En sus primeros días, los nuevos gobiernos de Zacatecas, San Luis Potosí y Michoacán han estado llenos de contradicciones. El zacatecano David Monreal ha sido errático, sobre todo por la ratificación en sus cargos a funcionarios que en la administración anterior entregaron malas cuentas. El potosino Ricardo Gallardo optó por negar a los burócratas el dinero que le exigen y los enfrenta de manera abierta. Sólo el michoacano Alfredo Ramírez Bedolla recibe el respaldo federal, en un intento por legitimar su gobierno.
ZACATECAS/SAN LUIS POTOSÍ/MICHOACÁN.- Conflictos y protestas laborales, un reclamo social por la inseguridad, estrechez financiera para cubrir salarios o adeudos y hasta parálisis administrativa son las vicisitudes que encaran Morena y su aliado del PVEM, quienes gobiernan por primera vez a una población que entre los tres estados suma poco más de 9 millones 200 mil habitantes.
David Monreal Ávila en Zacatecas, Ricardo Gallardo Cardona en San Luis Potosí y Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán comparten en el arranque de sus periodos de gobierno condiciones adversas a las que se suman compromisos urgentes que hicieron y no han podido afrontar, perfiles cuestionables de algunos integrantes de sus respectivos gabinetes, así como contradicciones o una franca improvisación en la toma de decisiones.
En Zacatecas, David Monreal reconoció, al asumir el 12 de septiembre, las crisis de seguridad y financiera del estado y recordó que agosto fue el mes más violento de la administración pasada al registrarse 167 homicidios dolosos. Pero ratificó como secretario de Seguridad Pública a Arturo López Bazán, quien desempeñó ese cargo en el último año del quinquenio del priista Alejandro Tello, cuando repuntó la incidencia de asesinatos.
La promesa del gobierno de Monreal de regresar la tranquilidad a los zacatecanos arroja hasta ahora un saldo negativo: 187 homicidios dolosos cometidos en septiembre, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y seis policías asesinados en los primeros días de su mandato, contabilizados por la organización Causa en Común.
“Recibimos un estado frente a una verdadera emergencia social, el gobierno no tiene recursos para lo esencial”, advirtió el gobernador al jurar el cargo, respecto a la otra crisis, la de las finanzas. Y luego ratificó también a Ricardo Olivares como secretario del ramo y respaldó la candidatura del actual alcalde de la capital de Zacatecas, Jorge Miranda, quien fungió como secretario de Finanzas durante los casi cinco años del gobierno saliente.
Monreal otorgó estas ratificaciones “cuando son a quienes él señala como responsable de la quiebra, de la crisis de inseguridad”, increpa el diputado local Enrique Laviada Cirerol –quien llegó a la curul por Morena pero renunció para afiliarse a Movimiento Ciudadano–, mismo que sentencia: “Es un gobierno de contradicciones”.
Al quinto día de iniciada su administración, el gobierno autodenominado de la “nueva gobernanza” enfrentó su primera protesta magisterial provocada por la falta de pago de la primera quincena de septiembre a 12 mil maestros estatales, quienes pararon labores en mil 400 escuelas y cerraron durante casi dos semanas las oficinas centrales y regionales del gobierno estatal. A la par, otra manifestación de burócratas estatales reclamaba el pago de salarios y también de la pensión a 4 mil 600 jubilados.
Debut errático
“En 60 años ningún gobierno en Zacatecas había tenido un inicio tan desastroso”, sostiene el doctor Rodolfo García Zamora, docente e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
El morenista Luis Medina observa un inicio de gobierno “errático”, pues si bien Monreal recibió un gobierno sin dinero para el cierre del año, también cometió “errores y omisiones, por lo que de inicio no se percibe que haya tomado los hilos administrativos, ¡ya no digamos los políticos!”.
Sobre el gabinete, Monreal había dicho en campaña que “ni lo mismo ni los mismos” y que, atendiendo a los principios de la Cuarta Trasformación, su administración no sería “ni de cuotas ni de cuates”. Pero hizo nombramientos como el de Le Roy Barragán Ocampo en la Secretaría de Turismo, un político y abogado sin experiencia en el sector, pero que en el servicio público estatal ha ocupado diferentes cargos en los últimos cuatro gobiernos: con los entonces perredistas Ricardo Monreal y Amalia García, y con los priistas Miguel Alonso y Alejandro Tello.
