Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, enfrentará por primera vez un proceso por desaparición forzada. El lunes 6 se ejecutó una orden de aprehensión en su contra por ese delito. El mismo día, desde el Reclusorio Norte, Duarte pidió a la Suprema Corte la protección de la justicia para reducir su condena por peculado y lavado. En ese escenario, organizaciones de familiares de desaparecidos exigen “prisión de por vida” para el exmandatario y su entonces secretario de seguridad pública, Arturo Bermúdez, quien goza de libertad condicional.
XALAPA, Ver.- Los colectivos de desaparecidos en Veracruz lo tienen muy claro: el exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa “nunca debe salir de prisión” luego de ser imputado por desaparición forzada, como cabeza de un esquema de complicidades que las fuerzas policiacas y de procuración de justicia tuvieron con células criminales, al que se adjudican más de 3 mil 600 desapariciones en el sexenio 2010-2016, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado.
La acusación se remite a la desaparición forzada de 19 personas, de quienes –por hallazgos hechos en enero de 2016– se supo que fueron inhumadas en la barranca La Aurora, un peñasco de vasta vegetación ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, muy cercano a la Academia de Policía de El Lencero, a 18 kilómetros del centro de Xalapa.
El sitio, de acuerdo con la investigación oficial de la que en su momento dio cuenta este semanario (Proceso 2229, julio de 2019), en realidad era “una fosa clandestina que policías de la Secretaría de Seguridad Pública (local) utilizaban para ocultar cuerpos de víctimas de crímenes que ellos atribuían a miembros de la delincuencia organizada”, y cuya magnitud el propio Duarte habría ordenado ocultar.
Lucy Díaz, integrante del Colectivo Solecito, formado hace nueve años por familiares de personas desaparecidas, dice que hay una expectativa de que Duarte pueda ser condenado por “desaparición forzada” y nunca volver a la calle. “Quisiéramos poder confiar en el sistema judicial mexicano, pero, quienes sufrimos el reinado absoluto de la impunidad, tenemos siempre algo de escepticismo”.
Para Díaz, mientras no se juzgue y sentencie a Duarte por las desapariciones forzadas en Veracruz no habrá ni atisbo de justicia. “Es imprescindible que tanto fiscalía como el sistema judicial ya den resultados inequívocos de que Duarte será condenado y que nunca más volverá”.
Quien busca a su hijo, Guillermo Lagunes, desde junio de 2013, también aseguró que el colectivo tiene bastante evidencia de la culpabilidad del exgobernador. “Basta con la voluntad y la integridad de quienes les toca hacer justicia para lograr su condena”, agrega.
Carlos Saldaña, del colectivo Familias Enlaces Xalapa, señala en entrevista telefónica que Duarte, junto con quien fue su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, debería pagar con “cárcel por siempre” por su colusión con grupos criminales, los que mantuvieron total impunidad en el sexenio 2010-2016 e, incluso, en el gobierno de Fidel Herrera.
Desde hace 10 años Saldaña busca a sus hijos Jesús Estrada y Karla Nallely. Reprocha el dolor causado a miles de familias en la entidad, quienes vivieron en carne propia este fenómeno criminal de la desaparición de personas. Insiste en la reclusión de por vida para el exgobernador: “No se puede cuantificar con una pena endeble el dolor que nos ha causado; que le caiga todo el peso de la ley”.
En el caso de Duarte, será la primera vez que enfrente la justicia por desaparición forzada. El cumplimiento del mandato judicial se realizó el lunes 6 en el área jurídica del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde actualmente se encuentra recluido el exservidor público, por peculado y lavado.
El caso Lara
La autoridad judicial con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, hizo efectiva la orden de aprehensión emanada de una carpeta de investigación iniciada por la fiscalía estatal, por desaparición forzada, delito de lesa humanidad.
Desde el lunes 6 se dio a conocer que, vía su equipo de abogados, el exgobernador solicitó la reducción de su condena mediante un amparo tramitado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En abril de 2017, cuando Duarte fue detenido y trasladado a la prisión militar de Guatemala capital, la primera “visita” que tuvo en el vecino país fue de los colectivos de desaparecidos, representados por Solecito, Buscando a Nuestros Desaparecidos Córdoba-Orizaba y por el colectivo de buscadores María Herrera, para reclamarle los casos.
En la imputación que autoridades policiacas y de la fiscalía de justicia del estado realizaron, colectivos de desaparecidos también encabezaron actos de protesta; incluso, madres de jóvenes víctimas de desaparición forzada fueron citadas a declarar.
No obstante, Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz; Roberto González, alias El Teniente Meza, exdirector de la Fuerza Civil del estado; el exfiscal Luis Ángel Bravo, y Rosario Zamora, exdirectora de Servicios Periciales, obtuvieron su libertad condicional, pese a haber sido imputados por la desaparición forzada de personas halladas en la barranca La Aurora.
Entre las víctimas de la barranca estaba el policía municipal de Acayucan David Lara Cruz, cuyo cuerpo fue encontrado en el municipio de Alto Lucero el 19 de enero de 2016. Lo ocurrido con el cadáver del policía fue clave para imputar por desaparición forzada a una veintena de agentes y a Bermúdez, conocido en la corporación como Capitán Tormenta y/o Jaguar.
