Con los apoyos necesarios se definió que la consulta sobre la revocación de mandato se efectúe el próximo 10 de abril; no sólo eso, el voto de cuatro ministros bastó para que la pregunta de esa consulta quedara inalterada, lo que algunos seguidores de López Obrador consideran una victoria jurídica. Sin embargo, el ministro Alberto Pérez Dayán insiste: en esta ocasión la consulta de revocación de mandato en realidad es un proceso de “ratificación”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo un nuevo triunfo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con las votaciones del pleno en las que se convalidó la pregunta para la consulta de revocación de mandato que el Instituto Nacional Electoral (INE) llevará a cabo el próximo 10 de abril, así como para que el propio instituto realice ajustes a su presupuesto de 2022 para cubrir los gastos que va a generar este ejercicio participativo.
La victoria jurídica de López Obrador para no modificar la pregunta de la consulta revocatoria –en la parte relativa a que el mandatario mexicano “siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo”– se logró gracias a la alianza que mantiene su gobierno con el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y al voto de dos ministras y un ministro que llegaron al cargo a propuesta suya y con la ratificación del voto mayoritario del Senado de la República.
Con estos cuatro votos de las ministras y ministros Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá y el propio Zaldívar, López Obrador logró la mayoría mínima para evitar que la pregunta sobre la continuidad de su mandato –o ratificación del mismo como argumentaba la acción de inconstitucionalidad promovida por diputados opositores– fuera declarada inconstitucional y, por lo tanto, eliminada de la consulta de revocación que el mismo presidente de la República se ha encargado de promover e impulsar desde el primer momento, apoyado por su partido, Morena.
De acuerdo con el artículo 105 constitucional y su ley reglamentaria, para que una ley sea declarada inconstitucional se requiere una mayoría calificada de ocho votos en el pleno de la SCJN.
En caso de que el pleno alcance sólo siete votos por la invalidez de la norma, la impugnación es desestimada o desechada y la ley impugnada se conserva íntegra en sus términos, sin que se invaliden las partes que habían sido impugnadas mediante controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.
Un voto dividido
Siete ministros y ministras se manifestaron a favor de suprimir la parte de la pregunta en la que se cuestiona a los votantes sobre la posibilidad de que el presidente “siga” en su cargo hasta el 30 de septiembre de 2024, día en el que concluye el periodo para el que fue electo.
Los votos no fueron suficientes para una mayoría calificada y cambiar la pregunta de la consulta. El cuestionamiento que va a aparecer en las boletas incluirá la parte relativa a la continuidad de López Obrador: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su período?”.
Un día después de que el pleno de la SCJN aprobara la validez de la pregunta de la consulta revocatoria, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por mayoría el diseño presentado por el INE para la impresión de las boletas que se entregarán a los electores el próximo 10 de abril.
El diseño de la papeleta incluye tres apartados, uno con la pregunta completa, y dos recuadros en los que se puede indicar si se le ha perdido la confianza a López Obrador o sí se quiere que siga en el cargo.
El argumento del ministro presidente Zaldívar sobre la validez de esta opción es que otorga mayor claridad a la consulta de revocación de mandato, evitando confusión entre los electores.
Ante las críticas que desde el martes 1 cuestionaron la actuación del bloque de ministros y ministras que votaron por no cambiar la pregunta de la consulta, el propio Zaldívar planteó el jueves 3 “que el derecho constitucional no es una ciencia precisa o exacta” y que la conformación de los tribunales constitucionales también cambia cuando hay elecciones, es decir, que los propios tribunales pueden experimentar cambios en sus mayorías después de una elección, independientemente de la calidad de sus argumentos.
“Hay argumentos que se contrastan y, al final –como en todos los tribunales del mundo, pues– es la votación de la mayoría, y no necesariamente la mayoría de votos es la mayor solidez argumentativa ni en este tribunal ni en ningún tribunal del mundo. Y es lógico que las elecciones importan y que, derivado de las elecciones, la conformación de los tribunales constitucionales cambia, y eso es aquí y en todos los países del mundo que tienen tribunales constitucionales. Así es la democracia”, justificó al clausurar la discusión y votaciones sobre la constitucionalidad de la Ley Federal de Revocación de Mandato.
De los ministros propuestos por López Obrador, la ministra Margarita Ríos Farjat estuvo con el bloque que quería limitar la pregunta a la revocación del mandato.
Hay un “desbalance político” en la pregunta, dijo la ministra. “Desnaturaliza la figura de revocación de mandato al incluir expresamente la opción de ratificación… Se despega del espíritu constitucional inmerso en un régimen democrático, uno de cuyos pilares es el equilibrio del juego político”, dijo.
Nuevo revés presupuestal al INE
Los fallidos intentos del INE para suspender o aplazar la consulta revocatoria por falta de presupuesto, recibieron la semana pasada un nuevo revés con la votación de la SCJN que –con una mayoría simple de seis votos contra cuatro– convalidó la constitucionalidad de los artículos transitorios de la Ley Federal de Revocación de Mandato.
A propuesta del ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo y en ausencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien en la votación de la sesión previa se manifestó por modificar la pregunta de la consulta, el Pleno de la Corte decretó que la Constitución de la República no establece una obligación precisa para que el Congreso de la Unión otorgue recursos específicos al organismo autónomo para la realización de una consulta de revocación de mandato.
Por el contrario, el bloque mayoritario de ministros se manifestó por reconocer la validez del artículo cuarto transitorio de la citada norma, en el cual se establece que el INE “deberá garantizar la realización de la consulta” implementando “los ajustes presupuestales que fueren necesarios” para su ejecución material.
