El presidente López Obrador se escuda en el principio de no intervención para no condenar la represión y la ausencia de democracia en Venezuela, Nicaragua y Cuba, al tiempo que interviene abiertamente en Perú al enviar como asesor al secretario de Hacienda; o al pedir a los paisanos en Estados Unidos que voten contra los legisladores que se oponen a una reforma migratoria. El diplomático de carrera Jorge Lomónaco hace notar esta “inconsistencia” en la política exterior del actual gobierno, que atribuye a razones ideológicas. Sin embargo, advierte: “la democracia y los derechos humanos se deben proteger independientemente si el infractor es amigo o rival o si es de izquierda o de derecha”.
Ginebra.– El gobierno de México usa el principio de no intervención “a contentillo” o a conveniencia y evocarlo no alcanza para explicar el cambio de la política exterior mexicana que se ha quedado corta para condenar a gobiernos autoritarios como los de Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero, al mismo tiempo interviene clara y abiertamente en casos como el de Perú e intenta inmiscuirse en asuntos internos de Estados Unidos, sostiene Jorge Lomónaco Tonda, exembajador de México ante la ONU en Ginebra y ante la OEA en Washington.
En entrevista con Proceso, el diplomático de carrera abunda: el presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza el principio de no intervención con una absoluta inconsistencia, ya que interviene en asuntos internos de otros países, como es el caso reciente de Perú, con la defensa de su presidente Pedro Castillo y el envío de una delegación encabezada por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para asesorar al gobierno de Castillo en materia de apoyos sociales.
Asimismo, dice, es intervencionista el llamado de López Obrador a los mexicanos que viven en Estados Unidos para votar en contra de quienes no apoyen la eventual reforma migratoria que pudiera discutirse en el Senado de ese país.
“El problema no es intervenir en lo que sucede en Perú o intervenir en lo que sucede en Estados Unidos con respecto a una virtual reforma migratoria, el problema está en hacer un uso a contentillo del famoso principio de no intervención”, afirma Lomónaco, quien renunció al servicio exterior en mayo pasado, luego de una larga carrera en la que fue, entre otros cargos, embajador de México en Suecia y Países Bajos y representante de México ante organismos internacionales: ante la ONU en Ginebra de 2013 a 2017 y ante la OEA, en Washington, de 2017 a 2019.
El gobierno “un día interviene abiertamente en asuntos internos de Perú y al día siguiente se escuda en el principio de no intervención para ni siquiera opinar sobre lo que sucede en Nicaragua, Venezuela o en Cuba”, señala.
Cuestiona: “El principio de no intervención ya no alcanza para explicar por qué no se opina cuando se presentan violaciones a los derechos humanos o violaciones democráticas serias en algunos países”.
Considera que “en el fondo” esto refleja que existe “una motivación ideológica al elegir cuándo se interviene y cuándo no”.
Argumenta: “A mí me parece que la democracia y los derechos humanos se deben de defender y proteger independientemente de si el infractor es amigo o rival o si el infractor es de izquierdas o de derechas, porque al final no hay gobiernos autoritarios o dictaduras de izquierda o de derecha, hay gobiernos autoritarios y dictaduras, punto.
“La ideología de un gobierno autoritario y la alineación geopolítica debería ser irrelevante al momento en que un gobierno defienda la democracia y los derechos humanos”, afirma Lomónaco, quien opina que los actos de intervención de México deberían de darse “con base en valores y no con base en ideologías”.
El diplomático remarca que “el caso peruano ilustra este doble rasero y vuelve a hacer evidente el hecho de que el pretexto de la no intervención ya no alcanza para explicar por qué México se mantiene callado ante abusos constantes contra los derechos humanos en varios países o sobre el deterioro de los sistemas democráticos, como ocurre en Nicaragua o
Venezuela”.
A diferencia de gobiernos anteriores, el de López Obrador no se ha sumado desde 2019 a resoluciones y pronunciamientos críticos sobre Venezuela y Nicaragua que se gestan en el Consejo de Derechos Humanos, a pesar de que la oficina de la Alta Comisionada de la ONU en esta materia ha publicado sendos informes que condenan la situación en dichos países e incluso acusan tener evidencia suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en los regímenes de Daniel Ortega y Nicolás Maduro.
Lomónaco explica que esto es claro reflejo de un cambio en política exterior, pues con la llegada de López Obrador ha habido un giro “de 180 grados” con respecto al voto en el Consejo de una resolución sobre Venezuela que en el pasado fue presentada y liderada por México cuando el país formaba parte del Grupo de Lima.
Observa que lo mismo pasó en la OEA con la abstención de México sobre la resolución que cuestiona las elecciones en las que se impuso Ortega en Nicaragua; dicha resolución contó con 25 votos a favor.
Recuerda que en el verano de 2018 se estableció en la OEA un mecanismo sobre Nicaragua propuesto por México. Consistía en un Grupo de Trabajo cuya lógica era crear un órgano subsidiario de la OEA y su objetivo era hacer el trabajo diplomático-político que hacía el Grupo de Lima con respecto a Venezuela.
“Lamentablemente con la llegada del nuevo gobierno, México dejó morir a este grupo’’, deplora Lomónaco.
Subraya que “desde 2018 la OEA ya estaba preocupada por la situación de Nicaragua, cuyo deterioro, así como la represión del gobierno, se hicieron evidentes en las protestas de la primavera de 2018. Por lo que no sorprende la represión política, el encarcelamiento de opositores ni el resultado de las elecciones en las que se pudo ver cómo Ortega se atornilló en la silla del poder utilizando toda clase de recursos.
“Tampoco debe haber sorpresa sobre la resolución que se adoptó en la OEA”,
recalca.
