En Guanajuato, particularmente en el municipio de Celaya, los cárteles luchan abiertamente por el territorio, pero también siguen altos los índices de otros delitos del crimen organizado, como la extorsión, la desaparición forzada, el robo de autos y el asalto a camiones. Las embajadas de Estados Unidos y Canadá han emitido alertas de viaje a sus ciudadanos. Y la población local, ante los constantes riesgos que implica salir a la calle, cierra sus negocios, trata de encerrarse y no sale de noche.
CELAYA, Gto.- El 9 de diciembre la Policía Municipal de Celaya recibió un aviso de los empleados de la recepción en un hotel céntrico de esta ciudad: dos personas llegaron a hospedarse “en actitud sospechosa”, una de ellas menor de edad. Cuando los policías acuden y hablan con ellos, se dan cuenta de que fueron víctimas de secuestros virtuales.
Ambos, por separado, recibieron llamadas a sus teléfonos celulares; con engaños les hicieron dirigirse al hotel y hospedarse para esperar instrucciones. La menor, una quinceañera, contó a los policías que la voz masculina de la llamada la amenazó, que tuvo miedo e hizo lo que le ordenó.
Fue el enésimo caso similar que llegó a la corporación municipal y fue atendido por un grupo de exagentes federales integrados en el trienio pasado. Las dos víctimas son celayenses, pero habitantes de municipios vecinos, como Comonfort, Apaseo el Alto o Apaseo el Grande han recibido llamadas similares y fueron obligadas a hospedarse en hoteles de Celaya.
El impacto de la delincuencia, por cuyo liderazgo pelean ferozmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Santa Rosa de Lima, se expande en la Región Laja-Bajío, la segunda zona metropolitana más grande de Guanajuato, de la que forman parte Juventino Rosas, Villagrán, Cortázar, Comonfort, Jaral del Progreso, Tarimoro, Apaseo el Alto y Apaseo el Grande. El corazón de esta región es Celaya.
Esta ciudad, de poco más de medio millón de habitantes, concentra casi la mitad de la población total de la región Laja-Bajío. En los últimos años la violencia ha invadido todos los espacios y cobrado vidas en prácticamente todos los espacios, incluyendo la comandancia de policía y los panteones.
Sus habitantes buscan ponerse a salvo cerrando con rejas los accesos de sus colonias y, cuando se puede, contratan vigilantes. También modifican sus horarios, hábitos y rutas.
Aun así, restaurantes, centros botaneros, tiendas de abarrotes, talleres mecánicos, tortillerías y otros giros han cedido al miedo, a la extorsión o a los ataques a balazos y han bajado sus cortinas. Datos de la cámara de la industria restaurantera local refieren que este año, hasta para mediados de noviembre, habían cerrado por lo menos 25 empresas afiliadas al organismo por la pandemia y la inseguridad. El año anterior cerraron al menos una decena de agencias automotrices, tortillerías y bares.
Los reportes de extorsión en el estado crecieron en más de mil 200% de 2020 a 2021. Mientras que de enero a octubre del año pasado se habían denunciado 14 casos (según las carpetas iniciadas por la fiscalía del estado), en el mismo lapso de este año ya eran 209, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Muchos de los negocios que sufrieron extorsión cerraron temporalmente, pero otros no volvieron a abrir porque fueron objeto de ataques armados o asesinatos.
Zozobra
La vida del municipio de Celaya cambió desde mucho antes de la pandemia de covid. El confinamiento se volvió una medida de supervivencia; salir de noche es un riesgo que muchas familias evitan; hacer un trayecto directo de la casa al trabajo o la escuela y mantener la comunicación por teléfono o las redes sociales entre familiares para saber si están bien, son medidas básicas frente a la posibilidad de encontrarse en medio de un tiroteo callejero.
El 9 de noviembre se desencadenó una balacera entre policías y civiles sobre las avenidas Irrigación y Torres Landa, a un costado del parque Xochipilli, donde el pánico hizo correr y tirarse al piso a decenas de personas que esa tarde se encontraban en sus amplias áreas verdes y canchas.
Diana, de 13 años, no deja de botar el balón de basquetbol mientras cuenta: “Estábamos entrenando normal, empezó la balacera y todos nos agachamos al piso. Es campo libre y puede llegar una bala perdida. Pasó no sé cuánto, pero sí fue mucho tiempo; pasaron muchos, pero muchísimos balazos; todos estábamos muy asustados”.
Los integrantes de las ligas de basquetbol que entrenaban ese día son menores que Diana. “Todos, pequeños, menores, andaban jugando. Sí se espantaron, se echaron a correr y las señoras empezaron a agarrar a sus niños”.
–¿Tú qué hiciste cuando escuchaste los balazos?
–Me tiré al suelo y pensé que ya aquí quedaba.
Ese día Diana iba con su mamá. “Estaba lejos de mí, sentada sola en una esquina. Se soltó a llorar, estaba en unas bancas hasta arriba y se tiró al suelo, se raspó las rodillas”.
La plática tiene lugar dos semanas después de la balacera, un martes. Diana regresó al parque y juega básquet con sus primos. “Sí tengo miedo… (pero) me vengo con cuidado, nos vamos temprano para no estar peligrando también”. En su casa le han dicho que no salga de noche y esté lo menos posible en la calle “porque hay mucho peligro”.
En su escuela, “nos han recomendado no salir solos, salir con un adulto, andar acompañada porque está poniéndose muy feo Celaya. Está como muy violento, no hay paz, no hay libertad aquí. A cada ratito estás haciendo algo y de repente se escuchan los balazos; no puedes elegir si vives o no vives”.
