Fue un jugoso negocio que Ricardo Salinas Pliego hizo con el gobierno de López Obrador: Banco Azteca vendió a Fonatur un terreno de 179 hectáreas contiguo al aeropuerto de Cancún para construir un centro logístico para el Tren Maya. El precio: mil 300 millones de dólares, ocho veces más que el monto en que lo compró. Ese terreno estuvo vinculado a las estructuras offshore que el magnate utilizó para controlar acciones de Grupo Fertinal, la empresa de fertilizantes que Pemex adquirió a sobreprecio en una operación irregular que la propia petrolera denunció ante la FGR.
El terreno de 179 hectáreas colindante con el aeropuerto de Cancún, que Banco Azteca vendió por mil 300 millones de pesos al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para construir un centro logístico del Tren Maya, estuvo vinculado a la estructura offshore que el multimillonario Ricardo Salinas Pliego utilizó para controlar acciones de Grupo Fertinal, la empresa de fertilizantes vendida a Pemex con sobreprecio durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La venta del terreno al Fonatur representó un nuevo negocio jugoso de Salinas Pliego con el gobierno de la llamada Cuarta Transformación: en mayo de 2009 una empresa llamada Surmaq lo había comprado por alrededor de 43 mil 300 dólares por hectárea, y Fonatur lo adquirió por un precio ocho veces superior: cerca de 363 mil dólares por hectárea, según el monto revelado el pasado 18 de enero en Reforma.
En mayo de 2010, un año después de comprar el terreno, Surmaq recibió un crédito de más de 9 millones de dólares de NPK Chemical Holdings, una sociedad de papel creada en Bélgica que en ese entonces controlaba 471 millones 595 mil acciones de Fertinal.
A raíz del crédito se creó el fideicomiso F/659 en Banco Azteca, en el cual Surmaq era fideicomitente. Un acta de ese fideicomiso, firmado ante Francisco Xavier Borrego Hinojosa Linaje –notario en Tlanepantla y a la vez consejero de Grupo Salinas–, revela que al menos en junio de 2018 los representantes de Surmaq eran José Luis Riera Kinkel, director general de finanzas corporativas de Grupo Salinas, y Alejandro Ramírez Sánchez, quien en 2013 fue representante legal de NPK Chemical Holdings y tuvo poderes legales en Fertinal.
Esta relación, plasmada en el acta del fideicomiso en poder de Proceso, desmiente una vez más las afirmaciones de Salinas Pliego, sus voceros y sus empresas, de que éste no tuvo relación alguna con la estructura offshore que tenía acciones de Fertinal. El magnate y Banco Azteca incluso demandaron a Proceso y tres de sus trabajadores por daño moral, en reacción a un reportaje que documentaba su rol en las sociedades de papel.
El diario Reforma reveló el pasado 18 de enero que el Fonatur reservó toda la información relativa a la compra del terreno –“del cual fue propietario Banco Azteca, Institución de Banca Múltiple”–, bajo el pretexto de que su divulgación “podría poner en riesgo la conducción de las negociaciones y relaciones interinstitucionales” y “podría obstaculizar las estrategias comerciales que pretenda ejecutar el Tren Maya”.
La nota se publicó en medio de una situación complicada en el Tren Maya, sobre todo en el Tramo 5, previsto para unir Cancún a Tulum: apenas el día siguiente, Fonatur y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano anunciaron la “expropiación concertada” de 198 terrenos, en los cuales pretenden trazar la nueva ruta de ese tramo.
En conferencia de prensa, los titulares de las dependencias –Javier May Rodríguez y Román Meyer Falcón– indicaron que los precios que el gobierno pagará por los terrenos sujetos a la expropiación se basarán en las estimaciones del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
En el terreno comprado a Banco Azteca, Fonatur pretende construir una Central de Transferencia Intermodal para conectar el aeropuerto de Cancún con el Tren Maya y el sistema de transporte local; de acuerdo con el diario Tabasco Hoy, la dependencia solicitó a finales de diciembre un monto de mil 212 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda para concretar la adquisición de las tierras.
La negociación se llevó a cabo durante la gestión de Rogelio Jiménez Pons al frente del Fonatur, semanas antes de su remoción del proyecto emblemático del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su nombramiento en la subsecretaria de Transporte.
Sociedades de papel
A principios de los años 2000, los lotes que recién compró el gobierno mexicano formaban parte de un terreno de 300 hectáreas que estaba contemplado para albergar un centro internacional de convenciones y negocios llamado Hemisferia, impulsado por el empresario Francisco de Paula León Olea.
A pesar de contar con el apoyo del entonces presidente Vicente Fox y del gobernador Joaquín Hendricks, el proyecto no prosperó, y el 27 de mayo de 2009 la empresa Hemisferia Consultores vendió el terreno de 300 hectáreas por 13 millones de dólares a Surmaq, empresa detentada por dos sociedades de papel de Bélgica controladas por Fabio Massimo Covarrubias Piffer, entonces director general de Grupo Fertinal y socio de Salinas Pliego.
