En Chihuahua hay un cogobierno panpriista al que el abogado Jaime García Chávez –el primero en interponer una denuncia en septiembre de 2014 contra el entonces gobernador César Duarte y dos de sus exfuncionarios más cercanos– llama maruquismo. “En el Poder Judicial –dice– es más que obvio que María Eugenia Campos designó a la actual presidenta Myriam Hernández en compromiso con el PRI”.
CHIHUAHUA, CHIH.- En Chihuahua, una de las alas más conservadoras del PAN cogobierna con el PRI cercano al exgobernador César Duarte Jáquez. Entre ambas corrientes ocupan cargos clave en los tres poderes.
Los tres son encabezados por mujeres relacionadas con el duartismo o con la ultraderecha. El Poder Ejecutivo tiene al frente a la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván, quien llegó cuestionada por una vinculación a proceso y un proceso abierto por corrupción cuando fue alcalde, que revocó el Poder Judicial dos días antes de que asumiera su cargo en septiembre pasado.
Campos Galván fue vinculada a proceso porque presuntamente recibió más de 9 millones del erario de manera ilegal, como parte de la “nómina secreta” en el gobierno de César Duarte, según la causa penal 2821/2020. El proceso fue revocado dos días antes de la toma de protesta de la panista.
Durante su campaña, la gobernadora sumó apoyo principalmente del PRI para derrotar a Morena, según la consigna de las candidatas y del dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés.
El PRI estatal se sumó a la campaña de la panista. La misma candidata del tricolor, Graciela Ortiz González, llamó a votar por María Eugenia Campos para evitar que llegara Morena, aunque la priista continuó su campaña.
A favor de la abanderada de la coalición del PAN y PRD también declinaron los candidatos Alejandro Díaz, de Fuerza por México, y María Eugenia Baeza García, de Redes Sociales Progresistas.
El gabinete de Campos quedó formado principalmente por priistas y por el equipo que la ha acompañado desde que fue legisladora en el polémico segundo trienio de César Duarte. De esos mismos equipos priista y panista también llegó a una curul en el Congreso del estado el secretario de Gobierno César Jáuregui Moreno, señalado como parte de la nómina secreta de Duarte; fue el coordinador de la bancada panista de 2013 a 2016, cuando se habrían generado varios acuerdos con el exgobernador, que han cobrado fuerza con los nombramientos recientes en los poderes Legislativo y Judicial.
Algunos de los cargos ofrecidos a priistas en el gobierno del estado los ocupan Lilia Merodio Reza, secretaria de Desarrollo Rural, a quien le corresponde atender, junto con el gobierno federal, el problema de la tala ilegal y el control de los grupos delictivos que controlan ese negocio, problema que ya han reconocido las mismas autoridades; Javier González Mocken, secretario de Educación y Deporte; Teporaca Romero del Hierro, titular del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física.
Uno de los más cuestionados es el titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi), Enrique Rascón Carrillo, suplente del diputado plurinominal priista Omar Bazán Flores, uno de cinco políticos empresarios denunciados por el despojo de 154 hectáreas a la comunidad rarámuri de Mogótavo, municipio de Urique, para construir un proyecto turístico en el lugar ubicado en las barrancas del Cobre de la Sierra Tarahumara.
Las inconformidades
Los colectivos Awé Tibúame y la Red de Mujeres Indígenas de Chihuahua han exigido con casi 500 firmas y en dos ocasiones la destitución de Rascón Carrillo. Consideran que él invisibiliza a las comunidades originarias y perpetúa prácticas de dominación y racismo. A ese reclamo se sumó un grupo de 46 antropólogas y antropólogos con experiencia en la Tarahumara, sin que hasta ahora sean escuchados por las autoridades.
En la solicitud de información 08013942100007 se pidió a la secretaría particular de la gobernadora el procedimiento para evaluar la experiencia y competencias de Rascón para ocupar el cargo. Fue designación directa de María Eugenia Campos, respondieron en la dependencia.
La solicitud está firmada por María Eugenia Baeza García, como titular de la Unidad de Transparencia. Ella también es directora de Atención Ciudadana y fue acusada por la Red de Mujeres Indígenas de hostigar a integrantes del colectivo que laboran en el gobierno para conocer quién ha participado en las exigencias para destituir al priista de la Coepi. Ella negó las acusaciones ante el medio local Raíchali.com.
El problema más grave respecto de los pueblos originarios en la Sierra Tarahumara es que desde hace una década no cesa el desplazamiento forzado, principal y precisamente de los pueblos originarios. Después de las elecciones se recrudeció la violencia contra rancherías y comunidades, principalmente en el Triángulo Dorado, sin que hasta ahora las víctimas sean atendidas de manera integral.
El nombramiento de Ana Margarita Blackaller Prieto como directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres) también causó inconformidades entre feministas y víctimas. La funcionaria fue suplente de Campos Galván en la alcaldía de Chihuahua.
Consejera del Instituto Nacional de las Mujeres, la activista Mariela Castro considera lamentables las políticas asumidas por el Ichmujeres: privilegia a las cúpulas empresariales y ha perdido el enfoque social que tenía, dice.
La primera acción del instituto, antes de que Campos Galván asumiera la gubernatura, fue intentar el despido masivo del personal, que se vio frustrado por la denuncia de las empleadas, pero luego redujeron la compensación al personal de base y aumentaron el sueldo a quienes ahora tienen la titularidad, según Castro.
La administradora es Silvia Yapor, exfuncionaria de Hacienda del gobierno de Javier Corral. Ella enfrenta una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violencia laboral.
