Caso Emilio: Los excesos y violaciones de Mariana se encubren con el silencio
Luciano Campos Garza
Por la sustracción del menor Emilio de un albergue del DIF de Nuevo León durante un fin de semana y su exhibición en un video, la influencer Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, incurrió en el delito de tráfico de influencias tipificado en el Código Penal del estado, violó el derecho a la intimidad establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se saltó todos los pasos que establece el Manual de políticas y procedimientos de familias de acogimiento del DIF. Y es que Mariana sacó al niño del albergue como si hubiera ido “a rentar una película”.
MONTERREY, NL.– Para sacar al bebé Emilio del DIF Capullos y llevarlo a su casa un fin de semana, Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador Samuel García, pasó prácticamente por encima del Manual de políticas y procedimientos de familias de acogimiento del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León, que rige la tutela legal sobre el infante.
Emilio es uno de los 300 menores que encuentran refugio en el albergue ubicado en el municipio de Guadalupe y que están bajo tutela del estado porque no pueden tener cuidado parental.
Cualquiera de ellos puede ser sacado en igualdad de circunstancias por el gobernador y su esposa, como ambos lo demostraron en la videograbación del 14 de enero desde su residencia, donde Emilio pasó el fin de semana para ser devuelto el sábado 15.
“Sacar a un niño no es como ir a rentar una película”, truena la legisladora Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del PAN, al abordar el tema del niño con discapacidad, que aún no cumple un año.
El gobernador y su esposa deben dar una explicación pública del procedimiento que siguieron para llevar a su casa al bebé y exhibir los documentos que avalen el trámite, insiste la legisladora y politóloga.
Además de contravenir el Manual, que incluye 15 pasos para el egreso, la pareja presuntamente violó también la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 13 señala: “Para efectos de la presente ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: … XIII: derecho a la intimidad”.
Gómez Cárdenas insiste: como nadie sabe quién le dio la autorización para sacar al bebé, es factible que Mariana haya incurrido en tráfico de influencias.
En su artículo 221, el Código Penal del estado consigna: “Comete el delito de tráfico de influencia: I.- El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión”.
La acción de Mariana puede ser encuadrada en los otros tres apartados de la misma ley, que se refiere a influir en servidores públicos en la toma de decisiones para beneficiarse de ello.
Proceso buscó a Verónica Muñoz, titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente del DIF estatal; a Abraham García, encargado del programa de Familia de Acogimiento, y a Julia Lugo, de Adopciones. Ninguno respondió.
Y el encargado de prensa del DIF de Nuevo León, José Luis Castro, ofreció hablar sobre el tema, no cumplió; Mariana Rodríguez tampoco accedió a una entrevista.
Prácticas malsanas
Mariana Rodríguez carga al niño Emilio mientras lo graba su esposo, el gobernador Samuel García. El pequeño viste un uniforme del equipo de futbol Tigres y tenis anaranjados.
Es la noche del viernes 14. La titular de la oficina Amar a Nuevo León y el mandatario están en su casa. Ella se muestra amorosa con el pequeño; el momento de ternura captado por una videograbación, que se transmitió en la cuenta de Instagram de la influencer, con 2.2 millones de seguidores.
En un momento del video, ella muestra al pequeño, con el rostro visible, y hace notar que trae tenis “fosfo”, palabra que hace referencia al color fosforescente, asociado al color anaranjado del partido Movimiento Ciudadano, con el que Samuel García ganó la gubernatura.
En una serie de videos Mariana explica que pidió un permiso de “convivencia familiar” que, según ella, puede ser tramitado cuando hay un “vínculo” entre el niño y la familia. El menor padece esquizencefalia de labio abierto derecho, un padecimiento que afecta el sistema nervioso central.
La legisladora Gómez Cárdenas sostiene que es jurídicamente grave que se permitiera la salida del bebé sin que fueran seguidos los procedimientos de rigor que, de acuerdo con el reglamento, pueden demorar meses, lapso que, por lo visto, no se cumplió en el caso de Emilio.
“Entiendo que Mariana hizo esto como un programa piloto que quieren lanzar, lo que hace esto más grave, pues los niños no son para prueba y error; son seres humanos. En este caso (ella y su esposo) pasaron por encima de los derechos del propio bebé”, señala la panista. Y aclara que no existe la figura legal de convivencia familiar de un fin de semana.
El DIF es el organismo en el que Mariana más interviene desde que su esposo asumió la gubernatura el 4 de octubre pasado. Fue en esas instalaciones donde Mariana se cortó el cabello, el día 23 de ese mes, como lo difundió en Instagram, en solidaridad con un niño con cáncer. El día 28 Samuel se presentó ahí vestido con botarga de Buzz Lightyear, mientras ella llevaba la del dinosaurio Rex, para celebrar el Halloween con los niños.
El Manual para las familias de acogimiento explica el procedimiento que debe seguir el sistema DIF para egresar a un niño.
El objetivo de este programa de acogimiento es que los niños que no pueden estar con sus padres puedan acceder a este tipo de cuidado alternativo mientras se les resuelve un proyecto de vida permanente, con la familia de origen, extensa o adoptiva. El sistema DIF estatal es el encargado de registrar, capacitar, evaluar y dar seguimiento a las familias inscritas y será el procurador del menor el encargado de certificarlas.