Lara fue asesinado junto con otras 14 personas en La Aurora, pero, por ser policía, su cuerpo se removió a otra demarcación en un intento por desvincularlo de lo hallado en aquel sitio.
La carpeta de investigación por desaparición forzada se inició contra Duarte y mandos policiacos durante el bienio del panista-perredista Miguel Ángel Yunes Linares, con Jorge Winckler Ortiz como su fiscal.
Winckler está prófugo de la justicia, imputado por delitos similares: tortura y desaparición forzada en su modalidad de secuestro.
El proceso de imputación por desaparición forzada contra Duarte apenas está por comenzar. Se buscó entrevista con la actual fiscal, Verónica Hernández Giadáns. Sin embargo, su vocero, Mario Lozano, respondió que no se hablará del tema “para evitar una violación al debido proceso”.
Matanza silenciada
Un caso que ejemplifica el proceder de las corporaciones estatales fue documentado por Proceso en octubre de 2013. Jacqueline Espejo Moctezuma, oficial del agrupamiento carretero de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, denunció maltrato psicológico, golpes y amenazas de muerte por parte de elementos del cuerpo de élite y de reacción inmediata de la Policía Estatal Acreditable.
En entrevista anterior, la joven refirió que, en esa fecha, después de abandonar el cuartel San José, fue interceptada por la patrulla número 1397. De la unidad, dijo, bajaron cuatro policías encapuchados que la obligaron a descender del taxi 6855 y, posteriormente, la esposaron de pies y manos, le pusieron vendas en los ojos, la golpearon y torturaron.
De acuerdo con la oficial estuvo retenida durante cuatro días, y, mediante tortura en las instalaciones de la Academia de Policía de El Lencero, querían obligarla a que aceptara la posesión de varios tabiques de mariguana. Al negarse, los policías de élite la mantuvieron día y noche a punta de patadas y cachetadas.
“Me dijeron que confesara la posesión de esos tabiques de mariguana, que sabían dónde vivían mis hijos y que no me quisiera pasar de pendeja porque me iba a cargar la madre. Un policía me puso una pistola en la sien y cortó cartucho; me dijo: ‘Si no confiesas, aquí te carga la chingada’”, expuso.
El conductor del taxi, Andrés Aguilar Marín, de 37 años, también fue detenido por los cuerpos de élite y de reacción inmediata de la SSP. Actualmente se desconoce dónde está Aguilar Marín; lo último que se supo de él es que había sido torturado por policías estatales en el interior de la Academia de Policía de El Lencero.
La hermana del taxista dijo que interpuso un amparo bajo la figura del habeas corpus, para que autoridades ministeriales realizaran un cateo en las instalaciones de El Lencero, para ver si en ese lugar se encontraba el taxista. El resultado fue infructuoso.
En el amparo se responsabilizó al entonces titular de la SSP del estado, Arturo Bermúdez Zurita; al exdirector de operaciones de la misma dependencia José Manuel Martínez, y al comandante de la División de la Policía Estatal, Arturo Paredes Guevara, por cualquier lesión, herida o privación de la vida contra Andrés Aguilar Marín.
El 20 de enero de 2016 el gobierno de Veracruz emprendió una estrategia mediática para tratar de minimizar lo que se veía como una matanza con los hallazgos en La Aurora.
El entonces coordinador de Comunicación Social, Alberto Silva Ramos, así como el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras intentaron desacreditar la información publicada por Proceso y otros medios sobre los restos óseos hallados en Veracruz. En aras de minimizar el crimen, tanto Silva como Bravo insistieron ante reporteros que sólo eran seis cuerpos los hallados en la barranca.
Silva solicitó a redacciones locales “la cortesía de no publicar dicha información”. Era el último año de gobierno de Javier Duarte y una de las épocas más violentas en el territorio veracruzano, donde la organización criminal de Los Zetas era replegada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, y, dependiendo las regiones, las policías municipales o intermunicipales trabajaban y tenían ligas con una u otra organización criminal.
Al pasar los días la investigación de la fiscalía reveló que de la barranca La Aurora fueron extraídos no 15, sino 19 cuerpos, entre ellos el del policía estatal David Lara Cruz. El elemento policiaco fue levantado por sus propios compañeros adscritos al grupo de élite de Seguridad Pública Fuerza de Reacción y Fuerza Especial, esta última integrada por exmilitares que eran conocidos como Los Fieles, Fiel o La Fría.
Por dicho delito estuvieron en prisión Bermúdez Zurita, 20 policías estatales del llamado cuerpo de élite y El Teniente Meza. Tanto Meza como Bermúdez ya obtuvieron su libertad condicional.
Una vez que salió de la cárcel, Arturo Bermúdez ha solicitado por la vía jurídica la devolución de sus bienes. El exfuncionario estatal es dueño de la cadena de hoteles Artisan, con sedes en la Riviera Maya y en Chachalacas. Con una debilidad por promover su imagen pública, ahora sale en programas de deportes extremos en TV Azteca, como instructor de jet ski.
