En el escándalo por el tráfico de perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas y de cuerpos sin identificar, cuyas bases de datos fueron a parar a la empresa ADN México, se encuentran 11 mil resultados positivos, de acuerdo con una declaración oficial de Mariana García Sosa, directiva del laboratorio privado. Su testimonio es parte del proceso penal que las autoridades federales mantienen por el uso indebido de esa información. Además, existe el riesgo de que estén en manos de particulares los perfiles de todo el personal que labora en la FGR, de los involucrados en el caso Ayotzinapa y de personajes clave como El Chapo Guzmán.
Sufrimiento sin descanso, la desaparición de personas en México se enfila hacia la dolorosa cifra de 100 mil casos. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) tiene registradas 86 mil 314 desapariciones y 9 mil 968 no localizados; son cifras que comprenden del 15 de marzo de 1964 al 28 de diciembre último.
Pese a ello, existe la posibilidad de que 11 mil familias por fin sepan dónde están sus seres queridos, aunque su esperanza se encuentra detrás del caso conocido como “Tráfico de perfiles genéticos”, en el que están involucrados la empresa Central ADN (ADN México) y autoridades estatales y federales –principalmente del sexenio de Enrique Peña Nieto– en la entrega a particulares de una base de datos de perfiles genéticos de familiares de desaparecidos y de cuerpos o restos no identificados.
Denuncia de Encinas
El 6 de septiembre de 2019, 10 meses después de que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se reunió con representantes de organizaciones sociales y familiares de víctimas.
En el encuentro, el funcionario federal dio un breve reporte sobre el rezago y las sorpresas que encontraron al llegar al gobierno: “Se llevaron desde las computadoras hasta el registro de las personas”.
Y enfatizó sobre el gobierno de Peña Nieto: “El ADN de las personas… El material genético se lo dieron a un particular”. Es decir, se había esfumado la base de 49 mil perfiles genéticos que la CNBP había acumulado.
Una parte de esos perfiles proviene de las familias que entregaron sus muestras a instituciones gubernamentales, como la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal, la propia CNBP, la entonces Procuraduría General de la República y fiscalías estatales, principalmente de Michoacán, Morelos, Coahuila, San Luis Potosí y Veracruz.
En esa reunión de septiembre, que fue transmitida vía Facebook, Encinas reveló: “Lo voy a decir aquí por primera vez, pero que no salga de la Ciudad de México: hay un proceso penal ya en marcha por el uso indebido de esa información”.
El subsecretario de Gobernación se refería a Roberto Cabrera Alfaro, extitular de la CNBP, y a la compañía ADN México, cuyo rostro más visible es su directora Comercial, Mariana García Sosa.
Copia enviada a España
Durante año y medio de investigación, los autores de este texto, con asesoría de la organización Quinto Elemento Lab, obtuvieron información sobre el tráfico de perfiles genéticos cometido por autoridades y el mencionado laboratorio particular, así como detalles de la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-CDMX/0000391/2019 que por esos hechos abrió la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la información recabada, desde el 2 de abril de 2019 Mariana García Sosa, directiva de ADN México, buscó a la titular de la CNBP, Karla Irasema Quintana Osuna, para devolverle al gobierno federal los “perfiles genéticos con su respectivo identificador y metadatos”, que el anterior titular le entregó en “forma oficial” al laboratorio privado.
En una carta enviada a Quintana, García le explica que su empresa desea transparentar la obtención de la base de datos y le detalla que la información proviene de fuentes federales y estatales; aunque la misiva no identifica el número de perfiles, sí aclara que estos datos están en archivos con formatos Excel y PDF.
“Siendo usted la actual Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, y al no contar por nuestra parte con su autorización para seguir resguardando los perfiles genéticos, nos gustaría hacerle entrega de la información de manera personal”, se lee en el cuarto párrafo de la misiva.
Sin embargo, lo que García Sosa no dijo en esa carta es que meses antes había enviado una copia de los perfiles genéticos de las autoridades mexicanas a España.
De acuerdo con los testimonios sobre el caso, la directiva de ADN México le confió a Silvia Ortiz, integrante de Grupo Vida, uno de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Coahuila, que la base de datos la enviaría a Europa.
