Después de múltiples forcejeos que implicaron al Ejecutivo, el Legislativo, Hacienda y los órganos electorales federales, finalmente la Suprema Corte dio luz verde a la consulta de revocación de mandato. Atrás quedó el cúmulo de inconsistencias identificadas, que reflejan la manera atropellada como fueron recabadas las firmas de los solicitantes; pero lo que sigue no se aviene a lo que proponía el presidente López Obrador: por falta de fondos el INE sólo instalará 57 mil de las 161 mil casillas contempladas originalmente.
El proceso para realizar la primera consulta de revocación de mandato en la historia electoral de México presenta inconsistencias, como el registro de personas muertas y menores, credenciales duplicadas o falsas, el intercambio de dádivas y el uso de padrones de programas sociales.
A pesar de eso, la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador se impuso. No sólo presionó desde la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda para reducir el presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE); también lo hizo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al fin, los consejeros electorales aprobaron la organización de ese inédito ejercicio en todo el país acorde a los tiempos establecidos y con un número de casillas menor a lo establecido en la Constitución.
Para Diego Valadés, extitular de la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, las inconsistencias identificadas por el INE reflejan la manera atropellada como fueron recabadas las firmas de los solicitantes.
Considera que la parte más negativa fue la insistencia vehemente de los partidarios y colaboradores del presidente: “Que quienes lo apoyan pidan que se convoque a la ciudadanía para removerlo. Este hecho –insiste– muestra lo que todos sabemos: que la revocación es sólo un acto escénico”, dice a Proceso.
Una muestra de las firmas recabadas para la consulta de revocación de mandato, revisadas por la reportera en una de las bodegas donde están resguardadas las cajas de las firmas, en el sur de la Ciudad de México, demuestra una constante que, aunque no está considerada por los lineamientos del INE como una inconsistencia que invalide la firma, evidencia una práctica vieja del sistema electoral mexicano.
Se trata de carpetas con fotocopias de credenciales de elector ingresadas como solicitudes ciudadanas para la organización de la consulta popular, con leyendas como “beca alimentaria”, “madre soltera”, “ampliación de vivienda”, “maíz”, “calentador solar”, “discapacidad” o “adulto mayor”.
Otras son fotocopias que incluyen credenciales de partidos como el PRD o el PVEM, sindicatos u organizaciones políticas; unas más incluyen leyendas como: “Puede apoyarme para el Programa de Educación Inicial”, o con indicaciones sobre cómo recoger a hijos, cual si se tratara de permisos escolares con una fotocopia del INE como requisito.
Incluso en la montaña de documentos se observó una fotocopia de los apoyos de la Secretaría de Desarrollo Social recibidos por una familia completa y una solicitud de apoyo al presidente municipal de Comalcalco, Tabasco.
Se trata de cajas de cartón almacenadas que contienen hojas con las firmas que fueron revisadas durante varias semanas por capturistas que trabajaron siete horas al día. Esas firmas sí fueron validadas por el órgano electoral para la solicitud de la revocación de mandato.
Sin embargo, de las 7.3 millones de firmas capturadas que pasaron la primera revisión, se desecharon alrededor de 990 mil solicitudes por inconsistencias, entre las que se encuentran el intento de registrar en formato digital 90 mil 712 credenciales duplicadas, y 210 mil 943 en formato físico.
También se quiso ingresar a 17 mil 776 personas fallecidas a través de formatos en papel y 57 por la aplicación del INE, creada expresamente para este ejercicio que tuvo un costo aproximado de 7 millones de pesos, de acuerdo con información proporcionada por el Centro de Impresión del Registro Federal de Electores, donde se validó físicamente cada una de las firmas recibidas.
Otras de las inconsistencias registradas en papel fueron formatos sin firmar, incompletos, datos insuficientes, registros en padrón electoral pero no en lista nominal.
En la aplicación móvil las inconsistencias más comunes fueron firmas o fotografías no válidas, irregularidades entre el reverso y anverso de las credenciales, simulaciones como sustitución de datos.
Trabajo arduo, pero desaseado
Del 20 de diciembre de 2021 al 26 de enero pasado 450 trabajadores se dedicaron a verificar las 11.1 millones de firmas que recibió el INE en formato físico o vía digital. Se verificó el cumplimiento de los requisitos, como la fotografía, la firma, el nombre, así como su alta en las listas nominales, la vigencia de la credencial; y, para corroborar que no fueran personas fallecidas se hizo una comparación entre listas nominales con bases de datos del Registro Civil.
Finalmente, con el presupuesto establecido por el INE se logró verificar y aprobar 3.4 millones de registros, que se cotejaron con la lista nominal que cumplieron el requisito porcentual de 3% establecido en la Ley Federal de Revocación de Mandato.
Quedaron pendientes de capturar 4.2 millones de firmas que están bajo protección del órgano electoral, que evalúa el destino final de los documentos.
Los probables escenarios son el resguardo de tres a cinco años, plazo en el que se definirá si el material será reciclado o destruido. Para la revisión de los 11.1 millones de documentos recibidos se hubiera requerido 6 millones de pesos adicionales, asegura el personal del INE.
