Desde la gubernatura de Campeche, Layda Sansores San Román abre un frente contra el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el exgobernador Carlos Aysa González. De acuerdo con la mandataria, ambos deben responder por las anomalías e irregularidades detectadas en el proyecto millonario para la edificación de la ciudad administrativa que ha beneficiado a constructoras consentidas y a personajes cercanos al anterior gobierno, vía adjudicaciones directas e “invitaciones”. Incluso, el complejo administrativo –que quedó a medias– se erigió en terrenos de un empresario que ahora resulta ser el dueño, pues la donación de éstos no se concretó.
CAMPECHE, Camp.- Como sustituto de Alejandro Moreno Cárdenas en la gubernatura, Carlos Miguel Aysa González quiso dejar rastro de su circunstancial entronización (de 27 meses), con la construcción de una faraónica ciudad administrativa.
Sin embargo, la obra que costó 790 millones de pesos sólo en su primera etapa, quedó a medias y ya se perfila como un monumento a la corrupción, debido a la cadena de irregularidades con la cual se cimentó.
El caso fue expuesto por la gobernadora Layda Sansores San Román durante dos emisiones del programa televisivo gubernamental Martes del Jaguar, en el cual la mandataria aparece semanalmente para hablarle a la ciudadanía sobre los temas de gobierno.
Por ahora, el caso se ha limitado a la denuncia pública de la gobernadora, pues, explicó, definirá si proceden las denuncias penales una vez que se tengan las conclusiones de las auditorías sobre el proyecto de Aysa González.
Además, el gobierno estatal aún negocia con la familia propietaria del lugar donde fue asentada la ciudad administrativa.
En principio, el complejo de estilo industrial –cemento, metal y vidrio– se erigió en terrenos del empresario Francisco Castilla Goytia, quien por ello resulta ser el verdadero dueño de la nave gubernamental, pues, aunque se informó que donaría al gobierno del estado ocho hectáreas, la administración saliente no concluyó los trámites y venció el plazo acordado entre las partes en el contrato de compromiso.
Previamente se urbanizó un polígono de más de cuatro kilómetros cuadrados de la zona que bordea la ciudad administrativa; se dotó de modernas vialidades de tres carriles por sentido, como no las tiene ningún otro sector de la capital estatal, y de banquetas de concreto hidráulico, con lo que de paso se regaló plusvalía al latifundio de los Castilla, pero también a los predios de otra familia: los Gómez, a la cual pertenece Claudio Cetina Gómez, quien despachó como jefe de la Oficina del gobernador durante el cuatrienio de Moreno Cárdenas.
Debido a la opacidad del proyecto se desconoce con precisión cuánto costaron esas vialidades; aunque fuentes del proyecto refieren poco más de 200 millones de pesos, sin sumar los 790 millones que se destinaron para el edificio.
Todos los trabajos se realizaron, además, al margen de la legalidad, sin permisos; por lo que ahora el ayuntamiento de Campeche, que encabeza la emecista Biby Ravelo de la Torre, exige al gobierno de Layda Sansores que cumpla en retroactivo con los trámites y pagos correspondientes de esas obras y las que ejecutó la administración estatal en sexenios anteriores.
En entrevista con Proceso, la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (Seduopi), Karla Sánchez Sosa –quien habló del caso en los programas televisivos con la gobernadora Sansores–, explica que la administración pasada otorgó al menos 91 contratos para la ejecución del proyecto integral; pero debido a las irregularidades detectadas, el expediente aún está en revisión y la obra, en auditoría.
“Incluso, por normativa, los contratos no se deben atomizar en una obra porque entre tantos contratos activos se dificulta encontrar a un responsable de ejecución y terminación de los proyectos”, dice Sánchez Sosa.
En una revisión que la corresponsal hizo a los contratos, que aparecen en el sitio de transparencia gubernamental, se encontró que éstos se repartieron entre empresarios afines al gobierno Moreno-Aysa mediante los esquemas de “adjudicación directa” y de “invitación a por lo menos tres personas”. Repartidos en su variedad de constructoras, la familia de Augusto Gordillo se llevó la mayor tajada.
Pero de ese festín de contratos consultados surge una revelación más: salió beneficiado Rafael Jesús Caraveo Opengo, quien fue socio del exsenador Jorge Luis Lavalle Maury, actualmente en prisión preventiva por el caso Odebrecht, hasta que estalló ese escándalo.
Lavalle es el personaje que el 17 de agosto de 2020 fue exhibido en un video recibiendo fajos de billetes presuntamente de los sobornos que, según el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, recibieron siete senadores del PAN para que aprobaran la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Las imágenes datan de cuando Caraveo Opengo fungía como secretario técnico del Senado.
Multifacético, Caraveo –a quien el Ministerio Público exoneró del caso Odebrecht, luego de que inculpó a Lavalle Maury– además de contador, abogado fiscalista, posgraduado en prevención de lavado de dinero y buzo, resultó constructor. Es así que, vía el esquema de “invitación a por lo menos tres personas”, el 30 de julio de 2020 la Seduopi le asignó a su constructora, Edificación y Servicios Integrales Viccen, S.A. de C.V., el contrato SEDUOPI/SSDU/002/2020 por un monto de 3 millones 99 mil 321.74 pesos.
Según el acta constitutiva de la empresa, en poder de la corresponsal, él posee 90% de las acciones.
El contrato le asignó ocuparse de la jardinería de ornato en la prolongación de la avenida Lázaro Cárdenas, de aproximadamente dos kilómetros, y una de las que forman parte del proyecto integral de la ciudad administrativa.
