El caso Rosario Robles se perfila hacia un nuevo episodio. De acuerdo con información recabada por este semanario, la Fiscalía General de la República se alista para reforzar sus señalamientos contra la exfuncionaria de Enrique Peña Nieto y su brazo derecho en la Sedatu, Emilio Zebadúa. Los argumentos de la fiscalía estarán basados en los testimonios y pruebas sobre el desvío millonario de recursos públicos que aporten los subalternos de Robles, Armando Saldaña y Enrique González Tiburcio, así como Juan de Dios Nochebuena, exrector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero.
La Fiscalía General de la República (FGR) perfila cerrar el año con un caso que implica directamente a Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por varios delitos relacionados con un desfalco superior a los 185 millones de pesos erogados en 2016.
Armando Saldaña Flores, exfuncionario de la dependencia, ha ofrecido testimonios y documentos para probar que Robles y su entonces oficial mayor, Emilio Zebadúa González, tuvieron conocimiento de que se había falsificado su firma en la operación por el mencionado monto, pero, lejos de actuar en consecuencia, trataron de justificar la erogación ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante 2017.
Robles se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Santa Martha Acatitla para enfrentar el proceso por un delito de omisión, consistente en no haber informado debidamente a su superior, al entonces presidente Enrique Peña Nieto, sobre un esquema de triangulación de fondos que permitió desviar 5 mil 73 millones de pesos durante su gestión.
Ese monto es la suma de 25 expedientes de auditoría por los cuales se abrieron numerosas carpetas de investigación, entre ellas la relacionada con un convenio por los mencionados 185 millones de pesos, suscrito entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM).
El Ministerio Público federal se propone terminar 2021 dando cauce judicial y vinculando el desvío de los 185 millones de pesos que, mediante confesionales y documentales obtenidos en meses recientes, permitirán acreditar en el primer trimestre de 2022 nuevos delitos imputables a Robles y a Zebadúa, con miras a integrar un caso por delincuencia organizada.
Enrique González Tiburcio, quien fue subsecretario con Robles y es hoy uno de los principales actores en el caso, el lunes 13 comparecerá ante el juez; y con su audiencia la FGR espera cerrar la pinza en torno a la exsecretaria.
De acuerdo con información obtenida por Proceso, la FGR tiene listo el que considera uno de los casos mejor documentados, vía las causas penales 443/2018 y 539/2021, relativos al desvío millonario mediante el convenio Sedatu-UPFIM.
El robustecimiento de las carpetas de investigación se relaciona con los otros imputados que habrían aportado el material probatorio:
Armando Saldaña Flores, quien fue director general de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, se encuentra señalado en la carpeta CJ 442/2018.
El otro es Juan de Dios Nochebuena Hernández, miembro de un clan caciquil del estado de Hidalgo, y quien, como rector interino o encargado de la Rectoría de la UPFIM, recibió las transferencias y realizó subcontratos anómalos. Este político hidalguense se encuentra señalado también en la CJ 442/2018.
El caso Saldaña
Desde 2017 Armando Saldaña Flores notificó tanto a Zebadúa, por entonces oficial mayor de la Sedatu, como a la titular de la dependencia, Robles, que su firma fue falsificada en el convenio con la UPFIM. Para 2019 ya había conseguido dos peritajes grafoscópicos que demostraban la falsificación y esgrimía documentales que demostraban que denunció la irregularidad ante la entonces PGR.
Además ha ofrecido pruebas de sus gestiones para que se investigara el asunto que, sin embargo, evitaron indagar Robles, Zebadúa e, inclusive, el Órgano Interno de Control.
Pese a sus denuncias, Saldaña ha sido uno de los acusados por la FGR desde el inicio del caso a finales de 2018; el martes 7, cuando se celebró su audiencia de vinculación a proceso, dio más pormenores: mientras él pedía la intervención de la titular de la dependencia para aclarar lo sucedido con el convenio, el personal de Zebadúa maniobraba para intentar subsanar las observaciones de la ASF, sin notificarle sobre el procedimiento.
Es decir: Saldaña denunciaba la falsificación de su firma en el convenio que ya de por sí era un delito, mientras que Robles y Zebadúa le daban largas a sus solicitudes, y el personal de este último realizaba actuaciones tratando de justificar la erogación, sin informarle al respecto siendo el principal involucrado.
