Un funcionario de la FGR, quien pide omitir su identidad, comenta al corresponsal de Proceso que si el exgobernador de Chihuahua César Duarte es extraditado a México, debe ser procesado en el fuero federal y no en el sistema judicial de la entidad que gobernó, pues podría quedar libre. Ahí, en Chihuahua, dice, cuenta con las simpatías de la presidenta del Tribunal Superior Judicial del Estado, Myriam Hernández, y de la propia gobernadora, Maru Campos, quienes le deben favores.
WASHINGTON.- La extradición de Estados Unidos a México del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, debe ser acogida por la Fiscalía General de la República (FGR) debido al conflicto de intereses jurídicos entre la magistrada Myriam Hernández y el exmandatario, advierten en la entidad norteña.
El argumento de funcionarios, exfuncionarios estatales y federales que conocen la carpeta y argumento jurídico de la acusación de peculado, malversación de fondos y corrupción en contra de Duarte, lo alertan porque la magistrada argumentó en Estados Unidos para que no se diera la extradición del exgobernador, quien coincidentemente la hizo juez.
El 8 de noviembre pasado la juez Lauren Louis, de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, autorizó la extradición a México de Duarte; acusado de dispersar 6 mil millones de pesos en su estado.
Ante esa misma Corte en donde desde el 8 de julio de 2020 se procesó el caso de extradición de Duarte debido a que fue detenido en Miami por pedido del gobierno de México, los conocedores del asunto sostienen que la magistrada Hernández defendió al exmandatario priista.
En diciembre de 2020 el equipo defensor de Duarte, integrado por Henry Bell, Armando Rosquete y Juan Morillo, presentó a la Corte los testimonios jurados de cuatro testigos para sostener que la acusación contra el exgobernador y el pedido de extradición no tenían fundamento.
Los tres abogados pidieron a la juez que se sellaran y no se dieran a conocer los testimonios ni nombres de tres de los cuatros testigos, debido que “era bien sabido que el gobierno de (el entonces gobernador panista) Javier Corral, perseguiría a quienes defendieran a Duarte”.
Expuesto por los expedientes que son públicos del caso Duarte, al que se le asignó el número 20-2289-CR-LFL, el argumento de los abogados para resguardar por seguridad lo declarado y la identidad de los tres testigos es innegablemente un caso precautorio.
El 30 de diciembre de 2020 la juez Louis accedió a que se resguardara “por un año” el contenido e identidad de los tres testigos secretos que opinaron contra la extradición solicitada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y del estado de Chihuahua.
“Tenemos conocimiento –comienza exponiendo a Proceso un alto funcionario de la FGR que, por tratarse de un caso abierto, pide el anonimato– que uno de esos testigos es Myriam Hernández y otra es la juez Otilia Flores Anguiano.”
El funcionario de la FGR no abunda, pero indica que, de ser el caso y de comprobarse este próximo 30 de diciembre, el asunto en Chihuahua se complicaría si, al ser extraditado, Duarte es procesado en el sistema judicial de la entidad que gobernó.
Un exfuncionario de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, que conoce al dedillo los expedientes contra Duarte y que pide el anonimato por temor a represalias por parte del gobierno de la actual gobernadora, la panista Maru Campos, expone a este semanario el siguiente argumento judicial: “Cualquier magistrada o magistrado que fungiera como testigo a favor de la defensa de Duarte quedaría automáticamente impedida o impedido para intervenir en el caso a nivel estatal y federal, porque eso implica ante la ley un conflicto de interés en favor del acusado”.
Medios de Chihuahua han manejado el argumento de que la magistrada Hernández, actual presidenta del Tribunal Superior Judicial del Estado (TSJE), por el hecho de que le debe favores a Duarte, quien la hizo juez, pondría en libertad al exgobernador.
Una extraña renuncia
El 12 de noviembre pasado, cuatro días después de que la juez Louis diera luz verde a la extradición de Duarte, el gobierno de Chihuahua forzó la renuncia del magistrado Pablo Héctor Hernández Villalobos como presidente del TSJE.
En su lugar fue nombrada la magistrada Hernández, en una decisión política que algunos medios locales achacaron a la gobernadora Campos para beneficiar a Duarte y librarlo de la cárcel.
La actual mandataria de Chihuahua fue acusada por su antecesor, Javier Corral, de haber estado en la nómina de pagos de corrupción que asignaba Duarte, señalamiento que fue pleito electoral este año en el PAN y negado ampliamente por la ahora gobernadora.
Corral quería que el candidato de su partido fuera Gustavo Madero y no Campos, quien finalmente fue la abanderada y triunfadora en los comicios. Campos se defendió de la acusación de haber recibido pagos de Duarte señalando que la difamaban por puro interés político-electoral.
“Siendo gobernador, Duarte dijo que iba a oxigenar al sistema judicial del estado y en 2014 promovió a Hernández para juez, junto a Flores Anguiano, por eso se les conoce como las magistradas oxigenadoras”, expone el exfuncionario del sistema judicial chihuahuense.
