El caso de Emilio Lozoya Austin se le complica a la Fiscalía General de la República. El próximo 3 de noviembre se cumple el plazo que tiene el exdirector de Pemex para aportar información de otros políticos mexicanos implicados en la trama de corrupción con la constructora brasileña Odebrecht. Y justo ahora, el despacho del exmagistrado español Baltasar Garzón, que llevó en España la defensa del inculpado, se deslinda de los presuntos acuerdos de su cliente con las autoridades mexicanas… El problema es que lo hace 15 meses después.
MADRID.- El miércoles 13, el despacho International Legal Office for Cooperation and Development (Ilocad), encabezado por el exmagistrado español Baltasar Garzón, aclaró en un comunicado que “no se ajusta a la realidad” la información publicada en medios de comunicación, que le atribuye a ese despacho haber “intermediado, negociado o participado en el acuerdo de extradición de Emilio Lozoya Austin con la Fiscalía General de la República (FGR) de México.
La precisión llegó 15 meses después de las primeras publicaciones que señalaban la participación de este despacho madrileño en la negociación para que el exdirector general de Pemex alcanzara el criterio de oportunidad al ser extraditado a México, lo cual le ha garantizado hasta ahora evitar la cárcel, a cambio de aportar información de otros políticos mexicanos implicados en la trama de corrupción con la constructora brasileña Odebrecht.
El 15 de julio del año pasado –antes incluso del arribo de Lozoya a México, la madrugada del viernes 17–, el columnista Darío Celis publicó en El Financiero que Lozoya terminó cediendo a la presión que sobre la familia ejerció el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
El día 17 el columnista Mario Maldonado, en El Universal, en la misma línea, señalaba que la primera declaración de Lozoya en España había sido filtrada a un presunto implicado por Antonio Navalón, socio de Garzón y conocido como el cabildero español afincado en México: “Fue el empresario y periodista Antonio Navalón, socio en México del abogado y afamado exjuez Baltasar Garzón, quien puso en manos de (Roberto) Gil Zuarth el documento que dice guardar con recelo la fiscalía de Alejandro Gertz Manero”. Gil Zuarth negó este hecho.
Después de esas publicaciones ha continuado el goteo informativo en México sobre ese presunto acuerdo y el papel de la defensa española de Lozoya y de Navalón, cuyo nombre siempre aparece cuando el exmagistrado se relaciona con México.
Una fuente jurídica mexicana conocedora de la negociación explicó al corresponsal que el despacho de Garzón y Navalón fueron el principal canal de comunicación entre Lozoya y la FGR para alcanzar el acuerdo. Asimismo, en la negociación de beneficios para el reclamado participó su papá, Emilio Lozoya Thalmann, con el fiscal Gertz Manero, apoyado por el subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, Juan Ramos López, responsable del caso Lozoya, y con el “aval” de la Presidencia.
Cuando Lozoya Austin fue extraditado, Proceso adelantó en su edición 2281 las partes sustanciales de ese acuerdo o primera declaración del exdirector de Pemex, en la que señala a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y a quien fue la mano derecha de éste, Luis Videgaray Caso, de participar en las componendas con Odebrecht al sostener negociaciones y autorizar contratos con la empresa brasileña.
Señalaba al excandidato presidencial José Antonio Meade, a su sucesor José Antonio González Anaya, familiar político del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Y por primera vez aludía a panistas, como Ernesto Cordero, Javier Lozano o Salvador Vega Casillas, entre otros.
Gertz Manero también admitió que recibió una carta del exdirector de Pemex en la que le anunciaba que se pondría en manos de las autoridades mexicanas para colaborar en las investigaciones del caso Odebrecht y Agronitrogenados, presentando pruebas contra cómplices y encubridores.
El cliente incómodo
Baltasar Garzón –conocido porque en su etapa de juez ordenó el arresto domiciliario del dictador chileno Augusto Pinochet y ahora es defensor de Julian Assange– se apresuró a emitir su comunicado sólo hasta que en México estalló el escándalo, el sábado 9, por la presencia de Lozoya en el restaurante Hunan, en las Lomas de Chapultepec.
La soberbia de Lozoya, vinculado a proceso por corrupción y paseándose en un restaurante de postín con todo y brazalete telemático en el tobillo –colocado por orden judicial–, colocó en una posición muy comprometida a la FGR y a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador y su discurso anticorrupción.
En el comunicado posterior, que intentaba calmar el escándalo, la fiscalía mexicana recordaba también que el próximo 3 de noviembre se cumple el plazo que tiene el acusado para aportar pruebas, según el acuerdo del juez de control del Reclusorio Norte.
Otros aspecto que Ilocad trata de aclarar es que los acuerdos para la extradición de Lozoya con la fiscalía que encabeza Gertz Manero, “de existir, en todo caso, se produjeron en México, de forma ajena a Ilocad”.
Y añade que la abogada del despacho de Garzón, que ostentó la defensa en el proceso de extradición tramitada en la Audiencia Nacional, se limitó a comunicar a este órgano jurisdiccional la aceptación de la extradición por el interesado en escrito firmado por él mismo con fecha 26 de junio de 2020, sin que en ese procedimiento “conste ningún tipo de acuerdo entre la Fiscalía General de la República mexicana y el señor Lozoya, que siempre sería ajeno al proceso español”.
Un día antes de la presentación de ese escrito de aceptación de la extradición, el 25 de junio, y antes, el 29 de abril, Garzón concedió dos entrevistas (a Eldiario.es y la televisora La Sexta, respectivamente) sobre diversos temas del acontecer español, pero en las que comentó ampliamente lo mal que la pasó por haber padecido covid-19, situación que lo mantuvo en un hospital 10 días. En ambas entrevistas el abogado mostraba un aspecto demacrado y todavía con secuelas en la respiración evidentes al momento de expresarse.
