Abundan los testimonios de las brutalidades cometidas por el gobierno mexicano contra los guerrilleros activos durante el periodo de la Guerra Sucia. Lo que no se encuentra, dice Alejandra Cartagena –hija de una guerrillera desaparecida– son los relatos de lo sufrido por las mujeres que tomaron las armas para cambiar al país. A la nueva Comisión para el Acceso a la Verdad le tocará investigar ese periodo de la historia de México con perspectiva de género, abunda la abogada.
Hay un hueco en la narrativa de la violencia del periodo contrainsurgente en México, la Guerra Sucia, que Alejandra Cartagena López identifica: “No hemos contado las historias de nuestras madres”, lamenta la abogada feminista, hija de Leticia Galarza Campos, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, detenida y desaparecida por la Dirección Federal de Seguridad en enero de 1978.
“Si ustedes leen testimonios de aquellos tiempos, van a leer muchos testimonios de los compañeros (y) van a leer pocos de las mujeres. Pero además, donde se refieran al abuso sexual que probablemente pasaron algunas de ellas, no está ahí, no está remarcado”, señala Cartagena, quien además de defender derechos de las mujeres ha dedicado su vida a esclarecer la desaparición de su mamá.
Cartagena habla del enfoque faltante en el abordaje de la violencia contrainsurgente en México: la perspectiva de género. Esta deuda del Estado podría subsanarse con la nueva Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990, creada por decreto presidencial el pasado 6 de octubre.
Esta es la primera vez que se diseña una herramienta de ese tipo con la intención de revisar diferenciadamente las violaciones a derechos humanos que vivieron mujeres y hombres durante el periodo. El mandato de investigar con perspectiva de género quedó asentado en las bases para seleccionar a las y los cinco comisionados encargados de investigar los hechos y en el Plan Presidencial Verdad, Memoria y Justicia, un documento elaborado por el gobierno, acordado con los colectivos de familiares y víctimas, en el que se detalla el diseño de la nueva comisión. Destaca que en el decreto de creación, este criterio se especificó sólo en uno de los cinco instrumentos que integran la comisión: el Mecanismo de Verdad y Esclarecimiento Histórico.
Para cumplir este mandato se tendrá que desarrollar una metodología especializada que permita investigar con perspectiva de género algunas violaciones graves a los derechos humanos, entre ellas la tortura sexual.
Para Cartagena, así como para otras familiares de víctimas que participaron en el diseño y planes de la nueva comisión, reconocer la necesidad de una perspectiva de género en la investigación fue una “discusión de importancia” que nunca antes se había tomado en cuenta.
Al aplicar esta perspectiva al análisis de las violencias del pasado se estaría considerando que “hay diferentes circunstancias que nos ponen en un contexto de vulnerabilidad, que se han naturalizado y se han normalizado (…) En este tipo de procesos de guerrilla, donde la violencia sexual contra las mujeres no es algo que se identifique, sino que se toma como parte de la tortura que por ser mujeres vamos a pasar, me parece súper importante que pueda visibilizarse lo que significó ser mujer”, opina Cartagena.
Iniciativas anteriores
Antes de que el decreto presidencial oficializara la nueva comisión, hubo al menos tres intentos institucionales para investigar estos crímenes del pasado: la Recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 2001; el informe de la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), iniciado en 2002 y finalizado en 2005; y el informe de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad) realizado de 2012 a 2014. No obstante, ninguno de estos intentos planteó en su diseño y metodología abordar la información desde una perspectiva de género.
Con todo y que nunca consideraron el enfoque, las iniciativas anteriores sí detectaron a través de los testimonios y archivos policiales algunas de las violaciones a los derechos humanos cometidas directamente contra las mujeres.
En el caso del informe de la Femospp, se encontró información suficiente para constatar que la tortura sexual era una práctica sistematizada particularmente contra las mujeres, de acuerdo con Florencia Ruiz Mendoza, quien participó como investigadora en ese proceso.
En la búsqueda documental y testimonial para ejemplificar las distintas violencias ocurridas, las y los investigadores de la Dirección General de Investigación y Análisis Documental, el área encargada de proveer de documentos del Archivo General de la Nación al área ministerial de la Femospp, encontraron casos de violación, tortura sexual, intimidación, hostigamiento y otras “prácticas cotidianas” de la violencia estatal dirigidas específicamente a mujeres, señala Ruiz.
Por ejemplo, entre los apartados del informe final de la Femospp resalta un título: “El pollo rostizado, tortura sexual”. En él se establece que “las torturas de tipo sexual son las más recurrentes por parte de las fuerzas de seguridad”.
