Señor director:
Le solicito que publique la siguiente carta, dirigida a Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos Para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), organismo civil internacional que promueve la defensa y protección de los derechos humanos en América Latina, se permite externarle su más profunda preocupación por los constantes abusos que han venido realizando los agentes migratorios que se encuentran a su digno cargo en la frontera sur de la República Mexicana, principalmente en el estado de Chiapas, por lo que nos permitimos mediante este oficio recordarle que el Estado mexicano ha venido ratificando acuerdos internacionales con la Organización de Estados Américanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre este fenómeno mundial, y que el actuar que se viene realizando en contra de esta población migrante se encuentra regulado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Título Primero, Capítulo I, De los Derechos Humanos y sus Garantías, Artículo 2 Apartado B, Fracción VIII, que a la letra dice:
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.
Así como en la Ley de Migración en el Título Primero Capítulo Único, Disposiciones Preliminares, en su Artículo 2, donde señala de los principios rectores:
Artículo 2.- …Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes:
Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada. Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.
Por lo anterior nos permitimos exhortar su función pública en favor de la vida y de la dignidad de las personas que por diversas situaciones se encuentran en situación vulnerable en la Republica Mexicana.
Sin más por el momento, reciba un fraterno abrazo a su fina persona.
Atentamente,
“Por la Paz de Iberoamérica”, doctor Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, comisionado de la
CIDHPDA para América Latina y el Caribe
