Luego de tres meses de forcejeos, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, y Lorenzo Córdova, presidente del INE, perfilan a Patricia Avendaño Durán como la “candidata idónea” para encabezar el Instituto Electoral de la Ciudad de México. En caso de resultar triunfadora en las elecciones del viernes 29, a ella le tocará enfrentar el ejercicio de revocación de mandato presidencial en marzo de 2022, así como dos elecciones de diputados locales y de alcaldes en 2024 y 2027, además de la de jefe de Gobierno y de presidente en 2024. Pero por principio tendrá que lidiar con el precario presupuesto que asfixia al instituto.
Pese a sus disputas iniciales, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, perfilaron ya a Patricia Avendaño Durán como la candidata más firme para presidir el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
La elección, que tiene como límite el viernes 29, se llevará a cabo en un órgano ahorcado presupuestalmente por la administración de la morenista desde principios de 2021. Tan grave es la situación, que el instituto está en apuros para pagar la nómina de este mes.
La nueva presidencia del IECM para los próximos siete años deberá enfrentar el ejercicio de revocación de mandato presidencial en marzo de 2022, así como dos elecciones de diputados locales y de alcaldes (2024 y 2027), además de la de jefe de gobierno y de presidente en 2024.
El actual encargado es Bernardo Valle Monroy, luego que el 1 de octubre fue electo presidente provisional por un mes, en sustitución de Mario Velázquez, cuyo periodo terminó el 30 de septiembre, cuando el INE no había acabado el proceso de elección, como lo marca la ley electoral.
La favorita
Después de tres meses de disputa entre Córdova y Sheinbaum, el jueves 21 la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE emitió un dictamen –del que Proceso tiene copia–, que aun cuando no es definitivo, propone a Patricia Avendaño Durán como “la aspirante idónea” para ocupar la presidencia del IECM.
Ella fue seleccionada entre los 12 finalistas del proceso. Sin embargo, el consejo general del INE puede modificar ese dictamen en los próximos días con base en las negociaciones políticas que se den de última hora.
Avendaño es licenciada en ciencia política y administración pública por la UNAM y maestra en administración y gerencia pública por la Universidad de Alcalá de Henares. Fue observadora electoral de Alianza Cívica, coordinadora Distrital en el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y es titular de Órgano Desconcentrado del IECM desde 2017.
Además de su experiencia electoral de 24 años, Avendaño es exesposa del Néstor Vargas Solano, actual consejero jurídico y de servicios legales del gobierno de Sheinbaum y fue su asesor cuando ella fue jefa delegacional de Tlalpan en 2015. Antes, fue consejero del IEDF, el cual presidió en 2013.
Según una nota publicada en El Universal el 26 de abril de 2008, la representación del PRD en el IEDF solicitó una investigación sobre la corrección de la calificación de un examen de Avendaño. La nota informó que el 4 de marzo de ese año se giró el oficio DECEyEC/183/08 en el que se informó que la señalada obtuvo una calificación de 74, en vez de 84, en un examen del Programa de Evaluación de Desempeño 2007, y que se debió a “un error humano”. Consultado entonces al respecto, Vargas Solano reconoció que ella era su esposa, pero rechazó nepotismo o tráfico de influencias para mejorarle la calificación.
Fuentes consultadas por Proceso –que pidieron su anonimato por temor a represalias– aseguran que años después, tras el divorcio de la pareja, se recompuso la relación. Es factible que ahora Avendaño Durán tenga el apoyo de Vargas Solano y de Sheinbaum para presidir el Consejo General del IECM. Desde ese cargo le tocará dirigir la organización de las elecciones locales y federales; en estos último comicios Sheinbaum podría ser la candidata para suceder a López Obrador.
Otros candidatos
En el IECM se menciona también a Cintia Campos Garmendia como fuerte candidata a la presidencia del mismo. Licenciada en derecho por el ITESM y maestra en derecho procesal constitucional por la Universidad Panamericana, su experiencia laboral abarca puestos desde 2008 en el entonces Instituto Federal Electoral, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Cámara de Diputados, la SEP y el INE, donde es directora de Procedimientos Especiales Sancionadores de enero de 2017 a la fecha.
Por este último cargo Campos Garmendia es considerada la candidata del INE, cuyo presidente ha tenido desencuentros públicos con integrantes de Morena, incluido López Obrador y Sheinbaum, quienes lo acusaron de “tomar partido” en el pasado proceso electoral.
Otro aspirante es Armando Hernández Cruz. Licenciado, maestro y doctor en derecho por la UNAM, tiene 26 años en el servicio público en instituciones locales como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (2005-2008), el IEDF, la Asamblea Legislativa y la Procuraduría General de Justicia; en 2014 fue magistrado presidente del Tribunal Electoral capitalino.
