Más allá de las jactancias de algunos de los nuevos gobernadores –como David Monreal Ávila, de Zacatecas, y Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí–, quienes se ufanaban de su cercanía con el presidente López Obrador, lo cierto es que éste, a la hora de la distribución del presupuesto 2022, le apuesta todo al morenista Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; tanto, que, dice, éste va a coordinar todas las acciones del gobierno federal en la entidad. Las relaciones con los otros mandatarios son de distanciamiento… o de castigo.
ZACATECAS/SAN LUIS POTOSÍ/MICHOACÁN.- El presidente Andrés Manuel López Obrador no oculta distanciamientos ni cercanías en su relación con los nuevos gobernadores morenistas o sus aliados políticos. El trato diferenciado es ya obvio frente a las situaciones críticas que desde las primeras semanas se enfrentan en varios estados y se advierte hasta en el reparto del presupuesto que el gobierno federal prevé para el año próximo.
En el primer caso estarían los gobernadores de Zacatecas, David Monreal, y San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona (del PVEM), quienes en campaña se jactaron de contar con el más amplio respaldo presidencial para atender los graves problemas que les dejaron sus antecesores, particularmente en materia financiera y de seguridad, y que trabajarían a lo largo de los próximos tres años en estrecha colaboración.
Nada de eso se ha visto. Y los augurios para 2022 no son mejores, porque mientras en el caso de Zacatecas ya surgieron quejas por una reducción en el rubro educativo, para San Luis el incremento de fondos es mínimo, menor todavía que para entidades gobernadas por el PAN o por Movimiento Ciudadano.
En Michoacán, por el contrario, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla no sólo recibió ya la visita de López Obrador y parte de su gabinete, también hubo una rápida respuesta del gobierno federal para saldar adeudos heredados con el sector magisterial y empleados estatales, mientras el presidente prácticamente nombró a Ramírez operador de los programas federales en ese estado.
Así, en su campaña a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal Ávila presumió que, a diferencia de sus contrincantes, su cercanía y la de su hermano, el senador Ricardo Monreal, con el presidente garantizaban el apoyo del gobierno federal al estado para enfrentar problemas como la inseguridad y el quebranto financiero; pero hasta ahora esto ha quedado en promesa.
Castigo a los Monreal
Con el arribo de Monreal al gobierno estatal el 13 de septiembre no llegaron a Zacatecas ni un mayor despliegue de agentes de la Guardia Nacional para combatir la disputa de los grupos del crimen organizado –que deja en promedio una decena de asesinatos diarios– ni los recursos federales extraordinarios para enfrentar la crisis financiera.
Ante las manifestaciones del magisterio y de burócratas estatales que reclamaban el pago salarial y le paralizaron el gobierno a días de iniciada su gestión, el gobernador buscó una audiencia con López Obrador, que tardó casi tres semanas en recibirlo en Palacio Nacional, como patentizó la oposición en el Congreso estatal, al insinuar que el mandatario dio ya la espalda al gobierno monrealista.
De ese encuentro entre el presidente y el gobernador, el gobierno federal no difundió fotografías, como sí lo hizo de las reuniones sostenidas con otros mandatarios emanados de Morena. En cambio, el gobierno del estado publicitó esta reunión como un gran logro de Monreal, utilizando incluso una fotografía de un encuentro anterior; además circuló un video de la conferencia mañanera del 13 de octubre en la que el presidente anunció que ayudará a la entidad.
“Me reuní con el gobernador de Zacatecas y lo vamos a ayudar a pagar sus nóminas, porque no les dejaron nada”, declaró entonces el presidente. Pero, a la fecha, Monreal no ha conseguido los mil 500 millones de pesos que requiere para cerrar el año ni ha podido concretar que el gobierno federal absorba la nómina magisterial que mantiene en jaque las finanzas del estado, como sí lo han presumido los gobernadores de Sonora y Michoacán.
El legislador federal petista Alfredo Fermat Bañuelos ha reclamado públicamente que Zacatecas no merece un trato distinto al ofrecido por el gobierno federal a Michoacán para resolver el problema de la nómina magisterial. Incluso la senadora monrealista Soledad Luévano Cantú mandó colocar espectaculares en la Ciudad de México con este clamor: “Sr. Presidente. Nos sentimos abandonados. Zacatecas necesita más seguridad y presupuesto justo”.
La senadora ha convocado a los demás legisladores federales por el estado a dar la batalla por más recursos federales, tras recriminar que el presupuesto federal de Egresos 2022 “no trae ninguna obra para Zacatecas” y sí un recorte de 500 millones de pesos en el gasto educativo.
“A Zacatecas no le está yendo bien en el presupuesto de la federación en ninguno de los rubros… no está incluida la federación de la nómina magisterial. ¡La neta no se ve para dónde está el apoyo! Entonces, ¿dónde está eso de que si en línea era el mismo gobierno (de Morena) nos iba a ir bien a los zacatecanos?”, reprocha el diputado federal panista Miguel Ángel Varela Pinedo.
Los legisladores locales perredistas Juan Mendoza y Enrique Laviada dicen que el presidente no está castigando a Zacatecas, sino a “los hermanos Monreal” por la posición política que adoptó el senador Ricardo en la sucesión presidencial anticipada.
