Reguero de pólvora, en el Poder Judicial toman fuerza los señalamientos de que se trata de una consigna la operación para que Fuerza Por México vuelva a la vida. Fuentes judiciales han revelado a este semanario el cabildeo para rescatar a un partido que, desde su génesis, está ligado a los senadores morenistas Pedro Haces y Ricardo Monreal. Interpretaciones a modo de la ley y opacidad rodean al proyecto de resurrección a cargo de Indalfer Infante Gonzalez, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
A contracorriente de todos los precedentes legales, y luego de un intenso cabildeo proveniente del Senado, el magistrado Indalfer Infante Gonzales presentó ante sus pares del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un proyecto de sentencia que propone devolver el registro al partido Fuerza Por México (FXM), una plataforma política que ha estado ligada, desde su creación, a los senadores de Morena Pedro Haces Barba y Ricardo Monreal Ávila.
El proyecto de sentencia que pretende mantener el registro de FXM argumenta que ese partido se vio afectado por la contingencia sanitaria causada por la pandemia de covid-19, y por una presunta violación al principio de equidad, ya que comenzó a recibir financiamiento hasta el 19 de octubre de 2020, apenas un mes después que el resto de las fuerzas políticas, debido a que su proceso de constitución estuvo plagado de irregularidades, que también fueron impugnadas.
Los razonamientos del magistrado Infante Gonzales contrastan con los argumentos jurídicos de los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malassis, quienes en proyectos por separado proponen negar el registro de manera definitiva a los partidos Encuentro Solidario (PES) y Redes Sociales Progresistas (RSP) que, junto con Fuerza por México, no alcanzaron el requisito constitucional de sumar 3% de la votación válida emitida en las elecciones federales del pasado 6 de junio, para así conservar su registro luego de su primera participación en las urnas.
Fuentes judiciales revelaron a Proceso que el cabildeo para rescatar a FXM y evitar su baja definitiva involucró a funcionarios y exfuncionarios del máximo tribunal electoral que han tenido un vínculo profesional con Monreal Ávila y Haces Barba; el primero, aspirante a la candidatura presidencial de su partido en 2024, y el segundo, por el interés de conservar la plataforma política que postuló a su hijo como candidato a diputado federal en las elecciones de junio último.
Uno de los cabilderos habría sido el actual presidente interino del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), el zacatecano Armando Ambriz Hernández, el cual se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta del TEPJF hasta octubre de 2019, fecha en la cual el Senado lo designó magistrado del tribunal electoral capitalino.
El contacto por parte del magistrado Infante habría sido el secretario de Estudio y Cuenta adscrito a su ponencia, Prometeo Hernández Rubio, un funcionario que se desempeñó previamente como secretario particular de Infante Gonzales cuando éste fungía como magistrado de circuito, por lo que su trayectoria en el Poder Judicial de la Federación es más administrativa que como secretario proyectista para la elaboración de sentencias o resoluciones.
Pese a que las fuentes consultadas por Proceso señalaron directamente al senador Monreal como uno de los más interesados en conservar y cabildear en favor de Fuerza Por México, el legislador zacatecano negó tajantemente dicha versión, destacando que los magistrados del TEPJF “no aceptan presión o intervención de nadie” en sus determinaciones jurídicas.
“Estoy alejado de estos procesos jurídicos, de todos los partidos que han perdido sus registros; es una decisión del tribunal y conozco a todos ellos, son buenos juristas y magistrados honestos, harán lo correcto en la aplicación de la ley.
“Además, no tengo operadores y no intervengo en las decisiones de ellos (los magistrados), son independientes y a todos les tengo respeto”, respondió Monreal.
Silencio de Infante
Desde hace aproximadamente dos semanas comenzaron a aparecer publicaciones en medios que adelantaban la posibilidad de que los tres partidos que perdieron el registro en las elecciones del pasado mes de enero, Fuerza por México, Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas, lo iban a recuperar por órdenes de la Sala Superior del TEPJF.
La preocupación entre los magistrados electorales por la aparición de esas versiones –no confirmadas– causó que se agilizarán los trabajos para elaborar los proyectos de sentencia, con el fin de cerrar las puertas a la especulación.
