Estudiantes y profesores han presentado 11 recursos legales para impugnar la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE. Hasta ahora la justicia no les ha concedido su solicitud de detener el nombramiento, pero los procesos legales avanzan y esperan que los jueces emitan sus resoluciones en enero o febrero próximos. Entre sus argumentos señalan las “irregularidades” registradas en la sesión del Consejo Directivo del CIDE en que la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, nombró a Romero director de esa institución de educación superior. Detalles de esa sesión son contados a Proceso por algunos participantes.
Si José Antonio Romero Tellaeche no renuncia a la dirección general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), podría caer por la vía legal, debido a los amparos interpuestos contra el proceso de designación, “porque es burda la violación a la normatividad y los argumentos son sólidos”, afirma Javier Martín Reyes, académico de ese centro de estudios, experto en derecho constitucional y uno de los abogados involucrados en la defensa de la comunidad cideíta.
Hasta el momento, estudiantes y profesores han interpuesto al menos 11 amparos contra la designación “irregular” de Romero hecha por la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla. Y aunque la justicia no les ha concedido la solicitud para que se detenga el nombramiento, el proceso no está cancelado: en la semana que corre están programadas tres audiencias incidentales y se prevé que se interpongan más amparos, adelantan a Proceso representantes de la comunidad estudiantil y académica.
El conflicto entre la comunidad del CIDE y Álvarez-Buylla comenzó en agosto pasado, con la renuncia del director Sergio López-Ayllón y la designación de Romero Tellaeche como interino. Cuatro meses después se encuentra empantanado: los estudiantes y académicos exigen la remoción del economista –quien el 29 de noviembre fue “formalizado” como director general por la directora del Conacyt–; pero ésta sostiene que dicho nombramiento no está sujeto a negociación.
Hasta ahora los cinco intentos de diálogo que ha habido entre las partes han fracasado y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ha guardado silencio ante la solicitud de los profesores del CIDE –enviada el 7 de diciembre– para que intervenga como mediador e instale una mesa de negociación. Sólo el Senado ha tomado cartas en el asunto. Tras recibir a una comisión de alumnos y profesores el pasado martes 14, legisladores de diferentes partidos anunciaron que en enero de 2022 llamarán a comparecer a Álvarez-Buylla, escalando el conflicto del terreno académico-administrativo al político.
El viernes 17 los alumnos suspendieron la toma de la sede Región Centro, en Aguascalientes, “en congruencia con la voluntad del Senado” para resolver la crisis, dijeron. No obstante, la sede Santa Fe, en la CDMX, permanece bajo su custodia.
Los amparos
Seis días antes de la sesión del Consejo Directivo del CIDE –el 29 de noviembre–, en la cual Álvarez-Buylla formalizó la designación de Romero Tellaeche, los estudiantes comenzaron a interponer demandas de amparo indirecto en contra del inminente nombramiento. Y, posterior a éste, colocaron más recursos, hasta sumar nueve, los cuales están en trámite.
Los profesores también interpusieron al menos dos amparos –presentados en la Ciudad de México– después de la designación del director. Sin embargo, hasta el momento ningún recurso ha prosperado con alguna suspensión provisional que detenga el nombramiento.
Jesús Martín Reyes, profesor del CIDE, explica las cinco principales irregularidades en el proceso de designación usadas como argumentos en los amparos:
“Si nos fuéramos en orden cronológico: primera irregularidad, no se permite participar a los estudiantes; segunda, se conforma un grupo de auscultación externa con evidentes conflictos de interés; tercera, este grupo no propone las tres o cuatro candidaturas que marca la ley y no incluye a ninguna mujer para garantizar la paridad; cuarta, Álvarez-Buylla no justifica por qué ignora y no le da peso a los resultados de la opinión de la comunidad y le da más peso al grupo de auscultación que tiene conflictos de interés; y quinta, ni siquiera permite que sea el Consejo Directivo el que vote”.
En entrevista con Proceso, abunda que “lo más burdo” es que la directora del Conacyt no permitió que votara el órgano colegiado que forma al Consejo Directivo. “Lo que hizo Elena Álvarez-Buylla fue llegar e imponer unilateralmente a José Antonio Romero Tellaeche”, dice.
Doctor en derecho y profesor-investigador del CIDE, José Roldán Xopa explica lo que debió ocurrir en el Consejo Directivo: de acuerdo con el artículo 30 del Estatuto del CIDE, Álvarez-Buylla, en su calidad de titular del Conacyt, tiene la facultad de nombrar al director del centro, “pero es el propio Consejo Directivo el que formaliza o no, a través de una votación de cada miembro. Después se debe protocolarizar con un notario el acta de formalización”.
