La Auditoría Superior de la Federación investigó y confirmó que de 2015 a 2018 el ayuntamiento de San Luis Potosí, entonces encabezado por Ricardo Gallardo Juárez –padre del gobernador Ricardo Gallardo Cardona– resucitó el número de nómina 13503 de un trabajador que había renunciado, para así poder desviar 63.6 millones de pesos del erario. En el caso está involucrado Jesús Emmanuel Ramos Hernández, quien fue tesorero de Gallardo Juárez y ahora es el titular de la secretaría estatal de Ecología. Pese a las acusaciones e investigaciones, el caso tiene tres años congelado.
SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó la manera con la cual las quincenas no cobradas de un empleado ficticio del gobierno municipal de San Luis Potosí fueron acumuladas en un sobre, cuyo monto creció exponencialmente cada día de pago y fue desviado de manera ilícita.
En el caso del empleado fantasma están implicados el exalcalde Ricardo Gallardo Juárez, padre del gobernador Ricardo Gallardo Cardona –del Partido Verde Ecologista–, y el actual titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del estado, Jesús Emmanuel Ramos Hernández.
El desvío descubierto en la administración de Gallardo Juárez asciende a 63 millones 659 mil 288 pesos, ocurrido entre enero de 2015 y julio de 2018; el padre del gobernador era alcalde por el PRD y Ramos Hernández fungió como su tesorero.
El secretario de Ecología ha colaborado con el gobernador Gallardo Cardona desde que éste fue alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, entre 2012 y 2015; después integró parte del gobierno municipal de San Luis Potosí que encabezó el padre del mandatario estatal. Ramos fue electo en 2018 como diputado local por el PRD, partido al que renunció para seguir a Gallardo Cardona al Partido Verde, en el que fue nombrado coordinador estatal.
Modus operandi
Identificado con el número DEN20004, el reporte de resultados de la revisión que la ASF hizo sobre las cuentas del ayuntamiento de San Luis revela que el mecanismo comenzó a operar después de que, al término de la administración municipal 2012-2015 (del priista Mario García Valdez), el empleado con número de nómina 13503 renunció.
Al iniciarse el trienio de Gallardo Juárez la Tesorería municipal, a cargo del hoy titular de la Secretaría de Ecología del gobierno estatal, rehabilitó dicho número de nómina, pero sólo con el fin de generar un sueldo quincenal de 22 mil 179 pesos, con la modalidad de pago en efectivo, sin que el exempleado lo supiera y sin la posibilidad de que alguien se presentara a cobrarlos.
En las 62 quincenas que hay entre enero de 2016 y julio de 2018, puntualmente llegó a la pagaduría del ayuntamiento de San Luis Potosí el sobre con número de nómina 13503.
Después de que el 15 de enero de 2016 –como era de esperarse– nadie se presentó a recoger aquel sobre, la pagaduría debió etiquetarlo como “devolución quincenal por sueldos no cobrados” y remitirlo a la Tesorería, para que el dinero fuera reintegrado al erario municipal y 15 días después de nuevo se pusiera a disposición del trabajador más la quincena que corría.
El 31 de enero del mismo 2016 el sobre volvió a llegar a la pagaduría, pero ahora contenía las dos quincenas acumuladas, que volvieron a ser consideradas devolución por sueldo no cobrado…
Para el 31 de julio de 2018 el sobre “se había abultado” considerablemente, contenía el equivalente a 62 pagos, es decir, un millón 375 mil 98 pesos acumulados que habría sido lo que durante ese periodo ganó el empleado fantasma.
Sin embargo, lo que realmente sucedió es que entre quincena y quincena el contenido del sobre no recogido nunca fue devuelto al erario. Es decir, en la primera quincena desaparecieron los 22 mil 179 pesos y para la segunda quincena el monto que desapareció fue el doble que, con el anterior, acumuló el equivalente a lo de tres pagos y así exponencialmente hasta el 31 de julio de 2018.
La ASF acreditó que, aunque la Tesorería a cargo de Ramos Hernández emitió recibos de ingresos por concepto de devoluciones quincenales por sueldos no cobrados por el empleado 13503, el recurso que no regresó a las cuentas bancarias del municipio sumó un monto de 63 millones 659 mil 288.50 pesos, el total considerado como desvío.
Nómina maestra
El 11 de abril de 2019, el entonces oficial mayor del municipio de San Luis Potosí, Óscar Valle Portilla, bautizó el caso como Nómina maestra y la describió como una acción en la cual “de manera muy truculenta e irresponsable cancelaban el entero y se quedaban con el efectivo”.