Fuentes del tribunal electoral sostienen que, a la par de dichas versiones, se habrían dado los contactos entre el magistrado electoral de la Ciudad de México Armando Ambriz Hernández y el secretario de Estudio y Cuenta del tribunal electoral federal, Prometeo Hernández Rubio, uno de los principales colaboradores del magistrado electoral Indalfer Infante, con el fin de ayudar a que Fuerza por México conservara el registro.
Sin embargo, consultado por este semanario, el magistrado Armando Ambriz negó cualquier contacto o intervención con Hernández Rubio, para operar una sentencia favorable a Fuerza por México, además de señalar que actualmente se dedica a atender sólo sus funciones como presidente interino del Tribunal Electoral capitalino.
“El magistrado Armando Ambriz es muy institucional y se dedica exclusivamente a ver los problemas presupuestales, administrativos y jurídicos del TECDMX, por lo que no existe ninguna intervención o contacto con funcionarios del TEPJF para ver por el registro de ese partido”, explicó un portavoz del magistrado local.
Aún cuando las versiones obtenidas apuntaban a los vínculos del magistrado Ambriz con el senador Monreal para su intervención en este asunto, tanto el legislador zacatecano como el propio magistrado rechazaron dicha afirmación.
El senador morenista admitió que conoce al magistrado Armando Ambriz Hernández por ser de Zacatecas, y también debido a que su papá, Armando Ambriz Medina, se desempeñó como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, cuando él era gobernador de esa entidad.
Además, Ricardo Monreal descartó que un magistrado local pudiera presionar a un magistrado del TEPJF. “Conozco al magistrado Ambriz de la Ciudad de México, pero es inferior jerárquico (de los magistrados federales) y no creo que los magistrados del TEPJF hagan caso de él o que pueda ejercer presión sobre ellos”, dijo.
Sobre la relación entre ambos, sostuvo que sólo lo conoce porque ambos son zacatecanos y debido a que el papá del magistrado Ambriz “fue magistrado siendo yo gobernador, por cierto, muy buen abogado, pero ya hace más de 10 años que falleció”.
El magistrado Armando Ambriz Hernández admitió que conoce al secretario de Estudio y Cuenta, Prometeo Hernández Rubio, debido a que él desempeñó ese mismo cargo cuando laboraba en el TEPJF.
No obstante, niega que haya tenido contactos con Hernández Rubio para abordar la elaboración de la sentencia que propone conservar el registro de Fuerza por México, y además aclara que nunca trabajó en la ponencia del magistrado Indalfer Infante, ya que sólo estuvo bajo el mando del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y de la magistrada Janine Otálora.
En medio de estos señalamientos, el miércoles 1 se hicieron públicos los proyectos de sentencia para responder a los recursos de apelación presentados por Redes Sociales Progresistas y Partido Encuentro Solidario, en los cuales se confirma la negativa para que conserven su registro y se desmienten los rumores acerca de que podrían recuperarlo.
Así, en el caso del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, el proyecto de sentencia para el recurso de apelación SUP-RAP-422/2021 propone confirmar la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) que le retiró el registro a Redes Sociales Progresistas por no alcanzar el mínimo de 3% de la votación válida emitida, que prevé el artículo 41 constitucional.
En su proyecto por separado, para dar respuesta al recurso de apelación SUP-RAP-421/2021, la magistrada Janine Otálora también propone confirmar la extinción del Partido Encuentro Solidario por la misma razón, haciendo a un lado la pretensión de los militantes de esa fuerza política de flexibilizar el requisito constitucional sobre la votación mínima que requiere un partido para conservar el registro, luego de competir en sus primeras elecciones.
Sólo en el caso del magistrado Indalfer Infante Gonzales se hizo eco de los rumores existentes y el proyecto de sentencia retomó los argumentos presentados por Fuerza por México para tratar de bajar el umbral de 3% de la votación válida emitida, que exige la Carta Magna para conservar el registro de un partido.
