La llegada de efectivos federales para reforzar la seguridad en Zacatecas pareció aliviar la presión de las bandas delictivas en un primer momento, pero los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa siguen apropiándose de los municipios serranos y limítrofes con otros estados. La situación es tal que varias demarcaciones comienzan a despoblarse, en tanto que las cabeceras municipales se atestan de refugiados…
ZACATECAS, ZAC.- Una veintena de pequeñas comunidades rurales y rancherías de los municipios limítrofes con Jalisco y Durango, en la Sierra Madre Occidental, han sido ocupadas y son gobernadas de facto por los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, que expulsaron a cientos de familias de sus hogares y parcelas.
El gobierno federal respondió con el despliegue de soldados y agentes de la Guardia Nacional en el municipio de Valparaíso, pero a decir del alcalde, Eleuterio Ramos Leal, esos operativos no frenan al crimen organizado, por lo que pide al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que revise la estrategia, la cual “lejos de disminuir el fenómeno de violencia, se ha ido incrementando; hemos visto en últimas fechas secuestros, extorsiones, robo, muerte, exclusión y desolación”.
Asediadas por el estruendo de la metralla, el despojo de su patrimonio, los asesinatos y secuestros de sus parientes o vecinos por los grupos armados, cientos de habitantes buscan refugio en las cabeceras municipales de Valparaíso, Jerez y Tepetongo, o de plano en otras ciudades del país, además de los que emigraron a Estados Unidos.
Desde los primeros meses de 2021 las comunidades serranas de Valparaíso que colindan con Jalisco, Durango y Nayarit estaban rodeadas por los grupos armados. A partir de junio los narcotraficantes incursionaron violentamente en esos poblados y convirtieron sus calles, caminos de terracería y parcelas en campos de batalla o en sus guaridas.
El 1 de noviembre unos 30 hombres con armas de grueso calibre irrumpieron a bordo de camionetas en El Romerillo del Sur, una de las 213 comunidades valparaisenses.
“Traían a dos de nuestros compañeros; (se los llevaron) cuando andaban tumbando maíz en la labor, los golpearon y los interrogaron, después los llevaron al rancho para que les indicaran las casas donde había camionetas… se las empezaron a robar”, narra un campesino de la localidad.
Al día siguiente los militares se enfrentaron a ese grupo armado en los alrededores del pueblo y liberaron a los dos agricultores. “En la tarde-noche (del Día de Muertos) los soldados llegaron al rancho a alertarnos de que dejáramos las casas porque corríamos peligro. Los hombres armados habían corrido para los cerros, pero, nos dijeron, podían volver más noche o al día siguiente”.
La familia de ese campesino y otras 55 abandonaron las comunidades de El Romerillo y Las Atarjeas para refugiarse en la cabecera municipal de Valparaíso, 138 kilómetros al poniente de la capital del estado.
Después de dos días regresaron al rancho acompañados por militares y sorprendieron a los civiles armados “saqueando las viviendas, robando comida, cobijas, cosas de cocina, todo lo que les servía y lo que no se llevaron; lo dejaron todo destrozado… querían instalarse afuera del rancho, ya tenían un tipo campamento… y se hizo un tiroteo entre los militares y esa gente”.
A partir de entonces las familias viven desterradas. El campesino entrevistado habla con Proceso vía telefónica a condición de que no se revelen su nombre ni su ubicación actual.
Historias como esta se repiten en otros poblados de Valparaíso. Grupos similares invadieron los primeros días de noviembre las comunidades de La Florida, La Pila de las Oscuras, El Salto y La Cañada, obligando a sus pobladores a abandonar sus hogares, su ganado y sus parcelas en plena época de cosecha. Una semana más tarde hicieron lo mismo en las localidades El Potrero de Gallegos y Palmitos.
“A mi primo se lo llevaron esos malvados. (El 12 de noviembre) al mediodía llegaron esos hombres armados a su casa en Purísima de Carrillo. Él y su esposa les dieron de comer: elotes, queso, tortillas, lo que tenían; están jodidos, como toda la gente de ahí, que son gente mayor. Pero ya en la noche lo sacaron por la fuerza y a todos los hombres se los llevaron. No sé si era el mismo grupo de malvados o era otro”, dice otro hombre que pide mantenerse en el anonimato.
