Al tiempo que López Obrador no ceja en las críticas a la UNAM, su ambicioso proyecto de educación superior, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, enfrenta un explosivo conflicto laboral: 150 profesores –15% de su planta docente– han sido despedidos con el argumento de que firmaron un “convenio de servicios educativos” que les priva de toda prestación social. Ante la negativa de ser reconocidos como trabajadores, decenas de ellos se aprestan a demandar y pelear sus casos en tribunales.
A dos años y medio de su creación, el ambicioso programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) tropezó con las renuncias de varios de sus fundadores y quedó a merced de las decisiones de su directora, Raquel Sosa Elizaga, quien en los últimos cuatro meses despidió a más de 150 profesores, equivalente a 15% de su plantilla docente.
El conflicto laboral está a punto de escalar y de llegar ante los tribunales, pues en reuniones de conciliación auspiciadas por la Secretaría del Trabajo, el equipo de Sosa se ha negado a reconocer a los profesores como trabajadores: afirma que están contratados con un “convenio de servicios educativos” que les priva de toda prestación social. Ello, a pesar de que en septiembre de 2019 Sosa prometió que el trámite para su regularización estaba en curso.
Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado recientemente la “derechización” de la UNAM, los profesores de la universidad que creó la llamada Cuarta Transformación no tienen plaza –cobran sus salarios como si fueran subsidios de un programa social– ni seguridad social y mucho menos representación sindical.
De hecho, en los Presupuestos de Egresos de la Federación 2020 y 2021, el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (OCUBBJG) fue dotado de mil millones de pesos, de los cuales 987 millones 413 mil pesos fueron destinados para “subsidios”.
Los salarios de los profesores salen de esta partida, mientras que Sosa y sus 20 colaboradores en la estructura orgánica del OCUBBJG que aparecen actualmente en la plataforma Nómina Transparente cobran como servidores públicos federales. El salario neto mensual de la mujer se eleva a 91 mil 518 pesos, con prestaciones de ley.
Para la elaboración de este reportaje, Proceso habló con profesores despedidos, quienes insisten en que el programa es bueno en sí –ofrece seis carreras universitarias a jóvenes en 140 municipios marginados de México–, pero deploran que su estructura vertical concentre todas las decisiones en la figura “autoritaria” de la directora general, sin contrapeso académico ni institucional.
Los profesores con procesos de demanda contra el organismo hablan con este semanario bajo condición de mantener el anonimato; han batallado para encontrar trabajo en la docencia y temen
represalias.
Dicen que por lo menos al final del primer ciclo escolar 2021 –es decir, antes de su despido–, ninguna sede estaba terminada ni contaba con una conexión de internet o material informático; los alumnos eran cada vez más numerosos y las jornadas laborales cada vez más pesadas, con más de 10 horas, seis asignaturas por docente y sin presupuesto para comprar gis o materiales básicos.
“Te puedo decir que la universidad se sostiene por la lana de los profes”, dice una profesora que laboraba en la alcaldía Iztapalapa. Y añade: “En las conferencias mañaneras Sosa dice que ella opera el programa de manera muy austera, pero porque ella no provee el dinero a las instalaciones”.
Proceso envió un cuestionario a la SEP y una solicitud de entrevista con Raquel Sosa, que al cierre de esta edición no respondieron.
Demandas en puerta
Los primeros despidos empezaron en marzo de este año, pero el primer bloque grande se dio a finales de junio; le siguieron otras olas más pequeñas en julio, agosto, septiembre y una última en octubre. Los docentes recibieron un oficio firmado por Héctor Leonardo Martínez Torres, quien asumió la dirección académica de las UBBJG en febrero pasado.
En ese oficio, el funcionario extiende su “más sincero agradecimiento por el apoyo prestado”, pero añade que “por el momento no estamos en condiciones de renovar el convenio de prestación de servicios con usted”. Sin indicar motivo alguno para justificar el cese de la relación laboral, la carta remata con un mensaje cordial: “Esperamos que en un futuro podamos contar nuevamente con su intervención profesional”.
Semanas antes los profesores habían recibido otro documento en el que se les notificó que no cumplían con el perfil requerido para su sede. El documento los tomó por sorpresa, pues muchos de ellos, con maestrías o doctorados, fueron fundadores del programa y fueron seleccionados en febrero de 2019 por el propio equipo de Sosa entre 36 mil inscritos en la plataforma del programa.
