En Zacatecas, lejos de ceder, la violencia e inseguridad se incrementan. No sólo eso, pese al Operativo Zacatecas II –el mayor despliegue de fuerzas federales en la entidad que entró en vigor desde el pasado 25 de noviembre– las autoridades de la entidad están divididas. El gobernador David Monreal avala esa estrategia e incluso recortó presupuesto a la fiscalía y al Poder Judicial, lo que lo enfrentó ya con su hermano Saúl –alcalde de Fresnillo, la ciudad más violenta del país–, y con el titular del Poder Judicial, Arturo Nahle.
ZACATECAS, ZAC.– Con un despliegue nunca visto de fuerzas federales –en un intento por detener el avance del Cártel de Jalisco Nueva Generación y su confrontación con el de Sinaloa–, la apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador abre nuevas heridas en la entidad, donde aumentan las desapariciones, desplazamientos forzados, así como las denuncias por detenciones arbitrarias y otros abusos.
El gobernador morenista David Monreal Ávila y las autoridades federales consideran la estrategia de seguridad –denominada Zacatecas II y puesta en marcha el 25 de noviembre–, como un éxito, mientras los alcaldes de Fresnillo, Saúl Monreal –hermano del gobernador–, y de Valparaíso, Eleuterio Ramos Leal, han cuestionado su eficacia de manera abierta.
Para el magistrado presidente del Poder Judicial del estado, Arturo Nahle García, es “muy complicado” que el clima de inseguridad y sus impactos disminuyan; incluso advierte que los resultados dependen de que “gane un cártel u otro; o cuando se pongan de acuerdo entre ellos”.
La aparente disminución de los homicidios dolosos, presumida por los gobiernos federal y estatal durante los primeros 25 días del operativo, contrasta con el incremento de desapariciones de personas, algunas incluso han sido sacadas con violencia de sus hogares; otras, raptadas en retenes instalados por pistoleros en carreteras y terracerías.
Asimismo, agentes de la Guardia Nacional y del Ejército han llevado a cabo detenciones, lo que pone en entredicho la actuación de esas corporaciones.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de enero a noviembre de 2021 aumentaron las quejas contra ambas instancias por violación a derechos humanos: nueve quejas contra la Guardia Nacional y otras tantas contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En 2021 en Zacatecas también hubo un embate inédito de desapariciones. Desde mediados de noviembre, las fichas de búsqueda de personas desaparecidas emitidas por la Fiscalía de Justicia local comenzaron a inundar las redes sociales con fotos de mujeres y hombres jóvenes y adultos mayores.
Hasta el 22 de diciembre, una consulta a la plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), arroja 804 personas en esta calidad en ese año, más del doble que las registradas en durante 2020 (338).
Políticas contradictorias
El activista Ricardo Bermeo Padilla, vocero de tres organizaciones de familiares de desaparecidos en el estado –Familias Unidas en Busca de Esperanza, Zacatecanos y Zacatecanas por la Paz, así como Amor, Esperanza y Lucha– sostiene que la falta de investigación del contexto en que ocurren las desapariciones impide saber qué las motiva.
Ese análisis debería hacerlo la Comisión Local de Búsqueda de Personas, pero está prácticamente desmantelada. Por falta de presupuesto, dice, fueron despedidos en septiembre 23 trabajadores, más de la mitad de su personal, entre arqueólogos, antropólogos forenses, criminólogos y demás personal especializado en búsqueda de desaparecidos.
El gobierno estatal optó por transferir a la Comisión a “policías estatales que fueron escoltas de funcionarios del pasado gobierno, e incluso de la familia del exgobernador Alejandro Tello”, comenta un funcionario del gobierno de David Monreal, quien pide omitir su nombre. La falta de personal y la inseguridad prevaleciente, agrega, obligaron a suspender esas búsquedas en campo desde principios de noviembre pasado.
Sobre las desapariciones, el fiscal de Justicia Francisco Murillo expone diferentes hipótesis: desde los ajustes de cuentas entre integrantes del crimen organizado; casos fortuitos de privaciones ilegales de “familiares que iban juntos, acompañándose (viajando en un mismo vehículo), cuando los delincuentes los secuestran; no sabemos si es por uno o por otro motivo o por circunstancias del momento”.