Ese mismo año, Surmaq recibió 9 millones 337 mil dólares de NPK Chemical Holdings, BVBA, la cual controlaba en ese entonces 13.7% de acciones de Grupo Fertinal. Esa compañía formaba parte de un grupo de tres sociedades de papel creadas en abril de 2006 en Bélgica por dos fundaciones de Suecia, NPK Chemical Stiftelse y Base Chemical Stiftelse.
Este grupo de sociedades de papel fue creado con el único propósito de comprar las acciones de Grupo Fertinal que estaban en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; lo lograron en una subasta plagada de irregularidades, que se llevó a cabo en medio de la crisis política desatada por las acusaciones de fraude que mancharon las elecciones presidenciales de 2006.
En 2012 NPK Chemical Holdings se fusionó con las demás sociedades de Bélgica y crearon una nueva compañía en Suecia, NPK Holding AB, que recuperó sus acciones de Fertinal. Con la desaparición de la sociedad, el crédito a Surmaq pasó a una sociedad de papel de Luxemburgo llamada Apaulus Luxembourg, Sàrl.
Esta sociedad era filial de otra compañía de papel de Luxemburgo –Borvo Management–, que a su vez pertenecía a la fundación sueca NPK Chemical Stiftelse, la cual encabezaba la sofisticada estructura offshore movilizada en el tema Fertinal para ocultar el dueño real de las acciones de Fertinal pero canalizar el dinero hacia cuentas bancarias, como la cuenta número VRLLCHZZ abierta en el Bank von Roll AG de Zurich, en Suiza.
En 2018 Surmaq incorporó tres lotes del terreno de Cancún en el fideicomiso F/659, todos ubicados en la manzana 1 de la supermanzana 45, en el kilómetro 15 de la carretera Puerto Juárez – Tulum, el mismo lugar al que se refirió Reforma.
En ese acto, se planteó que Surmaq “aporta, y en consecuencia transmite a favor de Banco Azteca” los terrenos, aunque párrafos más abajo se precisó que la operación “no se considera enajenación para efectos fiscales locales”. Quiénes firmaron por Surmaq fueron José Luis Riera Kinkel, colaborador de confianza desde hace tres décadas, y Alejandro Ramírez Sánchez, quien había tenido poderes en Fertinal.
Ambos indicaron, como dirección Montes Urales 450, el cual remite a una sucursal de Banco Azteca en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.
Proceso ya había mencionado la empresa Surmaq en un reportaje de julio de 2019, y el siguiente 4 de septiembre, el Wall Street Journal –que también ha dado seguimiento al tema de Fertinal–, la vinculó con el terreno colindante con el aeropuerto. “Salinas Pliego, a través de una firma de inversión de la que es dueño, está detrás de Surmaq, lo que lo vincula más a NPK Holding, un accionista relevante de Fertinal que se benefició de su venta a Pemex”, sostuvo el diario neoyorquino.
La compraventa de Grupo Fertinal resultó un gran negocio para Banco Azteca y los socios de la empresa –incluyendo la estructura offshore controlada por Salinas Pliego–, pero provocó un desastre industrial para Pemex, que desembolsó 635 millones de dólares en la operación, los cuales incluyeron el reembolso de 406 millones de dólares de créditos a empresas de Salinas Pliego, entre otros un muy cuestionado dividendo de 50 millones de dólares, decretado dos meses antes de firmar el contrato.
En los últimos tres años Proceso ha documentado la cadena de irregularidades que mancharon la operación de compraventa, la cual se concretó gracias a créditos de Nacional Financiera, Banco Mexicano de Comercio Exterior y el propio Banco Azteca, que realizó un gran negocio en esta operación, pues prestó dinero a Pemex para que la petrolera del Estado reembolse los créditos que Fertinal le debía.
El desfalco que la compraventa de Fertinal provocó en Pemex llevó a la petrolera a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en marzo de 2019, la cual derivó en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000288/2019.
La Auditoría Superior de la Federación documentó un sinnúmero de irregularidades en la operación, la Secretaría de la Función Pública sancionó a exintegrantes del equipo de trabajo del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y el propio presidente López Obrador se ha referido al caso como “peor” que la adquisición fraudulenta de la empresa Agronitrogenados.
Entre los argumentos que fundamentaron su demanda contra Proceso, los abogados de Salinas Pliego sostuvieron que el multimillonario no tenía relación con la estructura offshore detrás de Fertinal; sin embargo, sus propias acciones los desmintieron: el 25 de marzo de 2021, durante la audiencia de desahogo de pruebas confesionales que se llevó a cabo en el juzgado, Salinas Pliego y su banco fueron representados por un abogado llamado Pablo Alonso Rivero Borrell Wheatley.
En noviembre de 2015, este mismo abogado había recibido un poder de la estructura offshore dueña de acciones Grupo Fertinal para tramitar un crédito. Es decir: fue representante de una estructura que, según él mismo, no tenía relación alguna con el magnate al que también representa.
