A principios del próximo año se debatirá en el Congreso de la Unión sobre varias iniciativas para regular la objeción de conciencia del personal médico. Se prevé un debate encendido, ya que varias asociaciones del gremio y grupos provida sostienen que el avance de los derechos reproductivos y de la diversidad sexual ha mermado el derecho de los profesionales de la salud a negarse a realizar abortos, eutanasia y cambios de sexo.
En medio de fuertes presiones del gremio médico y la Federación Mexicana de Objetores de Conciencia (Femoc) –que se está formando con distintas organizaciones del ramo–, el Congreso de la Unión deberá expedir una nueva ley en materia de objeción de conciencia para el personal médico del país, pues la legislación anterior fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en septiembre pasado.
El abogado Marcelo Bartolini, director de Artículo 18, organización civil que aboga por los derechos de la libertad de conciencia, adelanta a Proceso:
“Ya se está dando mucha actividad en ambas cámaras para debatir el tema de la objeción de conciencia, pues hay nueve iniciativas de ley: cinco en el Senado y cuatro en la Cámara de Diputados. Fueron elaboradas por legisladores de Morena, del PAN, del Partido Verde Ecologista y de Movimiento Ciudadano. Es muy probable que las empiecen a presentar a principios de 2022, en el próximo periodo ordinario de sesiones.”
–¿Cada partido trae su postura propia?
–Las iniciativas no vienen por bloque partidista. Los legisladores que las presentan no se pusieron la camiseta de sus respectivos partidos, como ocurre en otros temas donde sí traen línea. Aquí no sucedió eso. Por ejemplo, los legisladores de Morena elaboraron iniciativas con posturas encontradas entre sí. Creo que los partidos dejarán a sus respectivos legisladores votar en conciencia, de manera individual. Pero eso sí, se vendrá una discusión muy fuerte en el Congreso.
Augura Bartolini que, más que partidista, en el Congreso se dará una lucha entre un sector de la sociedad que apoya la interrupción del embarazo, los derechos de la mujer y de la comunidad lésbico-gay, y por otro lado, el del sector provida, que rechaza el aborto y defiende el derecho a la objeción de conciencia del gremio médico.
Esta lucha viene dándose desde 2018, dice, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le solicitó a la SCJN eliminar el derecho a la objeción de conciencia del personal médico, estipulado en el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, ya que era “discriminatorio” contra las mujeres y atentaba contra sus derechos “sexuales y reproductivos”. Estipulaba textualmente dicho artículo:
“El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral.”
Los pasados 13 y 20 de septiembre los ministros de la SCJN debatieron el caso. Finalmente decidieron invalidar el artículo 10 bis, por considerar que no establecía límites claros entre el derecho de los médicos y enfermeras que se niegan a realizar abortos y, por otro lado, el derecho de las mujeres a interrumpir sus
embarazos.
Aclaró la Corte que es constitucionalmente válido el derecho a la objeción de conciencia, pero invalidó el artículo por no delimitar con claridad estos dos derechos, ya que su redacción era deficiente y se prestaba a abusos. Fue entonces cuando le pidió al Congreso de la Unión realizar una nueva redacción del controvertido artículo. Mientras tanto, los objetores se han quedado sin esa defensa legal.
El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, dijo que dejar el artículo como estaba redactado era dar “un cheque en blanco” contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Al respecto dice Bartolini: “El marco jurídico internacional respalda plenamente el derecho a la objeción de conciencia. La Corte no tenía por qué invalidar la disposición de la Ley General de Salud que daba ese derecho al personal médico. Tengo la impresión de que, por encima de su independencia y autonomía, los ministros de la Corte se sujetaron a los intereses de un poder de facto que les impuso su agenda”.
Médicos, “grupo vulnerable”
Rodrigo Iván Cortés Jiménez, dirigente del Frente Nacional por la Familia, que aglutina a más de 800 organizaciones provida respaldadas por la Iglesia Católica y algunas evangélicas, asegura: “La Corte invalidó al 10 bis de manera totalmente arbitraria, dejando en la incertidumbre jurídica a los objetores de conciencia. Fue un gran atropello a sus derechos. Los ministros se plegaron a los dictados de la ideología de género”.
Esta decisión, afirma, tiene que ver con la resolución de la SCJN de considerar inconstitucional la penalización del aborto, fallo que dio el 7 de septiembre, para luego invalidar la objeción de conciencia del personal médico opuesto al aborto.
“Todo estuvo bien orquestado: la Corte primero avaló el aborto y luego invalidó el derecho que tienen los médicos a no practicarlo porque lo consideran un crimen. Les impidió cumplir con un compromiso ético fundamental. Es un atentado contra todo el gremio médico”, recalca.
Al margen de iglesias y creencias religiosas, varias universidades, organizaciones de médicos y comisiones de bioética están defendiendo la objeción de conciencia porque –dicen en sus pronunciamientos– es un derecho del gremio médico.
Por ejemplo, la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología asegura: “La mejor vía legal para preservar el derecho a decidir o disentir por parte de los médicos, así como expresar la voluntad propia en función del respeto a su autonomía y dignidad personal y profesional, es la objeción de conciencia”.
Y recuerda que ésta se fundamenta en el “derecho humano a la libertad de pensamiento, conciencia y religión”, que está “plenamente reconocido y protegido” en los artículos 6 y 24 de la Constitución.
