Según la CIDH y el Alto Comisionado de la ONU, México es uno de los países más peligrosos para ejercer la defensa de los derechos humanos y para el ejercicio periodístico, pese a la existencia en el país de un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, instancia que ha demostrado su inutilidad. Algunas cifras avalan esta afirmación: en el presente sexenio, del universo de periodistas y activistas asesinados, nueve –dos comunicadores y siete defensores– estaban “protegidos” por ese mecanismo.
Con 25 años como defensor de derechos humanos, 12 de ellos en riesgo permanente, Raymundo Ramos Vázquez se asume como “el mejor ejemplo de que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, no ha funcionado”.
Amenazado, hostigado, perseguido judicialmente, blanco de campañas de difamación y estigmatización, cada día Ramos Vázquez realiza su labor como presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), convencido de que, si sigue vivo, “nunca fue suerte, siempre fue Dios”.
Registrado como beneficiario del Mecanismo de Protección en 2013, cuya Junta de Gobierno no lo ha llamado a reuniones de evaluación de riesgo desde 2019, Ramos y sus colegas del CDHNL empezaron a sufrir agresiones tres años antes, cuando tomaron la representación de los familiares de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar, asesinados por miembros del Ejército en abril de 2010, en el contexto del despliegue militar en Nuevo Laredo, como parte de la “guerra contra el narcotráfico” declarada por el entonces presidente Felipe Calderón.
Ramos Vázquez identifica como responsables de las amenazas a miembros del Ejército, de la Marina y recientemente al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hechos por los que ha interpuesto cinco denuncias penales, dos en el ámbito local y tres ante la Fiscalía General de la República. Ningún recurso ha prosperado.
Uno de los 89 participantes en la primera ronda de consultas para la construcción de una iniciativa para una ley general en materia de protección a personas defensoras y periodistas, impulsada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Ramos Vázquez insiste en que es “la evidencia de que el Mecanismo no ha funcionado, no hay coordinación en entre los estados y la federación, las fiscalías están ausentes en este tema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no aporta nada y mientras eso siga –la impunidad–, podemos anticipar que de aprobarse la Ley, será letra muerta”.
El proyecto de la dependencia a cargo de Alejandro Encinas busca que estados y municipios del país compartan la responsabilidad que hasta ahora ha tenido el gobierno federal de brindar protección a personas defensoras y periodistas a través del Mecanismo de Protección, en el que están inscritos mil 23 activistas y 495 comunicadores, según cifras oficiales.
El pasado lunes 17, en el acto inaugural de los foros, los integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección manifestaron su cautela en un pronunciamiento en el que recordaron que desde su creación, en 2012, estaba prevista la coordinación interinstitucional de los distintos niveles de gobierno para brindar garantías a personas defensoras y periodistas; que deficiencias como las limitaciones presupuestarias y falta de personal capacitado, entre otras, han sido puntualmente señaladas por organismos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que en 2019, a petición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entregó un diagnóstico del Mecanismo con más de un centenar de recomendaciones que no se han instrumentado.
En voz del presidente del Consejo, Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, los consejeros cuestionaron la pertinencia de una nueva ley, cuando la vigente no ha sido implementada a cabalidad, así como la omisión de fijar en los lineamientos “garantizar el presupuesto necesario y suficiente” y que las autoridades coludidas con las agresiones que sufren personas periodistas y periodistas, se responsabilicen de la protección.
En entrevista, Xicoténcatl Carrasco destaca que pese a que en el discurso se ha expresado que el dinero no es un obstáculo para defender a periodistas y defensores, en la reuniones de la Junta de Gobierno “siempre se nos ha pedido cuidar el presupuesto, supuestamente porque de otorgar medidas de protección inadecuadas, podría significar procedimientos administrativos y penales para los funcionarios; sin embargo hasta ahora no hemos visto ningún funcionario sancionado por equivocarse en caso de personas asesinadas”.
Sexenio riesgoso
En lo que va de la administración de López Obrador, de los 52 periodistas y 97 activistas asesinados, del 1 de diciembre de 2018 al pasado miércoles 26, siete y dos, respectivamente, contaban con medidas del Mecanismo de Protección, de acuerdo con la Unidad de Derechos Humanos de la Segob.
Tras destacar que en 2021 fueron recortadas “medidas de mayor impacto como escoltas, refugios y automóviles blindados”, Xicoténcatl destaca que para 2022 “se proyectó un presupuesto de 480 millones para el Mecanismo de Protección, pero los legisladores sólo autorizaron 380 millones, de los cuales la mayoría ya está comprometido con adeudos del año anterior”.
En medio del proceso de reforma legislativa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) dio a conocer una sentencia condenatoria contra México por la muerte de la defensora Digna Ochoa y Plácido, ocurrida el 19 de octubre de 2001 en la Ciudad de México, cuando López Obrador era jefe de gobierno del Distrito Federal; la entonces Procuraduría General de Justicia, a cargo de Bernardo Bátiz –actual miembro del Consejo de la Judicatura Federal– clasificó el deceso como “suicidio disimulado”.
La resolución internacional no sólo obliga al Estado mexicano a esclarecer la muerte de la defensora, cuya investigación fue “absolutamente deficiente (…) sesgada desde un principio por la aplicación de estereotipos de género”, sino que, como medida de no repetición instruye, entre otras cosas, a fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas y crear un “protocolo específico y especializado para la investigación de ataques contra las defensoras y defensores de derechos humanos”, para lo cual se deberá capacitar a personal de investigación.
Marcela Martino, subdirectora del Programa de México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), una de las organizaciones que representó a la familia de Digna Ochoa en el litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, explica en entrevista que la violencia contra personas defensoras durante el tiempo en que fue agredida Ochoa, “lejos de haberse superado es completamente actual y lo vemos lamentablemente con el asesinato de personas periodistas en este mes”.
Desde San José, Costa Rica, sede del Cejil, Martino apunta que la sentencia “es un legado de la lucha de Digna que no sólo tiene que ver con obtener verdad y justicia sobre su caso, sobre lo ocurrido con su muerte, sino también generar condiciones para que eso que ella siempre hizo, que fue defender derechos humanos, pueda ser un derecho en México”.
La sentencia del tribunal internacional hace suyos informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las relatorías de Libertad de Expresión y sobre la Situación de Defensores de la CIDH y de la ONU, de 1998 a 2020, informes en los que se ha alertado de las condiciones de violencia e impunidad en que defensores y periodistas desarrollan su trabajo en México, considerado “uno de los países donde se han producido más asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos”, convirtiendo al país “en uno de los más peligrosos para la defensa de los derechos humanos”.
Al destacar que en el ámbito del derecho internacional los periodistas son considerados defensores de derechos humanos, Martino alerta sobre la preocupación de la Coidh sobre la impunidad que prevalece en los casos relacionados con agresiones a las personas defensoras.
La sentencia advierte que la impunidad “propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”.
Al destacar que en materia de no repetición en el caso de Digna Ochoa no está excluida la reforma legislativa, Marcela Martino celebra que una vez conocida la sentencia, el Estado mexicano haya salido a comprometerse a cumplirla.
“Es satisfactoria la respuesta del Estado, pero todo eso tiene que ir de la mano de un discurso de reconocimiento de las personas defensoras de derechos humanos y de su rol, que es precisamente pedirle cuentas al poder y hablar con la verdad, mientras no haya un clima donde se reconozca a las personas defensoras como necesarias para las sociedades democráticas, habrá en cierta medida, una aquiescencia para los ataques que reciban”, advierte la abogada del Cejil.