Se desconoce también hasta que grado las desapariciones se dan para reclutar a nuevos integrantes para el crimen organizado, dice; “tampoco estamos cerrados a esa hipótesis. Tiene mucho sentido lógico, porque es una manera de reclutamiento obligado, a fuerzas, incluso por amenazas a las familias y que se puede dar”, admite el fiscal.
En una lógica contraria a su discurso de combate a la inseguridad, el gobernador David Monreal recortó 41 millones de pesos a la Fiscalía de Justicia y 35 millones al Poder Judicial en el paquete económico 2022, aprobado por la aplanadora morenista en el Congreso local.
El presidente del Poder Judicial, Arturo Nahle, reaccionó: “Si usted me pregunta ¿cómo se va a resolver (la inseguridad)? Primero, no va a ser bajando el presupuesto a las instituciones que se encargan de investigar y castigar los delitos.
“¿Con más presencia de la Guardia Nacional y del Ejército? Sí, Estas corporaciones generan un efecto disuasivo… Lo que puede finalmente aminorar este clima de violencia es cuando gane un cártel o el otro; cuando se pongan de acuerdo entre ellos. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir viendo asesinatos todos los días”.
Los otros datos
Tres helicópteros artillados sobrevolaron el pasado 26 de noviembre la ciudad de Fresnillo, considerada la más insegura del país. En el campo del 97 Batallón de Infantería en ese mismo municipio, el gobernador David Monreal dio la bienvenida a los agentes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano que arribaron ese día a territorio zacatecano.
Con el operativo Zacatecas II, según detalló el gobierno estatal, se dispuso de 1 mil 954 militares y 2 mil 745 elementos de la Guardia Nacional que se desplegaron en 23 nuevos puntos de vigilancia en carreteras, en las casetas de las cuatro Unidades de Regionales de Seguridad y en zonas limítrofes con los estados vecinos; además, asumieron las funciones de seguridad pública en nueve municipios que carecen de policía local.}
Este refuerzo de armas se sumó a los tres batallones con que contaba ya el Ejército: el 97 en la zona norte (Fresnillo), el 52 en la región centro (zona militar de Guadalupe), en la 53 en la zona sur (Tlaltenango), y la Compañía de Infantería No Encuadrada, ubicada en el municipio de Jalpa.
A dos semanas de arrancar el operativo, el gobernador David Monreal alardeó una disminución de 78% en los homicidios y presumió a Fresnillo como “el más emblemático en su comportamiento”, con una baja de 79.5%. Sin embargo, tras este anuncio se registró una serie de asesinatos por parte de grupos armados; los restos humanos quedaron en calles y espacios públicos de ese municipio minero.
El alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, ha tomado las cifras con menos optimismo que su hermano el gobernador. Tiene sus razones: en marzo de 2021, con la llegada de agentes de Guardia Nacional a esa demarcación –tras considerarse uno de los 50 municipios prioritarios del gobierno federal– la incidencia de homicidios disminuyó en las dos primeras semanas, pero después se disparó.
Algo similar ocurre ahora: en la tercera semana de la estrategia “Zacatecas II” se duplicaron los asesinatos, al pasar de 12 a 24 en el periodo del lunes 13 al viernes 17 de diciembre. Coincidentemente, se incrementó la incidencia de la privación ilegal de la libertad.
Los sobrevuelos de los helicópteros fueron debut y despedida, refieren habitantes de Fresnillo y Valparaíso. Y ya con el patrullaje de los refuerzos federales, al menos ocho personas fueron privadas de libertad por civiles armados, quienes balearon tres viviendas e incendiaron otras siete durante la madrugada del miércoles 15 y sábado 18 en colonias populares de la ciudad de Fresnillo.
El escenario de repitió en las primeras horas del martes 21, con la irrupción a cuatro viviendas en dos colonias para el mismo propósito; después se hallaron dos cadáveres a unos metros del 97 Batallón de Infantería.
Fuentes de seguridad reportan una mayor cifra de personas raptadas por grupos armados en la irrupción a viviendas, pues casos similares han ocurrido en comunidades de Monte Escobedo y Tepetongo, municipios limítrofes con Jalisco.