Por su lado, apoyándose en la legislación internacional, la Facultad de Medicina de la UNAM dice en su pronunciamiento: “Encontrados en una sociedad laica, la objeción de conciencia reconoce en el personal sanitario el derecho humano a la libertad, de conciencia y religión, proclamados en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entendiendo que ningún Estado puede obligar a un ser humano a realizar acciones que sean discordantes con sus juicios de carácter reflexivo”.
Mientras que casi 30 colegios y asociaciones de médicos, de distintas especialidades –pediatras, ortopedistas, traumatólogos, neurocirujanos, acupunturistas, etcétera– externan en un posicionamiento conjunto lo siguiente: “Hoy el gremio médico se ha convertido en un grupo vulnerable al pretenderse mediante criterios unilaterales restringir su libertad y capacidad de decisión autónoma, al intentar desaparecer su derecho a la objeción de conciencia, sólo por presiones o exigencias sociales”.
Según el estudio Objeción de conciencia, enseñanza transversal en bioética y bioderecho, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en México hay “una alta tasa de personas objetoras de conciencia”, principalmente en el tema del aborto, al grado de que “alrededor del 80% de los gineco-obstétricos del sistema nacional de salud rechazan dicho proceso”.
Este alto porcentaje de objetores –prosigue el estudio– puede llegar a “restringir el acceso a los servicios de aborto legal en el país, acceso a métodos anticonceptivos y a derechos relacionados con salud sexual y reproductiva, por falta de personal médico que los practican”.
De ahí la necesidad, concluye, de “lograr una conciliación adecuada” entre los derechos del personal sanitario y los derechos de los usuarios de los servicios de salud.
Por el parlamento abierto
José Francisco Alba Estrada, miembro del Consejo Nacional de Médicos por la Vida, una de estas organizaciones con presencia en todo el país, aclara:
“En México hay muchos médicos que defendemos la vida desde el momento de la concepción con fundamentos estrictamente científicos, de carácter biológico. Incluso el juramento hipocrático, sustento de nuestra ética médica, nos prohíbe practicar abortos. De manera que somos totalmente ajenos a cualquier Iglesia o creencia religiosa.”
Y lamenta el hecho de que actualmente “la tendencia es plegarse a la ideología de género, al grado de que algunas universidades están modificando el juramento hipocrático para que sus egresados de medicina ya no rechacen el aborto… Pero finalmente nada se puede imponer sobre la conciencia, ésta nos impide ejecutar crímenes”.
La doctora Melina Amador, también integrante de Médicos por la Vida, señala: “El más afectado por la decisión de la Corte es el personal objetor que directamente realiza los abortos, como son los gineco-obstetras, anestesiólogos o urgenciólogos. Todos padecen cargos de conciencia terribles, sufren una fuerte ansiedad y depresión”.
–¿Es común que en los hospitales se les obligue a practicar abortos?
–Sí, sus centros de trabajo se los exigen. Por eso hay muchos objetores de “closet”; tienen que esconder sus convicciones porque de lo contrario los despiden del trabajo. ¡Es terrible!
Indica que esto ocurre sobre todo en las entidades federativas donde sus leyes ya permiten el aborto voluntario –Oaxaca, Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz y Coahuila–, porque ahí las instituciones de salud se adaptan al marco jurídico
estatal.
En Oaxaca, por ejemplo, “es muy común que en los hospitales públicos se obligue a los médicos residentes en gineco-obstetricia a practicar abortos, pese a ser objetores”, señala la doctora Alejandra Villa Ávalos, integrante de la organización de objetores Área Médica por la Vida, con presencia en esa entidad.
Agrega Villa: “Los médicos residentes, que estudian esa especialidad, son el sector más vulnerable a estos atropellos, lo mismo los pasantes de medicina. Aquí en Oaxaca la legislación es muy adversa para nosotros, pues ya incluso permite que los menores de edad se sometan a operaciones quirúrgicas para cambiarse de sexo”.
–¿Ustedes también se oponen a estas cirugías?
–¡Claro! Por ética profesional no debemos amputar miembros sanos ni participar en la eutanasia, que sobre todo se está aplicando en los enfermos terminales porque resultan muy costosos para el Estado. De manera que basta con aplicarles una inyección letal para deshacerse de ellos… Pero la función del médico es dar vida, no quitarla.
Actualmente las organizaciones de médicos objetores están formando la Femoc, mediante la cual ya le exigen al Congreso de la Unión que escuche sus puntos de vista y realice a “parlamento abierto” el debate para reformular el controvertido artículo 10 bis.
Uno de los principales impulsores de esta federación, el ginecólogo José Antonio Moreno Sánchez, comenta: “En la Femoc tienen cabida tanto organizaciones de médicos objetores como cualquier trabajador de la salud que, de manera individual, quiera unirse a nuestra lucha, pues lo importante es presionar a los legisladores para que, en parlamento abierto, escuche nuestra postura antes de hacer una nueva ley. No queremos ninguna imposición”.
Mientras tanto –de acuerdo al sondeo realizado por Bartolini– en el Senado ya están las siguientes cinco iniciativas: la elaborada por el cardiólogo tamaulipeco Américo Villarreal, de Morena; la de Ernesto Pérez Astorga, también morenista; la de Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano; la de Gabriela Benavides Cobos, del PVEM; y finalmente la elaborada por el grupo parlamentario del PAN.
Y de las cuatro iniciativas que tiene la Cámara de Diputados, tres fueron hechas por legisladores de Morena –César Agustín Hernández Pérez, Lidia García Anaya y María Guadalupe Chavira–, la restante es del diputado del PAN Éctor Jaime Ramírez Barba, un médico guanajuatense integrante de la Comisión de Salud.