De acuerdo con el folio N-2018004142 del Registro Público del Comercio revisado por este medio, dicha empresa se constituyó el 9 de octubre de 2017 y su socio, el ingeniero Víctor Jesús Cen Paredes, quien posee 10% de las acciones, figura como administrador único.
Según el contrato con la Seduopi, los trabajos que se le asignaron debieron iniciar el 30 agosto de 2020 y terminar el 1 de septiembre de 2020, pero, salvo algunos endebles árboles plantados en el enmalezado camellón central, no se aprecia algún jardín que adorne esa arteria.
Esconden la cifra
El proyecto de la ciudad industrial se planeó antes de que Moreno Cárdenas traspasara en junio de 2018 la gubernatura a Aysa González, quien lo relanzó como obra suya en 2020. Con tal propósito, el 18 de mayo de 2018 se le adjudicó el contrato SEDUOPI/SOP/AD/058/2018 a la empresa Barreiro Construcciones, S.A. de C.V., para elaborar el estudio de preinversión y zonificación, que costó 580 mil pesos.
El 23 de noviembre de 2020, el contrato SEDUOPI/SSOP/100/2020, por un monto de 1 millón 752 mil 77 pesos con siete centavos, se le asignó en la modalidad de invitación a por lo menos tres personas, para la “supervisión y seguimiento arquitectónico de la construcción del edificio 4 de la ciudad administrativa”. Su tarea concluiría el 31 de diciembre de ese año.
El 5 de marzo de 2020 la Seduopi adjudicó el contrato SEDUOPI/SOP/AD/006/2020 –de manera directa– a la empresa Bi-Tec Arquitectos, S.A. de C.V., para encargarse del proyecto ejecutivo de la ciudad administrativa, el cual debía entregar el 4 de mayo de ese año.
En el portal de transparencia está oculto el monto que se le pagó por el trabajo. El casillero se llenó con símbolos de número.
No obstante, la actual titular de la Seduopi comenta que el proyecto está en auditoría, pero, al parecer, el monto que se pagó por ese contrato es de “aproximadamente” 23 millones de pesos.
Aún no se sabe con certeza el concepto de la ciudad administrativa y cuántos edificios la integrarán. A la fecha, sólo hay un inmueble, y aunque en su construcción la administración que salió el pasado 15 de septiembre se gastó 98% del presupuesto, físicamente sólo avanzó 75%; además, hizo modificaciones sobre la marcha.
Por ejemplo, no se hicieron las rampas de acceso para discapacitados, pero se alfombró poco más de la mitad del segundo piso.
Legalizar la propiedad, componer, acondicionar y avituallar ese edificio son tareas que le dejaron al gobierno entrante y costarán más de 400 millones de pesos.
La justificación para esta obra fue que reduciría los costos de arrendamiento de dependencias que no tienen instalaciones propias y que mensualmente le cuestan al gobierno 3 millones de pesos.
De acuerdo con la información obtenida vía una solicitud de transparencia, son aproximadamente medio centenar de locales o espacios que se rentan en esta capital, pero resulta que ese inmueble sólo fue proyectado para seis en las cuales, paradójicamente, no fue incluida la Seduopi, que sólo por su sede principal paga una renta de 160 mil 65 pesos con 15 centavos mensuales a la empresa Lubrillantas de Campeche.
Debate
En el programa televisivo en vivo del 5 de octubre último Sansores y la secretaria de Obras, Sánchez, hablaron del problema heredado. En sus redes sociales la mandataria, incluso, llamó a Edilberto Buenfil Montalvo, extitular de la Seduopi, a debatir públicamente sobre las acusaciones. Buenfil aceptó.
El sábado 9 de octubre el debate se transmitió en vivo desde el interior del edificio en escrutinio.
Buenfil expuso que el gobierno no posee las escrituras porque la Secretaría de Gobierno no finalizó el proceso de protocolización. También dijo que Castilla Goytia donó el predio, pero que luego que se le pagaron “5 o 7 millones de pesos”.
Días después, en un programa radiofónico, Rafael Castilla Azar, hijo y apoderado legal del dueño del terreno, negó el pago. Incluso, Karla Sánchez aseguró a la corresponsal que no hay ninguna evidencia documental de esa supuesta transacción.
Proceso buscó al empresario para una entrevista, pero no respondió a llamadas ni mensajes. No obstante, en la versión que dio en la radio, Castilla Azar argumentó que su familia posee esos terrenos desde hace seis décadas porque los compraron como ranchos ganaderos, no para especular, pero el crecimiento de la ciudad los alcanzó.
Agregó que no tienen intención de quedarse con el edificio, pues está firme el compromiso de donación, pese a que el plazo pactado para legalizar la cesión con la pasada administración venció el 8 de julio de 2020.
Reveló que, aunque eran seis hectáreas las que necesitaba para el proyecto, el exgobernador Aysa González pidió ocho a la familia Castilla, y señaló que la primera cláusula del contrato de donación estipula “83 mil 701.00 metros cuadrados, sin superar los 83 mil 750 m2 en favor del estado de Campeche”. También aseguró que por esos terrenos no recibieron ningún tipo de pago, pero reconoció que 43% de los frentes de las avenidas que se construyeron es de ellos.
“Hay 57% (del terreno) que no es nuestro, pero la gente sólo piensa en los Castilla, y por esa cifra donamos o devolvimos al erario ocho hectáreas en contraprestación. Lo voy a decir así, aunque fue una donación: traté de devolver la inversión”, detalló.
Agregó que el gobierno no les pidió autorización para la avenida que se construyó en sus predios, pero aceptó que sí les beneficia.