Con Gallardo,
relación de conveniencia
Aunque el gobernador potosino Ricardo Gallardo Cardona presume cercanía con López Obrador y asegura representar a la 4T en San Luis Potosí, esa buena relación no se ha reflejado en el primer presupuesto anual que le asigna la Federación a su gobierno ni con muestras de respaldo por la vía de visitas presidenciales a la entidad.
De acuerdo con el presupuesto federal para 2022, presentado en septiembre, San Luis Potosí se encuentra entre los 10 estados con menor incremento porcentual en los montos en los ramos 28 y 33, los más significativos.
Aunque Gallardo Cardona presumió un aumento en esos dos ramos por 2 mil 451.7 millones de pesos, equivalentes a 6.08%, queda muy lejos de los cinco más favorecidos: Nuevo León, con 15.06%; Querétaro, 13.64%; Chihuahua, 10.47%; Guanajuato, 10.25%, y Michoacán, 10.09%.
El gobierno de Gallardo Cardona ha anunciado para este mes una visita de López Obrador al estado, pero sin precisar fecha ni motivo.
En realidad, la de Gallardo con el presidente parece ser más bien una relación de conveniencia.
“Imagínense si he enfrentado a Salinas y a Fox y a Calderón y a Peña, que no vaya a poder enfrentar a mafiosillos”, dijo López Obrador como candidato presidencial el 11 de marzo de 2018, cuando le preguntaron si tendría agallas para detener las amenazas y la extorsión a ciudadanos y empresarios por parte de la “gallardía”, apoderada en ese momento de la alcaldía de San Luis Potosí.
Pero ya en la conferencia mañanera del 21 de julio pasado calificó a Gallardo como un perseguido político y aseguró que en 2015 lo apresaron para impedirle ser candidato a la gubernatura, porque así actuaba la PGR y tenían otro personaje predilecto.
Gallardo fue el último de los gobernadores electos en ser recibido por López Obrador en Palacio Nacional, lo que generó especulaciones sobre la solidez de la alianza de la Cuarta Transformación con el PVEM para contar con mayoría de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Para Michoacán, trato preferencial
En Michoacán, a diferencia del distanciamiento y la confrontación política que sostuvo con Silvano Aureoles Conejo, exgobernador perredista de la entidad, el presidente López Obrador ha brindado un trato especial al nuevo mandatario, Alfredo Ramírez Bedolla, de origen morenista, a quien incluso nombró como su “representante” para el manejo de los programas federales en el estado.
Ante la agudización de la crisis financiera en los últimos meses de su administración, Aureoles –miembro de la Alianza Federalista– solicitó insistentemente al gobierno federal la reactivación del fondo de estabilización para el pago de la nómina del magisterio y personal de diversos organismos, pero no obtuvo respuesta y concluyó su administración en medio de protestas, con una deuda de cuatro quincenas a los trabajadores, además de pasivos en general por más de 20 mil millones de pesos.
El 9 de octubre, poco más de una semana después de la toma de protesta de Ramírez Bedolla como gobernador, López Obrador llevó a Morelia a casi todo su gabinete ampliado para presentar el llamado Plan de Apoyo a Michoacán.
En el acto, en el que también estuvieron Ramírez Bedolla y sus colaboradores, los titulares de cada una de las dependencias federales expusieron acciones y programas destinados para esa entidad en sus respectivas áreas, como seguridad, salud, programas sociales, infraestructura, educación, campo, turismo y cultura, entre otras.
En relación con los salarios no cubiertos a los maestros, el presidente anunció su decisión de federalizar la nómina: “los adeudos los va a absorber el gobierno federal, para que nos pongamos al corriente y nunca más les vuelvan a faltar los sueldos a los maestros de Michoacán”.
Dijo: “No se le puede estar quedando a deber el salario a los maestros; a nadie, es inconstitucional, es hasta un pecado social retener el sueldo a un trabajador, no puede el gobierno dar ese mal ejemplo. Puede ser que no se tenga para otros gastos, pero el salario lo tiene que recibir puntualmente el trabajador”.
Menos de un mes después de esa reunión, el pasado martes 3, el gobernador anunció que ya se había solventado el pago de salarios pendientes al magisterio y a trabajadores de otras áreas por 3 mil 826 millones de pesos, de los que mil 220 millones son de procedencia federal, mil 399 millones de un crédito de corto plazo y el resto de recursos estatales.
En la presentación del Plan de Apoyo a Michoacán, López Obrador enfatizó que la presencia de él y los miembros de su gabinete en la entidad fue para respaldar al mandatario estatal, “para decirle al pueblo michoacano que el gobernador Ramírez Bedolla cuenta con todo el apoyo del gobierno federal, por eso estamos todos aquí. Vamos a trabajar juntos”.
AMLO precisó que el gobernador será su representante en Michoacán para el manejo y aplicación de todos los programas sociales de su administración, función antes asignada a la figura del superdelegado.
“Él me va a representar y va a coordinar todas las acciones del gobierno federal en Michoacán. Todo nuestro apoyo para que todos los programas que se apliquen en los 113 municipios estén supervisados por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla”, puntualizó.
