Considerado uno de los más grandes del mundo en su género –con sus 10 mil 489 operadores de justicia y trabajadores administrativos–, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México elegirá su presidente el miércoles 27. El magistrado Rafael Guerra Álvarez aspira a un segundo periodo consecutivo; es probable que lo logre, pese las acusaciones en su contra y el nepotismo de algunos de sus colaboradores, pues cuenta con el apoyo de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y con un grupo de magistrados incondicionales.
Con un rezago creciente en la resolución de juicios, apelaciones y otras controversias legales, denuncias por corrupción y nepotismo sin investigar, escándalos por fuga de información en causas penales –que deberían ser secretas– y un proceso electivo que fue impugnado mediante un juicio de amparo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) se encamina hacia la reelección de su magistrado presidente, Rafael Guerra Álvarez.
Las interminables filas que sufren cientos de personas para avanzar en juicios de divorcio, demandas de pensión y litigios penales y civiles por violencia de género, no representan un obstáculo para la reelección de Guerra Álvarez, quien cuenta con el respaldo de la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, quien el jueves 14 elogió “el gran trabajo que ha desarrollado” el magistrado al frente del tribunal.
Sheinbaum también agradeció al magistrado presidente la coordinación que ha tenido el tribunal local con la Fiscalía de justicia capitalina para el seguimiento y la resolución de casos relevantes.
El apoyo al magistrado Guerra Álvarez también viene desde el ámbito federal: su esposa Eva Verónica de Gyves Zárate es considerada afín al gobierno de López Obrador y actualmente se desempeña como Consejera de la Judicatura Federal, cargo al que llegó en noviembre de 2019 gracias a su cercanía con el mandatario.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Luis González Alcántara Carrancá es otro de sus apoyos decisivos. Presidente del Tribunal de Justicia capitalino cuando López Obrador fue jefe de Gobierno, Alcántara Carrancá sigue teniendo un peso decisivo en ese órgano jurisdiccional.
Guerra llegará al día de la elección con una opositora única: la magistrada Celia Marín Sasaki, titular de la Ponencia Tres de la Quinta Sala Penal del Tribunal y presidenta de la Comisión de Género de ese órgano jurisdiccional.
Pero el riesgo que corre Guerra no son los votos que vaya a obtener la impartidora de justicia con una trayectoria de casi 30 años dentro del propio tribunal, sino el juicio de amparo que la jurista interpuso ante un juez federal en materia administrativa.
La demanda de amparo radicada en el Juzgado Décimo Séptimo en Materia Administrativa de la Ciudad de México argumenta la inconstitucionalidad del artículo vigésimo tercero transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México y del párrafo segundo del artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial local.
El juicio de amparo resalta que conforme al artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México y el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial capitalino, el presidente del TSJCDMX sólo podrá ocupar el cargo por cuatro años, sin posibilidad alguna de volver a ocupar dicha responsabilidad “ni sucesiva, ni alternadamente”.
De acuerdo con la demanda, el artículo transitorio vigésimo tercero que contempla la reelección de Guerra como caso excepcional, constituye una ley privativa, es decir una norma que beneficia a una sola persona, por lo que es contraria al artículo 13 constitucional.
Según la impugnación, la redacción del artículo transitorio de la Constitución local equivale a una ley privativa que beneficia de manera específica al magistrado Guerra, pese a que la norma constitucional señala que “ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley”.
Por lo anterior, también sería contrario a la Carta Magna el texto del artículo transitorio que prevé que “la persona que actualmente ocupa la presidencia del Pleno del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, concluirá su periodo para el cual fue electo hasta el 31 de diciembre de 2021 y podrá participar en el proceso de elección siguiente”.
Es decir, que faculta de manera exclusiva al actual magistrado presidente del TSJCDMX a buscar la reelección, en abierta contradicción con la Constitución Política local y la ley Orgánica del Poder Judicial de la ciudad.
Una consulta realizada por Proceso de acuerdo al número de expediente 1354/2021, indica que, al cierre de esta edición, la suspensión del proceso de elección solicitada por la magistrada Celia Marín Sasaki, todavía no había sido concedida, por lo que sigue firme la convocatoria del pleno del tribunal programada para el próximo miércoles 27.
Nepotismo y grupos políticos
Fuentes del tribunal capitalino dan por hecho que en la sesión del pleno el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez obtendrá una mayoría aplastante sobre la magistrada Celia Marín, quien, en el mejor de los casos, podría obtener media docena de sufragios y en el peor, sólo su propio voto.
De acuerdo con el Directorio del Poder Judicial de la Ciudad de México, actualmente hay 78 magistrados y magistradas en activo que podrían emitir su voto. Sin embargo, se prevé que sólo 70 lo hagan y es probable que entre 50 y 60 se inclinen por Guerra; el resto serían para Marín Sasaki.
De los sufragios que probablemente obtenga Guerra Álvarez, es factible que entre 12 y 15 podrían sean de magistrados cercanos al ministro Juan Luis González.
El expresidente del TSJCDMX, Édgar Elías Azar, señalado por su cercanía con el exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, también movió sus fichas para apoyar a Guerra, lo que le daría entre 10 y 12 votos adicionales al actual presidente.
