El polémico artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que le permitía al personal médico negarse a prestar sus servicios por objeción de conciencia, no sólo atentaba contra el “derecho a la protección de la salud” estipulado en la Constitución, sino también contra los “derechos sexuales y reproductivos” de las mujeres y contra el “acceso oportuno a la atención médica” que debe tener toda la población del país.
Además, por ser una legislación secundaria, a la Ley General de Salud no le correspondía imponer todas esas “restricciones” que van contra lo dispuesto en la Constitución, de manera que también se estaba violando el “principio de supremacía constitucional”.
Incluso, al darle todas estas ventajas legales a los objetores de conciencia, se corría el riesgo de que éstos después se negarán a dar “consultas médicas”, a realizar “transfusiones de sangre” y también a participar en las “campañas de promoción o concientización” emprendidas por las autoridades del sector salud.
Estas fueron las razones que llevaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a mediados de 2018, una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 10 bis.
En su impugnación, la CNDH afirmó que dicho artículo “regula de manera deficiente la objeción de conciencia, en virtud de que implica un obstáculo para el ejercicio pleno del derecho a la protección de la salud de las personas, pues no establece de manera expresa las garantías necesarias para proteger de forma plena su salud”.
Y entre las “garantías” que no quedaban establecidas en el artículo estaba la de asegurar que en los hospitales exista siempre personal médico “no objetor”, para que así pueda reemplazar a quienes sean objetores cuando éstos se nieguen a prestar sus servicios, garantizándole así al paciente “los servicios sanitarios solicitados”.
De esta manera –prosigue la CNDH–, el artículo impugnado “no garantiza el acceso oportuno a la atención médica, inobservando los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad que rigen la materia de salud”.
Y como resultado de toda esta “deficiencia normativa”, se violentaban los derechos humanos “conexos” al derecho a la salud, como son “los derechos a la integridad personal, a la vida, los derechos sexuales y reproductivos, a decidir de manera libre e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, así como a la no discriminación e igualdad”.
Igualmente, el escrito señala que la Secretaría de Salud es un ente administrativo que no está habilitado constitucionalmente para establecer en la Ley General de Salud “restricciones al derecho a la salud” que no vienen contempladas en la Constitución, porque es una ley secundaria, por lo que se violan “los principios de legalidad y supremacía constitucional”.
Se precisa que el derecho a la protección de la salud se estipula en el artículo cuarto constitucional, mientras que el artículo primero señala que los derechos establecidos en la norma suprema sólo “pueden restringirse en los casos y bajo las condiciones” que la propia Constitución establezca. Y el artículo 133 “consagra el principio de supremacía constitucional”.
Y remata señalando que en el texto constitucional “no se encuentra prevista” ninguna “restricción al derecho de protección a la salud”, como sí lo restringe el impugnado artículo 10 bis.
Protegidos por este artículo –advierte la CNDH– los médicos, enfermeras, anestesiólogos y demás personal de la salud están en condiciones de “negarse a prestar todo tipo de servicios” bajo el argumento de que su conciencia no se los permite.
Incluso podrán “negarse a participar en campañas de promoción o concientización, consultas médicas, transfusiones de sangre, o a llevar a cabo acciones en cualquier ámbito en aras de salvaguardar su integridad moral”. Este rechazo de los objetores de conciencia a realizar su trabajo “redunda necesariamente en una restricción al derecho a la salud”, afectando finalmente a los pacientes que necesitan atención médica.
La CNDH deja en claro que “de ninguna forma se opone a la regulación del ejercicio de objeción de conciencia”, por lo que su “impugnación no se realiza en demérito de la objeción de conciencia”, sino únicamente tiene la finalidad de que la regulación secundaria se apegue “al marco constitucional”.
De 82 páginas, esta acción de inconstitucionalidad dirigida a la SCJN está fechada el 11 de junio de 2018, y la firmó el entonces presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez. Los ministros de la Corte finalmente aceptaron los argumentos que presentó, por lo que invalidaron el artículo impugnado.
En su escrito, la CNDH dio cabida a las demandas de algunos sectores de la sociedad, como son los usuarios de los servicios de salud o los colectivos feministas, los cuales consideraban que el artículo 10 bis no les garantizaba un pleno acceso a los servicios médicos y además violentaba
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Por su parte Alberto Pérez Dayán, ministro de la SCJN, aclaró que con su fallo la “Corte no declaró inconstitucional la objeción de conciencia”, pues de hecho no podría hacerlo, “ya que la libertad de objeción es un derecho humano reconocido por la Constitución”.
En su artículo titulado El dictado de la conciencia, publicado en Proceso, Pérez Dayán agregó que la Corte, lejos de percibir a la objeción de conciencia como una figura “restrictiva, hostil o peligrosa para los derechos humanos”, más bien la ve como “una concreción del derecho humano a la libertad de convicciones éticas y de religión, de ahí que deba ser reconocida, respetada, protegida y garantizada”.
El fallo obedeció, dijo, a que “la mayoría de la Corte consideró que la redacción de la norma no era clara ni suficiente para regular tal derecho humano. Se requería de un marco legal que permitiera garantizar, por una parte, este derecho y, por otra, asegurar el acceso a la salud de los usuarios”.
Pérez Dayán concluyó: “El Congreso ahora tiene la tarea de superar esas deficiencias de la norma y volver a regular la objeción de conciencia –de forma más clara y completa– a partir de las conclusiones que alcanzó el fallo”.