En el anteproyecto de presupuesto que el INE entregó a la Cámara de Diputados para elaborar la Ley de Egresos de 2022, el instituto solicitó a los legisladores la aprobación de una bolsa presupuestaria de 18 mil 827 millones de pesos, de los cuales 3 mil 830 millones estaban programados para destinarse exclusivamente a financiar la realización de la consulta de revocación de mandato.
Sin embargo, los diputados federales aprobaron reducir en 4 mil 913 millones de pesos el presupuesto solicitado por el INE, por lo que le asignaron una bolsa de 13 mil 914 millones de pesos, por lo que el Consejo General del INE determinó apartar mil 503 millones para poder realizar la consulta de revocación de mandato.
A pesar de que el Consejo General del INE intentó pelear por más recursos presentando una controversia constitucional contra la Cámara de Diputados, argumentando una vulneración a su autonomía constitucional por las adecuaciones presupuestales al proyecto de gastos que presentó, la SCJN se negó a suspender la entrada en vigor de la Ley Federal de Revocación de Mandato y ordenó al propio instituto continuar con los preparativos de la consulta.
Además, la Cámara de Diputados presentó su propia controversia contra el INE por emitir un acuerdo con el que se pretendió aplazar la realización de la consulta revocatoria, recurso legal en el que la Comisión de Receso resolvió conceder una suspensión provisional al Poder Legislativo para el efecto de que el instituto continuara con los preparativos de la consulta.
Estos antecedentes sobre la realización de la consulta de revocación de mandato fueron un anticipo de lo ocurrido esta misma semana, cuando una mayoría de ministros y ministras consideraron infundada la acción de inconstitucionalidad que pretendía invalidar el artículo transitorio de la Ley Federal de Revocación de Mandato que obliga al INE a realizar adecuaciones a su presupuesto para sufragar la organización de la consulta revocatoria.
Durante el debate, los ministros que votaron por reconocer los artículos transitorios de la citada ley advirtieron que el Congreso de la Unión “no estableció” una exigencia expresa para regular lo relativo a la suficiencia presupuestaria” del INE para realizar la consulta, pese a que el organismo “cuenta con autonomía para elaborar su proyecto de presupuesto” que posteriormente le aprueba la Cámara de Diputados.
La observación de Pérez Dayán
El ministro Pardo Rebolledo agregó que a pesar de que la Ley de Revocación de Mandato no establece una obligación del Congreso de la Unión para “determinar los recursos económicos con los que el INE deberá llevar a cabo sus funciones” en materia de la consulta revocatoria, tampoco existió una omisión legislativa, ya que se señala que los gastos generados por este ejercicio deben financiarse con los presupuestos asignados al INE durante 2022 y años subsecuentes.
Contra dicha determinación, argumentando una afectación a la autonomía presupuestal del INE, votaron la ministra Norma Lucía Hernández y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales y Juan Luis González Alcántara Carrancá, este último previamente había votado en contra de modificar la pregunta de la consulta.
A pesar de votar a favor del proyecto que reconoció la validez de los artículos transitorios de la Ley Federal de Revocación de Mandato para su aplicación en la consulta que deberá realizar sobre la continuidad o revocación del mandato del presidente López Obrador, el ministro Alberto Pérez Dayán advirtió que condicionar los recursos financieros que se entregan al INE para realizar este ejercicio democrático, puede poner en peligro futuras consultas revocatorias.
Pérez Dayán deslizó que en esta ocasión la consulta de revocación de mandato, impulsada por el propio López Obrador, es en realidad un proceso de “ratificación”, pero advirtió que cuando la ciudadanía pretenda “revocar realmente” a un presidente por pérdida de confianza, el Poder Legislativo en manos de un partido afín a ese mandatario podría optar por bloquear financieramente al INE para evitar que se realice este ejercicio.
En este sentido, consideró que obligar al INE a realizar ajustes presupuestales para realizar la consulta revocatoria es una forma de garantizar que este ejercicio se realice, aún en un escenario en el que se pretenda bloquear su realización.
“Qué sucedería si no existen los recursos presupuestales porque no los contempló el presupuesto correspondiente de la Cámara de Diputados? ¿Se frustraría una facultad ciudadana sólo porque la Cámara no los previno? ¿Qué se tiene que hacer? Garantizar la revocación con los ajustes presupuestales que sean necesarios. Imaginemos que la revocación de mandato tiene que ver con un presidente de la República cuya mayoría en la Cámara de Diputados coincide con el partido y si, a propósito de que decidiéramos que, si no hay recursos presupuestales para ello, no se hace la revocación, pues –entonces– el instrumento o el antídoto habría quedado perfectamente delineado con que el partido en el gobierno no destine recursos en el presupuesto. No habrá revocación”, manifestó.
Por lo anterior, pidió formular un voto particular sobre este punto, expresando las razones adicionales para votar a favor del proyecto y en contra de que el INE pueda alegar “falta de recursos” para realizar la consulta revocatoria.
En este marco, también solicitó a los diputados federales responder a las exigencias del INE para garantizar la suficiencia presupuestaria del organismo y así garantizar las futuras consultas de revocación de mandato, más allá de que el ejercicio de este año se asemeje más a una ratificación.
“De ahí se desprende esta regla con los ajustes presupuestales, porque la revocación tiene que hacerse. No puede frustrarse por una mayoría, que pudiera no prevenir esto en el presupuesto e hiciera inútil la existencia de la figura, a pesar de que un número específico –como lo exige la Constitución– de ciudadanos fueran a solicitar genuina y realmente una revocación de mandato, siempre bajo el argumento de que: no me dieron recursos. Los recursos se tienen que dar idealmente y, si no se dan, los ajustes presupuestales se tienen que hacer porque el ejercicio se tiene que culminar, particularmente cuando proviene de fuente real, genuina y legítima que pretende una revocación, no una ratificación”, concluyó.
