Desde 2018 Hidalgo es el estado más ordeñado del país. En la entidad se han multiplicado los grupos que se disputan la ordeña de los ductos de Pemex, pese a la explosión que enlutó a Tlahuelilpan hace tres años. Hoy, muchos pobladores luchan para que el gobierno, en sus tres niveles, cumpla con los apoyos e indemnizaciones prometidas, al tiempo que se cuidan de los huachicoleros que operan en la región. Desde aquella explosión hasta julio de 2021, en Tlahuelilpan se detectaron 382 tomas clandestinas y en Tlaxcoapan, el municipio adyacente, hay otras 486, según datos de Pemex.
TLAHUELILPAN, HGO.– Deudos de los 137 muertos por la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, el 18 de enero de 2019, enfrentan el olvido de las autoridades que prometieron reconstruir un pueblo enlutado, la disputa de las rutas de la ordeña por parte de grupos de huachicoleros y, encima de todo, la precariedad laboral agudizada por la pandemia de covid-19.
Peor aún, aquella tragedia no sólo no redujo las operaciones del huachicol; hoy es una herida abierta para cientos de damnificados.
Dos meses después de aquel fatídico 18 de enero de 2019, decenas de deudos firmaron una minuta de seis puntos en Palacio Nacional, en una sesión en la que, recuerdan, estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desconocen el estatus del terreno donde ocurrió el siniestro, no cuentan con la escritura para construir ahí una Casa de Oración y no han dejado de reclamar que tampoco se cumplió el acuerdo de crear fuentes de empleo para las familias afectadas, el cual involucraba a los tres niveles de gobierno.
La comunicación con representantes federales se rompió y les han retirado apoyos que, remarcan, habían llegado a muy pocos, como el recurso para madres solteras procedente del programa del gobierno federal; tampoco se creó un fondo o programa específico para atenderlos.
Cuando explotó el ducto en la localidad de San Primitivo, en los límites entre Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, Leslie, entonces de siete años, perdió a Cruz, su padre, cuyo cuerpo fue identificado tres meses después por huella genética.
Desde entonces, Y.O., su madre, tuvo que dedicar todo su tiempo a trabajar para costear los estudios de su hija y la manutención de su familia. De las becas prometidas ninguna llegó: ni la académica ni la de madres solteras ni la de proyectos productivos. Ninguna de los gobiernos estatal o federal, a pesar de que este último prometió un apoyo vitalicio para los huérfanos de la tragedia.
Y.O. cree que aquel día el fuego que surgió del ducto le quitó a Leslie un padre y también a su madre, obligada a ausentarse para conseguir los recursos con los que se ambas se sostienen.
“¿Cómo le explicas a una niña de esa edad que su papá se murió y yo ya me voy a ir, ya no voy a estar con ella, porque voy a trabajar para sacarla adelante? Esa es la parte que, hasta el día de hoy, pesa todavía. Sí puedo trabajar, sí puedo sacarlos adelante, pero está esa otra parte: la ausencia”, se reprocha.
“Ella pregunta: ‘¿Qué le pasó a mi papá?’. Lo único que le digo es: ‘Mira, hija, tú papá ya se murió. Ya no está aquí; ya no va a regresar’. Y ella insiste: ‘¿Pero qué le pasó?’. Le digo: ‘No lo sabemos, hija, fue un accidente’.
“¿Por qué? Porque yo no sé cómo explicarle qué pasó con su papá, porque no lo sé; no sé por qué estaba ahí. Nadie lo sabe”, insiste.
Leslie es un nombre creado para resguardar la identidad de la menor, una de los 194 huérfanos que dejó la tragedia, según el censo del gobierno federal.
Futuro hipotecado
Algunos no habían nacido, como el hijo de Atzury y Adán.
Cuando Adán Darío Hernández Mejía murió, Atzury tenía seis meses de embarazo. Ella estuvo con su esposo cerca de la canaleta por donde corrió la lumbre. Ambos recolectaban gasolina.
Dice que eran los días de sequía en los que la región estuvo sin combustibles por el cierre parcial de ductos, como parte de una estrategia del gobierno federal para reducir el robo de combustible.
Como una corazonada, Adán le pidió que saliera, apenas minutos antes de la ruptura del ducto de 14 pulgadas. Ya había mucha gente. Además, dice, el olor a crudo llegaba hasta los intestinos. Cuando la lumbre hizo una columna y cimbró la tierra, volvió para buscarlo, e intentó meterse en las llamas, pero no podía; aún había cuerpos quemándose, como antorchas en la oscuridad recién caída. No pudo encontrar a Adán entre el fuego disperso que eran las personas que intentaban salvarse: tenían la espalda, los brazos y las piernas encendidas.