En otro capítulo, el de “Violaciones a mujeres y menores de edad”, se menciona “la gran cantidad de violaciones de las que fueron víctimas mujeres y adolescentes ultrajadas”. En él se recopilan testimonios, como el de Elba Fuentes Organista, de 15 años, víctima de violación sexual por policías judiciales en la base aérea de Pie de la Cuesta. Su violación fue un método de tortura también para su padre, detenido desaparecido. “Me sacaron a torturar porque tal vez querían que mi papá viera”, narra el testimonio incluido en el informe de la Femospp.
Otros casos de tortura sexual, violaciones frente a otros detenidos desaparecidos, en ocasiones relacionados familiarmente, incluso intentos de violación a mujeres embarazadas, son incluidos en este y otro apartado titulado “Violación frente al marido”.
Si bien dicho informe de la Femospp está basado en el marco internacional, que sí reconoce distintas violencias de índole sexual, en las conclusiones se desdibuja la tortura sexual como uno de los delitos de lesa humanidad cometidos:
“(…) las conductas desplegadas durante la llamada ‘guerra sucia’, en el desarrollo del combate a grupos armados opositores que actuaban en el medio rural y urbano, por parte de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, las cuales pueden calificarse como constitutivas de delitos de lesa humanidad (genocidio, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violación de las garantías individuales, al debido proceso legal, masacres, entre otros)”, da cuenta sobre los hallazgos de este informe.
Ninguna de las violaciones a los derechos humanos narradas en el informe fueron reconocidas oficialmente por el entonces gobierno federal de Vicente Fox, toda vez que el borrador de éste se reservó hasta que fue filtrado a la prensa internacional y a algunos intelectuales mexicanos en febrero de 2006.
El informe de la Comverdad tampoco tuvo la indicación para investigar con perspectiva de género el contexto de la represión. Además, al contabilizar los testimonios recogidos para sustentar la investigación es evidente el desequilibrio entre mujeres y hombres: se identificaron 19 testimonios de ejecuciones sumarias, de los cuales sólo uno fue de una mujer; en el caso de las desapariciones forzadasse recogieron 239 casos, de los cuales 16 fueron de mujeres, uno de una menor de edad; en la desaparición forzada transitoria fueron 209 y 16 mujeres, de las cuales se señala que cuatro fueron violadas.
Este desequilibrio puede estar relacionado con que “la posibilidad de narrar lo vivido también depende de tu condición de género” y con cómo se trabajó la metodología para la toma de testimonios en iniciativas como la Femospp y la Comverdad, considera Aleida García, una de las cinco personas seleccionadas para integrar la nueva comisión y quien se perfila como la de mayor conocimiento y disposición para integrar la perspectiva de género a la investigación.
“Todo acto represivo del Estado lleva marcas de género que son más o menos distinguibles (…) El hecho de que el orden simbólico del poder y de la dominación tenga marcas de género, por ejemplo, significa que el Estado ha utilizado el género y la sexualidad para el sometimiento de la voluntad individual, y de la colectividad en muchos casos. ¿De qué manera? Por ejemplo, los lazos sociales que establecemos por el género que tenemos, las amenazas contra niños pequeños o contra miembros de la familia –que están bajo el cuidado, estereotípicamente, de las mujeres– son una forma de presión extraordinaria que se utilizaba contra las mujeres”, explica.
Para García, investigar estos crímenes por primera vez con perspectiva de género implicará, entre otros aspectos metodológicos aún no definidos, generar condiciones de escucha, de confianza y de acompañamiento psicosocial permanente para las víctimas y sobrevivientes que presenten su testimonio.
Las impulsoras
La importancia de investigar de manera diferenciada la vivencia de las mujeres fue una ganancia de las sobrevivientes, quienes día a día intentan reconstruir su vida, y de las familiares que buscan conocer o redescubrir las historias de sus madres, coinciden las expertas y activistas consultadas para este reportaje.
“Las sobrevivientes han tenido que lidiar con estereotipos, hacerse cargo de su familia, hacerse cargo de un montón de cosas para seguir en la militancia. Es increíble que tengan que seguir luchando por la justicia. Salieron de la prisión política y tuvieron que trabajar con todas las implicaciones de ser expresas políticas, ser mamás; muchas no reconstruyeron su vida sentimental –los hombres sí–, muchas no pudieron volver a militar porque los hijos estaban creciendo. Y lo más loable es que se convirtieron en feministas, ya adultas, y ahorita son quienes están empujando, junto con otras hijas de desaparecidas, que la perspectiva de género tiene que estar ahí”, refiere Alicia de los Ríos, hija de la detenida desaparecida Alicia de los Ríos (militantemente de la Liga 23 de Septiembre) y representante de los colectivos en la elección de las y los comisionados.
