A representantes de buscadoras de desaparecidos en Guanajuato, como el colectivo Hasta Encontrarte, que dirige Efigenia Mendoza, les sorprende que los gobierno federal y estatal estén combatiendo la violencia con la violencia en las que ellas y la ciudadanía también pierden. Pese a el creciente amedrentamiento que en los últimos tres años han padecido, siguen luchando. Ellas quisieran más juicios, más sentencias, planes estratégicos reales, de corto, mediano y largo plazos. Su apuesta, reiteran, es por la justicia en la entidad y en el país.
GUANAJUATO, GTO.– En un estado como Guanajuato, que por cuarto año consecutivo encabeza el número de homicidios dolosos en el país, este 2021 cada día se han cometido nueve asesinatos en promedio y se ha denunciado la desaparición de una persona al día en los últimos tres años. Las víctimas y sus familias han vivido “en medio de una guerra sangrienta en la que se combate la violencia con más violencia y nosotros perdemos; una guerra que también es política (entre el gobierno federal y del estado) y en la que no somos daños colaterales”.
Así habla Efigenia Mendoza, vocera del colectivo Hasta Encontrarte, conformado por familias de personas desaparecidas. El lunes 13, ella e integrantes de dos de los 14 colectivos organizados en la entidad se plantaron afuera de Palacio Nacional, en la Ciudad de México; llevaron simbólicamente las fosas clandestinas de Guanajuato a la plancha del Zócalo, donde fue vertida la tierra de un camión y sobre ella colocaron las fotografías de mujeres y hombres que son buscados.
“Guanajuato tiene todo para salir de la crisis de violencia y derechos humanos que estamos viviendo; está en un contexto muy diferente al de Tamaulipas, Veracruz. No es un estado pobre, que no haya recibido presupuesto; tiene todas las herramientas, recursos para salir de la crisis de violencia y de desaparición”, dice la buscadora a Proceso. Y agrega: “pero ninguna autoridad habla de la prevención del delito y de la desaparición, porque no lo aceptan. Y ¿cómo se va a prevenir algo que no se acepta?”.
Al mes de noviembre, se habían cometido 3 mil 239 homicidios dolosos en el estado; cada día, entre enero y noviembre se iniciaron 175 carpetas de investigación por delitos de alto impacto.
Para combatir esta incidencia delictiva atribuida principalmente a la fuerza criminal que el Cártel de Jalisco Nueva Generación ha ganado, en los tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han enviado contingentes del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional que, para finales de noviembre sumaban 12 mil 63 elementos.
Un gran despliegue, sin duda, mayor al total de los policías del estado y los agentes preventivos de los 46 municipios en funciones que, también a finales de noviembre eran 10 mil 725. El propio López Obrador resaltó ese comparativo en su visita a la Zona Militar de Irapuato el día 26 de ese es, cuando habló de la estrategia y las acciones de su administración para frenar la criminalidad en la entidad.
Patrullajes disuasivos
Entre marzo y septiembre de este año, según los comunicados de la propia Secretaría de la Defensa Nacional –algunos emitidos desde la XVI zona militar XVI, otros desde la XII Región Militar– de por lo menos cinco momentos en los que arribaron tropas federales en contingentes de 700, mil y hasta mil 900 soldados.
En varios casos fueron asignados a patrullar de manera disuasiva en León, Celaya, Irapuato, Salamanca y Apaseo el Grande, que han presentado los más graves síntomas de la violencia.
Mientras ese impresionante número de efectivos patrulla los rumbos más peligrosos de la entidad, para la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato –organización que documenta y acompaña casos de víctimas del delito y violaciones a derechos humanos en el estado– “la situación de los derechos humanos se ha agravado”, según una ficha de análisis entregada a la reportera.
Esta y otras organizaciones como la Red por la Infancia en México (Redim) deploran que en Guanajuato hayan sido asesinados más menores de edad que cualquier otra entidad este año: 149 a noviembre.
“La militarización de la seguridad pública, con incremento exponencial de efectivos de Sedena y la GN desplegados en la entidad, según información recabada por la Plataforma, ha ido de la mano del aumento de disputas entre grupos criminales, diversificación de negocios ilícitos, homicidios, desapariciones y hallazgo de verdaderos campos de exterminio: impunidad y colusión de autoridades explican parte de esta crisis”, son los otros daños, según esa organización.