Proyecto a modo
Pese a los precedentes existentes desde las elecciones presidenciales de 2018, cuando perdieron su registro los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social, que obtuvieron porcentajes máximos de 2.58% y 2.78% , respectivamente, el magistrado Indalfer Infante propone en el expediente SUP-RAP-420/2021 que Fuerza por México conserve su registro apelando a las condiciones extraordinarias que se vivieron en México por la pandemia de covid-19, y a una supuesta inequidad en el financiamiento público que recibió el partido de la tipografía rosa, en los comicios del 6 de junio.
El proyecto del magistrado tampoco toma en cuenta los proyectos de sentencia que presentaron sus homólogos para los casos del PES y RSP, partidos que usan argumentos muy similares a Fuerza por México, y en los que se llega a una conclusión totalmente opuesta, es decir, que no se flexibilizan los requisitos constitucionales para que un partido conserve su registro.
Una comparación entre los tres proyectos de sentencia arroja que, mientras los magistrados Reyes Rodríguez y Janine Otálora advierten que la norma de 3% no admite excepciones, y que RSP y el PES no lograron acreditar que las condiciones sanitarias se hayan traducido en un menor número de votantes, en el caso del magistrado Indalfer Infante sí se reduce el umbral de votación mínima a un 2.5%.
El argumento principal es que la pandemia obligó al INE a suspender el procedimiento de registro de los partidos políticos por 42 días, retrasando así todos los plazos de registro e impugnaciones para cumplir los requisitos, además de que se siguió aplicando el semáforo epidemiológico que restringía la organización de reuniones internas de los partidos en formación.
La reducción de plazos generó, a su vez, que los partidos de nueva creación se vieran afectados por la inequidad en el financiamiento público que recibieron, ya que fue hasta el 19 de octubre de 2020 cuando finalmente se le otorgó el registro formal como partido político a Fuerza por México.
Por lo anterior, el proyecto del magistrado Infante considera que las condiciones de participación de Fuerza por México en los comicios del pasado 6 de junio pudieron haberse generado por la situación extraordinaria, ya que sin la epidemia del nuevo coronavirus y en una situación ordinaria o normal, habría logrado su registro en julio de 2020.
Así, el proyecto concluye que se puede hacer una interpretación de la norma constitucional para reducir el umbral de la votación válida emitida a 2.5%.
Sin embargo, esta circunstancia no se aplica en los proyectos de sentencia para los casos de Redes Sociales Progresistas y Partido Encuentro Solidario, pese a que RSP también obtuvo su registro el mismo día que FXM, es decir, el 19 de octubre del mismo año. Por lo que se refiere al PES, tampoco obtuvo su registro en julio, sino el 4 de septiembre de 2020… apenas un mes antes que Fuerza por México.
Sobre Redes Sociales Progresistas, que comenzó a recibir el financiamiento público al mismo tiempo que Fuerza por México, el magistrado Reyes Rodríguez señala que no existió inequidad en lo que se refiere al financiamiento, ya que en la etapa de campaña formal para los electores comenzó de manera posterior, mientras que al momento de obtener el registro todavía era etapa de precampaña, en la que aún no se puede hacer un llamado al voto en la población abierta.
Por lo anterior, se concluye que “no existen elementos para determinar el nexo causal entre el registro tardío del partido recurrente derivado de la pandemia y la imposibilidad de alcanzar el porcentaje de votos necesario para conservarlo, sobre todo si se toma en cuenta que el recurrente tuvo acceso a todas las prerrogativas de la etapa de la campaña electoral a fin de promover el voto a su favor”.
En el caso del magistrado Indalfer Infante y el proyecto de sentencia que propone rescatar a Fuerza por México, se advierte que la epidemia de covid-19 provocó un “panorama de emergencia y riesgo” en el que era casi imposible que un partido pudiera llevar a cabo actos de organización y difusión como sí hubiera pasado en condiciones ordinarias, por lo que propone interpretar el artículo 41 constitucional no como está redactado actualmente, sino como estaba en 2014 antes de la última reforma electoral, cuando el requisito para conservar el registro de un partido político era de 2.5% de la votación válida emitida.
Además de la interpretación a modo, el magistrado ponente evitó hacer público su proyecto como lo hicieron sus pares Janine Otálora y Reyes Rodríguez, quienes anticiparon con sus propias propuestas su opinión respecto del futuro de Fuerza Por México.