Según las fuentes consultadas por Proceso, el propio Guerra aprovechó su gestión para aglutinar a magistrados independientes y creó un grupo de 20 magistrados, quienes probablemente refrenden su gestión.
El voto cautivo por Guerra Álvarez es el que emiten 12 magistrados por ministerio de ley, es decir, los de quienes fueron nombrados de forma directa por él mismo en su calidad de presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México; se trata de magistrados de confianza que le deben a él su nombramiento.
Uno de ellos es, por ministerio de ley, Roberto Martínez González, quien presuntamente reprobó los exámenes de control de confianza y enfrenta una denuncia desde 2018, cuando se desempeñaba como juez. Se desconoce el resultado de la investigación interna sobre ese caso.
De acuerdo con el diario Reforma, Martínez González fue denunciado ante la Contraloría interna de ese órgano jurisdiccional el 15 de mayo de 2018, cuando se desempeñaba como Juez Tercero Civil. Pese a ello, Guerra lo ascendió a magistrado.
Martínez González no sólo le debe el cargo a Guerra, sino también que no se haya efectuado una investigación exhaustiva sobre su caso. Martínez González ingresó al TSJCDMX en 1983 y a partir de esa fecha se sumaron a la nómina del tribunal cuatro hermanos suyos, así como una prima, un sobrino y dos de sus hijos. Ninguno ha sido sancionado o separado del cargo, pese al evidente nepotismo.
Otro caso de presunto nepotismo es la designación de Evangélica Cervera Villalpando como asesora de la Oficina de la Presidencia del TSJCDMX. Ella es hija del magistrado Óscar Gregorio Cervera, integrante de la Segunda Sala de lo Familiar.
El vínculo familiar y de trabajo de ambos servidores públicos también garantiza el voto del magistrado Cervera a favor de Guerra.
Según Reforma, otros magistrados bajo sospecha de nepotismo son Élfego Bautista Pardo, magistrado de la Quinta Sala Civil que tiene en la nómina del tribunal a una hermana, dos hijas, tres sobrinos y un primo; la magistrada en retiro Delia Rosey, quien apoyó a su hija Josefina Rosey González para que fuera magistrada en la Séptima Sala de lo Civil, y Diego Valdés Medina, líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad, quien acomodó en la nómina del tribunal a su esposa, dos hijos, a su cuñada y a su suegra.
En ningún caso se ha hecho público el resultado de las investigaciones, en caso de que las haya.
Rezagos y filas
Con 10 mil 489 operadores de justicia y trabajadores administrativos, el TSJCDMX se considera uno de los más grandes del mundo. Desde que se inició la pandemia se ha convertido en uno de los más lentos debido al aplazamiento de los casos ya iniciados y a la acumulación de juicios y demandas nuevas.
Trabajadores del tribunal y abogados litigantes familiarizados con su operación, explicaron que ingresar una demanda, consultar un expediente o notificarse de un fallo emitido por un juez o magistrado, implica quedarse varias horas, sin que exista garantía de que los afectados sean atendidos por el personal de los juzgados.
“Sólo el ingreso al edificio de avenida Juárez, donde se encuentran los Juzgados de lo Familiar, implica más de cuatro horas de espera. Para subir al elevador se hace una fila diferente que es de aproximadamente media hora; y ya estando en el piso del juzgado que te corresponde, hay cuatro filas más que se asignan por tipo de asunto y que representan al menos una hora adicional”, detalla una fuente.
Otro abogado señala que las citas para ser atendido son “vendidas” por funcionarios judiciales adscritos a los juzgados como secretarios de acuerdos, además de que la llamada “justicia digital” para el ingreso de promociones vía electrónica falla con frecuencia.
Incluso explica que la posibilidad de presentar promociones o escritos jurídicos dentro de un juicio sólo se permite después de las tres de la tarde, como si en la mañana todos los juzgados y salas estuvieran abiertas.
La realidad es que los tribunales y juzgados capitalinos sólo abren cada tercer día, supuestamente para evitar enfermos por covid-19, aunque la Ciudad de México ya ha pasado a semáforo verde por la baja incidencia de contagios, según la Secretaría de Salud federal.
“Sí se requieren adjuntar los documentos los debes de adjuntar en la Oficialía de Partes Virtual y luego presentarlas físicamente, pero sólo trabajan días pares o nones, por lo que se van duplicando los plazos para llevar un juicio. Si antes te podía llevar de un año a año y medio, ahora calculo que cada caso podría resolverse en tres o cuatro años”, lamenta el abogado consultado por Proceso.
Otro de los grandes pendientes es que la mayoría de los juzgados de la Ciudad de México sigue sin digitalizar los expedientes, lo que complica la situación aún más.
Sólo la admisión de una demanda de divorcio, revela un trabajador del TSJCDMX, durante 2021 se llevó de cuatro a cinco meses, por lo que urge que el nuevo presidente o presidenta del tribunal dicte medidas para acabar con el rezago, concluyen las fuentes de Proceso.