En el intento fallido del personal de Zebadúa para justificar la erogación de los 185 millones de pesos participaron varias personas:
Claudia Morones, quien se desempeñó como directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, fue quien dio respuestas falsas a las observaciones de la ASF en 2017. Sin embargo, el 9 de marzo de 2018, durante su comparecencia ante el Ministerio Público, dijo desconocer el asunto.
En otra diligencia, Federico del Valle, quien fue el oficial mayor adjunto, testificó que Morones fue quien dio la respuesta a la ASF. Es un señalamiento que, además de tener probanza documental, fue confirmado en su comparecencia.
Gloria Patricia Loyo, quien prestaba sus servicios externos a la Sedatu para justificar ante la ASF el gasto, declaró que fue Morones quien le entregó la información para las comprobaciones.
Así, las declaraciones de Saldaña han coincidido con los señalamientos que en diferentes diligencias han realizado los demás implicados, abriendo las conversaciones para que –de aquí a febrero de 2022, plazo establecido por el juez Marco Antonio Fuerte para el acopio de pruebas– Armando Saldaña se convierta en testigo colaborador y el asunto escale para imputar a Robles Berlanga, de acuerdo con información obtenida por este reportero entre personal de la FGR inmerso en el caso.
Falsedad tras falsedad
Las actuaciones que se realizaban a espaldas de Saldaña versaban sobre gastos que, a la postre, la ASF constató que fueron operaciones simuladas, es decir, pagos por servicios que no se realizaron.
Dichas actuaciones se realizaban en respuesta a las irregularidades detectadas desde hace años por la ASF, en específico del expediente de la Auditoría 1792, dentro del cual realizaron investigaciones simultáneas por otros convenios con instituciones de educación superior y medios de comunicación de carácter público que, para el caso Sedatu-UPFIM, se integró en la auditoría forense 196 DS.
Los hallazgos de la ASF forman parte de la carpeta de investigación del Ministerio Público y consisten en la celebración de un convenio entre la Sedatu y la UPFIM, en la cual habrían participado los mencionados exfuncionarios González Tiburcio y Saldaña Flores, incumpliendo los servicios profesionales y tecnológicos que se le contrataron a dicha universidad por entonces a cargo de Juan de Dios Nochebuena, sin asegurar las mejores condiciones de precio, calidad, oportunidad y otras circunstancias.
Además, la UPFIM no contaba con la capacidad técnica, material ni humana para la prestación de los servicios, esto es, la expresión de auditoría que explica el mismo esquema de triangulación consiste en subcontratar empresas, en el caso Sedatu-UPFIM, a dos razones sociales para su realización, incurriendo en una violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, según la causa penal.
Además, las empresas subcontratadas realizaron transferencias a personas físicas y morales ajenas al cumplimiento del objetivo del convenio, de manera que se actualiza el esquema de triangulación de fondos realizado durante la gestión de Robles Berlanga.
Como la ASF identificó y el propio Saldaña Flores expuso, la Sedatu de Robles intentó justificar la erogación de los 185 millones de pesos, y para hacerlo ofreció entregables con los que se pretendía acreditar la legalidad de los gastos.
Esos entregables eran por servicios informáticos y de software destinados a la Ciudad de las Mujeres, localizada en Tlapa de Comonfort, Guerrero. La realidad es que, por una parte, ha quedado demostrado que no hay evidencia de la instalación del sistema informático, dado que en buena medida era software libre y documentos genéricos.
En tanto, para acreditar el resultado del sistema que presumían haber instalado sin hacerlo, la Sedatu entregó un levantamiento de datos de empadronamiento que, por si todo lo anterior no fuera bastante, se trataba de datos generados por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, tiempo antes del convenio con la UPFIM.
También se identificó el ofrecimiento de un manual del Sistema de Gestión y Operación de Servicios de la mencionada Ciudad de las Mujeres, que se había contratado y realizado desde antes del convenio Sedatu-UPFIM, a la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa.
En síntesis: los delitos se habrían cometido al más alto nivel, falsificando la firma de Saldaña, para luego simular las acciones contratadas a terceros distintos a la UPFIM; y para justificar los gastos presentaron material falso y datos obtenidos mediante otros contratos, en este caso con la mencionada universidad sinaloense y el instituto de Comalcalco.
