Familiares de la extinta gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, del copiloto Marco Antonio Tavera y de Héctor Baltazar Mendoza, asistente del exgobernador Rafael Moreno Valle, interpusieron diversas demandas en Estados Unidos por hasta 30 millones de dólares contra el fabricante y otras firmas relacionadas con la aeronave siniestrada el 24 de diciembre de 2018. Los deudos acusan a las compañías por responsabilidad objetiva, negligencia e incumplimiento de garantías.
PUEBLA, Pue.– En las mismas fechas en las cuales la Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a mecánicos y otros empleados del taller a cargo del helicóptero en el que murieron la gobernadora, Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador y exgobernador Rafael Moreno Valle, en Estados Unidos familiares de tres de las víctimas presentaron demandas civiles para reclamar indemnizaciones por más de 30 millones de dólares.
Los deudos de la gobernadora, del copiloto Marco Antonio Tavera y de Héctor Baltazar Mendoza, asistente de Moreno Valle, mantienen juicios en distintas cortes estadunidenses contra las empresas Agusta Westland, Aero Technology y Honeywell International, a las que responsabilizan por el desplome del helicóptero Agusta A109S, ocurrido el 24 de diciembre de 2018.
El 21 de diciembre de 2020 Martha Julia Hidalgo Villafañe, madre de la mandataria; Guadalupe Nancy Canales, esposa de Tavera, y Lourdes Mendoza Hernández, madre de Baltazar Mendoza, iniciaron el caso 2:20-cv-06393-RBS en el Tribunal de Distrito del Este de Pennsylvania contra Agusta Westland Philadelphia Corporation, vendedora de la aeronave en ese país.
En el mismo caso piden responsabilizar a la empresa Leonardo, S.p.A., con domicilio en Roma, Italia, y que fue fabricante, diseñadora y exportadora de la aeronave, así como la encargada de elaborar la Lista Maestra de Equipo Mínimo del Agusta A109S.
En este juicio se acusa a ambas empresas de responsabilidad objetiva, negligencia e incumplimiento de garantías, a partir de lo cual los quejosos reclaman “daños compensatorios y punitivos” por un monto superior a los 255 mil dólares, más intereses, daños por demora, costos, honorarios de abogados y “cualquier otra compensación que el tribunal considere apropiado”.
Ese mismo día 21 las mismas personas acudieron ante la corte estatal de Georgia para demandar a la empresa Precision Aviation Group o Aero Technology, la cual vendió y reparó (en reclamo de garantía) uno de los actuadores de balanceo lineal del helicóptero siniestrado.
En el caso 2020CV02807 los demandantes piden una indemnización de al menos 30 millones de dólares, además de que se cubran gastos funerales, de abogados y costos del juicio, así como cualquier reparación adicional que la corte considere “justa y adecuada”.
La tercera demanda civil fue presentada el 22 de diciembre del mismo 2020 contra Honeywell International, Inc., o Honeywell Aerospace, empresa que diseñó, fabricó y comercializó otro de los actuadores que se presume falló en la aeronave.
Este caso se lleva con el número 20CVS16946 en el Tribunal de Justicia de Carolina del Norte, estado donde tiene su domicilio esa empresa, contra la cual se piden cuatro cargos: negligencia y defecto de diseño, defecto de fabricación de la pieza, responsabilidad por falta de advertencia en su producto e incumplimiento de garantías. Por cada una de estas acusaciones los demandantes piden una reparación de al menos 25 mil dólares.
En este último juicio, en lugar de la madre de Baltazar Mendoza se presenta como representante de su “sucesión” el abogado Walter L. Hart IV.
La madre de la gobernadora falleció el 15 de febrero último, por lo cual en las demandas se incorporaron como ofendidos los hermanos de la política panista: Florentino y Juan Carlos Alonso Hidalgo.