La nueva subsecretaria de Educación Básica, Yolanda Páez López, es esposa de Cándido Monreal, hermano del gobernador. Monreal nombró coordinador estatal de Protección Civil a Jeu Márquez Cerezo, quien fue secretario técnico en la Coordinación Nacional de Ganadería cuando la encabezó el propio David Monreal, y operó el programa Crédito Ganadero a la Palabra, que extinguió el propio gobierno federal al no dotarle de presupuesto en su segundo año de operación y ante las acusaciones de malos manejos y entrega de ganado enfermo.
Julia Arcelia Olguín Serna, designada subsecretaria de Concertación Política y Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobierno, tiene antecedes penales y estuvo inhabilitada 10 años para ejercer cargos públicos en Zacatecas, después de que en 2005 fue acusada de incurrir en ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y peculado durante su desempeño como directora de Tránsito y Vialidad en el gobierno de Ricardo Monreal (1998-2004).
Para colmo, Monreal ha abierto nuevos frentes de confrontación, pues, entre otras cosas, podría desaparecer la Secretaría del Zacatecano Migrante, lo que ha desatado el rechazo por parte de los diputados migrantes, líderes de organizaciones de los 750 mil zacatecanos radicados en Estados Unidos y de especialistas en migración; y también quiere mantener en 2022 el Impuesto Adicional a la Infraestructura, creado por su antecesor y repudiado por los contribuyentes.
Gallardo: choque frontal
con burócratas
En San Luis Potosí, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE) ya le presentó al gobernador Ricardo Gallardo Cardona (del PVEM) 211 demandas laborales.
El conflicto escaló al grado de que dos de los seis sindicatos de burócratas iniciaron un plantón frente al Palacio de Gobierno el 5 de octubre. Además del SUTSGE, el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado también se instaló en la Plaza de Armas y frente a la Casa de la Cultura.
Bernardina Lara Argüelles, secretaria general del SUTSGE, el sindicato mayoritario que agremia a cerca de 6 mil burócratas, comentó en entrevista el nivel de la confrontación. “Nos ha dicho que él va a resistir, que a ver si nos alcanza la vida para resistir nosotros. Pues yo creo que sí. Lo digo porque mientras Dios nos la dé y mientras alguien no nos la quite, pues yo creo que sí vamos a tener mucha vida. No sé si será una amenaza”, dijo Lara Argüelles.
La lideresa advirtió que pretender utilizar los recursos de sueldos de los trabajadores para financiar las licencias de conducir gratuitas que Gallardo prometió en su campaña constituye un desvío de recursos, porque los salarios se encuentran presupuestados para todo el ejercicio anual.
La confrontación del gobernador se da especialmente a través de la Oficialía Mayor, cuyo titular, Noé Lara Enríquez, quien ha acompañado a la gallardía desde 2009, llega al punto de dejar sin servicio médico a 70 trabajadores que debieron ser dados de alta tras más de un centenar de jubilaciones y fallecimientos.
“Ha declarado (Gallardo Cardona), ‘no les voy a dar dinero’. ¿Y quién se lo está pidiendo? Le estamos pidiendo que respete la ley, que respete los acuerdos que se tuvieron con las administraciones anteriores, que no nos esté quitando derechos adquiridos que nosotros tenemos, que no le van a costar más ni menos”, aclaró Lara Argüelles. “A lo mejor quieren un sindicato de papel”.
Lara Argüelles, quien desde el SUTSGE ha tratado a 10 gobernadores, seis como secretaria general y cuatro más como integrante de la directiva del sindicato, cuando se registraron tres interinatos y el gobierno de 12 días que encabezó Fausto Zapata Loredo, consideró el inicio del gobierno de Gallardo Cardona como el más raro, confuso y hasta folclórico, plagado de errores.
El sindicato ha tenido que enfrentar, dijo, a funcionarios sin nombramiento, cuyas instrucciones representan casos de usurpación de funciones. “A todos los que les hemos mandado escritos nos dicen: ‘Póngale a quien corresponda porque no tengo nombramiento y no sé si me voy a quedar’”.
Esos errores provocaron que las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas del Estado no pudieran operar durante los primeros 15 días hábiles del sexenio, al intentar sustituir al proveedor del software que usan. La empresa que quieren imponer no contaba con los sistemas para sustituirlo.
