Ni la contratación de exfuncionarios de la Suprema Corte de Justicia ni los recursos legales que los abogados de Salinas Pliego interpusieron para ganar tiempo, impidieron que el máximo tribunal del país confirmara la negativa de amparo con el que Grupo Elektra pretendía no pagar un crédito fiscal por 2 mil 636 millones de pesos. Esta resolución abre las puertas para otros reveses judiciales contra el magnate y sus empresas, pues sienta un precedente para la serie de litigios similares que mantienen contra el SAT y en los que están en juego miles de millones de pesos en adeudos tributarios.
La estrategia fiscal del empresario Ricardo Salinas Pliego para deducir presuntas pérdidas fiscales mediante litigios contra el Sistema de Administración Tributaria (SAT) sufrió un tropiezo esta semana con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obligará a Grupo Elektra al pago de un crédito fiscal por 2 mil 636 millones 428 mil pesos por concepto de omisiones en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el ejercicio fiscal de 2007.
El apoyo de abogados que trabajaron en la SCJN, como Guadalupe Margarita Ortiz Blanco, hija del ministro en retiro Guillermo Ortiz Mayagoitia y exsecretaria de Estudio y Cuenta del máximo tribunal hasta 2020, y Alejandro Cruz Ramírez, quien estuvo bajo el mando de la ministra en retiro y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no lograron cambiar el sentido de la sentencia que confirmó la negativa de amparo para Grupo Elektra.
El fallo emitido el pasado miércoles 19 por la Segunda Sala de la Corte confirma dos fallos previos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, instancias judiciales que reconocieron la legalidad del adeudo fiscal que el SAT pretende cobrarle a la empresa de Grupo Salinas.
La derrota jurídica para el consorcio de Salinas Pliego abre las puertas a otros reveses judiciales, ya que las impugnaciones del magnate mexicano presentan coincidencias en el fondo del asunto: la desaparición del régimen de consolidación fiscal y la supuesta violación a los principios de seguridad y certeza jurídica del artículo 71, párrafo noveno, de la Ley del Impuesto sobre la Renta que estaba vigente en 2007.
La titular del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, ha señalado en entrevistas periodísticas que los litigios que mantiene Grupo Salinas contra las autoridades hacendarias representan la posibilidad de cobrar hasta 40 mil millones de pesos a las empresas de Salinas Pliego.
Proceso ha documentado que empresas de Grupo Salinas como Elektra, Terra Networks y Azteca Holdings adeudan al SAT 34 mil millones de pesos en créditos fiscales que están en litigio, algunos de ellos con sentencias de primera instancia dictadas por el TFJA; otros se analizan en tribunales colegiados y los menos ya se encuentran en la antesala de ser revisados por la SCJN.
Para Salinas Pliego, el peligro de este fallo –el cual, asegura, combatirá en instancias internacionales–, es el precedente que sienta para el resto de los litigios, por lo que intentó ganar tiempo recurriendo a todo tipo de recursos legales, además de recurrir al cabildeo de dos exfuncionarios del máximo tribunal que ahora se desempeñan como litigantes privados.
Asesoría y cabildeo
Fuentes judiciales consultadas por Proceso señalan que al menos dos exsecretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte, Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Alejandro Cruz Ramírez, formaron parte del equipo de abogados al servicio del dueño de Televisión Azteca.
Ortiz Blanco es hija del ministro en retiro Guillermo Ortiz Mayagoitia. En 1997, cuando su papá ya era ministro, fue secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte, cargo en el que se mantuvo hasta 2020. Sin embargo, hizo una pausa entre 2007 y 2011 cuando el ministro Ortiz Mayagoitia fungió como presidente del máximo tribunal, por lo que comenzó a trabajar como asesora jurídica de la Presidencia de Grupo Salinas y de Fundación Azteca, según lo revela la propia Guadalupe Ortiz Blanco en su perfil de LinkedIn
Una vez que el ministro Mayaogoitia pasó a situación de retiró en 2012, Ortiz Blanco regresó a la Suprema Corte y entró a la ponencia de la entonces ministra Margarita Beatriz Luna Ramos y tras el retiro de la misma, quedó adscrita a la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. En 2020 salió del Poder Judicial Federal para fundar el despacho Cossío, Migoni, Ortiz y comenzar a litigar para su antiguo jefe, Ricardo Salinas Pliego.
Otro abogado con experiencia en la Suprema Corte que intentó ayudar a Grupo Salinas fue Alejandro Cruz Ramírez, exsecretario de Estudio y Cuenta de la entonces ministra y actual senadora de Morena Olga Sánchez Cordero.
Cruz Ramírez también fungió como secretario de Estudio y Cuenta del ministro Javier Laynez Potisek. Tanto a Ortiz Blanco como Cruz Ramírez, su paso por la Suprema Corte no les sirvió de mucho para cabildear a favor de Salinas Pliego.
De hecho, los dos últimos jefes de ambos, la ministra Esquivel Mossa y el ministro Laynez Potisek votaron a favor del proyecto de resolución de la ministra Loretta Ortiz Ahlf que enterró de manera definitiva el juicio de amparo solicitado por Grupo Elektra.