“Lo mismo –prosigue– pasó en la comunidad de al lado, El Infiernillo. Ahí vivían tres familias; se llevaron a los hombres y tres kilómetros más adelante, subiendo, en La Estancia, levantaron a todos, hombres y mujeres. Se los llevaron a la sierra. Allá les dieron una joda y luego los soltaron. Mi primo ya regresó, dicen que estaba muy golpeado.”
La Fiscalía General de Justicia del Estado emitió una ficha de búsqueda por la desaparición de Miguel González Barrios, de 59 años. Pero la mayoría de las desapariciones no fueron denunciadas formalmente. “No sabemos por qué se lo llevaron; dinero no tenía, y hasta ahora no aparece”, lamenta su primo. La esposa del desaparecido abandonó su hogar en Purísima de Carrillo, como lo hicieron a medio mes de noviembre otras familias en las comunidades San Martín, Santa Ana de Arriba y Santa Ana de Abajo.
Los campesinos Carmelo Fernández, de 79 años, y Salvador y Eutimio Herrera –padre e hijo, de 89 y 60 años, respectivamente– fueron privados de su libertad el sábado 4 por un grupo de pistoleros. Tras varias horas de angustia, porque desconocían su paradero, sus familias recibieron, el domingo 5, la noticia de que los militares los habían encontrado muertos en una terracería a las orillas de la comunidad San Martín. Sus asesinos nunca pidieron rescate.
El triple homicidio hizo huir a las pocas familias que quedaban en Peñitas de Oriente y La Loma de San Cruz. Ya desde el 28 de noviembre unos 500 pobladores habían salido de ambas comunidades, lo mismo que de Vicente Escudero, El Mirador, Maravillas y El Chilar. Buscaron resguardo en la cabecera municipal.
Este último desplazamiento forzado masivo ocurrió dos días después de que pistoleros de los cárteles de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa se enfrentaron a tiros durante horas en un camino de terracería, para luego confrontarse con militares y guardias nacionales. Oficialmente se reportaron ocho civiles muertos.
Otras localidades, como Mimbres, Trojes y San Mateo, viven rodeadas por los grupos armados. Sus habitantes se resisten a abandonarlas, pero cuando suenan los disparos no les queda más que encerrarse en sus casas.
“Aquí los malos avisan que a partir de las 11 de la noche ellos no responden de quien ande en la calle –dice un ama de casa–. En los ranchitos como Santa Lucía de la Sierra, Las Amecas y El Astillero no hay gente y seguido por ese rumbo están las balaceras. Aquí en Trojes ya ni salimos, por miedo.”
Militares y guardias nacionales llegaron a esta región después del cruento enfrentamiento de junio pasado en la comunidad San Juan Capistrano, donde la fiscalía estatal reportó 18 muertos, aunque extraoficialmente se habló de 40 víctimas. Pero la presencia federal no frena a esas bandas ni el éxodo de pobladores. “Todo Valparaíso está lleno de los del gobierno y aún así resultan los muertos. Pasa el Ejército y de ratito pasan los malos”, dice una madre de familia.
La súplica de un alcalde
Eleuterio Ramos declaró el 23 de noviembre que con la presencia de las fuerzas federales, la seguridad comenzaba a mejorar en el municipio. Pero tras los recientes enfrentamientos y el asesinato de los tres campesinos a manos del crimen organizado, el alcalde perredista difundió un video en el que solicita al gobierno federal que revise la estrategia de seguridad, pues la violencia se ha incrementado: “Hemos perdido a causa de la criminalidad a decenas de ciudadanos, hombres, mujeres, niños y, en últimas fechas, adultos mayores.
“Reconociendo el esfuerzo que realiza, particularmente, el gobierno federal –dice el alcalde en el video difundido en las redes sociales del ayuntamiento–, respetuosamente invito a que se revise la estrategia con la que estamos actuando”. Expresa su confianza en el Ejército y la Guardia Nacional, pero convoca al gobernador, David Monreal, y a las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno a coordinarse realmente para enfrentar el problema.
Ramos Leal pidió a los integrantes de los grupos delictivos que no dañen más a la población: “Esta vez voy a emular al presidente de la República para pedirles a los dirigentes y a los integrantes de los grupos de la delincuencia organizada que respeten el patrimonio, la integridad personal y la vida de los valparaisenses”.