Tras la explosión, fallecieron también los abuelos de Leslie. La pandemia ha sumado decesos en la región y Y.O., enfermera en el municipio de Ajacuba, a 16 kilómetros de Tlahuelilpan, está en la primera línea de combate.
“Un día mi niña me dijo: ‘Ya nada más falta que tú te mueras, mamá’. Y yo, con lágrimas en los ojos, le dije: ‘Hija, ¡yo me puedo morir mañana!’. A su corta edad me dice: ‘¿Y yo qué voy a hacer? ¿qué voy a comer? ¿con quién voy a vivir?’
“Me preguntan por qué le digo eso: ¡porque yo me le puedo morir mañana! ¿Imagínense qué pasaría si yo le digo: ‘No, hija, yo no me voy a morir’, y mañana me muero?”
Leslie le pide: “Tú me tienes que enseñar a trabajar, porque si tú te mueres, ¿yo qué voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? Porque ya no tengo papá, ya no voy a tener mamá y ya no tengo abuelos”.
Desde entonces comenzó a enseñarle el oficio que tenía el padre de Leslie: la elaboración y venta de ataúdes.
“A la fecha yo no sé todavía qué decirle, cómo explicarle lo que pasó. Si a eso le agregas que la gente dice que todos eran huachicoleros, que esto, que lo otro y que aquello, pues no. Porque hay una historia detrás de cada persona”, dice, para después asegurar que quienes se dedican al robo de hidrocarburo siguen impunes, porque el delito no ha disminuido tras la conflagración.
Huachicol sin freno
Desde aquella explosión hasta julio de 2021, en Tlahuelilpan se detectaron 382 tomas clandestinas –la cifra más alta en un periodo de tres años–, pero Tlaxcoapan, porque el siniestro fue en los límites entre ambos municipios, sumó otras 486, de acuerdo con la estadística de la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Pemex.
Leslie sabe que su papá murió en San Primitivo, donde están los altares a la memoria de las víctimas, pero ignora la magnitud de los hechos que impidieron que el ataúd fuera abierto.
“Me preguntaba: ‘¿Por qué la caja de mi papá no la abrimos, si la de todos los muertos la abren?’. Me quedaba pensando: ‘Si tú supieras lo que hay en la caja…’”, dice la madre de Leslie.
Y.O. tiene un hijo que, cuando ocurrió la explosión, tenía 16 años. Él también le reprochaba por qué no lo dejó acompañarla: primero, a la búsqueda de su padre al predio y los sitios donde se resguardaron cadáveres y fragmentos óseos aquellos días; segundo, a recibir los restos tras la identificación que hizo la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Su hijo, cuenta, también la cuestionaba porque no le permitía ver el cuerpo. “Si no les pude evitar el dolor de que su papá haya muerto, sí les pude evitar el dolor de que no vieran los restos”, que eran fragmentos carbonizados.
Aquel día, el matrimonio había asistido a una reunión con el entonces alcalde de Tlaxcoapan, Jovani Miguel León Cruz, para ofrecer espacio a dos becarios en su negocio de ataúdes como parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Se despidieron, como todos los días, y ella asumió que iría a algún asunto relacionado con el trabajo: la madera, los pedidos, los clientes, los insumos o algún asunto de administración.
Cuando supo de él, fue porque vecinos le dijeron que había una columna de lumbre en San Primitivo, ya que había explotado un ducto. Ella ni siquiera había escuchado el estruendo, porque a esa hora se había metido a bañar. Le dijeron, además, que al parecer la camioneta de Cruz la habían encontrado a la orilla del predio. No creía que pudiera estar ahí, porque no había motivo para ello.
Para ese momento, las sirenas de las ambulancias y las unidades de policía ya habían perturbado la tranquilidad de un poblado acostumbrado a la pasividad y el silencio.
“Yo no he encontrado explicación alguna, sino que él llegó ahí a morirse”, asegura, porque vio la secuencia de imágenes de cámaras de establecimientos en la que se observa a su esposo conducir por el municipio. Las cámaras lo pierden por una calle minutos antes del estallido.
“Al principio era como coraje, porque los que realmente se dedicaban a eso (huachicol) siguen en eso y están ahí, pero, bueno, por algo pasan las cosas y no te vas ni antes ni después, sino justo en el momento que está escrito tu destino. ¿Por qué? No lo sabemos”, responde, resignada.