Ni los familiares del piloto Roberto Coppe ni los del senador Rafael Moreno Valle participan en estos casos civiles en Estados Unidos, que prácticamente se llevan al mismo tiempo que la causa penal 287/2020/SAN MARTÍN que se sigue en los juzgados del estado de Puebla.
Las demandas en los tribunales estadunidenses se iniciaron apenas tres días antes de que la fiscalía poblana ejecutara las primeras órdenes de aprehensión contra el dueño y trabajadores del taller Rotor Flight Service, quienes junto con tres directivos de Servicios Aéreos del Altiplano, la operadora del helicóptero, son procesados por el homicidio culposo de las cinco víctimas que causó el percance.
Tampoco en ese proceso penal que se lleva en esta entidad han participado familiares del exgobernador panista. Como ofendido por la muerte de Moreno Valle, de manera extraña, se presenta Jorge David Rosas Armijo, quien más bien fue cercano a la exgobernadora, pues fue su secretario particular.
De hecho, en los expedientes quedó asentado que fueron Rosas Armijo y María Mercedes Aguilar López, excolaboradora del senador, quienes tras el siniestro se encargaron de identificar los cuerpos de Alonso Hidalgo y de Moreno Valle.
Apenas la semana pasada, Proceso (edición 2356) publicó que en las investigaciones realizadas sobre la caída de la aeronave las autoridades incurrieron en omisiones y fallas de procedimiento que no dan certeza sobre la causa oficial del desastre. Una de ellas es que un binomio canino de la Marina hizo tres veces la señal de haber detectado explosivos entre los restos del Agusta A109S. Sin embargo, ese indicio nunca fue investigado para confirmarlo.
Defensa legal y alegato
Mediante la plataforma Pacer, este semanario tuvo acceso al caso civil que se lleva en el Tribunal de Distrito del Este de Pennsylvania contra Agusta Westland Philadelphia Corporation y Leonardo S.p.A. En este juicio se exhiben las otras demandas que los mismos familiares presentaron en Carolina del Norte y Georgia.
En los tres juicios la parte ofendida es representada por la firma Kreindler & Kreinder, de Nueva York, la cual se publicita como el bufet de abogados en accidentes de aviación “más importante del mundo” y afirma tener récord de casos ganados.
Otros de los despachos contratados por los familiares son Katzman, Lampert & Stoll (de Pennsylvania), abogados líderes en derecho aeronáutico, así como Jonathan W. Johnson, LLC; Charles G. Monnet III & Associates y Gonzalez & Associates Law Firm, especializados en demandas civiles.
Los casos presentados se basan en el informe que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentó en marzo de 2020, con la supuesta colaboración de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).
Este informe concluyó que el desplome del helicóptero fue causado por una pérdida de control, “debido al alabeo repentino hacia la izquierda”, producto “posiblemente” de que ambos actuadores lineales se extendieron de manera simultánea sin haber sido comandados.
Para fundamentar la demanda en Pennsylvania se presentó el estudio que realizó la NTSB, en el cual se certifica que al abrir uno de los actuadores (SAS1) del helicóptero encontraron que de los dos tornillos que sujetan la tarjeta electrónica de esa pieza, uno estaba suelto y otro semicolocado.
En el juicio contra Agusta Westland los demandantes señalan que el sistema de helipiloto (piloto automático) de la nave tiene varios modos, incluido el aumento de estabilidad (“SAS”).
Abundan que en el Agusta A109S hay dos computadoras helipiloto, dos actuadores lineales que controlan el eje de cabeceo y dos actuadores lineales que controlan el eje de balanceo, denominados SAS 1 y SAS 2.
“Tanto SAS1 como SAS2 están diseñados y destinados a ser capaces de estabilizar el helicóptero por sí mismos”, afirman.
También sostienen que el 24 de diciembre de 2018 la tripulación operaba la aeronave matrícula XA-BON en piloto automático al momento del percance.