Y agregó: “Si ustedes han decidido vivir a salto de mata, luchando por una causa incomprensible, exponiendo su vida de forma permanente, háganlo a la distancia de las comunidades y de nuestras familias, respeten el deseo de nosotros para salir adelante con trabajo, con esfuerzo, promoviendo valores y garantizando una convivencia armoniosa”.
El político, en su segundo mandato tras ser reelecto, convocó una vez más a las familias del municipio a que eviten relacionarse con los grupos delictivos. “No prestemos oído, no colaboremos en su lucha, mantengámonos a la distancia y reduzcamos con ello la posibilidad de riesgo”, expresó.
Por esta razón el ayuntamiento de Valparaíso canceló la feria municipal que se celebraría del lunes 6 al lunes 13; al menos tres clínicas siguen sin médicos, que huyeron por miedo, y las primarias de las comunidades siguen cerradas por falta de alumnos y maestros.
Algunas familias desplazadas se trasladaron a otras ciudades del estado o del país, pero la mayoría vive en casas prestadas o con parientes en la cabecera municipal.
“Tengo en este momento en mi casa a cuatro familias desplazadas (…) pero hay de 40 a 50 familias que están durmiendo en su vehículo o que no tiene dónde preparar comida”, reveló José Juan Estrada, legislador local oriundo de Valparaíso, antes de subir a tribuna en el Congreso estatal que, a petición suya, exhortó el 23 de noviembre al gobierno de Monreal para que integre una comisión especial de atención a los desplazados por la violencia. El gobernador no ha respondido.
En la comunidad Juanchorrey –una de las 42 localidades rurales de Tepetongo, municipio gobernado por el PRI y 84 kilómetros al sur de la capital– no se ve gente en las calles y las casas parecen deshabitadas. Desde junio las familias comenzaron a irse de esta localidad, cuna de empresarios tortilleros. Los motivos del éxodo se leen en las pintas hechas en las señales viales y anuncios a pie de carretera: “Territorio del CJNG 1000%”.
En Tepetongo, uno de los nueve municipios del estado que no tienen policía propia, los ranchos se están convirtiendo en pueblos fantasma al igual que en el vecino Jerez, donde 13 comunidades serranas están abandonadas desde mayo de este año, pese a la instalación de un destacamento del 53 Batallón de Infantería en la comunidad Ermita de los Correa.
Migración forzada
Aunque no hay estadística oficial, es una realidad que familias desplazadas de sus comunidades en Valparaíso y Jerez están emigrando a Estados Unidos, algunas de manera documentada, otras de forma ilegal. Algunos solicitaron refugio.
“En la década anterior no había una relación entre la migración a Estados Unidos y la seguridad, pero en este momento sí. Y lo que va a pasar en los próximos meses es peor”, dice José Juan Estrada, quien ocupa la diputación migrante en el Congreso local.
Familias zacatecanas pernoctan en el improvisado campamento de El Chaparral, en el borde del cruce fronterizo entre Tijuana y San Ysidro.
El alcalde de Valparaíso confirma que en el ayuntamiento tienen conocimiento de tres familias que solicitaron refugio en Estados Unidos, sin éxito. Uno de los campesinos entrevistados por Proceso da cuenta de que las familias de los integrantes de su comunidad, a quienes secuestró un grupo armado y liberaron los soldados, también pidieron asilo en ese país: “Después de mucho papeleo en la entrevista, se los negaron, que no eran candidatos”.
Al revelar que algunos de los desplazados le han pedido asesoría sobre el trámite de asilo en Estados Unidos, el diputado explica que para los mexicanos es muy complicado el tema: “México no califica para visas humanitarias. Y para refugio por violencia es un proceso complicadísimo; hay que tener pruebas, pero cuando se trata de secuestros del crimen organizado, generalmente no hay denuncias en la fiscalía y eso complica mucho”.
Además, migrantes zacatecanos originarios de estas comunidades tomadas o sitiadas por el crimen organizado han cancelado la tradicional visita de la temporada decembrina. “Esperábamos con muchas ganas a nuestros familiares que vienen de Estados Unidos, pero les decimos que mejor no vengan”, dice una mujer que antes de la ola de violencia esperaba la visita de sus hermanos después de dos años de no verlos.