Roldán Xopa agrega que en los amparos los profesores impugnan el nombramiento del director general y “el argumento central tiene que ver con que no se llevó a cabo la formalización a cargo del Consejo Directivo”.
David Jáuregui, estudiante de la licenciatura en derecho y coordinador de los litigios estudiantiles, explica que desde el 24 de noviembre interpusieron tres demandas de amparo en la Ciudad de México –ante el primero, quinto y décimo tercer juzgado de distrito en materia administrativa–, uno en Nuevo León y uno en Quintana Roo. Adelanta que fueron aprobadas en los tribunales y siguen en trámite para próximas audiencias incidentales el 20, 22 y 24 de diciembre. Además, el 1 de diciembre interpusieron otros tres amparos en la Ciudad de México y uno más en Baja California, mismos que están en proceso.
“¿Qué fue lo que alegaron los alumnos? Que el artículo 3 constitucional dice que en los temas educativos se tiene que privilegiar el interés superior de los adolescentes y de los jóvenes, que se tiene que garantizar su participación en los procesos educativos. Los estudiantes presentaron diversas demandas de amparo antes de la designación. Y después de la designación ampliaron la demanda y presentaron argumentos adicionales”, completa Javier Martín Reyes.
Éste y Roldán Xopa aseguran que hay argumentos sólidos para ganar los amparos, cuyas resoluciones podrían llegar en enero o febrero de 2022. En tanto, se prevé que la semana que corre se presenten más recursos para insistir en que Romero Tellaeche renuncie o sea destituido por la vía legal.
Conflictos de interés
Según el Estatuto General del CIDE, el proceso de designación consiste en tres etapas. La primera fue una auscultación interna, en la que participaron al menos 227 académicos y trabajadores y se recibieron 158 encuestas. Se presentaron dos candidatos: Romero Tellaeche, entonces director interino, y Vidal Llerenas, exalcalde en Azcapotzalco por Morena y exsecretario en la administración del PRD de Marcelo Ebrard en la capital.
En esa auscultación Vidal Llerenas obtuvo un promedio de 8.98 puntos frente a los 7.29 de Romero, de acuerdo con un informe escrito que presentó el profesor e investigador José Antonio Caballero Juárez, observador designado por el Consejo Académico del CIDE al proceso de designación.
La segunda etapa fue la auscultación externa, ocurrida el 19 de noviembre en la sede del Conacyt. En ella, los seis integrantes del comité, invitados por Álvarez-Buylla optaron por Romero.
Al hacer el relato de esa sesión, Caballero Juárez escribió: “No deja de llamarme la atención el poco conocimiento del CIDE mostrado por los integrantes del Comité de Auscultación Externa. Sus posiciones parecían mucho más el fruto de dogmas, prejuicios y sobresimplificaciones que el resultado de un análisis de la institución”.
Cuatro miembros de este comité fueron clave en la designación: Lorenzo Meyer Cossío, historiador y académico emérito del Colegio de México; María Teresa Aguirre Covarrubias, profesora de la Facultad de Economía de la UNAM; Samuel Schmidt Nevdvedovich, investigador de la Universidad de Austin, Texas; y Alicia Puyana Mutis, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales: los tres primeros “dobletearon”, participaron tanto en el Comité de Auscultación Externa como en el Consejo Directivo; además de que entre ellos hay relación académica y de amistad con Romero o con autoridades del Conacyt.
El conflicto de interés más evidente es el de Romero con Puyana. Ambos tienen al menos 28 publicaciones juntos o en colaboración sobre temas económicos entre 2005 a 2018, según el listado del Centro de Estudios Económicos del Colmex.
Meyer y Romero son amigos y colegas desde hace años en el Colegio de México (Colmex). El segundo escribió el capítulo “Crecimiento y comercio”, de la obra Una historia contemporánea de México 1. Transformaciones y permanencias, coordinado por Meyer e Ilán Bizberg.
Profesores del Colmex consultados por los reporteros, a condición del anonimato, recuerdan: “era común verlos en la sala del comedor del Colmex reunidos, platicando y tomando café”.
Romero, Aguirre y Puyana son miembros de la Academia Mexicana de Economía Política, A.C.
Otro miembro del Comité de Auscultación Externa, Edmundo Antonio Gutiérrez Domínguez, director general del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), es amigo de José Alejandro Díaz Méndez, titular de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional del Conacyt y uno de los brazos derechos de Álvarez-Buylla, según testimonios de trabajadores del INAOE consultados. Díaz nombró a Gutiérrez director interino del instituto el 13 de septiembre de 2019. Recientemente, Gutiérrez firmó comunicados deseándole éxito a Romero.
