Diversas ONG han documentado que en los últimos 21 años, 148 periodistas han sido asesinados en México –y afirman que el Estado es el principal agresor–, lo que hace al país, de acuerdo con Comunicación e Información de la Mujer, el más peligroso del mundo para el gremio. A su vez, el representante del Comité de Protección a Periodistas, si bien aclara que sería un error culpar al actual mandatario del hostigamiento a los comunicadores, sí le achaca responsabilidad por no prever las reacciones de sus seguidores.
Considerado el país más peligroso para ejercer el periodismo, México parece haber alcanzado un punto de quiebre con un arranque de año marcado por los asesinatos de tres comunicadores en dos semanas, provocando una indignación generalizada en prácticamente todo el territorio.
De acuerdo con un reporte de la organización Comunicación e Información de la Mujer, el martes 25, 65 ciudades del país atestiguaron las movilizaciones de periodistas para exigir el esclarecimiento de los asesinatos de José Luis Gamboa, ocurrido en Veracruz el pasado lunes 10, así como los de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, ambos en Tijuana, los días 17 y 23 de enero.
Con esos casos suman 148 periodistas ejecutados desde 2000, según registros de organizaciones civiles, 28 de ellos en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
“Es la realidad brutal en México; tan es así, que si una persona se siente afectada por una cobertura independiente y crítica, puede matar a un periodista y es poco probable que la vayan a detener, menos probable que llegue a un juicio real y menos aún a una sentencia condenatoria, y eso sólo hablando de casos de asesinatos y desaparición forzada”, sostiene Jan Albert Hootsen, representante en México del Comité de Protección a Periodistas (CPJ).
Con 12 años ejerciendo el periodismo en México y seis de ellos como representante de CPJ –organización con presencia en el país desde 1992– resalta que los últimos tres asesinatos contra comunicadores son “una consecuencia lamentable, terrible pero lógica, de todo lo que hemos visto venir en los últimos 20 a 30 años, donde el tema de la impunidad impera”.
Advierte que no cabe duda que la violencia contra periodistas en el país se disparó durante el sexenio de Felipe Calderón, y que desde entonces se ha mantenido prácticamente inalterable.
Al menos así lo han documentado organizaciones de defensa de la libertad de expresión como Artículo 19, que detalla que de los 148 periodistas asesinados desde 2000, durante el gobierno de Vicente Fox, 22 fueron ejecutados, cifra que se disparó a 48 con Calderón y se mantuvo con Enrique Peña Nieto, quien cerró su mandato con 47 periodistas asesinados.
En su informe del primer semestre de 2021, la organización registró 362 ataques a periodistas, siendo los más frecuentes la intimidación y el hostigamiento (113), seguidas de la amenaza (54), ataque físico (35), uso ilegítimo del poder público (35), entre otros, identificando que “el Estado es el principal agresor de la prensa con 134 agresiones”.
Jan Albert Hootsen reconoce que si bien el presidente se ha distinguido por un discurso contra algunos medios y periodistas, advierte que “sería muy equivocado decir que el gobierno de López Obrador sea directamente culpable de la violencia contra los periodistas, no tenemos ninguna evidencia de eso, en ese sentido sí es un gobierno diferente en comparación con gobiernos anteriores, pero eso no quiere decir que no tenga responsabilidad en cómo reacciona la sociedad y sus seguidores, por tener un alto nivel de popularidad”.
Cita como caso emblemático las reacciones en redes sociales después que el Cártel de Jalisco Nueva Generación lanzara un video amenazando a la conductora Azucena Uresti, en agosto del año pasado.
“Si bien el presidente condenó los hechos, ya había hablado antes contra los medios, y lo que se desató en redes sociales fueron expresiones de personas que decían que la periodista era ‘derechista’, ‘antigobierno’ y por tanto ‘se lo merece’”, apunta el defensor.
En el “ranking” mundial
Los altos niveles de violencia, la impunidad de 95% en los crímenes contra periodistas y el tono del discurso presidencial hacia ese gremio, medios de comunicación, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, fueron algunos de los temas de análisis en el último informe de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), correspondiente a 2020.