En las semanas posteriores a su selección participaron en los “cursos de inducción” para capacitarse y familiarizarse con los programas. Muchos se mudaron a los municipios donde se instalaron las sedes; ahí armaron desde cero los recintos en lugares prestados, y durante los primeros ocho meses no cobraron un solo peso. “Apostábamos al programa”, señala una profesora despedida.
El programa empezó con 815 profesores, y según el tercer informe de gobierno, publicado el pasado 1 de septiembre, en el cierre del primer ciclo escolar 2021 –en verano de este año– la cifra se había elevado a mil dos profesores repartidos en 140 sedes, que atendían a 28 mil 87 estudiantes.
No queda claro el número de profesores despedidos. Un grupo aglutina a más de 90 personas despedidas en 38 planteles –una tercera parte de las sedes totales–, y otro grupo señaló en conferencia de prensa el pasado 20 de octubre que la suma total rebasa los 150 docentes.
Los profesores que se quedaron no sólo asumen los puestos y asignaturas de sus colegas que no se han sustituido: también tienen mayor carga de trabajo, pues el organismo contabiliza 40 mil alumnos para el segundo ciclo escolar. Es decir: asumen más con menos.
Decenas de profesores se han organizado y han buscado una conciliación con la OCUBBJG, pidiendo por lo menos una liquidación, y en algunos casos una reinstalación. Los careos en las Juntas de Conciliación y Arbitraje que se han llevado a cabo no llegaron a ningún acuerdo, pues la institución sostiene que no existía ninguna relación laboral entre ellos.
En Calvillo, Aguascalientes, los profesores incluso declararon una huelga activa en septiembre pasado, encabezada por su coordinador Salvador Martín Medina Torres. Sosa visitó el plantel el 20 de septiembre para reunirse con profesores y alumnos, que le cuestionaron respecto a una reducción salarial. La mujer salió del encuentro enojada, bajo las críticas de sus interlocutores, y soltó con un tono amenazante: “Van a saber de nosotros”. El pasado 19 de octubre, Medina fue despedido.
Cuando le notificó el motivo de su despido –en una llamada, cuyo audio tiene Proceso–, Héctor Martínez Torres, el director académico, le confesó: “Pues, mira… fue toda la situación con los medios de comunicación, básicamente”.
Promesas en el aire
En septiembre de 2019 la propia Sosa aseguró que el proceso de contratación estaba en curso. En un oficio en poder de Proceso, anunció a los profesores que “el recurso ya se encuentra en nuestra Unidad” y que, ante la inminente aprobación del Estatuto Orgánico del organismo, “esperamos contar ya con los recursos para pagar a tod@s l@s docentes las cuentas pendientes e iniciar los procesos de construcción de nuestras escuelas.
“Se nos solicita ahora, y por ello pedimos su ayuda urgente, que cada docente firme un convenio que se llamará ‘prestación de servicios educativos’ que es la forma que se encontró en las unidades responsables del gobierno, para pagar de inmediato y no esperar el lento proceso de regularización de las plazas que ya iniciamos”, abundó.
La promesa de Sosa de regularizar las plazas a los profesores quedó en letra muerta. En entrevista con La Jornada el pasado 15 de agosto, Sosa resaltó que “lo saben todos los docentes que colaboran con nosotros, en todos los procesos de inducción se les señala: éste es un programa íntegramente constituido por subsidios, entonces no hay contratos, hay convenios, y no podemos entregar prestaciones laborales a personas que están teniendo un subsidio”.
En su fundación, el programa contemplaba que los profesores serían sometidos a evaluaciones por parte del cuerpo académico y de los alumnos, y planteaba que “en caso de que el resultado de la evaluación de algún/alguna docente no sea satisfactorio, la Dirección General y la Dirección Académica le propondrán la realización de un programa de actualización que no afecte sus actividades académicas, por un periodo intensivo no mayor a dos meses”.
Sin embargo, en la plática con la reportera Laura Poy Solano, Sosa desestimó el trabajo de selección de profesores que realizó su equipo de trabajo en el arranque del programa, y sin mencionar algún proceso de evaluación dejó claro que la única evaluadora sería ella misma.
“Hubo personas que tomaron decisiones a la ligera o no funcionaron los mecanismos de filtro en algún momento, estamos en esa investigación (…) estoy revisando personalmente todos los casos”, dijo.
Incondicional
Las UBBJG nacieron con la promesa de López Obrador de abrir universidades en por lo menos 100 de los municipios de 15 mil a 45 mil habitantes más marginados del país, para que jóvenes con bachillerato sigan carreras sin mudarse a una ciudad grande o pasar el filtro de un examen de admisión. El tabasqueño designó a su incondicional Raquel Sosa para esta misión.