“Tengo la base de datos. Roberto (Cabrera) me la dio. Bueno, yo también le pedí a Martha (Acela Valdez) que me diera lo que tenía. Yo tengo todo eso, lo tengo en mi poder. Y me pidieron que lo respaldara, pero yo no lo puedo tener aquí, no puedo. Yo necesito hacer algo y lo voy a mandar a España”, relata Silvia Ortiz en su testimonio.
Agrega que tiempo después volvió a hablar con Mariana García Sosa y ella le dijo que ya había enviado la información a España “porque las autoridades de aquí no son confiables. Por eso lo mandé allá”.
Los positivos
El 20 de marzo de 2020 García Sosa asistió como testigo a las oficinas de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para que declarara sobre la base de datos genéticos que le había sido entregada por Cabrera Alfaro, entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Ante la fiscal Beatriz Flores Reséndiz dijo que de la oficina de Renato Sales, entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), contactaron a ADN México en febrero de 2017 pues habían investigado que “contábamos con estándares internacionales en genética forense”, y que tuvo cuatro reuniones con Cabrera Alfaro.
También explicó que en una de esas reuniones los especialistas de ADN México le mostraron a Cabrera cómo podía obtener información genética de las prendas personales de las personas o de sus familiares, y que éste les dijo que la CNS estaba “buscando resguardar y concentrar los perfiles genéticos para ver si había forma de localizar personas desaparecidas”.
Detalló que en febrero de 2018, cuando Cabrera Alfaro fue designado titular de la CNBP, le extendió una nueva carta para poder tener los perfiles genéticos, y que poco después le entregó nuevamente perfiles genéticos vía una USB, “misma que cargamos a nuestro sistema”.
El 11 de diciembre de 2020, casi nueve meses después de su primer testimonio ante las autoridades, Mariana García vuelve a declarar, pero en esta ocasión expone ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que su empresa había intentado devolver la base de datos a Karla Quintana y al propio Encinas, pero que el subsecretario le había pedido que fuera por los canales conducentes para que la entrega fuera oficial y legal.
Pero como no ocurrió tal situación, y después supieron que la autoridad había iniciado un proceso penal, los directivos y accionistas de la empresa decidieron colocar toda la información genética que habían recibido en una memoria portátil que, asegura García Sosa, posteriormente fue triturada, “aunque la USB triturada se encuentra actualmente en la bodega de evidencia de ADN México, en Morelia”. Ahora, de acuerdo con el propio laboratorio, la USB está en poder de la FGR, como evidencia del caso.
En sus declaraciones, Mariana reveló que en 2018, cuando contaban con 49 mil perfiles entregados a ADN México por Roberto Cabrera, éste les solicitó vía telefónica que realizaran las confrontas o búsqueda masiva “con toda la información que ya había proporcionado”.
Una vez hechas las confrontas o búsquedas masivas se tuvo un sorprendente resultado: “Más de 11 mil probables positivos”, uno de cada cinco, de lo cual Roberto Cabrera fue informado “de manera verbal”, pero se trató de resultados “que nunca le entregamos a Cabrera o alguna autoridad”. Mariana García Sosa no da más detalles sobre esa parte de su testimonio.
La semilla del desastre
Respecto de cómo llegó al gobierno federal ADN México –fundada en 2013 y cuya sede está en Morelia–, la bióloga molecular Martha Acela Valdez González da una explicación. Recuerda que ella ingresó en 2014 a la PGR como titular del Laboratorio de Genética Forense de la Coordinación de Servicios Periciales.
Entrevistada para esta investigación, dijo que por ese año la violencia vinculada al crimen organizado estaba en uno de sus puntos más altos, y que lo que encontró al llegar a la institución era un desorden: miles de papeles depositados en cajas que se iban acumulando; eran los perfiles genéticos de 2011 y 2012 procedentes de todo el país.
Recordó que durante meses se dedicó a armar la base de datos mediante un sistema llamado Combined DNA Index System (Codis), una plataforma que el FBI había compartido con México desde noviembre de 2011, como parte de la extinta Iniciativa Mérida.
