Señor director:
Hace poco más de un año este semanario publicó el texto titulado “Poder Judicial del Edomex detecta redes que vendían sentencias y notificaciones”. Lamentablemente soy víctima de ese delito.
Como mujer, madre de familia y médico de profesión quiero realizar la siguiente denuncia pública:
Tengo más de cuatro años intentando recuperar por la vía legal un inmueble de mi propiedad, ubicado en la Ciudad de México. He sido víctima de fraude por parte de un grupo de personas a quienes ni siquiera conozco; el delito en mi contra ha sido cometido con la complicidad de autoridades del Estado de México, de la Ciudad de México e, incluso, federales.
Comparto mi historia con la esperanza de tener la atención de los gobiernos del Estado de México, de la Ciudad de México y federal; también deseo contar lo ocurrido para que nadie más pierda su patrimonio, así como busco evidenciar los problemas tan arraigados que existen en la impartición de justicia en México.
A finales de agosto de 2017, cuando unos familiares me pidieron ser su fiadora para poder rentar una casa, me llevé la sorpresa de que mi propiedad no podía servir de garantía debido a que tenía un embargo, de acuerdo con lo que dijo el personal de la inmobiliaria que anunciaba la casa en renta.
Nunca supe sobre dicho embargo, pues jamás me fue notificado este hecho por ninguna autoridad.
De inmediato acudí al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México y pude comprobar que, en efecto, existía, ¡desde 2014!, un embargo sobre mi inmueble, surgido de un juicio que tres años atrás había sido tramitado en el Juzgado Primero Mercantil de Ecatepec de Morelos, Estado de México.
No supe sobre ese juicio debido a que jamás fui emplazada; el expediente del caso ya se encontraba en una notaría, donde estaban realizando la escritura pública con la cual le adjudicarían mi inmueble a otra persona.
Hasta que promoví el juicio de amparo indirecto 1308/2017 descubrí que fui víctima de un enorme fraude: servidores públicos simularon haberme dado en préstamo 2 millones 800 mil pesos con intereses muy elevados, de 10% mensual.
El préstamo nunca lo solicité y falsificaron mi firma en un supuesto título de crédito de los denominados “pagaré”, documento falso que fue fechado el 20 de julio de 2011, supuestamente en favor de un tal Juan Hernández Hernández, a quien no conozco y quien señala su domicilio en un sitio que no existe; ese tal Juan Hernández supuestamente endosó en propiedad el falso pagaré a un tal José Martín García Vázquez, a quien tampoco conozco, y quien, haciendo uso indebido del documento apócrifo, promovió el fraudulento juicio ejecutivo mercantil en mi contra.
Lo peor es que, debido a que un corrupto ejecutor del Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en Tecámac, descarada, falsa e ilegalmente mintió, simuló haber realizado el emplazamiento a mi persona y embargó el inmueble de mi propiedad. Ya la Contraloría del Poder Judicial del Estado de México corroboró que: ese Ejecutor se constituyó en un domicilio que no obra en autos, se constituyó en un domicilio en el que nunca le ordenaron constituirse y se constituyó en un domicilio que no existe.
Por lo anterior, nunca tuve la menor oportunidad de enterarme de la existencia de ese juicio para poder defenderme; es decir, nunca tuve un debido proceso y el juicio se llevó a cabo en rebeldía, a mis espaldas.
En ese presunto juicio los criminales falsificaron otro escrito para, además, simular que yo comparecí.
Por si fuera poco, el supuesto individuo que me demandó ni siquiera existe, de acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral, que verificó la credencial de elector de José Martín García Vázquez, quien se supone sí compareció en el mencionado juicio fraudulento. Con dicha credencial, de igual manera, se realizó la cesión de derechos litigiosos en favor de una tal Alma Katia Olguín Molina, a quien tampoco conozco y que es la persona a quien le adjudicaron mi inmueble (una persona, al parecer, de escasos recursos, pues formaba parte del programa de Leche Liconsa).
Ambos actos jurídicos devienen nulos al haber sido realizados por una persona inexistente.
Además, el juez primero mercantil de Ecatepec, usando de manera retroactiva la ley, lo cual está prohibido por nuestra Carta Magna, continúa con el ilegal trámite del fraudulento juicio ejecutivo mercantil ya mencionado.
Pese a todas las pruebas sobre el delito cometido en mi contra, parece imposible obtener la justicia que merezco para recuperar el inmueble de mi propiedad, pues la juez tercero civil de Tlalnepantla, incluso declarando falsedades, me ha negado la justicia para anular el, a todas luces, juicio fraudulento.
Incluso, jueces de distrito y magistrados de tribunales colegiados de circuito parece que tuvieran los ojos vendados, pues no ven lo obvio y pisan mis derechos fundamentales; me han negado la protección federal.
A su vez, los ministerios públicos sólo entorpecen y retardan la judicialización de las carpetas de investigación que inicié.
Incluso, acudí a la Suprema Corte en busca de justicia, pero mi petición ni siquiera fue tomada en cuenta. Así que es mentira eso de que hay justicia en México y de que ésta es inmediata, gratuita e imparcial; no existe protección a la legalidad, al debido proceso ni a los derechos fundamentales de los ciudadanos de este país.
Estoy desesperada porque ese inmueble es todo mi patrimonio, y pese a que he realizado todas las denuncias, quejas y demandas necesarias, y he acudido a todo tipo de autoridades, a la fecha no me dan solución. Esa red delincuencial, denunciada por Proceso, continúa operando con total impunidad.
Espero que los lectores de este medio de comunicación se den cuenta de que sus propiedades están en peligro. ¿A cuántas personas les ha pasado lo mismo que me hicieron a mí? ¿Cuántas personas ya han perdido y seguirán perdiendo sus casas y propiedades por fraudes y simulaciones similares? (Carta resumida por razones de espacio.)
Atentamente,
Doctora Elvira García Escobar