En los últimos 20 años la doctora en historia por la UNAM ha tenido un pie en la academia y otro en la política: ha sido investigadora en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas desde 1976, y a la par fue secretaria de Desarrollo Social y de Cultura en la administración de López Obrador en el entonces Distrito Federal. Tras las elecciones de 2006 el político la nombró “secretaria de Educación” en su “gabinete legítimo”, y en los años siguientes fue suplente del entonces senador perredista Carlos Payán Velver, director fundador de La Jornada. En caso de triunfar en las elecciones presidenciales de 2012, López Obrador contemplaba nombrarla secretaria de Desarrollo Social.
Después del triunfo electoral de 2018, Sosa se rodeó de un equipo de reconocidos académicos para diseñar las bases del programa y los planes de estudio de las seis “áreas del conocimiento” en las que la UBBJG ofrece licenciaturas: Salud, Procesos Agroalimentarios, Desarrollo Regional Sustentable, Estudios Sociales, Patrimonio Histórico y Biocultural y Energía.
El equipo incluía a Víctor Manuel Toledo Manzur –quien después fue nombrado secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales–, Beatriz de la Tejera o Maider Elortegui Uriarte, mientras Fidencia Luna Gasca y Leticia Vargas Salguero encabezaban la dirección académica del programa.
Este equipo creó programas de trabajo “interdisciplinarios” y “transversales” orientados a formar a los alumnos no solamente en esas carreras, sino a ampliar su horizonte de conocimiento y a crear lazos comunitarios. Los coordinadores seleccionaron a los profesores con base en estos criterios interdisciplinarios.
Del periodo de transición a la fecha ya no quedan los coordinadores originales ni las dos directoras académicas. La estructura de la UBBJG concentró todos los poderes en las manos de Sosa, quien trasmite sus instrucciones a los coordinadores de los planteles en videoconferencias que encabeza cada lunes.
Una profesora despedida dice a Proceso que, en su opinión, Sosa se volvió más intransigente y autoritaria después de la salida de Luna –en febrero de 2021–, quien según ella “frenaba” a su jefa.
A partir de ese momento Sosa mandó un oficio a todos los profesores para que indicaran su licenciatura y su experiencia en los cuatro años previos –es decir, un año y medio antes de incorporarse a las UBBJG–, y despidió a los profesores cuyas licenciaturas no correspondían con la carrera enseñada, abandonando la visión “multidisciplinaria” de los fundadores del programa.
La estructura del OCUBBJG es muy simple y vertical: tiene una dirección general nombrada por el presidente de la República y cuatro direcciones que gestionan los temas académicos, de vinculación, de administración y de finanzas.
En teoría, esta estructura responde a un Órgano de Gobierno –integrado por representantes de las secretarías de Educación Pública, Relaciones Exteriores, de Hacienda, de la Función Pública, de Bienestar, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas– y cuenta con la supuesta ayuda de un Consejo Académico Asesor.
El sitio oficial de las UBBJG sólo tiene registrada una reunión de su Órgano de Gobierno –hace un año y medio, el 20 de febrero de 2020–, y no queda constancia de la existencia del Consejo Académico Asesor ni de sus integrantes. La SEP no contestó a una serie de preguntas al
respecto.
Así, Sosa quedó sola al mando del programa, y no está dispuesta a admitir la crítica, ya sea interna o externa.
En el verano de 2020, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señaló una serie de deficiencias en el diseño del programa de las UBBJG, en el diagnóstico, en la definición de factores de evaluación, así como en la aplicación de medidas de austeridad.
La respuesta de Sosa fue fulminante: en varias cuartillas atacó al Coneval y su “práctica de imposición de diseños, mediciones de desempeño y evaluación de resultados llevada a cabo por organismos internacionales en gobiernos anteriores, sobre todo cuando había sido ostensible su ineficacia para impedir el desorden de la administración pública, el abuso en la gestión de recursos que pertenecen al pueblo de México y el desborde de la corrupción”.
La funcionaria también despotricó contra el diseño de políticas públicas basadas en indicadores, especialmente todo “cuando nos informaron que esas llamadas Matrices de Indicadores y Resultados se constituirían en condicionantes para la aprobación y ejercicio de recursos de todos los programas de gobierno, incluido el nuestro.
“Esa fue, lamentablemente, una de las mayores barreras que debimos enfrentar de entrada, y la que seguramente incide hasta ahora en que un programa como el nuestro haya tenido tantos tropiezos y dificultades para avanzar en su ejercicio”, indicó.