La donación de este sistema tenía como propósito que el gobierno mexicano pudiera concentrar las muestras genéticas de personas procesadas penalmente, el ADN encontrado en evidencias halladas en el lugar de los hechos y los perfiles genéticos de desaparecidos.
Para 2015 los homicidios y desapariciones se multiplicaron con rapidez, a tal grado que el sistema donado por el FBI comenzó a saturarse en la medida que llegaba al límite de su almacenamiento, que es de 50 mil perfiles.
A causa de que en México no hay un sistema homologado que permita a los estados procesar y enviar sus perfiles genéticos, la autoridad federal requería una solución técnica.
De acuerdo con Valdez González, en ese contexto, casi al arranque de 2016 es cuando se entera de la existencia de ADN México.
Sara Mónica Medina, en ese momento titular de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR, le pidió a Martha Acela que revisara la propuesta de la empresa para elaborar los perfiles genéticos de los reclusos del país, además de un abanico de servicios que ofrecía análisis genéticos, base de datos para almacenarlos y software para el manejo de bodegas de evidencia. No obstante, ya no ocurrió nada.
Pero hacia finales de 2016 la empresa realizó una segunda visita al Laboratorio de Genética de la PGR y se entrevistó con Jorge Zúñiga, el nuevo titular de Servicios Periciales, y le ofrecieron los servicios antes expuestos y un sistema de manejo de laboratorios genéticos llamado LIMS, una base de datos compatible con el Codis, que ellos ya tienen, “y la maquila de muestras de genética forense”.
“Pese a que la base de datos que ofrecía ADN México parecía una muy buena opción, porque era como tener una base alterna, la compra no se concretó, pero sí se usó el sistema de prueba”, agrega.
Perfiles célebres
Valdez González detalla que más tarde se produjo un relevo en el área donde ella laboraba: el criminólogo Anselmo Apodaca se hizo cargo de la Coordinación General de Servicios Periciales, y Mavil López Casamichana, de la Dirección de Laboratorios Criminalísticos.
Cuando su jefa tomó posesión del cargo en 2017, dice Valdez, le solicitó verbalmente que le entregara la base de datos de los perfiles genéticos que tenía en el laboratorio de la PGR, poco más de 32 mil. “Entonces le solicité un oficio y le pregunté para qué. Se me quedó viendo, así como ‘¿tú qué?’, y sólo dijo: ‘Los necesito y los necesito para mañana’”.
A Martha Acela le preocupaba que en el Codis también se encontraban datos genéticos de empleados de la PGR. “No le iba a dar los perfiles de nosotros, quién sabe a dónde iban a dar. Le pedí el oficio, pero me dijo que no me daría ningún oficio, que sólo le diera la información.
“Acordamos que se la entregaría en dos semanas para que pudiéramos depurarla. Accedió, pero luego de una semana le entregué la base junto con un oficio”, agrega la bióloga.
La perito transfirió la base de datos en una memoria portátil. “En la USB que le di a Mavil había sólo numeritos de perfiles genéticos. En mi disco duro sí había
dictámenes”.
–¿Como cuáles? –se le pregunta a la perito.
–Como el de El Chapo, como todos los perfiles genéticos que obtuvimos de su captura, de su fuga.
–¿Qué otros perfiles había?
–Había, por ejemplo, los que obtuvimos de los familiares del caso Ayotzinapa. Ahí ya había nombres y apellidos, no sólo números. Eso era importante. La información completa de esos perfiles quedó en un disco duro en poder de la PGR; no en los perfiles que se entregó en la USB.
Después de ese episodio, aclara, le pidieron su renuncia.
Otro testimonio: el de un perito bioquímico que laboró en la PGR de 2011 a 2018, Miguel –a quien se le nombrará así en esta investigación, por motivos de seguridad– relata que atestiguó la entrega de perfiles genéticos al laboratorio particular.
Confirma lo dicho por Valdez González sobre el uso que la PGR hizo de un sistema de prueba de la compañía ADN México. Sin embargo, cuestiona: “Si se supone que es un demo, no tendríamos por qué alimentarlo con nuestros resultados, pero se volvió obligatorio ingresar datos a esa base”.
