusta entregarnos sus reportes de actividades, pero no tienen alternativa. A ambos países nos interesa parar el tráfico de armas, drogas, migrantes y resolver homicidios bilaterales, pero ellos tienen más que perder que nosotros; al final, todo rebota en Estados Unidos”, concluye.