En el reporte sobre México, la RELE alerta que “el asesinato de periodistas constituye la forma más extrema de censura y la impunidad contribuye a la autocensura de la prensa”, por lo que urge al pleno esclarecimiento de los crímenes, considerando como móvil “la actividad periodística y la libertad de expresión”.
Sobre el impacto del discurso estigmatizante, recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que “este tipo de declaraciones provenientes de funcionarios públicos podrían constituir una restricción indirecta al derecho a la libertad de expresión”.
El ambiente hostil contra la prensa también ha sido documentado por Reporteros Sin Fronteras (RSF) que en su ranking mundial 2021 sobre la situación de la libertad de expresión en 180 países ha colocado a México en el lugar 143, por debajo de Sudán del Sur, Birmania e India, y por encima de Camboya y Pakistán.
Hasta diciembre del año pasado, RSF había documentado 47 asesinatos de periodistas en los últimos cinco años, 25 durante la gestión de López Obrador, colocándose a la par de Afganistán, también con 47 homicidios, y por encima de Siria, con 42, en el mismo periodo. A las víctimas consideradas en el reporte de la organización de fin de año, deben sumarse los tres nuevos casos de enero de 2022.
Balbina Flores, representante de RSF en México, refiere que “por tercer año consecutivo, que coincide con la administración de López Obrador, México se mantiene como el país más peligroso para ejercer el periodismo”.
Y alerta: “Si hacemos una proyección hacia al término de sexenio, y la cifra se mantiene, estaría llegando a un número igual de periodistas asesinados que en los gobiernos anteriores o un poquito más”.
La defensora destaca que la situación resulta más grave si se considera que el gobierno federal considera que en lo que va de su administración se a asesinado a 52 periodistas, de acuerdo con el último reporte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, emitido el 26 de enero.
“El gobierno está contabilizando todos los casos de asesinatos; no precisan si son casos vinculados con la labor periodística o no, como sí lo hacemos las organizaciones sociales, que consideramos sólo los casos en los que hay elementos para considerar que los crímenes tiene que ver con el ejercicio periodístico, de ahí que es más grave la cifra gubernamental”, destaca Flores.
En la primera quincena de diciembre pasado, Flores formó parte de una misión internacional de RSF en México, en la que se sostuvieron reuniones con autoridades, organismos de derechos humanos y víctimas, advirtiendo do que “hay una situación grave que no ha cambiado”.
Tras señalar que como resultado de la visita internacional RSF presentará un informe con más de una veintena de recomendaciones, Flores adelanta que lo que la misión vio es que en el gobierno de López Obrador “hay un discurso muy parecido o igual que los gobiernos anteriores, del ‘estamos haciendo’ y ‘vamos a hacer’, pero la realidad los supera”.
Para la defensora, “el único matiz” que diferencia al gobierno de López Obrador de sus antecesores es que reconoce que “tiene un problema y que habla de cambios, pero ya no le queda demasiado tiempo, le quedan tres años, lo que no hagan en 2022 no lo van a hacer, porque viene después el año preelectoral”.
Flores advierte que por el lado de las víctimas, los periodistas agredidos y sus familias, la situación con respecto a otras administraciones, no cambia.
“Prevalece esa situación de abandono casi absoluto, igual o peor que los gobiernos anteriores, las víctimas no son atendidas, y el tema de impunidad sigue siendo uno de los grandes retos.
“Las víctimas ya no esperan nada del gobierno, porque las instituciones en que confiaron, no están respondiendo, las víctimas siguen enfrentando situaciones violentas igual que antes”, concluye la defensora.
Los recientes asesinatos de periodistas tuvieron repercusión internacional. El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajador en México, Ken Salazar, la representación de la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en Ginebra, lamentaron los hechos y urgieron a su esclarecimiento.
El pasado viernes, la CIDH, su RELE y la oficina en México de la ONU-DH invitaron al Estado mexicano a analizar juntos “medidas urgentes” para darle asistencia técnica en la protección de los periodistas.
