Pese a la creciente presencia de elementos de la Guardia Nacional en Michoacán –5 mil 677 elementos–, los grupos del crimen organizado actúan a sus anchas, siembran el terror entre los pobladores y fuerzan su desplazamiento. Indignado por los “vacíos institucionales”, el presidente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdova, presentó ya una queja ante la CNDH, en la cual pide atender y preservar la integridad de los michoacanos. Y el sacerdote Gilberto Vergara García admite que la entidad atraviesa por tiempos muy oscuros por los tiroteos, quema de casas y secuestros.
MORELIA, MICH.– Envuelto en su mayor escalada de violencia desde que se tiene registro oficial, con amplios territorios bajo el control o la disputa de cárteles del narcotráfico, Michoacán enfrenta sus más altas cifras de asesinatos y desaparición de personas, mientras decenas de sus poblaciones han sido hostigadas por grupos criminales y cientos de familias son víctimas de desplazamiento forzado.
Poco ha servido la creciente presencia de elementos de la Guardia Nacional (GN), la Marina y el Ejército, impulsada en el estado por la actual administración federal: El crimen organizado continúa actuando a sus anchas, sobre todo en municipios de las regiones Tierra Caliente y Sierra Costa.
En su rueda de prensa matutina ofrecida el viernes 3 desde Morelia, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que los 5 mil 677 miembros de la GN asignados a la entidad rebasan numéricamente al total de policías estatales, y anunció que la cifra se elevará todavía más, hasta alcanzar cerca de 10 mil efectivos federales al final del sexenio, sin contar a los 4 mil 487 elementos del Ejército y los mil 491 de la Marina que operan en la actualidad.
Presente en el evento, el general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó que en 2019 y 2020 se construyeron 33 instalaciones de la GN en diversos municipios, mientras que en 2022 se pretende edificar 13 más, así como cuatro coordinaciones de batallón y una coordinación estatal, por lo que el estado contará con 51 cuarteles de la corporación.
No obstante, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a noviembre de 2021 fueron asesinadas en la entidad 2 mil 502 personas, cifra equivalente casi al triple de los 855 homicidios dolosos registrados en el mismo periodo de 2015 y la más elevada de los últimos 25 años.
En la primera mitad de la administración de López Obrador hubo 7 mil 189 víctimas de este delito en Michoacán, cantidad casi igual a los 7 mil 265 asesinatos ocurridos en este lugar durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla, quien asumió el puesto el pasado 1 de octubre, “la herencia que nos dejaron es pesada, pero estamos trabajando todos los días” en coordinación con las fuerzas federales; “eso ha dado resultados, ha disminuido el homicidio en Michoacán, poco a poco estamos reestableciendo la normalidad”, asegura.
Sin embargo, los datos del SESNSP indican lo contrario: durante los dos primeros meses de gobierno de Ramírez Bedolla, octubre y noviembre, hubo 258 y 241 asesinatos, respectivamente, que se ubican entre las cifras mensuales más altas del año.
Respecto de las desapariciones, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas no Localizadas reporta 4 mil 250 casos que hasta la fecha permanecen en esa condición en el estado, de los que mil 819 se produjeron durante la actual administración federal.
El año que concluye ha sido particularmente difícil para las poblaciones de los municipios enclavados en las regiones de Tierra Caliente y Sierra Costa, debido a las incursiones armadas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en su propósito de arrebatar el control del territorio a los Cárteles Unidos, comenta el sacerdote Gilberto Vergara García, párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la cabecera municipal de Aguililla.
“Para nosotros –refiere– ha sido un tiempo muy oscuro, muy complicado porque nos tocó ver aquí en el pueblo lo que no habíamos vivido por lo menos de una manera tan continua: tiroteos, quema de casas, levantones, ese tipo de cosas que tristemente se hicieron hasta cierto punto habituales.”
En entrevista con Proceso, Vergara García señala que la experiencia de Aguililla “es lo que también está pasando ahora, por ejemplo, en Chinicuila; lo que pasó en Coalcomán, lo que pasa en Tepalcatepec, en Buenavista; y, si te fijas, es toda la región con el mismo problema”.
El religioso hace notar que en este contexto del “movimiento intestino de los grupos del crimen organizado”, hasta ahora “el gobierno no ha figurado. Tan es así, que nosotros ni siquiera lo vemos como un actor en medio de esta situación; se supone que sería el que ponga orden en el caos, el que finalmente arregle las cosas, pero ahorita, según la percepción general, no se le ve”.
Añade: “Esperemos que en un futuro no muy lejano se empiece a notar esa fuerza, esa estrategia, ese actuar del gobierno. Nos han pedido paciencia, yo digo que sí hay que tener paciencia, pero que no llegue la solución cuando el problema ya nos haya consumido, porque entonces no tendría razón; para qué pones el remedio cuando el otro ya está muerto”.