En una reunión entre los representantes del laboratorio privado con el personal del área de genética de la PGR, les explicaron que todos los datos se subían a una nube. “En ese momento se les cuestionó mucho, porque nosotros (los peritos de las fiscalías) no podemos tener datos en la nube. De hecho, el sistema de la procuraduría es muy cerrado: tiene su servidor ahí mismo y no lo comparte con nadie”, detalla Miguel.
Agrega que otro hecho que los inquietó más lo descubrieron en una nota periodística publicada en San Luis Potosí, el 18 de febrero de 2017, sobre un acto entre Mariana García Sosa y Federico Garza Herrera, procurador estatal, en el cual se dio a conocer que el gobierno local le había donado a la empresa ADN México su base de datos de perfiles genéticos. En el mismo acto, la representante del laboratorio presumió que su empresa ya tenía cerca de 40 mil perfiles genéticos.
Al respecto, Garza Herrera declinó una solicitud de entrevista. En su lugar, el fiscal estatal especializado en materia de Derechos Humanos, Pablo Alvarado Silva, confirmó vía telefónica que el gobierno estatal sí le dio su base de datos a ADN México.
–¿Cuántos perfiles fueron donados?
–En ese momento teníamos más o menos alrededor de 150 perfiles –respondió y acabó la llamada.
No obstante, la fiscalía de San Luis Potosí respondió vía Transparencia: “Este laboratorio no cuenta con documentos existentes relacionados a dicha donación de base de datos de material genético”.
Contradicción
En el ocaso del sexenio de Enrique Peña Nieto, con 37 mil víctimas de desaparición en ese momento, fue creada la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y el designado para dirigirla fue Roberto Cabrera Alfaro –cercano a Renato Sales–, quien asumió el cargo el 18 de enero de 2018.
En entrevista, Cabrera Alfaro, quien está sujeto a una investigación por la entrega a un particular de la base de datos genéticos, explica que entraron en contacto con el laboratorio privado porque el gobierno federal buscaba generar bases de datos confiables que contribuyeran a aliviar la crisis de desapariciones.
El sistema de ADN México, continúa el exfuncionario, permitía hacer una ingesta masiva de datos y realizar un proceso para detectar errores en los perfiles genéticos. Por ello se solicitó al laboratorio ADN México hacer un proceso de evaluación. Le compartimos los perfiles genéticos sin datos personales. “Lo único que compartimos fue la información del perfil para que pudieran hacer cruces y confrontas con nuestras bases de datos”.
Asegura que nunca se otorgó un contrato a la empresa por, entre otros motivos, escasez de recursos. “Les proporcionamos información para que realizaran ciertas acciones. Si ellos hacen, venden, compran, rentan, hacen o deshacen con esta información, hay responsabilidad previa, pero sale de mi campo de acción. Yo no trabajo ahí, yo no conozco qué están haciendo con esa base de datos”.
Sin embargo, de acuerdo con una copia del acuerdo que Cabrera firmó con ADN México el 15 de febrero de 2018, el gobierno federal le hace una entrega total y sin restricciones de la base de datos de perfiles genéticos.
“Por este conducto, con la autoridad que mi cargo me permite como titular de la Comisión Nacional para Búsqueda de Personas, me permito solicitarle que los perfiles genéticos que hemos obtenido de una recolección nacional, a través de un protocolo de solicitud a los laboratorios de cada autoridad estatal e instituciones de ámbito federal, sean concentrados, resguardados y renombrados, con número o código identificador de esta institución, en una base de datos confidencial de características iguales a las que usa y comercializa el laboratorio ADN México, de la empresa Central ADN SA de CV.”
El acuerdo agrega: “Por este mismo conducto autorizo a Mariana García Sosa, directora Forense, y a la maestra en biología molecular Lidia Heredia Melo, jefa de Tecnología en ADN, ambas dentro de la empresa Central ADN SA de CV, para el manejo, búsquedas, confrontas, estadísticas y manejos especializados de los perfiles genéticos entregados por la CNB”.
*Esta investigación se realizó como parte de la convocatoria de Quinto Elemento Lab para apoyar proyectos de investigación periodística.