Proliferan los ordeñadores
Desde 2018 Hidalgo es el estado más ordeñado del país. Cárteles del narcotráfico y grupos del huachicol se enfrentan por las válvulas, en un estado con mil 217 kilómetros de ductos, en 36 municipios.
Con base en informes de inteligencia a los que el reportero tuvo acceso, este semanario reveló que en Hidalgo operan las principales organizaciones del narcotráfico en México: el Cártel de Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, La Unión Tepito y Los Zetas Vieja Escuela.
Todos ellos les disputan válvulas de Pemex y rutas de la droga a grupos regionales o con operaciones en el centro del país, a los que les hacen frente, como Los Hades o Cártel de Palmillas, Los Rex –escisión de Los Hades–, Pueblos Unidos –cuyo líder, José Artemio Maldonado Mejía, El Michoacano, fue liberado junto a ocho reos de la cárcel de Tula por un comando armado que utilizó coches bomba, la madrugada del 1 de diciembre último– y el Cártel de Los Alemanes (Proceso 2353).
Específicamente en Tlahuelilpan, en el Cerro de la Cruz, opera un líder huachicolero identificado como Héctor Arturo Olivo Karapia, El Geisha, y Pueblos Unidos, pero en los municipios aledaños se encuentran las células de Heriberto Contreras Rudiño, también acusado de presuntos asaltos y secuestros, así como la de Óscar Paredes Valera, El América –detenido el 24 de octubre de 2020–. Ambos con sede en Tezontepec de Aldama, extendidos en la periferia de una región sobre ductos.
Según el informe de inteligencia, en Mixquiahuala, Tetepango y Actopan controla las rutas de la ordeña de ductos José Luis Estrada Martínez, alias El Gordo o El Chita, mientras que en Tula, sede de la refinería Miguel Hidalgo, operan tanto La Familia Michoacana como Los Germanos, Los Hades y Los Rex.
“No puede ser que después de lo que la gente vio, que no es un juego, sigan en lo mismo. Quien sigue es porque se quiere morir, porque gente inocente murió aquel día, por curiosidad, por lo que sea; quien sigue en eso es porque se quiere morir, porque ya vieron que es realidad, que cuántos fallecidos hubo”, reprocha Y.O.
Por la historia de su esposo, que es también la del resto de víctimas de la explosión de Tlahuelilpan, remata: “Es feo morir así, morir quemado. Te quemas con tantito y se siente horrible; imagínate morir en esa situación. No puedo pensar que alguien muera así, ni los que de verdad andan en eso”.
El fuego de aquella tarde, reflexiona, mató también a una parte de los deudos. No se ha ido el dolor y, en estos días, vuelve también la nostalgia.
Litigio por indemnizaciones
Cuando ocurrió la explosión, Pemex tenía un seguro de responsabilidad civil para atender tragedias, hasta por mil 100 millones de dólares, con la empresa Mapfre Tepeyac, SA.
El contrato tenía vigencia de junio de 2017 a junio de 2019, pero en el caso de Tlahuelilpan no hubo recursos de ese fondo para atender a las 68 personas que fallecieron en hospitales, aunque el seguro lo estipulaba, ni para el resto de 69 víctimas que perecieron en el sitio, ni sus familias.
El abogado Miguel Trujillo, a cargo del despacho Trujillo, que representa a 80 deudos, dijo a Proceso que la demanda colectiva contra Mapfre fue aceptada, y que el juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, Miguel Ángel Villaseñor, recientemente resolvió ordenar su acumulación, debido a que también la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE) lleva una demanda por el mismo caso, en el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
Ambas se centran en el incumplimiento del contrato de seguro 3921700003733 en los sucesos de Tlahuelilpan. Sin embargo, Trujillo mencionó que ellos piden que se repare el daño con el máximo del seguro, mil 100 millones de dólares, mientras que ONRE demanda por 500 millones.
Refiere también que la competencia jurisdiccional debe ser en el territorio donde ocurrieron los hechos, por lo que lo conveniente sería acumular ambos juicios en Hidalgo. El juez requirió que cada despacho presente a los causahabientes que tienen para continuar el procedimiento.
Como un avance, resaltó el abogado, las autoridades ya reconocieron la calidad de beneficiarios por un siniestro materia del seguro. Pero además de que los deudos deben ponerse de acuerdo en la suma exigida, el proceso jurídico “podría llevar años”, admite.
Las familias representadas por Trujillo piden también que se le imponga una pena a la aseguradora por mil 284 millones de euros, porque, acusa, “sólo vio pasar los muertos”.