El pasado viernes 17, el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Octavio Ocampo Córdova, presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una queja contra el presidente López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y quienes resulten responsables de haber provocado “vacíos institucionales al dejar de atender y preservar la integridad de las personas” víctimas de la violencia en Michoacán.
El texto de la queja, del que una copia fue obtenida por este semanario, indica que los actos violatorios han sido especialmente llamativos, “más aún por el grado de impunidad que prevalece, ya que con ello se han ocasionado pérdidas de vidas, sufrimientos, destrucción, incertidumbre, caos, migración de familias por un desplazamiento forzado a causa de violencia o inseguridad, por la presencia activa de grupos visibles del crimen organizado”.
Ocampo Córdova señala que la delincuencia organizada se apoderó de los municipios de Chinicuila, Aquila, Coahuayana, Aguililla, Coalcomán, Tepalcatepec y Buenavista, así como de las distintas comunidades que se ubican en esa zona, cuyos habitantes no gozan en plenitud de los derechos humanos que consagra la Constitución General de la República.
En su queja ante la CNDH, el dirigente perredista pone como ejemplo el caso del municipio de Chinicuila, que recientemente sufrió afectaciones severas a causa de una serie de ataques, lo que provocó que una parte de la población saliera del pueblo y renunciaran los elementos de la Policía Municipal, por lo que la ciudadanía vive en constante miedo.
“No hay autoridades municipales ni organización en el municipio de Chinicuila, debido a que el ayuntamiento permanece cerrado y se vive la ausencia del presidente municipal, mientras la oficina del referido edil se encuentra con impactos de bala”, narra.
Así también, en la zona afectada no se encuentran al alcance de la población los servicios de salud que debe garantizar el Estado, como en el caso de Chinicuila, donde el centro de salud se encuentra sin médicos ni enfermeras debido al temor que impera en esta zona.
El documento expone también que en materia de seguridad ha permeado una “estrategia fallida”, bajo las instrucciones de “abrazos y no balazos” por parte de la Federación, ya que “las distintas corporaciones de Seguridad Pública, tanto federales como estatales, no han brindado un resultado óptimo en beneficio de la ciudadanía”, por lo que una parte “se ha visto en la apremiante necesidad de salir de manera urgente de sus lugares de residencia, siendo desplazados con motivo de los ataques del crimen organizado”.
Asimismo, Octavio Ocampo solicitó al organismo humanitario tramitar de manera urgente medidas cautelares que garanticen los derechos humanos a la vida, seguridad, salud, libre tránsito, telecomunicaciones, trabajo y los que de ellos deriven. “Se considera la situación urgente por lo que ve con la gravedad del asunto, atendiendo que hay temor fundado y motivado, respecto de la vida e integridad de los ciudadanos”.
Para el sacerdote Gilberto Vergara, la fuerza del Estado ante los grupos del crimen organizado “tiene la gran limitante de una estrategia de nivel gobierno central, que habla de ‘abrazos, no balazos’, entonces las Fuerzas Armadas no pueden hacer lo que de hecho están entrenadas para hacer. Qué queda: estar haciendo como mediación, ‘esténse quietos, no sean violentos’, pero no imponiendo un orden, sino simplemente tratando de mantener una cierta estabilidad con la situación que vivimos”.
—¿No ha funcionado la estrategia de “abrazos, no balazos”? –se le pregunta.
–Yo creo que funciona, pero cuando el pueblo está en paz. Cuando la situación está tranquila. Pero cuando hay un caos generalizado, cuando se están agrediendo, cuando se están tirando con todo, que tú llegues y les digas: “dense abrazos” no solamente suena anacrónico, suena desencajado y fuera de lugar. Yo también me declaro pacifista, pero creo que para que se dé la paz tiene que haber un orden básico, establecido.
En las circunstancias actuales, subraya, “parece que la agenda de los grupos del crimen organizado no cambia por las acciones del gobierno, ellos tienen su estrategia, tienen su actuar y lo siguen haciendo, no ha habido una limitante importante en ese sentido y eso es significativo, eso sí habría que apuntarlo muy bien”.
Vergara García, quien junto con otros ministros religiosos de la región ha enfocado parte de su labor pastoral a apoyar a los sectores de la población afectados por la violencia, considera que a las iglesias no les corresponde suplir las funciones sociales del Estado.
“Hay cosas –dice– que no se suplen; si no se da, queda el hueco; pero a nosotros nos toca la cura de las almas, lo que quiere decir que debemos ocuparnos de personas concretas: no son almas etéreas, no son cosas flotantes, sino que son personas que tienen necesidades físicas y espirituales y a veces se mezclan una y otra cosa”.
Explica: “Si una persona tiene necesidades físicas de seguridad, obviamente las espirituales también detonan y aquí estamos; si no hiciéramos algo estaríamos más ciegos que los que no quieren ver; a veces acusamos al gobierno de que es ciego, imagínate si también nos hiciéramos nosotros los ciegos… peor tantito; pero bueno, yo espero que todos abramos los ojos”.
