La sentencia de la Suprema Corte que obliga al gobierno federal a devolverle casi 339 millones de pesos más intereses de 14 años –se estima un total de mil millones– a los herederos de Carmela Azcárraga fue la culminación de un largo litigio. Esa resolución, cuyo impacto en las finanzas públicas lamentó el presidente López Obrador, tuvo origen en uno de los cuatro proyectos, contradictorios entre sí, que presentó en el máximo tribunal la ministra Yasmín Esquivel, propuesta para el cargo por el propio mandatario.
Con tres repentinos cambios de opinión que se reflejaron en tres proyectos de resolución diferentes para el mismo caso, la ministra Yasmín Esquivel Mossa fue la artífice principal del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena al gobierno federal reintegrar 338 millones 962 mil pesos, más intereses acumulados durante 14 años, a los herederos de Carmela Azcárraga Milmo, hermana del finado expresidente de Televisa Emilio Azcárraga, El Tigre. La cifra actualizada podría llegar a mil millones de pesos.
Designada en 2019 por la Cámara de Senadores, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, la ministra Esquivel Mossa propuso a la Segunda Sala un proyecto de sentencia contrario a las jurisprudencias emitidas por la SCJN para la admisión de amparos en revisión y cuando la defensa de la quejosa ya había perdido su reclamo multimillonario en todas las instancias previas, incluyendo un tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación.
Una vez que la Segunda Sala de la Corte concedió la protección de la justicia a Carmela Azcárraga, la ministra Esquivel hizo un último intento de cambiar el fallo judicial –el cuarto cambio de opinión– para tratar de revertir un fallo por el que había votado a favor dos semanas atrás.
En medio de la preocupación que provocó este amparo en el gobierno federal, Esquivel decidió presentar un incidente de aclaración de sentencia para solicitar a los ministros de la Segunda Sala de la Corte revisar el amparo concedido a la sucesión hereditaria de la empresaria, aprovechando que la sentencia del caso fue notificada a todas las partes apenas el pasado 3 de septiembre, según consta en el expediente del amparo en revisión (7472/2019).
Sin embargo, en la sesión pública del pasado 8 de septiembre, los ministros de la Segunda Sala declararon improcedente dicho incidente de aclaración de sentencia en una votación unánime, por lo que quedó firme la resolución que obliga a las autoridades hacendarias a reintegrar más de 338 millones de pesos a los herederos de Carmela Azcárraga, más las actualizaciones.
Ese monto fue reclamado por la defensa de la empresaria por primera vez el 18 de diciembre de 2007, argumentando “un pago en exceso” por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), derivado de que ese año la señora Azcárraga decidió vender las acciones de Televisa que eran de su propiedad.
De acuerdo con cálculos de la Secretaría de Hacienda, el costo de la demanda original podría elevarse hasta mil millones de pesos por el pago de intereses que se fueron acumulando durante los 14 años del litigio. Sin embargo, el monto exacto de la devolución de impuestos tendrá que ser fijado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), órgano jurisdiccional que conoció el expediente de origen desde el 24 de marzo de 2008.
La resolución del pasado 8 de septiembre también provocó la molestia de López Obrador, que acusó de “insensibilidad” a los 11 ministros de la Corte por su fallo favorable a la señora Azcárraga, que falleció en febrero de 2020:
“Acaba la Corte, imagínense, de ordenarle al gobierno que devuelva mil millones de pesos a una señora Azcárraga, pero a los ministros de la Corte no les preocupa eso: duermen tranquilos. Imagínense lo que representa entregar mil millones, cuántas becas para niños y niñas con discapacidad, vacunas, apoyo a la gente más pobre. Son unos insensibles”, lamentó en la conferencia matutina del pasado 13 de septiembre.
El presidente agregó que la sentencia era injusta y que el Poder Judicial Federal debió corregir los errores procesales que pudieron cometerse durante el litigio.
