A tres meses de que deba llevarse a cabo la votación sobre la revocación del mandato presidencial, por resolución del Tribunal Electoral federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha dictaminado sobre la controversia constitucional promovida por el INE sobre el presupuesto correspondiente. Incluso, las declaraciones del ministro presidente Arturo Zaldívar hacen pensar en un posible carpetazo al fondo institucional del litigio. Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advierte en entrevista que si Hacienda no otorga suficiente presupuesto se realizará una votación “disminuida y acotada”.
Más allá del cruce de declaraciones que han sostenido el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, así como diferentes actores públicos sobre el presupuesto electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha convertido en el árbitro final que, sin embargo, aplaza el problema e inclusive perfila carpetazos dejando los conflictos institucionales en la indefinición.
Sin precedente en la historia del país, los diferendos entre el Poder Ejecutivo y el órgano autónomo quedarían resueltos si la SCJN decidiera en definitiva sobre las controversias constitucionales atoradas en sus despachos desde 2019. Lo mismo sucede respecto del Poder Legislativo.
Las controversias impulsadas por el INE tienen hoy un caso emblemático en torno al proceso de revocación de mandato, pues al controvertir éste, el instituto plantea resolver los alcances de la facultad de la Cámara de Diputados en la asignación de presupuestos frente a las necesidades de recursos para que un órgano del Estado cumpla con sus funciones de ley… pero el pasado jueves 13 el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, anticipó la intención de darle carpetazo.
El INE interpuso la controversia para que la SCJN resuelva si el Legislativo puede conferirle una nueva facultad sin autorizar el presupuesto para que la realice. Entrevistado por Proceso, el consejero presidente del instituto sintetiza:
“Hoy, con lo que tenemos (de presupuesto), no podemos cumplir con lo que se nos pide en la Ley de Revocación de Mandato. Es una disputa que trasciende al propio INE y por eso la llevamos a la Corte. La Cámara de Diputados tiene facultades para reducir el presupuesto, es una facultad exclusiva. La pregunta es si la Cámara de Diputados puede hacer lo que quiera o está obligada a garantizarle a los órganos del Estado los recursos necesarios para su funcionamiento, para cumplir sus funciones constitucionales.”
Y advierte que ese dilema constitucional no es privativo del INE: “El tema de la revocación de mandato es el primer ejemplo de muchos que podrían evidenciar una crisis después, con el INE pero también con otros órganos del Estado”.
Las claves de la revocación
A principios de septiembre las cámaras de Diputados y Senadores aprobaron la Ley Federal de Revocación de Mandato, un ejercicio comicial para decidir si el presidente de la República sigue en el cargo o se va de manera anticipada.
Esa ley establece que el número de casillas debe ser el mismo que en los comicios presidenciales de 2018, a fin de que la consulta de revocación sea con las mismas condiciones y garantías con las que el presidente fue electo. El costo, según los cálculos del INE, ronda los 3 mil 800 millones de pesos. Sin embargo, con el presupuesto autorizado en diciembre de 2021, sólo dispone de 830 millones.
Por ese motivo el INE decidió postergar el ejercicio que, sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instruyó realizar, revirtiendo la decisión el pasado 29 de diciembre. A tres meses de que deba realizarse la votación, el presupuesto no está definido.
El viernes 7 el presidente López Obrador, promotor del ejercicio de revocación, anticipó que presentaría al INE un plan de austeridad. La propuesta fue presentada el jueves 13, luego de que el INE solicitara una ampliación por mil 738 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda.
A decir de Córdova, el INE en un primer ajuste, que implicó cancelar proyectos, logró reunir unos mil 503 millones de pesos.
La sugerencia de Hacienda fue que, mediante la reducción de salarios y gastos operativos, además de los recursos destinados a un fideicomiso sobre el pasivo laboral y otro sobre infraestructura, el instituto podría disponer de 2 mil 972 millones de pesos. El gobierno federal, en voz del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó de antemano cualquier ampliación de recursos con el argumento de que el presupuesto del Ejecutivo está enfocado a la política social.
Mientras tanto, el INE ha suspendido la realización de algunas etapas de preparación del ejercicio de revocación: “No podemos avanzar si no sabemos cuánto dinero tenemos, si sólo vamos a poder instalar, por ejemplo, entre 50 y 60 mil casillas, no podemos en el camino decir que vamos a poner más, aunque de repente llegue más dinero, porque la organización de una revocación de mandato, al igual que una elección, requiere procesos en los que no puedes dar un paso más si no hay algo resuelto.
“No está resuelto el número de casillas que vamos a poner, no sabemos el número de funcionarios que vamos a contratar, no sabemos cuántas personas vamos a requerir, etcétera. Todo esto se tiene que contemplar con mucho tiempo de anticipación. Por eso tomamos la decisión del tema presupuestal.”
Obligado el órgano electoral por el TEPJF a cumplir con el ejercicio, Córdova Vianello reitera que solicitó la ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda; si ésta no la otorga y no hay recursos suficientes, “haremos una revocación disminuida y acotada, sin que ello involucre una responsabilidad del INE”.
Mientras tanto la SCJN no ha resuelto nada y el litigio continúa en la indefinición. El pasado miércoles 12, en la primera conferencia de prensa del año, el ministro presidente Zaldívar perfiló mantener así, indefinida, la consulta sobre la revocación de mandato.
Así se refirió el ministro a una controversia constitucional promovida por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, contra la decisión del INE de aplazar la revocación, así como a la interpuesta por el instituto sobre las atribuciones del Legislativo: “Lo que ahora se tendrá que decidir es si, con la decisión del TEPJF, ya quedó sin materia la controversia que presenta la Cámara de Diputados, y por el otro lado determinar si queda sin materia la que presentó el INE. Creo que ésta es más complicada que quede sin materia, quizá la primera sí, pero hay que verlo”.