En un recuento de los últimos tres años (que corresponden a la mitad de las actuales administraciones estatal y federal), una de cada dos carpetas iniciadas por desaparición se ha registrado en este periodo y “se han acumulado cerca de 15 mil homicidios dolosos en la entidad”, expone la Plataforma.
Esta organización se integró a un monitoreo de la seguridad en el estado para el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede). En este reporte concluye que Guanajuato tiene una institucionalidad “débil” que con el crecimiento de la delincuencia “está expuesto a la corrupción de los poderes fácticos”.
En su Atlas de seguridad y defensa 2020, la Casede destaca un dato significativo: “La violencia en Guanajuato contradice la hipótesis del gobierno federal de que (esa violencia) se asocia a la pobreza”.
El recrudecimiento de la violencia muestra la debilidad de las instituciones locales, pero la federación tampoco ha logrado establecer una respuesta eficaz; “ni las desapariciones ni la venta de combustible robado han descendido”, señala la Plataforma.
Aunque el discurso del gobierno encabezado por el panista Diego Sinhue Rodríguez apunta a fortalecer a las policías municipales, en los hechos “ha impuesto un mando único de facto en la mayor parte de los municipios, yendo en contra de las recomendaciones de expertos… el ejemplo más claro es la reciente desaparición de la policía municipal de Juventino Rosas, sin un plan para la confirmación de un nuevo grupo, y sin mostrar una ruta para investigar a los elementos que, supuestamente, “participaban en las desapariciones”, como afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca.
La Plataforma por la Paz cita datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que reflejan excesos y violaciones a derechos humanos con presunta responsabilidad de las fuerzas federales.
“Las quejas iniciadas en el sector justicia en Guanajuato pasaron de 39 en 2019 a 50 en 2020; es decir, aumentaron un 28%. Este mismo Sistema señala que durante 2020 y 2021 se iniciaron 50 quejas por violaciones a derechos humanos presuntamente cometidos por la Guardia Nacional”.
Como ejemplo, citó los casos de dos buscadoras hostigadas por elementos de la Guardia Nacional, lo que presuntamente implica la posible colusión de esos guardias con grupos delincuenciales, o bien que “atienden denuncias anónimas iniciadas por la intención de hostigar a objetivos específicos”.
Uno de esos casos fue el allanamiento de la casa de Paula, integrante de uno de los colectivos de buscadoras, a principios de septiembre. En ese operativo participó una veintena de elementos de la GN, quienes “amenazaron a su hermano (de Paula) al salir del lugar”. Le dijeron: “Donde te veamos, te vamos a desaparecer”.
Prácticas criminales
La misma Plataforma por la Paz, en ocasión de la reciente visita del Comité contra la desaparición forzada de la ONU a México, cuyos integrantes incluyeron en su itinerario a Guanajuato como una de las entidades prioritarias, lanzó la alerta:
“En Guanajuato había 2 mil 619 personas desaparecidas al 12 de noviembre de 2021. El 51.6% (mil 351) de esas personas fueron reportadas como desaparecidas en los últimos tres años –desde el 11 de noviembre de 2018–, dando cuenta de una escalada reciente muy pronunciada y extendida geográficamente, pues la cifra no ha dejado de aumentar”.
Y como contexto se hace notar que “hay testimonios y registros frecuentes en Guanajuato de las y los sobrevivientes, víctimas directas e indirectas de la desaparición, quienes hablan de un recrudecimiento y sistematicidad de la violencia; de ataques por parte de grupos armados de tipo paramilitar, vestidos como militares o con equipamiento táctico, a bordo de camionetas de rediles y con armamento de uso exclusivo del Ejército; de operaciones de rastreo y desapariciones masivas, sobre todo en ciertas colonias, en anexos y casas particulares; así como de falsos retenes, confusión creciente entre agentes policiacos y grupos ilegales; y prácticas criminales de control territorial, extorsión y extracción forzada de rentas y recursos en contra de la población”.
Este 2021 fue de búsqueda, pero también un año en el que los colectivos tuvieron que replegarse en sus recorridos en varios municipios por la hostilidad que encontraron, sobre todo en las zonas donde los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima tienen presencia. El riesgo y las amenazas se tradujeron en el asesinato, a finales de mayo en Salvatierra, de Javier Barajas Piña, un buscador que se integró posteriormente a la Comisión estatal de búsqueda para apoyar a las familias.