La obra de Esquivel
Los reclamos del primer mandatario se dirigieron a todos los ministros y ministras de la Corte, pero ignoraron el papel de la ministra Esquivel en la resolución final del caso, así como el cambio de sentido en los tres proyectos de sentencia que elaboró su ponencia para cerrar este caso.
El pasado 14 de abril la Segunda Sala de la SCJN aprobó la mencionada sentencia con tres votos a favor: de la ministra Esquivel y los ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales.
En contra votaron los ministros Javier Laynez Potisek y José Fernando Franco Gónzalez Salas. En caso de que Esquivel hubiera mantenido el proyecto de sentencia en el que se negaba el amparo a la defensa de Carmela Azcárraga, este grupo de ministros habría logrado la mayoría y evitado el pago de los mil millones de pesos que López Obrador estima de impacto en las finanzas públicas.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa llegó a ese cargo gracias a que López Obrador la propuso en la primera terna de aspirantes para sustituir a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, quien pasó a retiro en febrero de 2019.
El litigio comenzó el 18 de diciembre de 2007, un día después de que la empresaria y sus abogados presentaran un juicio de nulidad contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por no responder a una solicitud de devolución de ISR por el pago de 338 millones 962 mil pesos que la señora Azcárraga pagó de impuestos tras la venta de sus acciones de Televisa.
Ante la omisión del gobierno de Felipe Calderón de responder a dicha petición
–figura conocida como negativa ficta, cuyo efecto es reconocer la validez del pago de impuestos y la improcedencia de la devolución–, la defensa de la empresaria presentó un recurso de nulidad contra el SAT ante el TFJA el 24 de marzo de 2008, reclamando la invalidez del acto de autoridad.
Posteriormente presentó nuevos recursos para impugnar las respuestas que el SAT emitió en el primer juicio de nulidad, por lo que en total se acumularon cuatro juicios que fueron resueltos de manera conjunta hasta el 24 de abril de 2012, con una sentencia desfavorable a Carmela Azcárraga.
Tras un primer juicio de amparo concedido a la empresaria por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, que ordenaba al TFJA reponer el fallo y analizar la posible admisión de una prueba contable, el 18 de abril de 2017 la Sala Superior del TFJA volvió a reconocer la negativa ficta del SAT y a declarar improcedente la devolución de impuestos.
La defensa de Azcárraga presentó un nuevo juicio de amparo ante la justicia federal, que le fue negado por los magistrados del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa el 19 de agosto de 2019.
Inconforme, la defensa de la empresaria presentó un recurso de revisión ante la SCJN, que fue admitido y turnado a la Segunda Sala el 19 de noviembre de 2019. El 14 de enero de 2020 el expediente del caso fue turnado a la ministra Esquivel para que elaborara un proyecto de resolución.
Los tres proyectos
Entre enero y diciembre de 2020 la ponencia de la ministra Esquivel presentó tres proyectos de sentencia, los dos primeros elaborados por su secretaria de Estudio y Cuenta, Claudia Mendoza Polanco.
Esos dos primeros proyectos de sentencia fueron agendados para su discusión en la Segunda Sala del máximo tribunal los días 3 de marzo y 25 de noviembre de 2020, pero ambos fueron retirados a solicitud de la propia ministra sin mayor explicación.
En su proyecto de marzo de 2020, Esquivel proponía negar el amparo y confirmar la sentencia del tribunal colegiado, por considerar que eran inatendibles los argumentos de la defensa en el sentido de que los artículos 50, penúltimo párrafo, y 52, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, eran inconstitucionales.
Además, el proyecto de sentencia sostenía que los abogados de Carmela Azcárraga invocaron diversas jurisprudencias relacionadas con la legalidad del acto reclamado, pero no con la constitucionalidad o convencionalidad de la norma aplicada, por lo que se trataba de argumentos inoperantes para otorgar el amparo a la parte quejosa.
