De acuerdo con información oficial, si bien se ha reducido la pérdida de combustible por robo, hay una deficiencia del sistema por poner en la cárcel a quienes perpetran el saqueo a ductos, porque del total de las personas detenidas por huachicoleo, sólo 34% ha sido presentada ante la autoridad judicial; es decir, tres de cada 10 casos llegan a juicio y de esos tres, únicamente 40% tiene una sentencia condenatoria.
La alarma por el incendio de una toma clandestina se disparó la mañana del martes 18 en las inmediaciones de la comunidad Loma del Progreso, en Nopala de Villagrán, Hidalgo, estado que ese día cumplía tres años de un estallido similar que consumió la vida de 137 personas en Tlahuelilpan, ubicado en la misma región del Valle del Mezquital.
Días antes, en la madrugada del miércoles 5, en Atotonilco de Tula, en la misma zona hidalguense, ocurrió el incendio de una toma clandestina; los perpetradores abandonaron calcinado el vehículo para el contrabando. Al día siguiente, en Tepetitlán, otro saqueo de combustible explotó, con saldo de un muerto y dos vehículos de trasiego en llamas.
Las tres explosiones son una muestra mínima de las tomas clandestinas que se localizan en Hidalgo, entidad federativa que mantiene la más alta incidencia en robo de hidrocarburos, un delito coloquialmente conocido como huachicoleo; en este sexenio se aprobó una ley especial para combatirlo.
Convertido en un eje de la política de seguridad pública del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lanzó la estrategia apenas inició su gobierno, el combate a este delito refleja una reducción significativa en la perdida de combustible por robo.
Sin embargo, episodios como los expuestos en los que no hubo detenidos y las tomas clandestinas descubiertas desnudan un elevado índice de impunidad.
De acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR), desde el inicio de la estrategia y hasta septiembre último se abrieron 21 mil 57 carpetas de investigación relacionadas con delitos en materia de hidrocarburos.
La estrategia de la 4T implica la implementación de las reformas a diversos ordenamientos, entre estos al Código Penal Federal, que por ahora se exhiben entre la saturación, la falta de avance en miles de carpetas de investigación y una judicialización precaria: sólo tres de cada 10 detenidos terminan en proceso penal.
El desglose anual de carpetas de investigación refleja que en 2019 hubo 10 mil 461; en 2020, 5 mil 933 y hasta septiembre de 2021 la disminución fue significativa, pues cayó casi 60% respecto del primer año, al registrar sólo 4 mil 663 carpetas de investigación.
De esa cantidad de investigaciones abiertas, menos de la mitad logró convertirse en averiguación previa determinada, pues sólo alcanzaron ese estatus 9 mil 363 casos: 5 mil 345 averiguaciones en 2019, 3 mil 618 en 2020 y de enero a septiembre de 2021 apenas si alcanzaron a integrar 400.
Las acciones de los cuerpos de seguridad, así como de la FGR respecto del robo de hidrocarburos no presentan mayor cambio.
En 2013, primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto, hubo 7 mil 40 detenidos, mientras que en 2019, primer año de gobierno de López Obrador, hubo 9 mil 52; en 2014 hubo 6 mil 167, mientras que en 2020, 6 mil 670; en 2015 hubo 5 mil 419 detenidos, mientras que hasta septiembre de 2021 apenas sumaban 4 mil 147.
La ineficacia es demoledora: del total de detenidos sólo pudieron presentarse a la autoridad judicial 34% de los presuntos huachicoleros. Esto es que tres de cada 10 llegan a juicio, y de los tres que van a juicio sólo 40% tiene una sentencia condenatoria.
Inédito robo
Por la carretera 57, entre la Ciudad de México y Piedras Negras, Coahuila, es posible advertir, apenas pasando Tepotzotlán, la disponibilidad de combustible robado, vehículos de autotransporte de carga rellenando sus tanques expuestos a la orilla de la carretera que custodia la Guardia Nacional en no pocas ocasiones a unos pasos de los retenes.
Este reportero ha atestiguado en diferentes zonas del país una conducta similar en carreteras, además de recoger testimonios de venta a la vista y a la luz del día.
Del lado oficial, el huachicol es cosa del pasado, delito superado, disminuido a 10% de lo que se perdía al inicio de la administración de la 4T.
Cada tanto la Guardia Nacional, o inclusive Pemex, informa de los golpes contra el huachicol vía aseguramientos, por ejemplo, en la carretera Zapotlanejo-Guadalajara; también se han registrado explosiones en pleno saqueo, como ocurrió el 31 de octubre último en Xochimehuacán, Puebla, cuando murió una persona, 15 más fueron hospitalizadas y decenas de casas quedaron destrozadas durante una ordeña de gas LP, pues el robo a ductos no se limita a gasolinas y diesel.
Más allá de las evidencias sobre la permanencia del saqueo, la espectacularidad de las operaciones no tiene parangón.