En el Manual de políticas y procedimientos de familias de acogimiento se señala que, de inicio, los interesados deberán presentar una solicitud a la Coordinación de Programas de Familias Solidarias de la procuraduría estatal del menor, con 12 requisitos, entre ellos la documentación básica de identidad, domicilio, ingresos, estudios, no antecedentes penales y tres cartas de recomendación, debidamente verificados.
Luego debe haber otro proceso de evaluación de nueve puntos, con la prueba Cuida (Cuestionario para la evaluación de adoptantes, cuidadores, tutores y mediadores), y entrevistas clínicas, individual, de pareja, socioeconómicas y otras pruebas sicológicas.
En el punto del proceso de evaluación se especifica: “Todas las familias aspirantes a obtener el certificado de idoneidad deberán asistir a un curso de capacitación en trauma infantil, denominado Formando cuidadores competentes en trauma. De la asistencia a dicho curso se levantará una constancia de parte de la delegada adscrita a la coordinación del Programa de Familias de Acogida.
“Una vez terminado el proceso de evaluación, corresponde al equipo multidisciplinario que conoció del caso elaborar el informe propuesta especificando la validez o invalidez de la familia solicitante, explicando los motivos que dieron lugar a tal determinación.”
Luego de procedimientos –desde entrega de solicitud y documentación, evaluaciones– viene la presentación física del niño con los solicitantes y se fijan las fechas de convivencia. Cuando se crea un vínculo entre la familia y el infante, se inicia la integración bajo la supervisión del equipo multidisciplinario, que levantará el acta correspondiente.
En el punto relativo a Integración y egresos se menciona que un menor sujeto a acogimiento: “…Puede permanecer en el domicilio de la familia de acogida por el tiempo que sea necesario, hasta en tanto se defina su proyecto de vida permanente y una vez revisado el caso por los dos equipos (Maltrato y Familias de Acogida) se determinará el egreso del niño, niña o adolescente en cuestión, del centro de asistencia social en el cual se encuentra ingresado. De lo anterior se deberá dejar constancia legal”.
En el paso vigesimoquinto y último se determinan esas mismas condiciones para la salida, que debe contar con la aprobación del Consejo de Evaluación. No se menciona cuánto tiempo dura el trámite, pero, de acuerdo con la diputada Gómez Cárdenas, debe durar meses, por la meticulosidad de los procedimientos.
De mentiras y videos
Al analizar el desempeño de los esposos y el Manual, la legisladora nuevoleonesa precisa que la esposa del gobernador se saltó todos y nada más llegó al último paso del proceso: el de la entrega del menor.
E insiste “La propia Mariana Rodríguez dijo que ya había un vínculo con el niño, lo cual hay que ver, pues lleva dos meses viéndolo. Los niños no salen tan rápido de Capullos para que esto no se pueda entender como trata de personas. Es una parte muy delicada y por eso hay tantos requisitos en el DIF. ¡Imagínate que cualquiera pueda sacar al niño, niña, adolescente! Ve a saber para qué, al cabo que lo regresa el lunes”.
En el punto “De la supervisión y acompañamiento”, dice el Manual: “Si derivado de la supervisión se desprende que existe alguna vulneración o riesgo de vulneración de la niña, niño o adolescente en acogimiento, se dará por terminado de manera inmediata, sin prejuicio de las acciones legales que se puedan emprender”.
Luego de presentar al bebé, el lunes 17 comenzaron los reproches hacia Mariana Rodríguez, a quien se le suele llamar cogobernadora de Nuevo León, por su influencia en la toma de decisiones del gobierno que encabeza su esposo, Samuel García (Proceso 2351).
El organismo Red por los Derechos de la Infancia le reprochó por utilizarlo para promover su imagen personal para propósitos políticos, y de revictimizarlo. Y la organización internacional Save the Children –que opera en 130 países– señala al matrimonio García Rodríguez de presunta trata de menores.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León inició una queja de oficio por la salida del menor del DIF Capullos y emitió un exhorto a Miguel Ángel Sánchez Rivera, director del sistema del DIF estatal, por la difusión del video.
El incumplimiento del reglamento llevó al DIF nacional a reconvenir a Mariana por el presunto permiso que había tramitado para llevar a casa al menor y a anunciar una investigación sobre este acto.
“Se otorgó un plazo de 72 horas a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para remitir la información solicitada, por lo que una vez recibida y realizado el análisis respectivo, se determinarán las medidas que resulten procedentes”, señala el comunicado que difunde la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente del DIF Nacional.
El miércoles 19 el gobernador dijo que no hubo ninguna transgresión a la ley y que no podía haber sanción hacia ellos. Anunció que venía un cambio radical en el funcionamiento del sistema DIF en la entidad, con nuevas políticas públicas para que la ciudadanía pueda hacer uso de figuras como acogimiento, convivencia, patria potestad, custodia, alimentos, “que cambiarán la vida de cientos de niños”.