Una comerciante del parque cuenta que escuchó los disparos y pensó que eran fuegos artificiales: “Ya cuando vi que todos se agachaban, yo también me agaché, no fuera la de malas. Lo que a mí me apuraba más era la parte de atrás, de los niños. Es día de entrenamiento, pasa todo esto y todos los niñitos allá atrás y uno sin saber qué hacer”.
Otro enfrentamiento entre bandas criminales tuvo lugar recientemente en la colonia Santa Isabel, donde hay escuelas de preescolar, primaria y secundaria.
“Por ahí –narra una profesora que trabaja en la zona– pasaron como a las 8:05 de la mañana. De repente se escuchó el montón de disparos. Por una de las escuelas pasaron persiguiendo a unos delincuentes. Dicen las maestras que ellas apenas iban con los niños entrando a los salones. El susto fue tremendo. Unos minutos antes se hubieran encontrado a los papás y niños afuera.”
El 26 de noviembre pasado, en una visita a Irapuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él y el gobernador panista, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, hacían a un lado sus diferencias políticas para combatir la inseguridad de manera coordinada. “Guanajuato es un asunto que amerita más entrega, más acción”, fueron sus palabras.
No había pasado ni una semana de esta visita cuando se desencadenaron una serie de ataques violentos en San Miguel Octopan, una de las comunidades más grandes de Celaya. En tres días sucesivos (del 30 de noviembre al 2 de diciembre) el portal local Ágora informó que civiles armados entraron a tres casas; de las dos primeras sacaron con lujo de fuerza a dos hombres, a quienes grabaron en el piso mientras los interrogaban, para después asesinarlos en plena calle. En la tercera, asesinaron a una adulta mayor y a sus dos hijos.
Mediante cartulinas colocadas en estos lugares se cruzan mensajes el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima. Las autoridades atribuyen los asesinatos en gran medida al narcomenudeo, delito que se disparó este año. Según el Observatorio Ciudadano de León (OCL), con datos del SESNSP, la tasa aumentó 66% en el estado, pues pasaron de 10 mil 694 denuncias de enero a septiembre de 2020, a 17 mil 878 en el mismo lapso de 2021.
León es el municipio con más casos; Celaya, Cortázar y Villagrán, tres municipios de la región Laja-Bajío, le siguieron en el aumento de la tasa de incidencia. Entre enero y septiembre de este año, la fiscalía estatal abrió en Guanajuato 65 carpetas de investigación diarias por narcomenudeo, estimó el OCL.
Rutas peligrosas
“Reconsidere los viajes por delitos”, se lee en la alerta de viaje que la embajada de Estados Unidos actualizó al 8 de diciembre en su página web para prevenir a sus empleados. La restricción es específicamente para que no viajen al área sur de la carretera federal 45D, “incluida Celaya, Salamanca e Irapuato”.
La embajada advierte que “la violencia de pandillas, a menudo asociada con el robo de petróleo y gas natural de la compañía petrolera estatal y otros proveedores, ocurre en Guanajuato, principalmente en las áreas sur y central del estado. De particular preocupación es el alto número de asesinatos en la región sur del estado asociados con la violencia relacionada con los cárteles”.
En términos similares, el gobierno de Canadá actualizó su alerta de viajes a México, incluyendo también las carreteras 45, en el tramo entre León e Irapuato, y la 45D, entre Irapuato y Celaya, puesto que “existen preocupaciones específicas de seguridad y protección” a sus ciudadanos.
La carretera federal 45 (carretera Panamericana) recorre el norte y centro de México. Entre Chihuahua e Hidalgo pasa por ocho estados. Pero de los mil 920 kilómetros de su extensión, poco más de 130 están marcados por las alertas que los dos países vecinos del norte han emitido recientemente; es el tramo que comunica a la mayor parte del corredor industrial de Guanajuato, desde León, Irapuato y Salamanca hasta la colindancia con Querétaro por el sureste del estado. Es decir, por Celaya y los Apaseos.
Lo mismo ocurre con la carretera 45D, alternativa de cuota y de alta velocidad que corre paralela por Salamanca, Villagrán, y pasa por el sur de la zona urbana de Celaya hacia Apaseo el Grande.
Nadie en la región Laja-Bajío olvida que entre 2018 y 2020, en estas carreteras y sus cruces con vialidades estatales que comunican a Celaya con los municipios a su alrededor, organizaciones delictivas como el Cártel de Santa Rosa de Lima despojaban a conductores de sus vehículos en pleno trayecto para atravesarlos en estas vías e incendiarlos.
A pesar de que incidentes de este tipo menguaron, las carreteras que conectan a Celaya no han dejado de representar riesgos para quienes las utilizan. Delitos como la desaparición de personas, robo de vehículos particulares y asaltos a camiones de carga no han cesado.
El 13 de junio, en el trayecto entre Salamanca y Juventino Rosas, el profesor Jorge Enrique Rodríguez Muñoz –maestro de bachillerato en San Luis de la Paz– y su primo César Emmanuel Salazar (quien vino de Estados Unidos de visita) viajaban con varias personas en dos vehículos, a uno de los cuales se le ponchó una llanta. Ambos se quedaron en la unidad mientras el resto del grupo siguió su camino en el otro auto. Cuando regresaron a buscarlos ya no los hallaron; por teléfono, les alcanzaron a decir a sus amigos que habían escuchado disparos.
El cuerpo del profesor fue identificado por la fiscalía general del estado el 29 de julio; estaba en las instalaciones del Servicio Forense en Celaya. La plataforma Por la paz y la justicia en Guanajuato informó que el Comité de la ONU Contra las Desapariciones Forzadas solicitó medidas urgentes a las autoridades federales y estatales por estas desapariciones.
César Emmanuel no ha sido localizado.