El funcionario de la administración municipal que encabezó Xavier Nava Palacios también informó sobre la presentación de una denuncia por peculado, ante la Fiscalía General del Estado (FGE), contra el exalcalde Gallardo Juárez, el extesorero Ramos Hernández y tres funcionarios más.
Además de la denuncia penal, que está por cumplir tres años congelada en la FGE, la administración municipal anterior reportó el desfalco ante la ASF y promovió un juicio político contra Gallardo Juárez y Ramos Hernández por el daño patrimonial al ayuntamiento, acumulado con otras 10 denuncias que se interpusieron entre el 18 de febrero y el 18 de julio de 2019: cinco en la FGE y seis en la Fiscalía General de la República.
Como diputado local de la anterior legislatura, el hoy titular de Ecología libró el juicio político cuando el Congreso estatal lo declaró improcedente el 15 de octubre de 2020, junto con otro promovido contra Nava Palacios por la exoficial del Registro Civil Teresa Carrizales.
La determinación se consideró como un “intercambio de favores” en el cual se eliminó un posible obstáculo para la participación electoral de Nava Palacios, en tanto se descartó una posible sanción para Gallardo Juárez, padre de quien ya se promovía como candidato a gobernador siendo diputado federal del Partido Verde.
De los excolaboradores de Gallardo Juárez que hoy forman parte del equipo de su hijo en el Ejecutivo estatal, Ramos Hernández es quien en las últimas semanas ha enfrentado acciones provenientes de instancias federales.
Además de la confirmación del desvío, mediante el uso de un número de nómina de un trabajador fantasma, el 1 de diciembre último la FGR requirió al actual ayuntamiento información sobre el extesorero.
Mediante el oficio SLP-EIL-BII-C2-906/ 2021, la FGR requirió a los síndicos “copia auténtica del expediente laboral o nombramiento que exista en los archivos del ayuntamiento del municipio de San Luis Potosí respecto de Jesús Emanuel Ramos Hernández, extesorero del ayuntamiento”, como parte de las indagaciones relacionadas con la carpeta de investigación (CDI) FED/SLP//SLP/0000508/2019.
Aunque el documento no da detalles, por tratarse de una carpeta de investigación iniciada en 2019, podría tratarse de uno de los seis casos denunciados ante la FGR durante el trienio pasado, de los cuales en cinco está directamente involucrado Ramos Hernández, por un daño patrimonial por 436 millones 374 mil 512.26 pesos.
El secretario estatal de Ecología aseguró que en todo momento han proporcionado la información que se les ha requerido de parte de la Auditoría Superior de la Federación así como la del estado. “Si se me requiere algo en particular, por supuesto que lo atenderé”, dijo.
El funcionario mencionó que los señalamientos en su contra no son motivo para que deje el cargo en el gobierno estatal. “Si hay alguna indicación del gobernador, para realizar un seguimiento de manera desagregada de la dependencia, pues con todo respeto y elocuencia (sic), lo haría sin ningún problema”, agregó.
El actual alcalde de San Luis Potosí, el excomisionado de la Policía Federal Enrique Galindo Ceballos (quien ganó por la coalición PAN-PRI-PRD), se ha deslindado de las denuncias presentadas por su antecesor; dijo que a él sólo le corresponde investigar lo ocurrido en la administración 2018-2021, sobre la que anunció denuncias por actos de corrupción.
El caso de desvío de recursos mediante el uso del número de nómina 13503 fue presentado por la sindicatura del trienio pasado ante la Fiscalía General del Estado, y a la fecha no se conoce ninguna acción por parte del Ministerio Público sobre la carpeta de investigación.
El 22 de diciembre último, el gobernador Gallardo Cardona aseguró que este año se reactivarían todas las denuncias que dejó sin avances el exfiscal Federico Garza Herrera.
“La fiscalía pasada nunca actuó, dejó dormir todas las denuncias, todas las denuncias van a dejar de estar dormidas, van a salir a la calle a actualizarse (…) La fiscalía deberá trabajar en la reparación del daño.”
Pese a lo anterior, el mandatario estatal guardó silencio sobre las cinco denuncias ante la fiscalía estatal por desvíos en el ayuntamiento de San Luis Potosí que involucran a su padre, como alcalde del periodo 2015-2018 (congeladas desde el primer semestre de 2019) además de otras seis que se tramitan en la Fiscalía General de la República por el mismo delito.