“Hubo reducción de personal calificado para atender la violencia de género y, en específico, falta de sensibilidad para la atención de las mujeres indígenas, por desechar abiertamente la pertinencia cultural y pretender imponer un modelo de emprendedurismo totalmente ajeno a las indígenas de las comunidades”, agrega Castro.
Integrante de Marea Verde Chihuahua, también advirtió que la titular de Ichmujeres utiliza su poder para retroceder los avances históricos al menos de dos décadas, para que se impida la aplicación de la NOM 046 y la NOM 047. Ha puesto a trabajar en ese sentido al equipo jurídico para eliminar los contenidos de prevención de embarazo adolescente, para satisfacer a grupos de ultraderecha y desconocer los avances jurídicos en materia de salud sexual y reproductiva”.
En el Poder Legislativo nombraron como presidenta a Georgina Bujanda. Ella laboró en la dirección general del Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública de 2016 a 2018, durante el gobierno de Corral. Ha impulsado iniciativas en favor de la igualdad de las mujeres, aunque se ha declarado provida.
En la formación del Congreso Estatal, el PAN tiene la mayoría simple, con 15 legisladores, pero con las alianzas que ha hecho con el PRI desde la campaña, podría tener los votos suficientes para aprobar las iniciativas que desee.
El líder de la bancada panista es Mario Vázquez Robles, del equipo de la gobernadora. Él fue presidente del PAN estatal durante el gobierno de Duarte y durante el periodo legislativo de Campos y César Jáuregui; posteriormente fue funcionario en el gobierno municipal de Campos Galván.
En la bancada del PRI se encuentran, entre otros, Omar Bazán; Adriana Terrazas, a quien también se le relaciona con Duarte; la exdiputada federal Ana Georgina Zapata Lucero, hija del exdirigente sindical Doroteo Zapata; Noel Chávez Velázquez, exalcalde de Guadalupe y Calvo, quien es cuestionado porque es mestizo y ocupa una curul que fue designada para representantes indígenas.
Georgina Bujanda se pronunció al inicio de noviembre sobre la extradición de Duarte. Dijo que, de comprobarse los delitos, enfrentará cargos por malversación agravada, de conspiración y posiblemente se le integren las 20 carpetas de investigación integradas por el Ministerio Público estatal, porque así se solicitó.
Declaró a medios locales que el gobierno federal tiene una profunda necesidad de que Duarte sea extraditado para legitimarse, para limpiar su imagen manchada por los casos de Emilio Lozoya y Santiago Nieto, por lo que espera que sea juzgado en Chihuahua.
“Alfombra roja” para Duarte
El pasado 10 noviembre, en sesión extraordinaria del Pleno del Tribunal de Justicia del Estado, el magistrado Pablo Héctor González Villalobos presentó su renuncia como presidente. El magistrado Roberto Siqueiros Granados presentó su renuncia al Consejo de la Judicatura, y Tania Belkotoski Estrada renunció a la secretaría general. Los tres argumentaron motivos personales para renunciar, pero a la opinión pública trascendió que fue por presiones del Palacio de Gobierno.
Dos días después asumió la presidencia del Tribunal de Justicia del Estado la magistrada Myriam Victoria Hernández Acosta, integrante de los 13 magistrados “oxigenadores” de César Duarte en noviembre de 2014.
Los magistrados priistas y funcionarios en el gobierno de Duarte nombrados en 2014 son: César Ramírez Franco, Filiberto Terrazas, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes y Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, exdiputados durante el primer trienio de Duarte. Ramírez Alvídrez fue funcionario duartista y Gabriel Sepúlveda llegó a ser presidente del Poder Judicial. Ambos fueron investigados, Ramírez fue detenido, pero con amparos ambos lograron revocar los procesos y hoy ocupan sus cargos como magistrados.
Los que llegaron como cuota panista son: Luis Villegas Montes y Rafael Quintana. Villegas fue asesor de Campos Galván y Jaúregui Moreno en el Congreso del Estado.
“Maru ha dicho que no habrá ni perdón ni olvido, pero las muestras que tenemos por la lectura e incluso por las declaraciones, dicen otra cosa. El Poder Judicial ya está entregado en su presidencia a una gente de Duarte (Hernández), aunque ella diga lo contrario”, sostiene el abogado Jaime García Chávez, el primero en interponer una denuncia en septiembre de 2014 contra Duarte y dos de sus exfuncionarios más cercanos,
Para el activista, en Chihuahua hay un cogobierno panpriista al que llama maruquismo. “En el Poder Judicial es más que obvio que María Eugenia designó a la actual presidenta en compromiso con el PRI, para entregar la secretaría general al PRI.
“Maru tiene mucho temor a la extradición porque ella, a través de un control como gobernadora electa, movió las cosas en el Poder Judicial para que se decretara su impunidad. Tal vez (el extesorero de Duarte) Jaime Herrera tiene que ir a declarar y quedaría en escándalo fuerte.”
Y concluye: “Obviamente que hoy por hoy, la pelota está en la cancha de Duarte absolutamente. Si decide continuar en prisión en una segunda instancia y si le fuera desfavorable, tiene una tercera instancia… Duarte puede decidir seguir en litigio y en prisión, o venir a Chihuahua. Está haciendo una extradición barata… Se encriptaría ahí. Si se dicta la extradición como está dictada ahora, significa que Duarte viene a Chihuahua casi con alfombra roja”.
Proceso solicitó entrevistas con las titulares del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial pero no hubo respuesta.
En medio del reacomodo político y de grupos delictivos en el territorio estatal, la juez federal de la Corte de Distrito del estado de Florida en Estados Unidos, Lauren Fleische Louis, autorizó la extradición de Duarte Jáquez el 8 de noviembre último para que enfrente cargos por peculado y enriquecimiento ilícito.