El miedo se apoderó de estos grupos, cuyos integrantes, con varillas y palas, rastrean sembradíos, cerros y llanos de Celaya, Juventino Rosas, Valle de Santiago o León, siguiendo las huellas de sus familiares desaparecidos. Amenazas directas obligaron a varias buscadoras a solicitar la protección del Mecanismo Federal de la Secretaría de Gobernación.
“Fue un parteaguas en el proceso de nuestra búsqueda; todas nos detuvimos a pensar si queríamos seguir en la búsqueda porque vimos que sí nos podían matar”, cuenta Efigenia Mendoza.
“Nos paramos, secamos nuestras lágrimas, adoptamos el miedo y decidimos seguir adelante. La exigencia es precisamente la justicia, la no repetición, la prevención, la seguridad de las madres buscadoras en Guanajuato”.
La vocera precisa que los colectivos sumaron denuncias por desaparición forzada que involucran a la Guardia Nacional, a la Marina y al Ejército. El colectivo Hasta Encontrarte tiene al menos tres de estas denuncias, correspondientes a 2018, 2019 y 2021, que señalan al Ejército, la Marina y la GN como posibles involucradas en desapariciones. Otros colectivos también tienen denuncias o carpetas similares.
Con todo, la estrategia de la federación y el estado basada en la fuerza armada parece no tener vuelta atrás. En su visita a Irapuato el 26 de noviembre, el presidente López Obrador habló de cómo el gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez y él hicieron de lado sus diferencias políticas para coordinarse en estas acciones.
Incluso anunció que, a las 18 sedes de la GN Nacional construidas a la fecha, se sumarán 23 más que se tiene previsto edificar entre 2022 y 2023, así como siete coordinaciones de batallón. En total habrá en dos años más 48 instalaciones de la GN en Guanajuato.
López Obrador hasta se negó a hablar de su insistente petición para que el polémico fiscal del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, renuncie, “por cortesía con el gobernador”, aunque aclaró que no ha cambiado de opinión sobre el funcionario.
Para las familias de las personas desaparecidas, ambos gobiernos han afectado a las víctimas por sus diferendos políticos y por negarse a admitir la grave situación en la entidad, dice Efigenia Mendoza.
Y añade “La Federación también está violando nuestros derechos. Nos revictimiza, nos mete en su guerra política sucia cuando sale (el presidente López Obrador) a decirle al comité de la ONU que la desaparición no es un problema de su sexenio, que es cosa del pasado, y que ellos han hecho cosas increíbles por las víctimas.
“Es como escuchar el discurso del fiscal de Guanajuato de que 95% de las personas aparecen con vida, que las personas sin vida son identificadas en 30 días y que se entregan en tiempo y forma y de manera digna, etcétera. Ahí nos sigue debiendo”.
Sostiene que la violencia repuntó claramente en 2017, pero detonó en el 2018. “Los desaparecidos de Guanajuato son también de este gobierno federal… ¿Qué pasó con la guerra contra el huachicol?, ¿qué saldo dejó realmente? El huachicol es un problema que no se detuvo, que sigue igual, pero que sí se llevó a muchas víctimas entre los pies.
“En los bloqueos en carreteras, cuando ciudades como Celaya y los Apaseos fueron secuestradas, muchos de los desaparecidos iban en carretera a visitar a sus familias y ahí los levantaron y de ahí no se volvió a saber nada de ellos”.
Y ahora, concluye, el despliegue de Fuerzas Armadas “es un mensaje equivocado de cómo vamos a parar la violencia en nuestro estado. El mensaje del gobierno federal es responder con más violencia a la violencia que ya estamos viviendo, en lugar de apostarle más a la justicia en el estado de Guanajuato y en el país; que haya más juicios, más sentencias, tener planes estratégicos reales, verdaderos, alcanzables a corto, mediano y largo plazos.
“Si el gobierno federal da este mensaje de ‘quiero terminar con la violencia sumando más violencia’, pues ahí se vuelve ridículo también su discurso de abrazos, no balazos. Porque con esos balazos, más personas muertas, más desaparecidas, más masacres. No vemos en Guanajuato que esto vaya a tener fin”.