También laboró en la Cámara de Diputados, el Senado de la República y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su historial político se le vincula con la otrora corriente del PRD de Los Chuchos, entre ellos Víctor Hugo Círigo y René Arce.
Los otros nueve aspirantes son: María Cristina Cruz Hernández, Frida Harumi Tirado Mendoza, Maribel Lima Romero, Guadalupe Adriana Diego Hernández, Marco Antonio Vanegas López, Carlos Emmanuel Durán Marmolejo, Esteban Rafael González Vargas, Jorge Humberto Delgado Ramírez y César Alberto González Olguín.
Presupuesto ahorcado
Esta elección también se dará en medio de una crisis de presupuesto del IECM que ya pone en riesgo, incluso, el pago de la nómina de este mes y lo acerca a un paro de actividades.
El problema se originó a finales de 2020, cuando el IECM solicitó un presupuesto para 2021 de 2 mil 166 millones de pesos. No obstante, en el Proyecto que Sheinbaum envió al Congreso de la CDMX –marcado por recortes a consecuencia de la pandemia del covid-19–, los diputados sólo le asignaron mil 586 millones.
En enero siguiente el IECM solicitó a la morenista una ampliación por 587 millones 788 mil 431 pesos. Y alertó que, de no obtenerla, sus operaciones estarían en riesgo en el segundo semestre de este 2021, incluida la consulta sobre Presupuesto Participativo. Sheinbaum y su secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, contestaron que para marzo tendrían una respuesta, pero no fue así.
El IECM interpuso un juicio que ya llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la Consejería Jurídica del gobierno interpuso una controversia constitucional. En julio, con la intermediación del entonces secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, gobierno e instituto acordaron la entrega de ministraciones.
Proceso consultó a la Secretaría de Gobierno, la cual dijo que sólo se le han dado 100 millones de pesos “entre junio y septiembre” y que el “IECM participa en mesas de trabajo junto con la Consejería y la Subsecretaría de Egresos”.
Fuentes internas del Instituto dicen que esos recursos ya se acabaron, pues se usaron para pagar salarios pendientes de las representaciones de los partidos. Y alertan que, aun con la cancelación de programas, “ya no hay dinero para cerrar diciembre ni la para la nómina ni prestaciones”. Hasta la semana pasada, Bernardo Valle estaba en plena construcción del propuesto 2022, pero será su sucesor quien tendrá que negociarlo con Sheinbaum y el Congreso local.
Partidismo “neutralizado”
La exconsejera electoral local Olga González Martínez explica a Proceso la importancia de la elección del consejero presidente del IECM: “Es quien lleva todo el presupuesto, su ejercicio y su definición y tiene la última palabra. Lleva la relación con el gobierno y litiga el presupuesto y es quien se acerca al gobierno local y a las alcaldías cuando es necesario hacer ejercicios de Participación Ciudadana. Lleva la coordinación de todas las comisiones del Instituto y debe estar enterado de todo”.
En entrevista, recuerda que la CDMX tiene el segundo padrón electoral más grande, con 7.7 millones de votantes, sólo después del mexiquense, con 12 millones. Subraya que el IECM tiene 20 mecanismos de Participación Ciudadana, entre ellos el Presupuesto Participativo y la elección de Comisiones de Participación Comunitaria, los Copacos. Con esa actividad, dice, los trabajadores de los 33 distritos electorales “tienen trabajo todo el año, no sólo cuando hay elecciones”.
Respecto a las pugnas políticas en torno a los candidatos a la presidencia del IECM, la maestra en procesos institucionales electorales reflexiona: “Por supuesto que la política tiene que estar en esta elección de una figura tan relevante. Todas las fuerzas políticas están interesadas en tener en el Instituto cuando menos personas que compartan o convivan con su misma visión política de cómo deben ser las políticas públicas”.
No obstante, dice que esas preferencias se neutralizan en el proceso de selección, a cargo del INE “que asegura que lleguen las mejores mujeres y los mejores hombres hasta la toma de decisión última”. El proceso consiste en un examen de conocimiento técnico-electoral, un ensayo y una entrevista con al menos tres consejeros del INE, además de la experiencia electoral.
Con todos esos filtros, confía: “finalmente si el partido Z quiere meter a una persona, no será un advenedizo o advenediza, tendrá que ser alguien que cuente con las credenciales para poder participar”. Al final, “los consejeros seguramente utilizarán todo su criterio para identificar a las personas que sean cercanas a un grupo político de cualquier partido”. Aun así, los representantes partidistas verifican perfiles y hacen observaciones.
Sobre la emergencia presupuestal, Olga González comenta que el anterior presidente, Mario Velázquez, realizó manejos administrativos legales para evitar que en agosto el Instituto cerrara sus puertas sin cubrir los salarios de sus empleados.
Y advierte: “La situación ya es insostenible, si no es que la nueva presidencia logra litigar con la jefatura de gobierno el pago”.