En su momento, notas periodísticas y columnistas en los medios de Chihuahua descalificaron la capacidad jurídica de Hernández para ser juez; destacaron que Duarte la propuso como un favor al esposo de la hoy presidenta del TSJE, Óscar Erives Hernández, con quien el exgobernador tenía negocios y mucha amistad.
Otro de los nombres que se barajan en los círculos políticos y periodísticos de Chihuahua, de otro de los testigos que presentaron ante la Corte en Florida para oponerse a la extradición de Duarte, es el del también magistrado Luis Villegas Montes, a quien se le califica de ser un amigo cercano y operador de la gobernadora Campos.
“De ser este el caso, lo cual se comprobará en unos días cuando la Corte libere los testimonios y nombres de los tres testigos, el caso Duarte por conflicto de interés debe ser eximido del proceso en el TSJE”, afirma el alto funcionario de la FGR consultado por Proceso.
Los cientos de páginas del expediente Duarte en la Corte de Florida no dejan en duda que, aunque sellados, los testimonios de los tres testigos anónimos fueron contra la posición del gobierno de AMLO en su pedido de extradición al gobierno estadunidense.
“Estos testimonios sustentan que la acusación de peculado de 2014 ya prescribió en el estado de Chihuahua y que es un argumento inválido del gobernador Corral contra el señor Duarte”, se lee en los documentos que transcriben los alegatos de los abogados del exgobernador.
Al final, la juez Louis desechó la argumentación del equipo de la defensa y falló en favor de la extradición a México de Duarte.
En entrevista telefónica para esclarecer el asunto sobre si fungió como testigo y ofreció su testimonio a la Corte en Florida y en favor del exgobernador priista que la hizo juez, la magistrada Hernández respondió:
“Lo que puedo afirmarle es que yo tuve una llamada telefónica con la defensa del exgobernador Duarte. No puedo precisar la fecha, quizá hace un año o quizá un poco más; y me preguntaron mi opinión sobre la situación legal del señor (Duarte) y eso fue todo. Yo desconozco el contenido de ese documento; no sé si se presentó o no se presentó. Eso es todo lo que yo sé.”
–¿Le notificaron sobre si su conversación telefónica con los abogados sería usada en la Corte de Florida? –se le insiste.
–Me dijeron que podría presentarse como argumento de la defensa. Me preguntaron si yo consideraba ser una perseguida política; yo respondí que sí. Lo he afirmado en todos los medios y lo vengo declarando desde el día que asumí esta presidencia y antes.
Las contradicciones jurídicas
Luego de que la Corte estadunidense en Florida autorizara sellar un año la declaración bajo juramento de los tres testigos protegidos que defendieron a Duarte, el gobierno de Chihuahua entregó a la FGR una ficha sobre los potenciales conflictos de interés y contaminación del caso si los testimonios fueran los de Hernández, Flores Anguiano y Villegas Montes.
En poder de este semanario, la copia de dicha ficha indica en cuatro puntos las contradicciones jurídicas para el estado de Chihuahua y a favor de Duarte si al ser extraditado su caso no pasara al fuero federal.
1. Estas personas fueron buscadas por personas allegadas a CDJ (César Duarte Jáquez) y son quienes aceptaron rendir una declaración jurada en los términos sugeridos por la defensa. Hay otros más a quiénes habrían solicitado rendir su testimonio y que rechazaron participar en esa estrategia de la defensa.
2. En nuestro sistema jurídico, como en el de Estados Unidos, de cualquier testigo que se presente a ser valorado en juicio debe considerarse su racionalidad y conocerse si tiene un interés personal en el resultado del proceso. Para ello, la autoridad debe conocer cuando el testigo tiene una profunda gratitud en favor de alguna de las partes, algún tipo de negocio o compromiso o si tiene interés en favorecer a alguna de las partes o de dañar o afectar a alguien con su testimonio.
3. Otilia, Myriam y Villegas son personas que carecen de objetividad o racionalidad en su testimonio, son personas que tienen un interés personal en el resultado del proceso y que tienen un compromiso y gratitud con CDJ, lo que afecta la pureza de la información que aportan en la declaración jurada; en las líneas subsecuentes se aporta la información que sustenta dicha afirmación.
4. Hasta antes de 2014, el entonces Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Chihuahua se encontraba organizado a través de un pleno formado por 13 magistrados, la mayoría de ellos con independencia judicial y sin relación con el entonces gobernador del estado, CDJ. Su designación como magistrados era anterior a la elección de CDJ como gobernador del estado (2010-2016).
La ficha que tiene la FGR expone también la marrullería con la que Duarte, respaldado por el PRI y por la mayoría representativa en el Congreso del Estado, logró cambiar las leyes para oxigenar a su gusto el sistema judicial.
Antes de la ficha, el entonces gobierno de Corral entregó personalmente al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, una carpeta bastante abultada, con cientos de folios donde se documentan los presuntos delitos de corrupción, peculado y malversación de fondos contra Duarte.