Para Lomónaco es claro el cambio de política exterior para América Latina, pero hace falta “una explicación” pues al no haberla “nos obliga a especular sobre cuáles son las verdaderas motivaciones, porque evidentemente la ‘no intervención’ no lo es”.
“Mandar un avión a rescatar a Evo Morales a Bolivia pues es un acto de intervención, es tomar partido, no me pronuncio si había que tomar partido por unos o por otros, pero no me pueden decir que no tomaron partido”, argumenta.
“Y al halagar al régimen cubano justamente cuando se está llevando una serie de actos represivos por las protestas, pues es tomar partido, por tanto, es un acto de intervención”, agrega.
Critica que en la misma semana que, bajo el principio de no intervención, se justifica abstenerse en la OEA sobre el caso Nicaragua, se anuncia que se va a denunciar públicamente a los legisladores estadunidenses que se opongan a una propuesta de reforma migratoria del presidente Joe Biden.
“¡Perdón, pero eso es un acto totalmente intervencionista!”, exclama.
“En todo caso el problema no es que un gobierno adopte una posición u otra, para eso son las elecciones, la mayoría de los mexicanos eligieron a un gobierno que era más o menos evidente que iba a tomar esta línea. Lo que quizás es objetable es que no nos explican qué es lo que motiva esa posición.
“Si es un asunto de afinidad ideológica, es un asunto de alianzas con ciertos regímenes, es un asunto de equilibrios, ¿qué es?”, cuestiona.
“Porque ciertamente no es por el principio de no intervención, que es el que nos han planteado. Nos hace falta una explicación y eso nos obliga a especular sobre cuáles son las verdaderas motivaciones”, valora.
As bajo la manga
Al preguntar si Washington debería estar preocupado por este viraje, Lomónaco observa que a diferencia del pasado ahora “la relación con México se lleva en la Casa Blanca”. Sostiene que eso cambia los parámetros de la relación bilateral debido a que “hay cosas más importantes para Washington que la posición que adopte México en la OEA con respecto a América Latina”.
Para Estados Unidos “hay temas más importantes: seguridad, migración, drogas, crimen, salud…”, enumera.
Analiza: “Es evidente que hay un entendimiento en el tema migratorio.
“México está haciendo una serie de cosas que a Estados Unidos le interesa con respecto a los migrantes y a los solicitantes de asilo. Eso es fundamental para la administración estadunidense actual, que tiene ése como su principal flanco doméstico abierto y por lo tanto me parece que hay pocos incentivos para tener discusiones sobre otros temas que en el orden de prioridad de Washington quedan considerablemente más abajo.”
Por ello considera que la política migratoria es “el as que tiene México bajo la manga en su relación con Estados Unidos y es lo que le permite márgenes en muchos ámbitos, no sólo en América Latina o en derechos humanos, sino incluso en otros temas de la agenda económica.
“La política migratoria actual de México ha dado un cambio radical con respecto a las posturas no solamente de gobiernos anteriores, sino de muchas décadas”, dice.
“Nunca tuvimos un récord perfecto con respecto al trato de migrantes centroamericanos, eso es cierto también. Siempre hubo una crítica a que México no los trataba de la forma en que exigíamos que trataran a los nuestros en Estados Unidos. Pero el cambio de política es radical: antes no se recibía a los migrantes con los brazos abiertos, pero no se les recibía con militares en la frontera por órdenes de Estados Unidos”, lamenta.
Más aún, “ya no sólo se trata de una disonancia o de un cambio radical de política con respecto al trato de los migrantes, sino que ahora hay muertos y eso debería ser un escándalo, debería ser absolutamente inaceptable y debería obligar a la reflexión de qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo de esa manera”, dice en referencia al accidente en el que murieron 56 migrantes y un centenar resultaron heridos cuando viajaban por Chiapas hacinados en un tráiler.
Recuerda que México desde los años noventa ha buscado regularizar el flujo migratorio, tiempos en los que se promovió que no se perdiera la nacionalidad mexicana para quitar obstáculos a mexicanos que podían hacerse ciudadanos estadunidenses y protegerlos de esa manera.
Y luego, al principio de la administración de George Bush, “vino la ofensiva mexicana de empujar una reforma migratoria, la cual avanzó muy rápido y muy bien. Pero la buena disposición que empezábamos a encontrar con los norteamericanos colapsó junto con las Torres Gemelas por los ataques terroristas del 9/11.
“Yo no podría estar más de acuerdo en que el gobierno mexicano actual haya recuperado ese llamado a (Washington) sobre la necesidad de una reforma migratoria y que esté opinando abiertamente en favor de dicha reforma, eso me parece totalmente loable y recupera las mejores tradiciones.’’
Sin embargo, opina que “hay una absoluta disonancia entre esa posición del gobierno de México y lo que se está haciendo en materia migratoria en la frontera sur. El gobierno debería reflexionar sobre lo que se está haciendo en esa frontera a raíz de la tragedia, por humanidad simplemente”.
Con respecto al llamado de AMLO a los mexicanos que viven en Estados Unidos para votar en contra de quienes no apoyen una reforma migratoria en ese país y exhibirlos, consideró que es improbable que la iniciativa llegue al pleno de ambas cámaras en dicho país.
“¿Estamos seguros de que este llamado a votar en contra de ellos no le vendría como anillo al dedo a muchos legisladores que lo último que quieren es aparecer como sujetos presionados por un gobierno extranjero?”, cuestiona.
Y es que, advierte, “lejos de galvanizar el apoyo a la reforma migratoria, (López Obrador) lo va a polarizar todavía más y le va a añadir un ingrediente de intervención de instancias extranjeras. Puede resultar contraproducente”.
