Ante la difusión de una fotografía en la que aparece con tres narcotraficantes, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, niega que tenga pactos con miembros del crimen organizado… Pero imágenes obtenidas por Proceso revelan cómo una de las personas que aparecen en dicha foto, Raymundo Isidro Castro Salgado, El Ray, quien fue jefe del Cártel de Jalisco Nueva Generación en la zona, pudo escapar de un atentado con ayuda de la policía del estado. El descrédito que le acarrea la foto con los narcos se suma a la pérdida de apoyos políticos en la entidad: sus colaboradores cercanos no han salido a defenderlo y legisladores pidieron a la fiscalía estatal investigarlo.
Cuernavaca, Mor.- Una fotografía publicada el pasado 4 de enero en diversos diarios del país, dada a conocer por El Sol de México, puso de cabeza al gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo y al propio estado de Morelos. En ella aparecen el exfutbolista y tres líderes de grupos criminales que han asolado la entidad por años. Aunque el mandatario aseguró que no pacta con el crimen y que “ni se acuerda” dónde se tomó la foto, otros indicios apuntan a complicidades de su gobierno para protegerlos mientras se desplazan por el estado.
Proceso tuvo acceso a fotografías del sábado 13 de abril de 2019 en las que se observa a Raymundo Isidro Castro Salgado, El Ray –quien fue jefe del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona y uno de los fotografiados a lado de Blanco–, salir de una ambulancia y subir a una camioneta Range Rover blanca, encenderla y huir de un operativo policiaco, escoltado por una pick up negra.
Unos minutos antes, un comando había llegado al restaurante Los Estanques, en Cuautla, y, en la idea de ejecutar al Ray, asesinó a unas familias que departían con él. El Ray logró escapar, aunque resultó herido. No fue sino hasta que llegó la policía que fue atendido en la ambulancia y después se le dejó escapar.
En las imágenes se ve el estacionamiento del restaurante, ubicado en las inmediaciones de la colonia ExHacienda El Hospital, en Cuautla, Morelos. En medio de un conjunto de vehículos civiles y policiales, con agentes caminando en varias direcciones, se observa la camioneta blanca, a unos metros una pick up negra y la ambulancia donde el capo fue atendido.
Las fotos muestran al Ray vestido con una camisa color naranja. Camina desde la ambulancia hacia su camioneta mientras un agente policiaco platica con el conductor de la pick up negra. Llega a su camioneta y abre la cajuela. En la siguiente secuencia se le observa manejando el vehículo blanco mientras es seguido por la pick up negra. Todo ello ante la mirada pasiva de agentes policiacos del estado.
Las imágenes en poder de este semanario también fueron publicadas por el reportero Humberto Padget en el noticiario de Ciro Gómez Leyva el jueves 13.
El Ray fue aprehendido tres semanas después de los hechos en Los Estanques. Su aprehensión ocurrió en Puebla. El gobierno estatal peleó por que el capo fuera recluido en el penal de Atlacholoaya, en Xochitepec, Morelos.
Ahí también fueron puestos Alexis Mazari y Gabriel Miranda, hijo y primo de Santiago Mazari Miranda, El Carrete, líder de Los Rojos y acérrimo rival del Ray. En octubre siguiente, en medio de una serie de motines, El Ray fue asesinado con saña en el interior del penal.
“Investiguen la muerte del Ray, a quién le interesaba que se muriera en el penal”, se pregunta una de las mantas aparecidas y supuestamente plantadas por Homero Figueroa Meza, La Tripa, líder del Comando Tlahuica y otro de los que aparecen en las fotos con Blanco. Figueroa Meza ha controlado el negocio de las pipas y los cortes de agua en la capital, según denuncia de hechos en la Fiscalía Anticorrupción. Ello ha ocurrido desde 2015.
En lugar del Ray, Irving Eduardo Solano Vera, El Profe o El Gato –el tercer acompañante del gobernador en las imágenes– asumió el liderazgo del CJNG. En febrero pasado fue aprehendido también por fuerzas federales y luego recluido en un penal federal. Sólo Figueroa Meza sigue libre. En otra de las mantas hace alusión a una serie de “favores” que supuestamente el gobernador habría solicitado a este criminal, luego de amenazar con brindar “datos exactos de la muerte de Samir” Flores, el activista asesinado presuntamente por el Comando Tlahuica en febrero de 2019.
Gobierno que naufraga
El gobernador ha llevado a cabo un soliloquio tratando de quitarse de encima la sospecha de un pacto con el crimen organizado repitiendo que no hay tal. Se le ve aislado. Ni el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, ni su eterno manejador, José Manuel Sanz, han salido al quite.