“Los pilotos no pudieron recuperar el control del helicóptero después de que el sistema de helipiloto y el actuador de giro lineal fallaron, el helicóptero se volcó y se estrelló contra el terreno, matando a todos los que estaban a bordo, incluidos los fallecidos de los demandantes”, alegan los deudos.
Así, se acusa a Agusta Westland por la supuesta falla que presentó el actuador (SAS1), el cual nunca fue reacondicionado, reparado o reemplazado después de que se fabricó el helicóptero. Se asegura que los tornillos encontrados sueltos “podrían entrar en contacto con otros componentes y terminales eléctricos dentro del actuador, causando extensiones no ordenadas del actuador hasta su desplazamiento completo y, por lo tanto, un giro a la izquierda completo en menos de un segundo”.
Por esta misma supuesta avería del actuador (SAS 1) está fundamentada la demanda contra la empresa fabricante Honeywell.
El segundo actuador
El escrito de la demanda agrega que el 13 de diciembre de 2018 se descubrió que el actuador de balanceo SAS2 del helicóptero no funcionaba correctamente y necesitaba reparación.
“A pesar de que se descubrió que este sistema clave funcionaba incorrectamente, la Lista Maestra de Equipo Mínimo publicada y/o distribuida por Leonardo y Agusta informó a los mantenedores y operadores del helicóptero en cuestión que podría continuar volando con solo un SAS que funcionara correctamente”, añade.
Se agrega que Leonardo y Agusta no proporcionaron otras instrucciones o advertencias sobre el peligro de operar sin que ambos sistemas SAS funcionaran correctamente.
Las firmas de abogados sostienen que las empresas demandas ya tenían el antecedente de dos incidentes similares que involucraron helicópteros A109, los cuales ocurrieron en Alexandria, Minnesota, y en Eastland, Texas.
“En lugar de informar a las autoridades reguladoras, mantenedores y operadores de defectos de diseño existentes en el helicóptero sujeto, los demandados ocultaron dicha información y, en su lugar, modificaron la Lista Maestra de Equipo Mínimo como una “curita” ineficaz al problema sin revelar los peligros conocidos”, dice el escrito.
La demanda contra Aero Tecnology o Precision Aviation Group se centra en que el segundo actuador (SAS2) fue retirado de la aeronave en julio de 2018 para que fuera reparado por esa empresa, bajo reclamo de garantía.
En septiembre de 2018 la pieza se reinstaló en la aeronave y el 13 de diciembre el helicóptero volvió a presentar la misma avería de experimentar un cambio de rumbo durante el vuelo.
Cabe recordar que la falla simultánea de los dos actuadores ha sido cuestionada por peritos que participan en el juicio que se sigue en Puebla.
De acuerdo con esto, la falla del SAS 1 se debió a que los dos tornillos que fijan la tarjeta electrónica internamente estaban sueltos y tocaron los cables internos, con lo cual se produjo un corto, que a su vez generó la extensión completa del actuador lineal sin ser comandada.
Pero expertos en aeronáutica han alegado que esto sería “poco probable”, pues los cables internos van aislados y sus puntas van insertas con recubrimiento para evitar, precisamente, los posibles cortos eléctricos.
Además, han advertido que no se puede determinar si esos tornillos ya estaban sueltos antes de la caída del helicóptero o si se desprendieron por el impacto.
Como parte de la defensa, Agusta y Leonardo presentaron el testimonio de Javier Alegre Rabiela, especialista en industria aeronáutica mexicana y derecho comercial, quien también reitera que el informe de la AFAC se realizó bajo el Anexo 13 del Convenio Internacional de Aviación Civil, cuyo objetivo principal es “la prevención de accidentes e incidentes” y no “repartir culpas o responsabilidades”.
Con ese testimonio, Agusta y Leonardo se pronuncian, además, por que el litigio sobre el desplome de este helicóptero se lleve en México, argumentando que hay condiciones legales, ya que existe otro juicio en trámite en Puebla y “se trata de un asunto de gran relevancia para las autoridades mexicanas”.