Por ejemplo, hasta el pasado 28 de octubre no existía precedente del robo de un ducto, es decir, no de su contenido, sino de la infraestructura, de un tramo de tubo de 18 kilómetros que, con el uso de maquinaria pesada y un cálculo de 40 a 60 hombres, lograron desinstalar y transportar.
Hasta mayo de 2021 esa infraestructura fue de ordeña constantemente desde hace al menos una década. Se trata del poliducto que va de Topolobampo, pasa por Guamúchil y llega a Culiacán. Sólo en los primeros cinco meses de 2021 lograron realizarse en esa ruta 15 robos sin que las autoridades pudieran localizar a los responsables ni recuperar el combustible.
Fue hasta el 1 de junio de 2021 cuando Pemex decidió cerrar la operación y utilizar pipas para movilizar los combustibles, muy a pesar de los señalamientos de la Onexpo –el gremio de concesionarios gasolineros– por el encarecimiento.
De acuerdo con información de agentes de la FGR consultados, entre las líneas de investigación destaca el interés de huachicoleros por aprovechar remanentes, pero también la posibilidad de que haya tenido como propósito construir un ducto clandestino para agilizar y disimular el transporte de combustible robado por organizaciones delictivas de la región, específicamente en la zona de Mocorito, donde ocurrió el atraco.
Si bien no se encontraron antecedentes del robo de tubería de esa dimensión, la instalación de ductos clandestinos, así sea de manera rudimentaria, tiene amplios antecedentes.
En enero de 2019 Proceso realizó un recorrido por el Valle del Mezquital, en Hidalgo, para conocer las condiciones en las cuales operaban los grupos dedicados al saqueo de combustible. Ahí fue posible atestiguar la construcción de ductos clandestinos que se conectaban a ramales o al ducto central que va de la refinería de Tula y Salamanca, por ejemplo.
A tres años de distancia, la revisión de los datos oficiales, tanto de Pemex como de la FGR para el contraste, desagregados, permiten advertir que las carpetas de investigación abiertas ni siquiera coinciden con la cantidad de tomas clandestinas localizadas y mucho menos con las averiguaciones previas determinadas.
En 2019 se detectaron 13 mil 53 tomas clandestinas en el país frente a las mencionadas 10 mil 460 carpetas de investigación; en 2020 Pemex registró 9 mil 128 tomas, pero sólo hubo cerca de 6 mil carpetas; hasta septiembre de 2021 se habían localizado 7 mil 895 tomas clandestinas, mientras que sólo había poco más de 4 mil 600 carpetas iniciadas.
Durante los tres años de la estrategia de la 4T los estados que venían registrando una alta incidencia en el robo de combustibles continuaron siendo los mismos:
En 2019 Hidalgo tuvo 4 mil 15 tomas; Puebla, mil 849; el Estado de México, mil 794; Guanajuato, mil 198, y Tamaulipas tuvo mil 151.
Para 2020 la identificación de tomas clandestinas aumentó en Hidalgo, con la detección de 4 mil 988. El Estado de México disminuyó a mil 169. Guanajuato tuvo 611, mientras que más rezagados quedaron Veracruz, con 354; Tamaulipas, con 328, y Puebla, con 295.
Los datos de la FGR respecto de 2021 llegaron sólo a septiembre y para entonces se habían localizado en Hidalgo 3 mil 383; en Puebla, mil 447; Estado de México, con mil 203; Guanajuato, con 280, y Tlaxcala, con 223.
Cifras de la erradicación
Dos semanas después de asumir la Presidencia, López Obrador empezó a perfilar que al menos en el arranque de su sexenio acabaría con el huachicol.
En campaña solía repetir en cada discurso que ya no permitiría el huachicol y que acabaría con los “huachicoleros de arriba y de abajo”. Ya en el poder, sostuvo en repetidas ocasiones que, si lograba erradicar la venta, generaría ahorros suficientes hasta para construir una nueva refinería.
Desde el lanzamiento de dicha estrategia en diciembre de 2018 los números oficiales que Pemex presenta reflejan una reducción radical en la perdida de combustible por robo, que contrasta con los datos de sanción a responsables y detección de tomas clandestinas que, como se ha expuesto, permanece más o menos igual que en gobiernos anteriores.
Los datos gubernamentales exponen que en 2018 el saqueo en ductos representó 56 mil barriles diarios de hidrocarburo, pero para 2019, tras la implementación de la estrategia, llegó apenas a 6 mil 400; en 2020, a 4 mil 800 y en 2021 se ubicó en 4 mil 100 barriles diarios.
Con esos datos oficiales, López Obrador ha celebrado los resultados desde 2019. De hecho, para marzo de 2021 el mandatario aseguró que el huachicol se redujo 95%, con lo que la hacienda pública había alcanzado ahorros por 136 mil millones de pesos, una cifra que, dijo, superaba lo destinado a la pensión de adultos mayores instaurada por su gobierno, y con ello venía una de las expresiones frecuentes cuando se refiere al tema: “Se acabó la robadera”.