El 18 de octubre Gallardo puso en marcha la entrega de las licencias de conducir gratuitas y permanentes. Presumió cumplir una de sus promesas de campaña, aunque en los hechos lo hizo de manera parcial. La recaudación perdida por las cuotas de las licencias, advirtió, la obtendría de un adelgazamiento de la burocracia que se tradujo en despidos injustificados, para luego contratar a dos o tres incondicionales por cada plaza desalojada.
Desde el 6 de julio de 2020, cuando como diputado federal del PVEM ya se promovía por la candidatura al gobierno estatal, Gallardo había prometido que todas las licencias serían gratuitas, especialmente para que los conductores cubrieran requisitos laborales con ellas. No obstante, dejó con un costo elevado las licencias para taxistas, a 750 pesos por un año, y para los choferes del transporte urbano, a 840 pesos por un año. Son de las más caras del país, pues en otros estados cuestan entre 251 y 540 pesos por año.
Si, de acuerdo con un recuento hemerográfico, el sexenio 2015-2021 del priista Juan Manuel Carreras López inició con 16 víctimas asesinadas en hechos violentos en su primer mes, el de Gallardo mostró mayor violencia, con 28 homicidios. Al iniciar el sexenio anterior, todos los casos se dieron entre civiles, pero ahora la violencia ha escalado también en sus formas, con dos enfrentamientos que dejaron cuatro policías y un militar muertos.
Michoacán, cúmulo de deudas
En Michoacán, la recién concluida administración del perredista Silvano Aureoles Conejo heredó a su sucesor, Alfredo Ramírez Bedolla, pasivos cercanos a 50 mil millones de pesos por deudas bancarias, déficit presupuestal y deudas a otras instituciones, lo que según este último coloca a las finanzas públicas de la entidad en una situación de “quiebra técnica” que, según analistas consultados por Proceso, se convierte en una carga que se ve imposible de resolver durante el actual periodo de gobierno.
Ha sido más bien con el respaldo federal y un crédito de corto plazo como la administración de Ramírez Bedolla solventó el pago de salarios (que sumó 3 mil 826 millones de pesos). Y ya el dirigente estatal de la CNTE, Gamaliel Guzmán Cruz, aclaró que hay todavía otros adeudos por diversas prestaciones que no han sido cubiertas desde hace varios años –algunas de 2010 a la fecha–, que implican cientos de millones de pesos.
Guzmán Cruz considera que el respaldo actual de la administración de López Obrador al gobierno estatal para el pago de los salarios “obedece a un juego político para legitimar al gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, que estuvo muy cuestionado antes de asumir la gubernatura”.
Heliodoro Gil Corona, expresidente del Colegio de Economistas de Michoacán, considera que el Plan de Apoyo a Michoacán anunciado el pasado 9 de octubre por el presidente Andrés Manuel López Obrador “son buenas voluntades, qué bueno, pero hay que traducirlo con una estrategia muy puntual, detallada y focalizada; necesitamos un proyecto de rescate de Michoacán con pelos y señales, con presupuesto concreto para cada actividad y con un sistema de evaluación de resultados, de lo contrario van a ser golpes de pecho”.
Durante la presentación del plan, el presidente también anunció la federalización de la nómina magisterial para aliviar la carga financiera al gobierno del estado. Esa medida es vista con escepticismo por parte del dirigente de la CNTE, Gamaliel Guzmán, quien advierte que su organización vigilará que dentro de ese proceso no se menoscaben las conquistas laborales de los 28 mil maestros del ámbito estatal.
“Esto no ha pasado del discurso del presidente, esto no va a ser en el corto plazo, tiene que haber discusión de varios actores; si ya tiene la idea el gobierno de cómo va a hacerse, no nos la ha presentado. No permitiremos que se violenten los derechos de los trabajadores.”
En lo relativo al tema de la seguridad en Michoacán, uno de los más sensibles por la disputa de grupos del crimen organizado en la región de Tierra Caliente, Ramírez Bedolla prácticamente entregó el control del área al Ejército, al nombrar como secretario de Seguridad Pública al general José Alfredo Ortega Reyes y al coronel Gustavo Arellano Echánove como subsecretario de Inteligencia de la misma dependencia, ambos por recomendación del propio general Luis Cresencio Sandoval.
