Señor director:
Los datos que expone el reportero Arturo Rodríguez en su artículo “Robo de combustible: La impunidad, bajo la sombra del triunfalismo oficial” (Proceso 2360), respecto del minúsculo porcentaje de personas condenadas por robo de combustible, son altamente preocupantes, no porque se quiera ver a cientos o miles de personas en la cárcel, sino por el daño patrimonial que causan al Estado, por los recursos que éste pierde y que podrían utilizarse para combatir la pandemia de covid-19 que estamos padeciendo, u otro problema nacional importante.
Otro aspecto preocupante es la muy probable irreversible pérdida de valores de los cientos o miles de personas o familias que pudiesen dedicarse a esa actividad delictiva o que son cómplices, de una u otra forma, por recibir el dinero que se obtiene mediante ese delito; además, en el momento en que no puedan realizarlo y obtener sus cuantiosas ganancias existe la posibilidad de que busquen otros beneficies mediante diversas maneras de delincuencia organizada.
Sin embargo, la impunidad de la que habla el reportero sólo es una muestra del catálogo de crímenes que estamos padeciendo en este país.
La impunidad es la causa de los mayores males que sufrimos, llámese narcotráfico, secuestro, inseguridad, corrupción, compras gubernamentales sin licitación, cinismo gubernamental, abuso de poder gubernamental, débil Estado de derecho, etcétera.
La creciente impunidad, que amenaza con seguir contaminando a importantes sectores de la sociedad, sólo se podrá parar cuando en principio logremos tener una Suprema Corte de Justicia de la Nación autónoma, donde el Ejecutivo federal no nombre a sus ministros y, asimismo, que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sea también un organismo autónomo, y no como lo es en la actualidad: donde el presidente de la Corte también preside el CJF; es decir, son juez y parte.
De igual manera, para tener certeza en la construcción de un verdadero Estado de derecho se requiere una Fiscalía General de la República autónoma de verdad y, asimismo, fiscalías estatales autónomas.
Las verdades de Perogrullo que se han mencionado las saben de sobra los partidos políticos, diputados y senadores; no son inocentes. Por lo tanto, de no legislar y lograr las autonomías mencionadas sólo nos están engañando y usando para vivir de manera opulenta a costa de una sociedad –en gran parte– empobrecida, desesperanzada, indignada e impotente ante tanta impunidad.
Atentamente,
Manuel Guerrero Ramos