“Hay una acusación muy clara y fundamentada sobre lavado de dinero y robo de fondos del gobierno federal para financiar campañas electorales del PRI en Chihuahua y en otros estados, como Sonora y Nayarit, por ejemplo”, cuenta el exfuncionario del sistema judicial chihuahuense.
En esa carpeta se incluyen nombres de presuntos cómplices del exgobernador priista para su gran maraña de corrupción, enriquecimiento ilícito y pérdida de unos 6 mil millones de pesos. Entre esos nombres resaltan el expresidente Enrique Peña Nieto; Manlio Fabio Beltrones, expresidente del PRI; el exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; José Antonio Meade, también exsecretario de Hacienda y excanciller; el priista Emilio Gamboa Patrón, y hasta el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en prisión por cometer delitos similares a los de su correligionario de Chihuahua.
“Esos documentos en poder de la FGR son los mismos a los que intentó por todos los medios darle carpetazo Alberto Elías Beltrán, que por encargo de Peña Nieto estuvo al frente de la PGR”, aclara al exfuncionario.
La carta de la SRE
La carta diplomática que elaboró la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del gobierno de López Obrador y que entregó al Departamento de Estado y de Justicia de Estados Unidos para sostener el pedido de extradición, estipula tropelías y complicidades del exgobernador Duarte.
“De 2011 a 2014, cuando se desempeñaba como gobernador constitucional del estado de Chihuahua y tenía la obligación de administrar los recursos económicos del estado, Duarte Jáquez, previo acuerdo con diversos funcionarios y personas ajenas al servicio público, desvió recursos públicos por la cantidad de 96 millones 685 mil 253 pesos con 80 centavos, que fueron extraídos de diversas cuentas pertenecientes a la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, destinados exclusivamente a fines públicos”, resalta la nota diplomática.
El gobierno federal mexicano le hace al de Estados Unidos otra acotación respecto a las razones por las que Duarte debe ser procesado en el país.
“Se acredita que la no comparecencia de Duarte Jáquez ante los tribunales mexicanos hasta la fecha ha impedido que se dé inicio y más aún que se concluya su proceso, ya que en el proceso penal acusatorio la presencia del extraditable es indispensable, siendo evidente la aplicación del artículo 107 del Código Penal del Estado de Chihuahua”, subraya el documento de la SRE entregado al gobierno estadunidense.
Si la pesquisa del caso del exgobernador de Chihuahua no es atraída al fuero federal por la FGR, un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos advierte que eso implica una victoria para el acusado, con la pérdida de varios de los fondos robados al erario chihuahuense.
“No habría fundamento legal para que el Departamento de Justicia siga con el caso de la investigación de bienes e inversiones de procedencia misteriosa que tienen Duarte y su familia en El Paso, Texas, y en Nuevo México, y que ya han sido identificados”, dice.
De no haber proceso federal contra Duarte, su familia directa: esposa e hijos, sus hermanos y primos se quedarían con bienes y propiedades que de lo contrario podrían ser confiscados y repartidos en partes iguales entre México y Estados Unidos, como indica el acuerdo bilateral sobre ese punto.
En ediciones anteriores Proceso dio cuenta puntual de las direcciones y número de residencias y negocios de los familiares de Duarte, exsocios y amigos que son supuestos prestanombres para lavar el dinero que saqueó el exgobernador de las arcas del estado de Chihuahua.
“La familia está muy tranquila, confían en que en cuanto llegue a Chihuahua quede en libertad”, comenta al reportero una fuente confidencial muy allegada a la familia del exgobernador priista.
“Te voy a dar un ejemplo de lo tan confiados que están en que saldrá libre”, sigue la fuente. “Everardo Medina, primo segundo de Duarte y exdirector de Obras Públicas del Estado, tenía una orden de aprehensión por peculado y corrupción en Chihuahua, pero ya no”, añade.
–¿Ya le retiraron la orden de aprehensión o los cargos? –se le cuestiona.
–Ya no tiene miedo de que lo detengan. Es amigo de la gobernadora Maru Campos, entra y sale como Juan por su casa; a cada rato. Va a Ciudad Juárez, a Chihuahua, a Parral y a cualquier lugar. Él vive en El Paso, Texas, y cuando cruza hasta lo protege la gente del gobierno.
El amigo y allegado a la familia de Duarte hace otro apunte: “A Medina lo acusan de robarse cientos de millones de pesos cuando era funcionario y dueño de la Constructora Grupo Meda, en la época del gobierno de Duarte, claro. Pero desde que llegó Campos a la gubernatura se le terminaron los problemas; hace un mes, el viejo hasta se hizo una cirugía plástica en la cara. Te digo que están muy confiados. Si no me creen, pues que las autoridades lo busquen. Vive tranquilito en su casa, que está en el 6463 Snowheights Court, El Paso, Texas; C.P. 79912”, remata la fuente.