Implicarse por el cliente
El corresponsal consultó con fuentes jurídicas en España sobre el procedimiento que sigue un despacho que aborda temas penales y de extradición, como el caso Lozoya, y que consideraron “lo normal” participar en la negociación o en la asesoría jurídica al cliente que está trabando un acuerdo con el país reclamante.
Los tres juristas consultados por separado hablaron a condición de no ser identificados, dos de ellos por su cercanía con Garzón, y el otro por “razones profesionales”.
“Es lo más común que un despacho con un cliente por extradición participe, de forma directa o indirecta, en el acuerdo con el país reclamante”, dice un abogado con tres décadas de experiencia. “Tienes que defender a tu cliente, a veces con una actuación más activa, negociando directamente los aspectos del acuerdo, que el cliente luego aprueba; o bien, analizando aquellos aspectos jurídicos que el cliente negocia directamente con el país reclamante. Eso te lo marca el sentido común en la profesión”.
Un segundo jurista consultado señala: “Como defensa no estás obligado a estar en las tripas de un acuerdo como éste, si sólo estás contratado para el procedimiento de extradición en España, pero es lo habitual que te involucres. Y, con toda franqueza, pues por eso estás cobrando, para darle herramientas de certeza a tu defendido”, dice otro abogado, que reconoció conocer a Garzón,
El tercer consultado sonríe antes de contestar: “¡Hombre! Yo creo que sí participó. Cualquier abogado y más un despacho como el de Baltasar, cuida todos esos detalles. Además, él tiene mucha presencia y mucho reconocimiento en los países de América Latina, y no te digo en México”.
Con los antecedentes que el corresponsal le aporta, este último jurista aclara que en ese acuerdo “entre el cliente de Pemex” y la fiscalía mexicana, “no tendría ninguna participación la Audiencia Nacional, o que el reclamado (Lozoya) haya hecho una primera declaración ante este órgano jurisdiccional español”, como erróneamente se ha publicado en la prensa mexicana.
Tampoco, explica, que los términos del acuerdo se hubiesen hecho ante esta autoridad española. “En este caso, la defensa comunica al órgano jurisdiccional la decisión del acuerdo entre el reclamado y el país reclamante, y ya corresponde al tribunal emitir una resolución”, explica.
En esto coincide con lo expuesto por el despacho de Garzón, que aclara que “no ha tenido ningún contacto directo o indirecto con el Ministerio fiscal español en la aceptación de la extradición del señor Lozoya”, y subraya que “se trata de una cuestión unilateral y voluntaria de la persona reclamada por las autoridades mexicanas en la que no tiene ninguna participación la fiscalía española, que, desde el comienzo del procedimiento, se había pronunciado a favor de la prisión preventiva, situación que se mantuvo durante todo el procedimiento y por la concesión de la extradición”.
Cambio de estrategia
El exdirector general de Pemex Emilio Lozoya fue detenido el 12 de febrero de 2020; un día después el juez Ismael Moreno, magistrado de la Audiencia Nacional, le decretó prisión provisional incondicionada en la penitenciaría malagueña de Alhaurín de la Torre.
Casi de inmediato, sus abogados Javier Coello Trejo y su hijo, Javier Coello Zuarth, acudieron a verlo e iniciaron la búsqueda del despacho español que lo representaría en el proceso de extradición.
El despacho de Coello estuvo al frente de la defensa de Lozoya desde 2017, cuando se presentó la primera querella en su contra –a un año de dejar Pemex–, por lavado de dinero, defraudación fiscal y cohecho. Como parte de su estrategia de defensa, el abogado mantuvo una dura confrontación en el terreno jurídico, con frecuentes apariciones en los medios.
En éstas, Coello llegó a presionar con hacer públicas las pruebas que presuntamente implicaban al expresidente Enrique Peña Nieto y al extitular de Hacienda Luis Videgaray en las corruptelas del caso Odebrecht para financiar la campaña del PRI de 2012 y la compraventa de la planta chatarra de Agronitrogenados.
El 19 de febrero de 2020 el reclamado recibió en prisión la visita de su padre, Emilio Lozoya Thalmann, quien para entonces ya había mantenido contacto con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para deslindar a su familia de las corruptelas de su hijo y señalar que arriba de él había más implicados en la trama corrupta.
En ese momento es cuando la estrategia de defensa de Lozoya Austin sufrió un cambio radical, primero porque éste le prohibió a Coello Trejo hacer más declaraciones a los medios. “Para mí sería más sencillo en México, pero Emilio así lo decide y el cliente es el que manda”, declaró Coello a Milenio Televisión.
El 6 de junio fue el último encuentro de Coello con su cliente y, al finalizar el mes, el jurista emitió un comunicado para anunciar su separación de la defensa de Lozoya en México, de común acuerdo con su cliente, “debido a la divergencia sobre las decisiones estratégicas jurídicas
tomadas”.
Sin embargo a Ciro Gómez Leyva le dijo en una entrevista para Imagen Noticias: “Llegó el momento que ya no hacían caso, fundamentalmente la familia. Ya no tenía contacto con el papá de Emilio”. Explicó que le dijo a Lozoya Austin: “Tú sigue tu defensa, búscate otros abogados. Yo estoy listo para entregar la documentación, pero no se puede trabajar así. Yo juego una baraja, no me gusta jugar varias”.
Una de las razones de más peso en la decisión de Coello fue el escrito del despacho Ilocad a la Sala Penal de la Audiencia Nacional, fechado el 26 de junio, anunciando el consentimiento de Lozoya para ponerse en manos de las autoridades mexicanas bajo el criterio de oportunidad.