“No hay una discusión integral”
Tres de las cinco controversias constitucionales en curso tratan sobre los recursos recortados en estos años y avalados por la mayoría morenista y sus aliados en el Legislativo.
Durante su campaña electoral de 2018, López Obrador repetía a diario que al llegar a la Presidencia se reduciría el sueldo a la mitad, lo mismo con el de sus colaboradores. Cumplió a través de las bancadas de los partidos que lo postularon, incluso antes de asumir el cargo.
Una vez electo, con el cambio de Legislatura en agosto de 2018, la oferta de campaña se dirigió también a la norma constitucional que establece la prohibición de que ningún servidor público gane más que el presidente, con la intención de que en los tres poderes, así como en los organismos autónomos, se redujeran las percepciones de la alta burocracia.
El presidente López Obrador tiene una remuneración bruta de 162 mil 111 pesos, mientras que un consejero del INE percibe 234 mil 519 pesos.
Además de reducir su salario y el de los servidores públicos del gobierno central, López Obrador instruyó como parte de su plan de austeridad la cancelación de prestaciones y personal de apoyo: canceló el seguro de gastos médicos mayores; el seguro de separación individualizado, es decir, un fondo privado de ahorro para el retiro; suprimió la contratación de asesores y las direcciones generales adjuntas, y la disponibilidad de vehículos oficiales, entre otros.
El argumento presidencial es que subsiste “una burocracia dorada” con lujos y “extravagancias”. Del INE ha dicho que es la autoridad electoral más cara del mundo.
En cada ejercicio presupuestal la polémica resurge entre las medidas de austeridad del Ejecutivo, frente a remuneraciones y prestaciones que prevalecen en el Poder Judicial y los órganos autónomos, cuyos integrantes promovieron amparos.
El análisis presupuestal que Hacienda envió al INE se refiere precisamente a eso. El subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton Falcón, recomendó un nuevo tabulador de sueldos de mandos, disminuir gastos en celulares, gastos médicos mayores, separación individualizada, gasolina, viáticos, alimentación, papelería, entre otros.
Para Córdova se trata de dos asuntos y deben separarse: “Una es la discusión del costo de la autoridad electoral, y una cosa distinta… es que a la autoridad electoral se le generen los recursos necesarios para poder cumplir con sus funciones. Pero, de manera falsa y tramposa, se han querido mezclar”.
El consejero presidente del INE repasa las funciones del órganismo que lo vuelven oneroso, principalmente el costo de la desconfianza, que se expresa en costosos candados y mecanismos de certeza. Justifica la contratación de asesores en diferentes actividades que se les mandata, por ejemplo, participar en la implementación de la Reforma Laboral. Y contrasta el estatus de servidores públicos del Ejecutivo, quienes pueden percibir otros ingresos, mientras los consejeros electorales no.
Cuestionado sobre las percepciones, dice: “Se habla mucho de eso, sólo que no hay una discusión integral: Primero, los sueldos de los consejeros: ninguno de ellos, ni el presidente del INE, ganó más que el Presidente de la República hasta que él decidió unilateralmente bajarse su sueldo. Ahí se abrió una discusión que está en tribunales y, afortunadamente, todas las decisiones que han resultado le han dado la razón al INE. Esperemos a ver qué pasa”.
Controversias abiertas
La SCJN tiene en curso cinco controversias constitucionales impulsadas por el INE, tres de ellas relacionadas con el presupuesto, una con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y una más por la reducción de tiempos en radio y televisión, que hasta ahora siguen en curso y sin perspectiva de resolución.
Los litigios han sido activados en los últimos tres años por las acciones que, propuestas y posteriormente publicadas por el Ejecutivo, en cuatro casos fueron avaladas por el Legislativo. La primera de esas controversias es la 22/2019, relacionada con el Presupuesto de Egresos de ese año, que implicó una reducción de 950 millones de pesos y afectó la remuneración del personal.
Por el mismo motivo, pero en relación al presupuesto de 2020, subsiste en trámite la controversia 211 de ese año, cuando el anteproyecto presentado por el Ejecutivo recortó 870 millones de pesos al INE.
Por 80/2021 se refiere a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de ese año.
Las reformas a esa ley a finales de 2018 se revirtieron en tribunales, que dieron la razón a los amparos promovidos por integrantes del INE, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Banco de México e inclusive el Poder Judicial, de manera que el gobierno de la República interpuso tres reclamaciones ante la SCJN, cuya Primera Sala declaró infundados los alegatos presidenciales el 21 de abril de 2021.
Una nueva reforma a la Ley de Remuneraciones fue aprobada y entró en vigor en mayor del año pasado, cuya constitucionalidad se mantiene indefinida por la tardanza en resolver la mencionada controversia 80/2021.
Además está abierto el caso de la controversia constitucional 209/2021, en la que el INE impugnó el presupuesto autorizado para 2022 con el peor recorte de los últimos tiempos: 4 mil 913 millones de pesos menos y aborda lo relativo a la revocación de mandato.
También se controvirtió el decreto que, con la idea de recaudar más recursos frente a la presencia mediática del INE, autoriza a la Secretaría de Hacienda a recibir de los concesionarios de radio y televisión el pago de un impuesto por tiempos fiscales, pues con eso disminuyen los tiempos reservados al órgano electoral para su administración fuera de procesos electorales, según se expone en la controversia constitucional 72/2020.
Córdova concluye: “Es una discusión muy estridente, pero está llena de falacias (…) Es una discusión que tiene una clara y evidente intención política, pero en el fondo tiene poca seriedad. Vamos a esperar a que decidan los tribunales, para ver qué se tiene que hacer, empezando por la Corte”.