El funcionario del Conacyt también nombró a José Cruz Pineda director general del Cidesi en 2019 y tres años después, éste votó por Romero en la Auscultación Externa.
Sesión “confusa y sin votación”
El rechazo de profesores y estudiantes a la designación de Romero Tellaeche tiene otro argumento: la imposición que hizo Álvarez Buylla en la sesión del Consejo Directivo la mañana del 29 de noviembre, mientras decenas de estudiantes ya estaban en paro e instalaban casas de campaña y mantas de rechazo a Romero Tellaeche en la puerta principal de la sede de Santa Fe.
Pasaban las 10 de la mañana, cuando en la sala de juntas del Conacyt, en el último piso del edificio sede, colonia San José Insurgentes, se inició la sesión con la presencia física de cinco integrantes y nueve más conectados por la vía virtual. El profesor Caballero Juárez se presentó, como lo hizo en la sesión de Auscultación Externa, pero esta vez no lo dejaron pasar.
La directora de Conacyt tomó la palabra y anunció que, tras los dos procesos previos y que, en uso de sus facultades otorgadas en el Estatuto General, su decisión recaía en Romero Tellaeche y que esa sesión era para formalizar su nombramiento. Tomó unos minutos para hacer una semblanza del economista y exponer por qué era la mejor propuesta.
Pedro Miguel Rosaldo, director general de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos de la Secretaría de Energía (Sener); y Edmundo Jacobo Molina, secretario general del Instituto Nacional Electoral (INE), preguntaron cuál era la función del consejo. Álvarez-Buylla, tajante, ordenó: “A ver abogado, explíqueles”, dirigiéndose a un funcionario de la Dirección Jurídica del Conacyt que estaba a su lado, recuerda en entrevista Jacobo Molina.
“Hubo un poco de confusión. Quisimos intervenir para que nos explicaran cómo era esto, si solamente darnos por enterado, eso implicaba que ya estábamos ejerciendo la facultad de formalización. Y se nos dijo que sí, que eso era más que suficiente. No había mucha oportunidad de diálogo en la sala y menos los que estaban virtuales. No era el espacio ni las condiciones más propicias para el diálogo”, dice.
Conectado a distancia, Lorenzo Meyer dijo que recibió “una gran cantidad de correos de gente del CIDE pidiendo que no fuera Romero el titular”, pero éste adoptó la postura de que “en toda institución hay distintos intereses y adentro está la reconciliación. Dio la impresión de que eran grupos de interés particulares los que estaban en contra de Romero”, cuenta otro asistente a la sesión, quien pidió el anonimato por temor a represalias.
Silvia Giorguli, presidenta del Colmex, y el representante del INE manifestaron su preocupación por la situación que vive el CIDE y de su relevancia en la vida académica y de investigación en el país. Resaltaron que el consejo debía tener cuidado para dar continuidad a su trayectoria de 47 años.
“Pero no hubo mucho eco a la interlocución, más bien la directora del Conacyt nos remitió con el jefe de la Unidad Jurídica, quien decía que con el quórum y al dar a conocer la designación se daba por formalizada la situación… Parecía que había prisa por acabar”, añade Jacobo.
Incluso, el participante que pidió el anonimato, recuerda: “El funcionario de la Unidad Jurídica dijo que el proceso era muy claro, incluso, si los miembros del consejo discutían. Lo que quiso dar a entender era que básicamente tenía que respetarse la decisión de la directora del Conacyt porque, si no, podría haber repercusiones con la Función Pública. No directamente, pero parecía como una amenaza”.
Tras agotarse el punto, Romero Tellaeche entró a la sala acompañado de unas seis personas. La directora del Conacyt leyó unas cuartillas que llevaba preparadas para presentar al nuevo director general. Éste, “con cara de satisfacción”, leyó un discurso que también ya tenía listo.
Para lo que Álvarez-Buylla sí pidió votación fue para que Romero contactara a un notario público que diera fe de su designación. El hecho desconcertó aún más a algunos consejeros por la evidente contradicción entre una decisión y la otra. Al final, la representante del Colmex se abstuvo y los de la Sener y el INE votaron en contra. La sesión terminó al filo de las 12 horas. Al día siguiente el Conacyt emitió un comunicado en el que presumió la designación “por unanimidad”. Por ello, el representante del INE emitió otro comunicado que desmintió a la científica. Pero la decisión no cambió.