Ante esa ola de violencia, el alcalde Saúl Monreal expresó que la estrategia no cumple con su cometido. “La realidad es que en el municipio no ha habido gran avance (en materia de seguridad). Creo que es necesario invitar al presidente López Obrador a Fresnillo, para que vea que es uno de los municipios más conflictivos…”
En una entrevista radiofónica la semana pasada el alcalde destacó: “La verdad es que en Fresnillo no se asienta el tema de la violencia, lamentablemente”
Fuerzas federales cuestionadas
Una detención difundida por las autoridades federales y estatales como golpe a la delincuencia organizada ha puesto en entredicho el actuar de la Guardia Nacional y del Ejército en la entidad por presuntas violaciones a derechos humanos, según denuncias referidas a Proceso.
Familiares de cuatro jóvenes privados de su libertad expusieron que son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de formar parte de un grupo delincuencial que se enfrentó con militares y guardias nacionales el viernes 10 de diciembre en la comunidad Las Cabras, municipio de Pinos, limítrofe con Aguascalientes y San Luis Potosí.
Se trata de Lucio Álvarez Pérez de 29 años, José Juan Juárez Escogido de 22, Gerardo García Puente de 24 y Prisciliano Sauceda Silva de 36, quienes, de acuerdo con sus padres, esposas, familiares y amigos, se dedican a la herrería, albañilería y al campo. Según la versión de las autoridades, los cuatro fueron detenidos junto con 18 hombres después de un enfrentamiento en el que abatieron a tres y les decomisaron armas largas y cortas.
La versión de los familiares de los detenidos es distinta: los jóvenes salieron el 20 de noviembre de sus hogares en las comunidades Guadalupe Victoria y El Zacatal rumbo a la comunidad de La Pendencia –todas del municipio de Pinos–.
Iban a verse con un “coyote” que los trasladaría a la frontera para cruzar como indocumentados a Estados Unidos; en una carretera fueron interceptados por hombres armados con vestimenta tipo militar, quienes los privaron de su libertad. “Desde ese día ya no tuvimos noticias de ellos“, dice la madre de uno de los cuatro detenidos.
Las familias esperaron 10 días a que sus captores pidieran rescate para liberarlos. Al no tener noticias, interpusieron denuncias por la desaparición de los jóvenes en la Fiscalía de Justicia de Zacatecas, que emitió las respectivas fichas de búsqueda. En realidad “nunca fueron a buscarlos, no hicieron nada” reprocha María, hermana de uno de los detenidos.
La noche del viernes 10 de diciembre, después de 20 días, las familias de Lucio, José Juan, Gerardo y Prisciliano recibieron una llamada telefónica de personal de la FGR, delegación Zacatecas, para avisarles que los tenían detenidos.
Al día siguiente, pudieron verlos. “Sólo nos dejaron verlos 5 minutos. Traían la misma ropa con que se fueron, todos sucios. Ellos nos dicen que los secuestraron”, dice la madre de uno de los detenidos.
Un juez federal resolvió el miércoles 15 vincular a proceso penal a los cuatro trabajadores, acusados de portación de armas de uso del Ejército, de intento de homicidio de un oficial que salió herido y daños a la propiedad ajena. Nadie de su familia pudo acompañarlos en la audiencia por restricciones sanitarias; también les impiden visitarlos en el penal varonil de Cieneguillas, donde permanecen recluidos.
“El juez nomás consideró el testimonio de los soldados”, según el cual “los muchachos estaban junto a las armas, ni siquiera las tenían en sus manos; a nuestras pruebas no le hizo caso. La fiscalía no presentó alguna pericial a pesar de que el juez antes había pedido les hicieran la prueba de radizonato (de sodio) para para ver si dispararon las armas o que sus huellas dactilares estaban en ellas”, reprocha la hermana de Lucio.
Parientes, amigos y habitantes de las comunidades de donde son originarios los detenidos se manifestaron el martes 14 frente a Palacio de Gobierno y en el Congreso del Estado para exigir su inmediata liberación.
Cuentan con cartas de sus patrones, conversaciones de WhatsApp sobre su viaje a Estados Unidos, fotografías de ellos trabajando y otras referencias para demostrar que los jóvenes tienen un modo honesto de vivir.
María teme que su hermano y los otros tres jóvenes “sean usados como chivos expiatorios para el gobierno presumir que está dando sus resultados contra la inseguridad”.
