La Fiscalía General de la República (FGR) sólo ha ejercido su facultad de atracción en seis de los 28 homicidios de periodistas que la organización Artículo 19 ha documentado durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador derivados de su actividad periodística.
Además, la FGR estudia la atracción de los asesinatos de las y los periodistas José Luis Gamboa Arenas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado que marcaron trágicamente el inicio de este 2022, reconoce el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.
Se trata de una cifra que a la luz de las organizaciones civiles en defensa de la libertad de expresión resulta insuficiente, pero que el titular de la FEADLE considera casos relevantes y de alto impacto social, que están dentro de sus competencias, ya que la facultad de atracción en casos de homicidios de periodistas es una solicitud que debe ser avalada por jueces federales y no siempre se encuentran datos de prueba para lograr esa autorización judicial.
Las seis carpetas de investigación iniciadas por la FEADLE para indagar los asesinatos de periodistas enfrenta comparativos todavía más desfavorables para el actual sexenio si se considera que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que entre el 1 de enero de 2018 y el pasado 27 de enero se han cometido 52 homicidios de comunicadores en el país.
Para Sánchez Pérez del Pozo, esa diferencia se explica justamente por las limitantes que enfrenta la facultad de atracción en crímenes contra periodistas, destacando que la Fiscalía no lleva un registro de todos los homicidios contra informadores, sino solamente de las carpetas de investigación en las que existen datos de prueba, acreditables ante un juez de control, de que se trató de un homicidio relacionado con el desempeño profesional de la víctima.
El titular de la FEADLE agrega que la atracción del caso eleva el estándar probatorio para los Ministerios Públicos adscritos a esa fiscalía, a pesar de lo cual entre 2019 y lo que va de 2022 sólo en un caso el juez declaró la incompetencia de las autoridades federales para investigar el homicidio de un periodista. “Si bien es nuestra facultad, no es tan discrecional como se cree, tenemos que probar ante el juez que hubo una afectación a la libertad de expresión o que se derivó del ejercicio periodístico”, destaca.
Al defender la actuación de la FEADLE advierte que además de los casos en los que investiga directamente los asesinatos de periodistas, esa instancia de la FGR ha colaborado con diversas fiscalías estatales en la investigación, esclarecimiento y detención de los responsables, por lo que ya existen personas detenidas y sentenciadas por este tipo de crímenes en Baja California Sur y Oaxaca.
Advierte que juzgar a la FEADLE por el número de sentencias que obtiene en casos de homicidio contra periodistas, seis entre 2016 y 2022, es injusto, ya que también investigan otros delitos como amenazas, tortura, tratos crueles e inhumanos, lesiones, intentos de homicidio, abusos de autoridad, detenciones ilegítimas y robo.
Atracción de homicidios
Desde su creación el 5 de julio de 2010, la FEADLE sólo ha ejercido su facultad de atracción en 41 de los 100 casos de asesinato de periodistas que la organización Artículo 19 ha documentado en el mismo lapso; es decir que solo 40% de los homicidios contra comunicadores son indagados por las autoridades federales por una relación directa con el ejercicio de la libertad de expresión.
Para el director de Artículo 19, Lepoldo Maldonado, el problema radica en que las autoridades federales y locales argumentan en la mayoría de los casos que no encuentran un posible vínculo entre los homicidios de periodistas y su trabajo profesional.
“A partir de los casos en los que hemos dado seguimiento en Artículo 19, nos damos cuenta que hay grandes deficiencias técnicas en las investigaciones, que tienen que ver desde la mala planeación hasta una conducción forense deficiente y eso evidentemente genera desconfianza al respecto”, señala.
Incluso, considera que en los crímenes contra periodistas, “siempre hay una carga política” para tratar de no vincular el trabajo de la víctima son su labor periodística, por lo que pide a la FEADLE transparentar sus protocolos y lineamientos.
“La FEADLE dice que hasta diciembre de 2021, 70% de los homicidios de periodistas no corresponden con el trabajo profesional; eso siempre hay que ponerlo en duda ante un sistema de procuración de justicia que presenta fallas estructurales y que se reproducen en el seno de la propia Fiscalía especial. Por eso vale la pena que a partir de estos últimos casos, las autoridades federales rindan cuentas sobre lo que están haciendo. Nosotros sabemos que muchas veces hay una fuerte carga política en descartar la vinculación del trabajo periodístico de la víctima”.
En contraste, el titular de la FEADLE afirma que la facultad de atracción se hace con un protocolo y la intervención de una unidad especializada en análisis de contexto del trabajo periodístico de las víctimas, tratando de evitar indagatorias que pudieran estancarse o que el juez de control vaya a rechazar declarando la incompetencia de las autoridades federales.
Por lo anterior, justifica que durante el sexenio de López Obrador se hayan atraído solamente seis casos de asesinato contra comunicadores, aunque aclaró que ya se analizan los expedientes de los tres homicidios cometidos contra periodistas en 2022.
Dijo que apenas este mes se ejerció la facultad de atracción en un caso de homicidio que corresponde a 2020, debido a que se encontraron nuevos elementos de prueba para presentarlos ante el juez de control.
Agregó que en colaboración con 11 fiscalías estatales se ha logrado el libramiento de 29 órdenes de aprehensión en ocho indagatorias por homicidios de periodistas, incluyendo tres que en el estado de Coahuila se giraron contra servidores públicos.
Sin embargo, en el informe estadístico de la Fiscalía en Materia de Derechos Humanos de la FGR, actualizado a diciembre de 2021, también se advierte que durante la gestión de López Obrador la facultad de atracción de la FEADLE para casos de homicidios contra periodistas se ejerció en menor cantidad que en el sexenio de Felipe Calderón.
Así, en enero de 2011 y diciembre de 2012 la FEADLE atrajó 14 expedientes de asesinato de periodistas, mientras que durante el gobierno de Peña Nieto dicha facultad se ejerció en 11 ocasiones.
No obstante, de todas estas investigaciones se conocen pocos resultados; entre ellos las detenciones y condenas contra exfuncionarios y presuntos sicarios en los casos de Miroslava Breach y Javier Valdez, dos garbanzos de a libra que fueron obra del equipo del fiscal Ricardo Sánchez.