“Por esos motivos, debe confirmarse la sentencia recurrida y negar a Carmela Azcárraga Milmo la protección de la justicia federal que solicita”, concluye el proyecto de sentencia que retiró la ministra Esquivel, por lo que nunca se discutió en la Segunda Sala.
El 25 de noviembre de 2020, en los estrados de la SCJN apareció el amparo en revisión para ser discutido en la Segunda Sala, pero con una propuesta de resolución diferente a la anterior: planteaba amparar a la sucesión hereditaria de la empresaria y revocar la sentencia del tribunal colegiado, con el argumento de que el SAT actuó de forma deficiente al no dar una respuesta a la solicitud de devolución de impuestos que presentaron los abogados de la señora Azcárraga.
De acuerdo con la propuesta que no se votó en la sesión programada, el TFJA se habría extralimitado en sus funciones al subsanar los errores cometidos por el SAT para tratar de sustentar su negativa ficta:
“El proceder de la Sala Fiscal cuando advierte falta de fundamentación y motivación del acto reclamado conlleva a una nulidad para el efecto de que la autoridad demandada determine si procede o no emitir un nuevo acto, pero de ningún modo la Sala puede subsanar omisiones”, señala el proyecto, que también fue retirado por la ministra.
En esta propuesta tampoco se abordaba la constitucionalidad de los artículos impugnados de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Finalmente, el 2 de diciembre de 2020 se volvió a listar en la Segunda Sala el expediente del caso Carmela Azcárraga para su votación, pero ahora con un tercer proyecto de sentencia en el que se propone amparar a la empresaria, pero ya no para que se emita una nueva resolución sobre la negativa ficta, sino para ordenar directamente al SAT la devolución de los impuestos reclamados por la parte quejosa, es decir, de los 338 millones de pesos más intereses acumulados.
El proyecto final de sentencia, elaborado por el secretario de Estudio y Cuenta, Luis Enrique García de la Mora, argumenta que el tribunal colegiado realizó una interpretación “desacertada” de la Ley Federal de lo Contencioso, por lo que se debe declarar la nulidad de la negativa ficta.
“Los razonamientos precedentes son suficientes para declarar fundados los agravios y revocar la sentencia recurrida, para el efecto de conceder el amparo solicitado por la quejosa, para que la Sala Fiscal… declare la nulidad de la negativa ficta, determine que quedó acreditada la existencia del derecho subjetivo de la parte actora (relativo a la devolución de impuestos) y condene a la autoridad demandada a efectuar la devolución solicitada”, señala la sentencia que se aprobó por mayoría de tres votos.
El ministro Franco González Salas fijó su rechazo a la sentencia mediante un voto particular en el que advierte que el recurso de revisión ni siquiera era procedente, ya que el tribunal colegiado que había negado el amparo había interpretado de manera correcta los artículos 50 y 52 de la Ley Federal de lo Contencioso, además de señalar que dichos artículos ya eran cosa juzgada desde el primer amparo que perdió la quejosa.
“Por las razones expuestas… considero que contrario a lo sostenido por la mayoría, la interpretación que realizó el órgano colegiado respecto a los artículos mencionados en modo alguno implica que se vulneren los derechos de audiencia, debido proceso, legalidad y acceso a la justicia, ya que conforme a las particularidades del caso, el tribunal responsable actuó válidamente como órgano de plena jurisdicción, sin que ello signifique se haya sustituido a la autoridad fiscal”, concluye Franco en su voto particular.
Debido a que los ministros de la mayoría hicieron adiciones al proyecto, el engrose o sentencia definitiva no se publicó sino hasta el pasado 8 de septiembre, misma que la ministra Esquivel volvió a impugnar mediante un incidente de aclaración de sentencia.
Ya no había nada que hacer. La sentencia aprobada el 14 de abril de este año quedó firme tras desecharse dicho recurso el pasado 8 de septiembre, por lo que el SAT deberá pagarle a los herederos de Carmela Azcárraga una cantidad que el presidente López Obrador estima en mil millones de pesos.