Desde marzo de 2021 los colectivos de familiares de víctimas y sobrevivientes fueron convocados por la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos con el propósito de crear el plan presidencial de la nueva Comisión para el Acceso a la Verdad. No es sino hasta junio, en una de las reuniones entre el gobierno, expertos y colectivos de familiares, cuando “se empieza a poner sobre la mesa que la tortura sexual se diferencia en muchas ocasiones de la tortura”, relata De los Ríos.
Y es por el empuje de madres e hijas, así como de sobrevivientes, que dentro del plan presidencial, el mandato del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico establece “desarrollar la investigación de forma independiente, competente, con perspectiva de género y de derechos humanos”. Mientras, en las bases de selección de la comisión explicitaron que al menos dos de los cinco debían ser mujeres.
No obstante, de las 25 personas postulantes sólo hubo siete mujeres y “fueron muy pocos los que pudieron acreditar que sí tenían perspectiva de género (…) Había gente que entregó que había escrito de mujeres. Nosotras no sabemos si escribir de mujeres sea con perspectiva de género o no, pero se les dio el puntaje porque se consideró que se estaba actuando de buena fe. Ya al momento de las entrevistas, para nosotros fue obvio, en la entrevista por ejemplo de Aleida, que tenía bastante clara la perspectiva de género”, cuenta De los Ríos, quien participó en la elección de los cinco comisionados.
Para Cartagena se trata de “un momento histórico” en la inclusión de las mujeres, pero las colectivas de familiares se mantendrán “muy atentas a lo que pase. El hecho de que hayamos estado en el proceso no quiere decir que hay un cheque en blanco; al contrario, más atentas vamos a estar (…) Desde las colectivas estamos muy claras de que toca acompañar, echar lápiz, donar archivo, investigar con ellos, entrevistar con ellos”.
“Narrar a nuestras madres”
Para De los Ríos resarcir la deuda del Estado al investigar con perspectiva de género se traduciría, entre otras cosas, en esclarecer lo que pasó con su madre y otras desaparecidas detenidas, en el reconocimiento oficial de que la tortura sexual fue parte de la estrategia contrainsurgente en México, en la judicialización y no prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos durante ese periodo, en la identificación de patrones de uso del cuerpo de las mujeres y de violencia que pudieron ser heredados al crimen organizado en la actualidad y en la evidencia de que las historias de sus madres se han narrado de manera equivocada.
“Si nosotras logramos encontrar lo que se le hacía a las mujeres, vamos a conocer la metodología del horror, puede evidenciarse que sí había un trato diferenciado para las mujeres (…) también nos va a evidenciar, a quienes nos hemos profesionalizado en la historiografía de la insurgencia, cómo se ha abordado equivocadamente, con narraciones súper heroicas, varoniles, blanco-negras”, reflexiona.
“Que se diga que los cuerpos de seguridad actuaron contra una población disidente, con una marcada tendencia hacia la tortura sexual, es un avance porque entenderíamos Atenco (donde 11 mujeres fueron torturadas sexualmente por policías estatales en 2006), entenderíamos a los victimarios, a las redes criminales y autoridades que permitieron (los casos de feminicidio y trata de mujeres ocurridos en 2009 y 2010 en) el Arroyo del Navajo”, considera.
Por su parte, Cartagena insiste: “No hemos contado las historias de nuestras madres. Por ejemplo, mi mamá terminó la secundaria y trabajaba en una fábrica para ayudar a su familia. Era una obrera, o sea no estudiaba en la UNAM ni nada. Era una obrera sensible que empezó a leer y que dijo: ‘Está cabrón seguir en unas condiciones donde la gente no vive, sino sobrevive’. La historia de mi mamá es la historia de muchísimas obreras de Ciudad Juárez que están en el día a día sobreviviendo, trabajando”.
A más de 40 años, repara en que la necesidad más grande es aún encontrar a sus madres. “Sabemos que el Estado se los llevó, sabemos las historias de que a muchas y muchos los aventaron al mar, sabemos que pueden estar en fosas clandestinas o en los panteones; sabemos lo que pasó de manera general, pero no lo sabemos de manera específica. No es algo que se sepa oficialmente porque es una historia que pareciera que nomás es de nosotras, de las familias”, reflexiona.