Tampoco tiene aliados en el Congreso local. En la elección del año pasado perdió todo. Sólo tiene una diputada plurinominal que tampoco ha dicho nada. Además, de los 20 diputados, 11 son opositores abiertos a su gobierno. En diciembre pasado bloquearon su proyecto de presupuesto. Esos 11 legisladores iniciaron una denuncia contra el mandatario el miércoles 12, derivada de las fotografías de inicios de año.
A ellos se sumó en diciembre un diputado de Morena, Arturo Pérez Flores, aliado del subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar, quien fue desplazado por Blanco de la candidatura a la gubernatura en 2018.
Ese mismo legislador presentó en noviembre pasado la iniciativa para que en la entidad también haya revocación de mandato, como a nivel federal, y que se pueda someter al gobernador a un proceso similar al de López Obrador. Ahora, los adversarios de Blanco tienen los votos para aprobarla.
La denuncia presentada por los legisladores ante la Fiscalía General de Morelos, que encabeza Uriel Carmona Gándara, aliado del exgobernador Graco Ramírez, tiene amplias posibilidades de avanzar, pues desde el inicio de la administración Blanco ha mantenido constantes enfrentamientos con el fiscal, y serviría hasta la solicitud del desafuero de Blanco en el Congreso, en donde tiene todo en contra.
El exfutbolista, que llegó con el apoyo no sólo de los grupos populares que se identifican con el personaje, sino también de opositores al gobierno de Graco Ramírez y de los propios militantes en Morena, perdió rápidamente el respaldo social.
Las frases de campaña “no les voy a fallar”, “meteré a la cárcel a Graco”, “no soy como ellos (los políticos)”, “yo no pacto con el crimen”, parecen más bien malas bromas: el perredista anda más libre que nunca, hay denuncias de corrupción que incluyen al mandatario y las imágenes de estas semanas lo ponen en entredicho.
A ello se suman las cifras terribles de la violencia. En un comparativo entre el tercer año de este gobierno y del anterior, con elecciones intermedias, el número de homicidios dolosos se duplica. Con Graco Ramírez en 2015 fueron 480; con Cuauhtémoc Blanco en 2021 fueron 939, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Además, la muerte o captura de los capos no implicó que se redujera la violencia. En Morelos operan al menos siete grupos criminales, según el titular de la Comisión de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros. Estos son: Cártel de Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana, Los Rojos, Guerreros Unidos, Comando Tlahuica, Los Mayas y Los Colombianos.
A estos dos últimos el gobierno estatal les declaró la guerra abiertamente. De hecho, a Francisco Javier Rodríguez, conocido como El Señorón, líder de Los Colombianos, le fijó una recompensa por 500 mil pesos, que no ha dado resultados. A los demás cárteles los ha minimizado.
“Algunos de esos grupos vienen, operan y luego se van, los más peligrosos son Los Mayas y los Colombianos”, dijo Ortiz Guarneros en julio pasado.
Un sacerdote en escena
El vocero de la diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, dijo después de desatado el escándalo que la fotografía del gobernador con los tres cabecillas del crimen organizado fue tomada en la parroquia de Yautepec el 12 de diciembre de 2018, cuando Blanco ya era gobernador, mientras que el propio gobierno estatal asegura que la foto es de 2017, durante el periodo del exfutbolista como alcalde.
El padre Juan Alvarado López, quien era párroco de Yautepec cuando ocurrió el encuentro, ha sido señalado por feligreses y compañeros sacerdotes como “un personaje raro”. Amigo de políticos y empresarios en la entidad, en las fiestas que organizaba corrían el alcohol y otras sustancias. Ahí se operaban “asuntos”, se influía en las decisiones, pero todo con perfil bajo y mucha discreción.
“Acuérdate que la iglesia nos unió”, decía una manta que respondió al “no me acuerdo” del gobernador. Esta manta fue colocada el 5 de enero pasado en varios puntos de la entidad. En otra manta, aparecida al día siguiente del asesinato del alcalde de Xoxocotla, Benjamín López Palacios, decía: “Si quieren saber más de quién organizó la reunión pregunten le (sic) al extesorero Villareal”, en alusión al exsecretario de Hacienda del gobierno municipal y estatal de Cuauhtémoc Blanco, Alejandro Villarreal Gasca, quien renunció el 31 de julio de 2020 y que tiene una relación cercana con Alvarado López. Este funcionario habría fungido como enlace junto con el sacerdote para el encuentro de Blanco con los presuntos narcos.
Hasta el momento, el obispo Ramón Castro Castro no ha dicho nada en relación a que estos hechos ocurrieron en una de sus parroquias; sólo ha habido una declaración del vocero Toral Nájera, quien de hecho pidió que se investiguen las fotos.
Tampoco hay información sobre la salida del sacerdote Alvarado López de Cuernavaca, sólo la versión del vocero de la diócesis de que está fuera del país. En Morelos se asume que si el sacerdote Alvarado está en Argentina –como informó la diócesis–, es una especie de exilio para evitar el escándalo.