Proceso estableció comunicación con el despacho de la abogada Guadalupe Ortiz Blanco para obtener su versión de los hechos, pero al cierre de la edición no habían respondido a la solicitud del reportero. En el caso de Alejandro Ramírez, se le envió un correo electrónico y tampoco se obtuvo respuesta.
Historia de un adeudo fiscal
Aun cuando la historia del adeudo fiscal de Elektra comenzó en 2007, con la fusión de varias empresas del grupo, fue hasta el 25 de julio de 2013 que el SAT invalidó las pérdidas fiscales que el corporativo había intentado acreditar y le impuso un crédito fiscal por 2 mil 636 millones de pesos debido a omisiones y deducciones indebidas en el pago del ISR.
Contra esa determinación, el 1 de octubre de 2013 Grupo Elektra interpuso un recurso de revocación ante la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes de la Administración General de Grandes Contribuyentes dependiente del SAT, pero la autoridad hacendaria confirmó el monto el 19 de febrero de 2015.
Derivado de dicha resolución, Grupo Elektra presentó una demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, misma que fue desechada el 6 de octubre de 2016, al tiempo que se confirmó el monto del adeudo fiscal.
Por lo anterior, los abogados de la compañía presentaron un juicio de amparo directo ante un tribunal federal, pero nuevamente Elektra volvió a perder, ya que el Décimo Tercer Tribunal Colegiado de la Ciudad de México le negó la protección de la justicia en un fallo emitido el 2 de marzo de 2018.
La última oportunidad de Grupo Salinas era recurrir a la Suprema Corte y así lo hizo el 9 de abril de 2018, cuando sus abogados interpusieron un recurso de revisión para que el máximo tribunal analizara su impugnación, argumentando la inconstitucionalidad del artículo 71, párrafo noveno, de la Ley del ISR, vigente en 2007.
El 8 de mayo de 2018 se admitió formalmente la revisión y se le asignó el número de expediente ADR 2497/2018, además de que fue turnado a la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, adscrita en ese momento a la Primera Sala de la Corte.
Unas semanas después, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpuso un recurso de revisión adhesivo, es decir, los alegatos con los cuales buscaba defender el fallo para que quedara firme la sentencia contra Grupo Elektra y el pago de los 6 mil 636 millones de pesos.
A partir de ese momento, comenzó una carrera desesperada de Grupo Salinas para que el ministro encargado de elaborar el proyecto de sentencia resolviera a su favor, pero los abogados de Elektra fueron sumando tropiezo tras tropiezo, agotando todos los recursos legales para tratar de evitar la sentencia definitiva en su contra.
Tras tener conocimiento del expediente, la ministra Norma Lucía Piña Hernández presentó un impedimento ante la Primera Sala de la Corte derivado de que había conocido del caso previamente, mismo que fue calificado como legal.
En consecuencia, el 28 de agosto del 2019 el expediente del recurso de revisión fue returnado al ministro Luis María Aguilar Morales, pero antes de que pudiera concluir el proyecto de sentencia, el 6 de enero de 2020, fue cambiado a la Segunda Sala de la Corte.
Por lo anterior, nuevamente el amparo en revisión de Grupo Elektra fue returnado y el expediente del caso pasó a manos de la ministra Margarita Ríos-Farjat, quien elaboró un proyecto de sentencia que le negaba el amparo a Elektra de manera definitiva. Sin embargo, antes de que pudiera ser votado en la Sala, los defensores de Salinas Pliego presentaron un nuevo impedimento en contra de la ministra, argumentando que había sido titular del SAT, es decir, de una de las partes en conflicto. Este impedimento también fue calificado como legal.
Debido a que en la Primera Sala dos ministras ya estaban legalmente impedidas para votar el recurso de revisión, ya no había quórum para que el amparo fuera votado y se tuvo que reenviar todo el expediente del caso a la Segunda Sala de la Suprema Corte.
El amparo de Grupo Elektra quedó en manos del ministro José Fernando Franco González Salas por estricto decanato, es decir, por ser el integrante de mayor antigüedad en el Pleno de la Corte. Sin embargo, los abogados de Elektra también interpusieron un recurso de reclamación para sacar de la jugada a Franco.
Sin embargo, el ministro Franco González Salas tampoco lo pudo votar, debido a que pasó a situación de retiro el pasado diciembre y la nueva responsable del caso fue la ministra Loreta Ortiz Ahlf.
De esta forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte finalmente logró conformar una mayoría que estaba a favor de desechar el recurso de reclamación de Grupo Elektra, argumentando que el turno asignado a un ministro es un trámite interno que no viola los derechos de la empresa quejosa.
El bloque formado por las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, así como por el ministro Laynes Potisek, finalmente votó por negar el amparo de forma definitiva al consorcio de Ricardo Salinas Pliego, dejando a los ministros Alberto Pérez Dayán y Aguilar Morales en minoría, por lo que ya no hubo cabildeo ni abogado que salvara a Grupo Elektra del fallo en su contra.
El mismo día del fallo, Salinas Pliego anunció que impugnará ante instancias internacionales. Los ministros de la Segunda Sala de la SCJN “se negaron a analizar el fondo de nuestro amparo, violando así abiertamente nuestro derecho humano de acceso a la justicia y debida defensa”, consignado en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, afirmó. l