Falsedad tras falsedad, 185 millones de pesos fueron desviados del erario sin destino claro.
Implicados
Un ensayo sobre política social con énfasis en evitar la corrupción fue premiado por el Instituto Nacional de Administración Pública en 1991. Su autor, Enrique González Tiburcio, perfiló desde entonces una serie de propuestas de involucramiento de terceros en la operación de recursos en materia social y, entre otros aspectos, la necesidad de cambios en la “mentalidad y en los códigos de conducta” para mayor integridad en la aplicación de la política social. Por ese trabajo obtuvo el primer lugar.
Como en el caso de Armando Saldaña, el exsubsecretario ha insistido en que su firma fue falsificada. También denunció la suplantación ante el Órgano Interno de Control y la FGR en julio de 2017, aunque, a diferencia de Saldaña, la FGR sostiene que los análisis grafoscópicos confirman que sí corresponde a la del convenio Sedatu-UPFIM.
Economista egresado de la UNAM, donde coincidió con Robles Berlanga, la carrera burocrática de González Tiburcio se inició en 1983, con su paso por numerosos cargos en la administración pública, destacadamente en áreas dedicadas al desarrollo social durante casi dos décadas.
También fue funcionario en la Secretaría de Economía, en el Inegi y en el Instituto Nacional de Transparencia, hasta que en 2013 se convirtió en coordinador de asesores de Robles, entonces secretaria de Desarrollo Social; fue secretario técnico del gabinete “México Incluyente”, como se llamó uno de los “ejes” del gobierno peñanietista que solía presumir “acciones transversales” entre dependencias para articular la política social del gobierno.
González Tiburcio fue parte del grupo de altos funcionarios que se fueron a la Sedatu con Rosario Robles, integrado por quien fungiera como oficial mayor, Emilio Zebadúa, y por Ramón Sosamontes, antiguo compañero de la primera en las lides perredistas, quien se desempeñó como jefe de la oficina de las dos secretarías, ambos acusados también por su implicación en el esquema de triangulación de fondos.
Paradójicamente en el caso de González Tiburcio la manera con la cual se justificó el esquema de triangulación de fondos fue perfilado desde su juventud, en aquel trabajo premiado por el INAP, en 1991.
El alegato de aquel ensayo es similar al empleado con las fórmulas de utilizar instituciones intermediarias que, en el caso de González Tiburcio, lo ha llevado a formar parte del mecanismo que hoy lo tiene sujeto a dos procesos penales, uno de estos por falsedad de declaraciones.
Armando Saldaña también fue funcionario de la Sedesol, donde se desempeñó como director general adjunto de Operación de Programas. Su perfil es poco conocido, pues sólo obra en su currículo un cargo público previo a los que ocupó con Rosario Robles el sexenio pasado: fue director de Turismo en el municipio de Atlixco, Puebla, de donde es originario.
El menos notorio es Juan de Dios Nochebuena Hernández, quien fue recipiendario de los recursos conforme a la documentación oficial, pues estaba al frente de la UPFIM. Es miembro de una familia con influencia política local en Atlapexco, Hidalgo, donde ha protagonizado diversos escándalos de corrupción.
Sus hermanos Julián y Antero fueron alcaldes de Atlapexco, priistas de raigambre en la clase política hidalguense. El primero ocupó el ayuntamiento de 2006 a 2009; el segundo, de 2012 a 2016.
El clan ha sido denunciado por operaciones de fraude electoral, lo mismo que Joel, otro de los hermanos quien fue diputado local y, posteriormente, delegado de la Sedesol en Coahuila, en el sexenio pasado.
Joel es presidente municipal de la misma localidad y perdió tras solicitar licencia este año para contender por el PES a una diputación local. En el interinato quedó su hermano Julián.
Las declaraciones de Juan de Dios Nochebuena Hernández son también clave en la trama y la FGR las mantiene inaccesibles, pues siendo el recipiendario y triangulación de fondos, es quien aclararía las condiciones de la firma del convenio Sedatu-UPFIM, así como el modo, tiempo y lugar respecto al manejo de los fondos y su destino.