“Para el tiempo que teníamos habíamos dimensionado recursos para atender máximo 3.5 millones de documentos, así se hizo la planeación y la resolución del tribunal se tuvo que acatar de llevar a cabo todo el proceso en papel”, comenta Alejandro Sosa Durán, director de Productos y Servicios Electorales del Registro Federal de Electores.
Inicialmente el INE buscaba que el registro de las firmas se hiciera exclusivamente en formato digital, pero el 1 de noviembre la sala general del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al instituto que era derecho de los ciudadanos elegir su forma de participación en formato digital o físico, por lo que la fecha de captación de firma se amplió al 25 de diciembre.
Fue la primera vez en la historia del INE que una sola organización civil promovió tantas firmas: “Que Siga La Democracia”, cuyos representantes entregaron 9 millones 759 mil 922 en cinco entregas a partir del 20 de diciembre pasado.
En palabras de Sosa Durán, esa primera parte fue la más compleja, pues debía revisarse formato por formato. “Fue un proceso complejo, se recibió mucha más información de la esperada. Ese único promovente nos puso a atender el requerimiento con un tiempo determinado”, añade.
Además, el INE realizó una muestra nacional de 850 visitas domiciliarias para validar el consentimiento de los ciudadanos a la hora de proporcionar sus datos para la petición de la consulta. Los resultados fueron que 25% respondió que no autorizaba el uso de su credencial para votar. Las preguntas realizadas fueron la validación del domicilio, la identidad y si reconocía haber firmado o no el formato.
La entidad que más firmas aportó a este ejercicio fue la Ciudad de México, con medio millón, 6.6% de la lista nominal de los ciudadanos capitalinos, seguido por el Estado de México, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Tabasco, con una aportación de entre 129 mil a 442 mil firmas.
El estado natal de López Obrador destaca por haber sido el que más se involucró en este ejercicio. Pues con base en su lista nominal, participó con 7.44% de firmas.
El total de promoventes de las firmas, entre las que se encontraban asociaciones civiles, grupos de ciudadanos, organizaciones, ciudadanía y sociedad civil fue de 22 mil 419. De los cuales, 52% fueron mujeres.
El perfil de los ciudadanos que más participaron, mediante ambos formatos, fue de hombres de 65 años en adelante y mujeres de 35 a 39 años.
Estira y afloja
En el intercambio de ataques, el consejero del INE Ciro Murayama enlistó, en un video en su cuenta de Twitter, las inconsistencias encontradas por el órgano electoral de “fraude con documentos ajenos, simulación de apoyos y suplantación de voluntad”, y calificó este hecho de “antípodas de prácticas democráticas”.
Del lado del gobierno, a principios de año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se negó a dar más recursos al INE para la realización de la consulta. El órgano había solicitado mil 739 millones de pesos a la secretaría, luego de que a finales de 2021 la Cámara de Diputados, donde la mayoría representa al mismo partido del presidente, negó extenderles el presupuesto solicitado: 3.8 millones de pesos, aludiendo a la política de austeridad.
Ante la negativa de la dependencia de darle más recursos para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, el INE notificó al TEPJF que no estarán en posibilidades de cumplir con la ley.
El 2 de febrero la sala superior del TEPJF ratificó la estrategia presupuestal del INE para la organización del proceso de revocación de mandato. Señaló que la libertad de gestión del órgano electoral impide que se le pueda ordenar la adopción de decisiones y medidas específicas en el ejercicio de su presupuesto. Con esta decisión, reitera la obligación de que las autoridades responsables, en este caso la Secretaría de Hacienda, de cumplimiento a las sentencias que dicta el tribunal para proteger y garantizar los derechos político-electorales de las y los mexicanos
El INE, en su solicitud de mayor presupuesto, había justificado que incluso bajo una perspectiva de austeridad es responsabilidad del Estado garantizar la efectividad del derecho político-electoral de la ciudadanía.
Sin embargo, Hacienda negó el presupuesto, al reiterar la autonomía del órgano electoral para distribuir los recursos con los que ya cuenta; sobre todo aludió a que, al no estar asignado un recurso extra en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 la solicitud es inviable.
Tras esta última postura, el INE anunció que realizará la consulta de revocación de mandato con menos casillas. Los consejeros electorales prevén colocar casi una tercera parte de las casillas que proyectaba originalmente, es decir, de 161 mil serían sólo 57 mil el día de la consulta que será el próximo 10 de abril.
El viernes 4 se aprobaron los lineamientos finales para la realización de la consulta popular, en la que se determinó la presencia de hasta 2 mil ciudadanos por cada casilla, que a su vez tendrá la posibilidad de considerar 10% adicional de votantes, si el lugar lo permite. El último corte del padrón electoral y las listas nominales será el martes 15. Las mesas directivas de casillas totales se definirán, a más tardar, el 10 de marzo.
Habrá una casilla especial máximo por cada consejo distrital con no más de 2 mil papeletas en cada una, y las sedes de las casillas serán aprobadas el jueves 16.
El INE aclaró que la finalidad de este ejercicio no es el número de casillas, sino la voluntad de las personas de acudir a expresarse. Asimismo, en su informe reiteraron que la consulta se realizará en un contexto de corto tiempo, bajo presión presupuestal, la novedad del procedimiento y la pandemia por el covid.
